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Semana movidita antes del Gordo

Redacción (Clemente Polo Andrés) – En la agenda pública de esta semana, sobresalen dos fechas marcadas en rojo que con toda seguridad van a marcar el devenir de la política española en los próximos meses y años. Barcelona (España), miércoles 19 de diciembre de 2018. Fotografía: EL MASNOU (BARCELONA) ESPAÑA, 02.09.2018. Un joven independentista irrumpe en un acto a favor de la convivencia en Cataluña que las españolas y españoles aprovechaban para denunciar las agresiones de independentistas contra las españolas en Cataluña por quitar lazos amarillos, hoy en el puente de El Masnou. Lasvocesdelpueblo (121)

El martes 18, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará la vista previa del juicio a varios ciudadanos españoles a los que la Fiscalía acusa de rebeldía, por el papel protagonista que desempeñaron en los sucesos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 y que, como todo el mundo conoce, culminaron con la constitución de Cataluña como república independiente el 27 de octubre. Tres días más tarde, víspera del siempre entrañable e ilusionante sorteo de Navidad, el gobierno de España va a celebrar el consejo de Ministros de los viernes en la ciudad de Barcelona, en lugar de hacerlo cómo es habitual en el Palacio de La Moncloa

Quejas injustificadas ante un juicio justo

Desde la destitución del gobierno de la Generalidad el 27-O, hemos visto a todos los políticos secesionistas catalanes, desde quienes están ahora al frente de las instituciones de autogobierno de Cataluña hasta quienes aguardan juicio en prisión preventiva o se han convertido en prófugos de la Justicia, competir por desacreditar nuestro Estado de Derecho, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras. Los hemos escuchado una y otra vez descalificar nuestra democracia y tildar de farsa el juicio que va a sentar en el banquillo a varios políticos acusados de saltarse el ordenamiento constitucional y declarar la independencia de una Comunidad Autónoma de España. Torra, actual presidente del gobierno de la Generalidad, en un alarde de desprecio a la división de poderes del Estado ha llegado incluso a afirmar que la única sentencia posible en este juicio es la absolución de los encausados. Al obtuso parecer de Torra y del resto de políticos secesionistas, saltarse la Constitución y el Estatuto, desacatar las sentencias de los Tribunales y proclamar la independencia de una parte del territorio español son naderías que sólo se persiguen en España.

Pues no, no es así. Y la mejor prueba de que España es un Estado de Derecho, extraordinariamente garantista y homologable con las más exigentes democracias, nos la proporciona el insólito hecho de que un independentista confeso como Torra, el mismo que llamó al ‘pueblo’ de Cataluña a seguir la vía eslovena para alcanzar la independencia hace sólo

unos días, continúa siendo a día de hoy presidente del gobierno de la Generalidad de Cataluña. En la mayoría de Estados democráticos, cualquier presidente de una región o gobernador de un Estado que hubiera realizado declaraciones similares a las que hizo Torra habría sido ya destituido y acusado de traición. Que Torra siga al frente del gobierno de Cataluña es la prueba andante de que el Estado español acata los resultados de las elecciones democráticas celebradas el 21 de diciembre de 2017, y respeta escrupulosamente las decisiones del Parlamento de Cataluña que respetan nuestro ordenamiento constitucional. No podemos decir lo mismo de los políticos y los ciudadanos que van a ser juzgados por rebelión, desobediencia y malversación en el Tribunal Supremo a partir del martes 18. De algo sí podemos estar seguros todos los españoles: los encausados tendrán un juicio con todas las garantías de nuestro Estado de Derecho y sus abogados tendrán oportunidad de probar que no incurrieron en los delitos que la Fiscalía y la Acusación Popular les imputan.

Barcelona, ciudad de acogida

El Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes en Barcelona coincidirá con la efeméride de las elecciones autonómicas del año pasado. Buen motivo para la reflexión. Empezaré por recordar cómo el Gobierno de España, pese a la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, no dudó en convocar elecciones el 21 de diciembre para que los catalanes pudiéramos elegir libremente a nuestros representantes en el Parlamento autonómico. No deja de ser curioso que mientras el presidente Sánchez le pide a Torra aprovechar la ocasión para reunirse, algunos miembros de su gobierno consideren una provocación venir a Barcelona, segunda capital española, a celebrar un Consejo de Ministros.

El asunto se ha ido enconando día a día y hay un riesgo apreciable de que el próximo viernes volvamos a vivir otra jornada insurreccional, similar a la del 20 de septiembre en la Consejería de Economía y el 1-O con motivo de la consulta ilegal organizada y financiada por el gobierno de la Generalidad. La ANC ha convocado un ‘consejo popular de ministros’ en Barcelona el mismo viernes 21 para burlarse del gobierno de España, y junto con los CDR y la organización secesionista Òmnium Cultural amenazan con cortar los accesos a Cataluña y (algo más probable) colapsar la ciudad tomando las calles de Barcelona. Artadi, consejera de la presidencia, en un acto de un cinismo que raya con la incongruencia, ha equiparado la obligación del gobierno de la Generalidad de garantizar la seguridad del Consejo de Ministros con el derecho de los partidos y las asociaciones secesionistas a manifestar ‘pacíficamente’ su rechazo. Otra ironía donde las haya porque ya pudimos ver a los CDR en Barcelona, Gerona y Tarrasa hace unos días enfrentarse ‘pacíficamente’ a los Mozos en auténticas batallas campales.

La noche del viernes 21 de diciembre de 2018 no aguardaremos expectantes los resultados de unas elecciones democráticas en Cataluña, como el año pasado, pero sí podremos calibrar mejor hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno de la Generalitat en su órdago al Estado. ¿Cumplirá el gobierno catalán con su obligación de desplegar parte a los Mozos para garantizar el orden público y asegurar el normal desarrollo del Consejo de Ministros? O, ¿seguirá el consejero Buch los pasos de su antecesor Forn y los sacará a pasearse por las calles de Barcelona con instrucciones de confraternizar con los comandos de la ANC, los CDR y Òmnium? El viernes por la noche saldremos de dudas.

El gobierno de Sánchez no debe tenerlas todas consigo porque García Marlaska, ministro del Interior, planea desplazar cientos de policías y guardias civiles a Barcelona en prevención de lo que pueda pasar el viernes. Espero que en esta ocasión los servicios de inteligencia del Estado estén al tanto de los planes de las organizaciones secesionistas para convertir Barcelona en un campo de batalla y el Gobierno cuente con un plan operativo eficaz para parar los pies (y las manos, si hace falta) a quienes salgan dispuestos a seguir la vía eslovena. La decisión de Sánchez de reunir el Consejo de Ministros en Barcelona, pese a las veladas amenazas, ha sido todo un acierto, no así sus desafortunadas declaraciones de que “no hace falta acudir al 155 [porque] se pueden movilizar fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad”. Reconocer la incapacidad de los Mozos, un cuerpo policial con 16.000 efectivos, para salvaguardar el orden constitucional en Barcelona es ya muy grave, pero más lo es aceptar la falta de voluntad de sus mandos. Eso es algo, Sr. Sánchez, que el presidente del Gobierno de España no puede permitir.

Clemente Polo Andrés

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona

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La palabra

Redacción (Ana Maria Torrijos) – Muchas han sido la veces que nos han indicado que una acción vale más que una palabra, que un hecho concreto, un paso adelante impacta más que una frase bien argumentada. La conducta es más determinante que las palabras. Pero, en ocasiones esa manifestación oral puede resultar efectiva si las circunstancias que nos rodean, si los acontecimientos externos se acrecientan con enorme intensidad. Barcelona (España), jueves 13 de diciembre de 2018. fotografía: MADRID (ESPAÑA), 09.07.2018. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y el independentista de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, reunidos en el Palacio de La Moncloa, en el primer encuentro que ambos mantienen en busca de la distensión y normalización de unas relaciones muy deterioradas entre ambas administraciones, aunque ambos asumen que no hay expectativa de acuerdos. Efe

Somos víctimas del devenir político, y estamos en un momento en que cualquier decisión en falso puede determinar nuestro futuro. Tal extremo tiene que ser contenido y nos obliga a repasar el recorrido que nos ha colocado en una cierta inanición o en un espasmo convulsivo.

Se han adelantado las elecciones en Andalucía, y sólo eso ha permitido hacer un parón en el descenso acelerado que nos arrastraba. Las urnas han hablado a pesar de que han habido aún muchos ciudadanos que no votaron. Las preguntas más atrevidas golpean contundentemente, preguntas que giran en el por qué no se han dignado a elegir una papeleta cualquiera o simplemente acercarse a las sedes electorales para emitir su sufragio en blanco, hacerlo nulo. Preguntas sin respuesta directa, que muestra la ausencia de un incentivo democrático. Se ha ido amasando una amalgama de mentes sin interés por lo que debe ser gobernar y administrar un país, pero si no es ese el caso, la única explicación posible es que el hastío por el hacer de los políticos les ha empujado a la abstención.

Los resultados de los comicios nos obliga a examinar las causas del voto dirigido a cada uno de los partidos. Las propuestas de los programas iban desde tener las puertas abiertas a todo inmigrante llegado a nuestras fronteras, a poner controles exhaustivos para sólo permitir la entrada de los legales y los capaces de insertarse en nuestra cultura. Desde la revisión sesgada del pasado histórico, a derogar la ley de la memoria histórica. Desde colocar los impuestos en unos niveles desorbitados, a liberar a los ciudadanos de gran parte de los gravámenes. Y así otras muchas referencias que abarcan propuestas cuyos extremos están enfrentados. Clasificar cada sufragio por todas esas referencias de las que sólo se han señalado unas pocas sería peligroso, pues el resultado podría no mostrarnos un retrato acorde con la posición ideológica del votante. Por eso hemos de valorar los datos de las urnas como una gran cabriola a los políticos, bofetada o regalo, y más aún queda claro cuando los informadores se acercan a los ciudadanos para averiguar el sentido del sufragio y no son pocos los que afirman no conocer todo el programa del partido que han votado.

Los partidos políticos se han acostumbrado a no hablar con sentido, a no utilizar la palabra para exponer sus verdaderas propuestas, a tergiversar la información, a vaciar de contenido lo expresado. Sólo lanzan sonidos huecos, frases aprendidas de memoria, sin sentido, sin calar en lo que es necesario transmitir. De una gestión deliberada en el Parlamento se ha pasado a reuniones de despacho a espaldas del pueblo – se pacta, se trafica con nuestro bienestar -. Todo vale por unos meses más en la Moncloa, en cargos, salidos de la chistera, para el mejor pasar de los amigos, familiares y compañeros de partido. Dos semanas de campaña electoral y no se han oído referencias a la Andalucía real, cómo mejorar sus pueblos, cómo incentivar a sus jóvenes para hacerles grato el vivir en el campo o en la ciudad. Tampoco se ha transmitido el interés por los niveles académicos de los escolares, de los universitarios, ni cómo hacer de esa tierra fecunda en arte y en historia un adelantado, un aliciente para otras comunidades. Poca atención al número elevado de parados, lo único importante para el partido que está gobernando desde décadas la tierra abrazada por la Bética, ha sido y es mantener la red clientelar que la asfixia y a otros niveles el afán es montar falsas sociedades con la intención de sortear al fisco y con este bagaje llegar a ocupar un ministerio. Sorprende que en la comunidad andaluza donde sus fiestas populares están cargadas de referencias religiosas, se esté intentando con un reclamo populista de extrema izquierda, relegar la Mezquita de Córdoba a un simple botín de Estado, alejado de lo que fueron sus piedras milenarias, crisol de culturas con alientos religiosos.

Se ha de recuperar la palabra, la que nos hizo ser hombre, ser persona, con la que podamos mostrar nuestra capacidad de decisión para no estar al arbitrio de unos parásitos, de unos incompetentes en todos los ordenes, de unos mercaderes capaces de transaccionar con los enemigos de la Nación por “treinta monedas”. Hemos de recuperar en el día a día nuestra iniciativa con la palabra, en cualquier momento que se tercie y valorar lo que nos conviene, no cómo ellos quieren que sean las cosas. Hay que exigir soluciones a problemas reales sean las pensiones, la sanidad, la emigración. Hemos de recuperar el lenguaje bien estructurado, no cargado de vocablos en masculino y en femenino cuando el idioma español posee el género neutro heredado del latín; ha de imperar el verdadero significado de las palabras, no el que ellos con la manipulación les quieren dar. Sería un largo etcetera de hechos que sorprenderían y hasta irritarían, si iniciásemos la cuenta de todo lo que han atesorado y destruido tanto podemitas como secesionista.

El insulto gratuito, la calificación de fascista al que no postule con sus reclamos, el tachar de extrema derecha a cualquier toma de decisión de esa posición ideológica, es de una estrategia totalitaria que estremece. Ahora se ha pasado a la toma de las calles, sólo tienen derecho a manifestarse ellos. Cerrado el recuento electoral de los comicos andaluces, por boca de un líder político se alentó a la “gente” a salir en contra del resultado de las urnas, algo intolerable en un sistema democrático; recordemos lo que hizo ese mismo político “cuyo nombre no quiero acordarme” después del 11 M, el más sangriento atentado, la víspera de las elecciones frente a la sede del PP. Eso es extrema izquierda, les guste o no quieran que se diga.

Ahora la señora Susana Díaz repite una y otra vez que ella ha ganado las elecciones, pero ha olvidado que el Podemos comunista o los separatistas gobiernan en muchos centros de poder municipal o autonómico por el apoyo que el PSOE les dió con el sí o la abstención. En el Ayuntamiento de Madrid obtuvo más votos Esperanza Aguirre y gobierna Carmena, en la Cámara autonómica catalana ganó Inés Arrimadas y gobierna el golpista Torra.

Es el momento de romper esa tan triste frase de “la España silenciosa”, nunca en democracia a una sociedad se le puede dar ese calificativo. Democracia es estar opinando, buscar medios a traves de los cuales dejar el sentir, crear entidades para que sean el latir del pensamiento, educar a nuestros jóvenes con el ejemplo de la palabra . Alejar a los que nos quieren hacer a su gusto -callados-.

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La Equiparación Real y Total de las policías españolas más cerca que nunca

Redacción (Erik Encinas) – La aprobación por mayoría en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular por la igualdad salarial de las policías españolas que ha presentado Jusapol ante la Comisión de Interior, ha sido un paso decisivo en la trayectoria jusapolera, porque aproxima al fin la llegada de la verdadera equiparación de la policía nacional y la guardia civil con las policías autonómicas. Barcelona (España), sábado 1 de diciembre de 2018. fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 201.2018. Un globo muestra a dos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado español, Policía Nacional y Guardia Civil junto con un lema que dice «» Más de 160 mil personas claman «equiparación ya» en Barcelona durante la marcha policial más multitudinaria del mundo -según fuentes de la Organización-. Se trata de una iniciativa de la plataforma policial que integran a Policía Nacionales y Guardias civiles de toda España ‘Justicia Salarial Policial’ (JUSAPOL). Lasvocesdelpueblo (149)

Tan anhelada por los cuerpos estatales, por lo justa y digna que es. Por lo tanto, está propuesta popular de ley es ya histórica en si misma por lo que representa.

Está desigualdad se ha llevado hasta a la Unión Europea, donde han abierto una investigación a fondo sobre el desequilibro estatal. Otro éxito que se enmarca Jusapol, porque sin esta organización policial que encabeza en estos momentos la lucha por la equiparación completa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no hubiera sido nada de esto posible.

No obstante, la lucha sigue, ya que ahora se han abierto los procesos para trasladar la igualdad a las nóminas de los agentes, pero hasta que eso no suceda en la realidad, no hay equiparación real y total, si no únicamente una subida salarial que acerca a la equidad entre los cuerpos estatales y autonómicos.

Ciertamente, está siendo un camino duro, pero los policías son bien conscientes de que la situación requiere grandes esfuerzos hasta lograr el objetivo, porque lamentablemente lo que es injusto en España se tarda mucho más tiempo en alcanzar, fíjense que llevan más de 30 años intentando terminar con esta desigualdad flagrante y aún no se ha conseguido. Es el mundo al revés. Pero ahí siguen con el lema prohibido rendirse hasta que se gire la tortilla, que se girará, no les quepa duda.

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Una sociedad con valores

Redacción [Ana Maria Torrijos] – Algunas profesiones que se ejercen durante toda la vida laboral, durante muchos años, dejan un hálito, una huella imborrable en el comportamiento social, lo mece, le afecta, por decirlo con más sencillez. Barcelona (España), sábado 24 de noviembre de 2018. Fotografía: CATALUÑA (ESPAÑA), AÑO 2017. Vista d ela ultraizquierda, con aire de pacífico demócratas, manifestándose junto a los golpistas en las calles de Cataluña sin ninguna contra-protesta para impedirles manifestarse en Cataluña. Efe

Por eso el docente que desempeña su trabajo ante los ojos de unos adolescentes que le observan y escuchan sus palabras con atención, debe esmerarse en el discurso, cuidar las formas y sobre todo la veracidad del contenido de su exposición, sin latiguillos ideológicos para facilitar el desarrollo intelectual del alumno, para que este joven pueda recomponer la información y sacar conclusiones que le permitan avanzar en sus conocimientos académicos.

Nuestro sistema Parlamentario liberal que es el mejor que existe para las relaciones personales y sociales, requiere un entorno adecuado, en donde estén presentes los valores que permitan su funcionamiento: Honradez, Respeto al otro, cumplir los Compromisos firmados, los Acuerdos, la Palabra dada, aceptar la Autoridad en la vida pública, en la vida laboral y en la familiar, saber lo que es la obediencia, respetar la Convivencia, primar la solidaridad y acatar la Ley, el Marco Legal que rige las instituciones… por mencionar algunos de esos principios de base.

Si esos acuerdos se rompen no puede funcionar la sociedad dentro de un marco de libertades, pues son los extremistas totalitarios los que en un ambiente de desorden se hacen con el control de los órganos de poder y de ahí el desmoronamiento del modelo parlamentario. Esos valores mencionados no están impresos en la persona por el simple hecho de serlo, no se nace con ellos, son el fruto de un aprendizaje civilizador, se han de impartir, se han de aprender desde la más tierna infancia. Los anclajes que conducen tales enseñanzas son la familia, la escuela y los medios de comunicación.

Nos hemos acostumbrado a imágenes delirantes de jóvenes en manifestación, con pancartas y eslóganes violentos, cargados de odio, inapropiados. La mayor parte de ellos son ajenos a lo que hacen referencia con sus gritos, sea por falta de documentación o por su inmadurez. Bajo las directrices de ciertos profesores, no se vacían las aulas para exigir la mejora de la calidad en la enseñanza o recuperar las asignaturas que más desarrollo intelectual puedan aportar, sólo se quedan sin alumnos esos centros para gritar en la calle las clásicas frases politizadas, extremistas, y hasta a veces ofensivas. Muchachas, adolescentes con el único interés de exhibir sus pechos desnudos y vociferar a todo pulmón las tesis animalistas, las feministas o las defendidas por el ecologismo, nos inquietan. La familia está perdiendo su fundamental papel educador dentro de la sociedad, su espacio empieza a estar ocupado por la tecnología, el móvil, la tablet, la televisión, los videojuegos, que no son más que distorsionadores de la realidad en muchas ocasiones y no transmiten los valores propios de una comunidad madura.
Hemos caído en manos de grupos dedicados a crear crispación, a movilizar los sentimientos, los instintos más primarios; no se busca la racionalidad, la reflexión, las decisiones mesuradas.

Ahora se atiza una falsa bondad hacia cualquier tema o individuo que no lo merece. Se es benévolo con los pederastas, se les saca de la carcel por interés político, se les reduce la pena por tener derecho a la reinserción y nadie se acuerda de los derechos del niño a poder borrar la aberración que se ha ejercido sobre su inocencia. Se jalea a una hostilidad desaforada contra las fuerzas del orden o contra cualquier otra autoridad y en frente se anima a una comprensión desmesurada para los que ejercen su fuerza delictiva, ladrones o grupos violentos.

En el Congreso de los diputados desde ya hace unos años se ha puesto en práctica toda esa moda traída y potenciada por los populismos dictatoriales, se ha consentido, se rompen las pautas que deberían regir en ese foro, se pierde el lenguaje correcto y se le vacía de la ética obligada, hasta se llega a borrar de las actas los insultos para no dar a venideras generaciones una mala imagen de la etapa democrática. Una falsa moral resucitada por la presidenta de la cámara del Congreso que rompe y adultera lo ocurrido. La democracia es la garantía de la búsqueda de la claridad, de los hechos tal cual han sucedido, del relato de la verdad y ahí entra el tercer anclaje que debe transmitir los valores, el periodismo, el llamado cuarto poder. Es el que deposita o debería hacerlo, el relato de los hechos y de las opiniones. Es el que nos debería permitir recibir información veraz, sin apaños, sin ardides, sin peajes al poder político, sin falsos titulares. Pero las subvenciones repartidas con profusión, hace algo pedregoso este medio tan importante. Cualquier anomalía en el ámbito social debe ser comunicada con la mayor fidelidad e independencia posible.

El deteriorado panorama actual es el que está privando a la sociedad de los principios imprescindibles para que la democracia liberal parlamentaria pueda funcionar con estabilidad.

No podemos dejar de lado la imprescindible revisión de lo que cuestiona o descarta los valores inherentes a la convivencia.

Ana María Torrijos

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Unión Europea, crónica de una muerte anunciada

Redacción (Manuel I. Cabezas González) – En 2013, analicé los mensajes icónicos de los billetes de curso legal de la Unión Europea (U.E.), que utilizamos todos los días, sin reparar en los contenidos subliminales vehiculados por ellos. En estos billetes hay una simbología cargada semánticamente, que sintetiza algunos de los valores fundacionales y fundamentales de la U.E.: el de la apertura, el de las comunicaciones y el de la libertad. En efecto, en el reverso, hay siempre puentes, construcciones que permiten salvar dificultades orográficas y que facilitan el transito, la comunicación, la cooperación, el desplazamiento de personas, el comercio de mercancías y la conexión entre los diferentes Estados miembros. Y, en el anverso, aparecen siempre puertas y ventanas, espacios vacíos que dan acceso a otras realidades, a otras formas de vivir, de sentir y de ser, i.e. a otros mundos. Barcelona (España), jueves 22 de noviembre de 2018. Fotografía: BRUELAS (BÉLGICA), AÑO 2018. Bandera de la Unión Europea. Efe

Ahora bien, este mensaje positivo, ilusionante y esperanzador entra en contradicción con el mensaje, también subliminal, transmitido por la arquitectura del Parlamento Europeo con sede en Estrasburgo. Esta sede del Parlamento, de forma cilíndrica, parece un edificio inacabado, como la mítica Torre de Babel (cf. ut supra fotos del uno y de la otra). Según el relato bíblico, la inconclusa Torre de Babel representa la inestabilidad, el caos, la confusión así como la incapacidad para rematarla. Es el símbolo del fracaso, fruto del castigo divino por la arrogancia, la soberbia y las pretensiones desmesuradas del hombre.

El parecido entre ambas construcciones es muy claro y evidente. Y, por razonamiento analógico, podríamos afirmar que la arquitectura de la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo es, a priori, pájaro de mal agüero y un mal presagio para la empresa hercúlea (construcción de la Unión Europea), que no ha podido ser llevada a cabo todavía ni por los mandatarios europeos del pasado ni por los del presente. ¿Lo conseguirán los del futuro? Con los datos actuales disponibles, parece difícil o, incluso, imposible, si el proceso de construcción y consolidación de la futurible Unión Europea no cambia de rumbo y si no se piensa mucho más en la “Europa de los ciudadanos” y un poco menos en la “Europa de los mercaderes”.

En un ensayo reciente (2017), Javier Arregui (2017) lleva el agua al molino de la precitada interpretación pesimista de la arquitectura del Parlamento Europeo en Estrasburgo. En efecto, pone el dedo en la llaga del impasse en el que se encuentra la construcción europea. Para él, la construcción europea ha privilegiado las políticas de creación del mercado único europeo (la “Europa de los mercaderes”) y, por eso, ha adolecido de unas políticas correctoras de las leyes del mercado e impulsoras de los derechos sociales (la “Europa de los ciudadanos”). Y esto se ha traducido en un progresivo “des-empoderamiento” de los ciudadanos y en una serie de debilidades estructurales de la todavía non nata Unión Europea: creciente desigualdad, falta de transparencia y de rendimiento de cuentas, desregulaciones, desmantelamiento del Estado de bienestar, pérdida progresiva de las conquistas y de los derechos sociales, precariedad del empleo y altos niveles de desempleo, etc., debilidades que han desencadenado, en la ciudadanía, un profundo malestar y un creciente desencanto hacia el proyecto europeo.

Por eso, precisa J. Arregui, en la inconclusa y estancada construcción europea, hay unos ganadores y unos perdedores. Los ganadores y beneficiarios son sólo un 20% de los europeos, que conforman la élite política y económica (los eurófilos). Sin embargo, los perdedores son la inmensa mayoría de los ciudadanos (el 80%), que no han notado, en su día a día, ningún beneficio personal y tangible, propiciado por el proceso de construcción europea (los eurófobos). De ahí que, entre los ciudadanos de a pie, exista la percepción cierta de que las políticas europeas favorecen más a las clases pudientes que a las populares. Y esto ha ahondado cada vez más la brecha de las “desigualdades sociales” y ha provocado una real “crisis de legitimidad social” de la UE. El desafecto hacia las instituciones y hacia todo lo que huela a Unión Europea es una realidad. Para darse cuenta de esto, basta con pensar en el Brexit, en el crecimiento generalizado y constante de los euroescépticos, de los eurocríticos y de los eurófobos, así como en la resurrección de los nacionalismos y de los partidos de extrema derecha en la mayor parte de los estados miembros.

Ante este statu quo y para relanzar e impulsar el proceso de integración de una auténtica “Europa de los ciudadanos”, como preconiza J. Arregui, habría que, entre otras cosas, potenciar una revitalización de la democracia, reinventándola, para poner coto a los burócratas europeos y a la casta política. Por otro lado, se tendrían que implementar “políticas inclusivas” y de “solidaridad redistributiva”, para reducir y acabar con la brecha, cada vez mayor, de las desigualdades económicas, sociales y culturales entre europeos. Además, se tendrían que sustituir y/o compaginar las “identidades locales y nacionales” con una “identidad europea común”. Así se podría ir más allá de lo económico e instrumental y contrarrestar el auge de los eurófobos y el resurgimiento con fuerza de los nacionalismos. Por otro lado, se tendrían que abandonar las declaraciones retóricas y políticamente correctas (“la langue de bois”) para pasar a los actos, a la “política de las cosas” (“Facta, non verba”). Finalmente y sin ánimo de ser exhaustivo, se debería poner el acento en la formación, en general, y en la formación lingüística, en particular, de los ciudadanos europeos. De la comunicación nace el conocimiento de uno mismo y del otro, del conocimiento nace la autoestima y la estima del vecino y de este conocimiento mutuo surgen las sinergias (“identidad europea”) para llevar a cabo un proyecto común.

Sin la vista puesta en la “Europa de los ciudadanos”, gracias a la implementación, entre otras muchas, de las medidas desgranadas ut supra, no se podrá avanzar en la necesaria y vital construcción europea, que debe ser algo más que mercado. La “nascitura” Unión Europea o es algo más que mercado y economía, aunque también, o no será. De esto depende que los malos presagios de la arquitectura de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo sean sólo augurios y no realidad.

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¿Nuevo fracaso en la Cumbre argentina del G20?

Redacción (German Gorraiz López) – El fenómeno de la globalización económica ha conseguido que todos los elementos racionales de la economía estén interrelacionados entre sí debido a la consolidación de los oligopolios, la convergencia tecnológica y los acuerdos tácitos corporativos, neoliberalismo económico que sería el culpable de que según la OIT para el 2.019 el número total de desempleados en el mundo sería de 213 millones (6% de la población activa): Ello estaría aunado con un déficit de 65.000 millones de dólares en los presupuestos de los países pobres y con cerca de 44 millones de personas viviendo en la absoluta pobreza según Intermón Oxfam, por lo que las autoridades económicas mundiales debieran impulsar la frágil recuperación económica global, promover una capacidad productiva diversificada y garantizar una evolución equilibrada de los ingresos, objetivos que no tendrán su plasmación en la agenda de la próxima Cumbre del G20 a celebrar en Buenos Aires a finales de Noviembre. Barcelona (España), jueves 22 de noviembre de 2018. Fotografía: BUENOS AIRES (ARGENTINA), 20.11.2018.  (i-d) El ministro de Transporte de Argentina, Guillermo Dietrich; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Gobierno y responsable de la organización de la cumbre del G20, Hernán Lombardi, y el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Martín Ocampo, participan durante una rueda de prensa en Buenos Aires (Argentina). Efe

El crecimiento asimétrico de América Latina

La publicación por el FMI de su informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO en inglés) augura un notable descenso de sus previsiones de crecimiento para América Latina ( 2´2 % para el 2019) , lo que le aleja del resto de zonas emergentes que tendrían un crecimiento estimado del 3,4 % y vendría provocado por el caos económico venezolano, la entrada en recesión de Argentina (-1,9%) y la ralentización de México y Brasil quedando tan sólo Bolivia, Perú, Paraguay y Chile como islotes en un océano de aguas estancadas, lo que agudizará el crecimiento asimétrico de América Latina Así, la contracción de la demanda mundial de materias estaría ya provocando el estrangulamiento de sus exportaciones y la depreciación generalizada de sus monedas debido a la fortaleza del dólar, lo que se traducirá en aumentos de los costes de producción, pérdida de competitividad, tasas de inflación desbocadas e incrementos espectaculares de la Deuda Exterior que podrían terminar dibujando un escenario de estancamiento económico secular en América Latina y Caribe.

Así, según la Directora Gerente del FMI, Lagarde, “la fortaleza del dólar junto con la debilidad de los precios de los productos crea riesgos para los balances y financiación de los países deudores en dólares”, de lo que se deduce que las economías de América Latina y Caribe estarán más expuestas a una posible apreciación del dólar y la reversión de los flujos de capital asociados, fenómeno que podría reeditar la “Década perdida de América Latina” (Década de los 80).

Además, la política anti-inmigración de Trump conllevará una severa constricción de la entrada de remesas de dólares en México, El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que podría suponer una debacle económica y social y terminar por desencadenar frecuentes estallidos de conflictividad social y un severo retroceso de las libertades democráticas

¿Retorno del proteccionismo comercial?

El retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría entre EEUU-Rusia tras la crisis de Ucrania y la imposición de sanciones por UE-Japón-EEUU contra Rusia , marcarían el inicio del ocaso de la economía global y del libre comercio, máxime al haberse demostrado inoperante la Ronda Doha (organismo que tenía como objetivo principal de liberalizar el comercio mundial por medio de una gran negociación entre los 153 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y haber fracasado en todos sus intentos desde su creación en el 2011.

La economía global estaría amenazada por la aparición de medidas neo-proteccionistas en los países del Primer Mundo, especialmente tras la firma por Donald Trump de la orden ejecutiva “Buy American, Hire American” (compra americano, contrata americanos) así como por la posible retirada de EE.UU del Tratado Internacional suscrito por 195 países en el 2015 para reducir las emisiones contaminantes, conocido como Acuerdo del Clima de París.

Así, asistiremos al finiquito o renovación de los Tratados Comerciales transnacionales (TTIP, NAFTA y TTP) y a la implementación por las economías del Primer Mundo de medidas proteccionistas frente a los países emergentes cuyo paradigma sería el establecimiento por EEUU de medidas antidumpin contra el acero y el aluminio mediante la imposición de aranceles del 25% y del 10% respectivamente y que significarán el retorno al Neo-Proteccionismo económico con la subsiguiente contracción del comercio mundial, posterior finiquito a la globalización económica y ulterior regreso a los compartimentos estancos en la economía mundial.

Petróleo+ Dólar, la tormenta perfecta

La conjunción de una nueva crisis del petróleo que podría elevar los precios hasta los 100 $ el barril con la excesiva fortaleza del Dólar podría provocar una ciclogénesis económica.

Los principales países desarrollados cuentan con reservas estratégicas de petróleo que destinan exclusivamente para uso en situaciones críticas para garantizar el consumo interno durante un par de meses, inventarios que habrían sufrido una caída por debajo de la media de los últimos cinco años.

Ello, aunado con un aumento de la demanda energética mundial cercana a 1,5 millones de barriles al año, el recorte de producción pactado entre Rusia y la OPEP y una peligrosa caída de la producción en países como Venezuela (600 mil barriles menos al día), Angola (300 mil barriles menos al día), posibles disrupciones en el bombeo de países inestables como Nigeria y Libia y el incremento de sanciones de EEUU a Irán podría desembocar en un recorte de 1,5 millones barriles, lo que conllevará un peligroso incremento de los precios del crudo hasta rozar los 100 $ barril, que darán lugar a tasas de inflación desbocadas e incrementos del precio del dinero por parte de los Bancos Centrales, lo que provocará la asfixia económica de países con una Deuda Pública estratosférica.

Riesgo de estancamiento económico mundial

La total retirada por la Fed de sus medidas de estímulo a la economía estadounidense aunado con las sucesivas de tipos de interés debido a la elevada inflación en EEUU, provocará una preocupante falta de liquidez en los mercados así como un notable encarecimiento del dinero lo que aunado con la revalorización de la Deuda soberana (bono norteamericano podría superar el 4% de rentabilidad), provocará que los inversionistas se distancien de los activos de renta variable y que los bajistas se alcen con el timón de la nave bursátil mundial.

Todo ello originará una psicosis vendedora que provocará que el Dow Jones de Industriales salte por los aires y termine por desencadenar el estallido de la actual burbuja bursátil que sería hija de la euforia de Wall Street (y por extrapolación del resto de bolsas mundiales) tras las políticas monetarias de los grandes bancos centrales mundiales que han inundado los mercados con centenares de miles de millones de dólares y euros con la esperanza de relanzar la economía, más aún cuando las colocaciones sin riesgo ( deuda de EEUU o de Alemania), no retribuían nada a los inversionistas.

Dicho crack bursátil tendrá como efectos benéficos el obligar a las compañías a redefinir estrategias, ajustar estructuras, restaurar sus finanzas y restablecer su crédito ante el mercado (como ocurrió en la crisis bursátil del 2000-2002) y como daños colaterales la ruina de millones de pequeños inversores todavía deslumbrados por las luces de la estratosfera, la inanición financiera de las empresas y el consecuente efecto dominó en la declaración de quiebras que podría dibujar un escenario de estancamiento económico secular (secular stangantion) para el 2021.

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Sánchez tiene miedo a unas urnas de verdad

Redacción (Erik Encinas) – Son demasiados los españoles que piden al presidente Pedro Sánchez unas elecciones democráticas, aunque no es de extrañar, su gobierno carece de credibilidad hasta para la Unión Europea al estar lleno de contradicciones. Además, su gobierno pacta en la sombra con los separatistas acuerdos que permiten a Sánchez mantenerse en el poder sin mayoría, algo que no gusta nada a muchos ciudadanos. Barcelona (España), sábado, 17 de noviembre de 2018. Fotografía: ANTIGUA (GUATEMALA), 16.11.2018. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llega para ofrecer una rueda de prensa hoy, durante la XXVI Cumbre de las Américas, en Antigua, Guatemala. Efe

Ciertamente, sería un ejercicio de democracia poner las urnas de verdad, en lugar de únicamente publicar encuestas del CIS de Tezanos, porque de este modo los españoles deciden lo que ellos crean que es mejor para España, ya que vuelvo a repetir Sánchez llegó al poder con los secesionistas, proetarras y podemitas.

En cualquier caso, Sánchez piensa seguir pese a todo, pero no es raro que aguante hasta el final de mandato, porque esto va en su línea pase lo que pase, aunque no debería olvidar que la democracia va antes que su carrera política. A no ser, que tenga miedo a unas votaciones legales y democráticas.

También un gobierno en minoría es peligroso para la democracia, ya que puede incrementar de manera considerable la violencia y el descontento popular, y esto verdaderamente va ocurriendo paralelamente a la acción del gobierno sanchista. Por estas razones obvias, unas elecciones tranquilizarían bastante a los electores, al margen de lo que salga de unos comicios, porque a la política española le falta estabilidad y rigor. Y tampoco se puede continuar gobernando a cualquier precio.

Mientras tanto, la situación va de mal en peor, y aunque pretenda aguantar su legislatura, está se acorta por momentos, dado que no podrá aprobar ni siquiera los Presupuestos Generales del Estado, sin embargo, es capaz de aprobarlos por decreto, algo que es normal cuando no se cuenta con suficientes apoyos en las cámaras de representación y se pretende seguir como es su caso.

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Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ese obstáculo en la lucha antiterrorista

Redacción [Olivier Maulin, Traducido por Esther Herrera] – Estamos atados de pies y manos. En la lucha contra el terrorismo, como en otros ámbitos, Francia se topa regularmente con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es dictarle a Francia su ley. Es urgente ya librarse de esta situación. Barcelona (España), lunes 12 de noviembre de 2018. Fotografía: ESPAÑA, Jueves 17.11.2016. El líder de la banda terrorista ETA durante la masacre de la ETA en Hipercor, Arnaldo Otegi, en una sede del PSOE de Pedro Sánchez en la comunidad autónoma vasca (PSE), visiblemente contento con los suyos, los ‘progrés’. Efe

El 19 de septiembre de 2007, una resolución de alejamiento a Argelia fue firmada contra Djamel Beghal, privado de su nacionalidad francesa un año antes por haber proyectado un atentado contra la embajada de Estados Unidos en París en 2001. Estimando que su expulsión le ponía en peligro, el islamista argelino puso un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH)…¡que le dio la razón! No era ni la primera ni la última vez que este tribunal con sede en Estrasburgo se descolgaba con una resolución surrealista privilegiando hasta el absurdo la libertad individual sobre la libertad pública, contra el derecho legítimo de un Estado a proteger a sus ciudadanos contra el terrorismo.

Esta institución poco conocida por los franceses, que no hay que confundir con el Tribunal de Justicia de la UE (el cual pertenece a la Unión de los 28), depende del Consejo de Europa (47 países miembros) y se ha impuesto poco a poco como un verdadero tribunal constitucional europeo, dictando sentencias por encima de los 47 Estados (820 millones de habitantes), censurando con ligereza las legislaciones nacionales y condenando a los Estados que no respetan su interpretación de los “derechos humanos” encargado de proteger. Este Tribunal ha desarrollado una concepción no solo procedimental de la democracia, sino “sustantiva”: dicho de otra manera, defiende una ideología. Formado por jueces militantes, expande mediante su jurisprudencia la vulgata “progresista” hecha de desconfianza sistemática hacia el Estado, de una caza fanática contra las “discriminaciones”, de la primacía dada a los delincuentes sobre sus víctimas, del respeto sagrado a los “derechos” de los terroristas, de un liberalismo absoluto en cuestiones de sociedad, de la defensa del individuo sobre el interés colectivo, de la negación de las fronteras y de la promoción de la inmigración. (…)

“En Francia, el único Tribunal Supremo es el pueblo francés”

El TEDH se ceba con los países occidentales culpables de “discriminación en el trabajo” y otras menudencias, pero no se le escucha pronunciarse sobre lo que sucede en otros países del Consejo de Europa donde los ataques a los derechos humanos son mucho más graves.

Es en 1945, después de la experiencia totalitaria europea, cuando comienza una política de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada en 1948 por la Asamblea General de la ONU y, dos años más tarde, la Convención de Derechos Humanos y Libertades fundamentales fue firmada por los estados miembros del Consejo de Europa (N.T. Este organismo no pertenece a la Unión Europea). Pero estos textos, poco operativos, tenían sobre todo un valor simbólico en esencia. Eran simples comisiones, formadas por políticos y no por magistrados, las que se encargaban de verificar el respeto de los compromisos internacionales.

En 1959, se creó el TEDH pero su competencia estaba subordinada a la decisión previa de la Comisión Europea de los Derechos Humanos, un órgano político una vez más. No se reunía más que algunos días al año. Pero bajo el impulso de los militantes de los derechos humanos reunidos alrededor de René Cassin, uno de los redactores de la Declaración Universal, el TEDH suplantó progresivamente al conjunto de las disposiciones de los derechos nacionales, incluyendo a las Constituciones, expresando claramente que los derechos humanos tenían por vocación estar por encima de la democracia. En 1998, la adopción de un Protocolo (nº 11) añadido a la Convención suprimió la Comisión Europea de los Derechos Humanos. El TEDH se convirtió en una jurisdicción permanente a la que pueden tener acceso directo los ciudadanos de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. El número de denuncias anuales ha pasado de cinco mil en 1990 a sesenta y tres mil en 2017; el número de asuntos pendientes llega a los cincuenta y cinco mil.

Actuando en lugar de la política, este Tribunal formado por jueces de Azerbaiyán, Moldavia, Albania o Turquía moldea impunemente nuestra sociedad e impone sus decisiones, sin ninguna legitimidad democrática y fuera de todo control. Es un gobierno de jueces absolutamente contrario a la concepción francesa de Estado soberano y de democracia. “En Francia, el único Tribunal Supremo es el pueblo francés” decía De Gaulle.

En el momento histórico en el que estamos desde hace unos años, con una inmigración descontrolada y un enemigo interior islamista dispuesto a todo, la ideología transmitida por el TEDH nos lleva al desastre, y ya es urgente librarse de él de una manera o de otra. El Parlamento ruso lo entendió muy bien cuando votó en 2015 una ley poniendo al Tribunal Constitucional de Rusia por encima de la jurisdicción internacional. El TEDH había condenado en aquel momento al país a pagar 1,9 millones de euros a los ex-accionistas del grupo petrolero Ioukos, desmantelado por las autoridades rusas después de un fraude fiscal masivo. “No pagaremos, y no aplicaremos sus decisiones” respondió entonces Putin. Otra solución podría ser salir de la Convención lo cual, al contrario de lo que se piensa, es jurídicamente posible. “La soberanía nacional pertenece al pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por la vía del referéndum” dice el artículo 3 de nuestra Constitución. No dice en ningún sitio que haya que rebajarla ante un tribunal supremo formado por jueces extranjeros, poco claros y fanáticos.

Nota. Traducido por: Esther Herrera. El artículo original apareció en núm. 4257 de la revista «Valeurs actuelles» el 29/06/2018.

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Despotismo

Redacción [Ana María Torrijos] – (…) No cabe esa trivial postura en partidos con el compromiso de gobernar dentro de la ley. Sólo es posible en organizaciones nacidas para destruir el sistema actual, sean doctrinarias de izquierda o nacionalistas secesionistas. Estas tendencias extremistas no nacen de la nada, todo lo contrario surgen de las aulas y de los medios de comunicación. Ahí está el germen del poder para destruir el Estado (…). La libertad y la democracia pueden existir si las instituciones las garantizan y si se respeta la ley. El permitir la arbitrariedad de no cumplir esta sagrada afirmación, los derechos de todos los ciudadanos estarían amenazados. Barcelona (España), lunes 12 de noviembre de 2018. Fotografía: CONGRESO D ELOS DIPUTADOS 8MADRID) ESPAÑA, 01.03.2016. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez durante su intervención en la cámara baja española. Efe

Esta sentencia ha de estar presente en cada uno de los lugares en los que actua un miembro de la sociedad, cualquier individuo, un responsable de la vida pública, un relator de los acontecimientos diarios, un docente, un profesional de la banca, todo el que forme parte del colectivo nacional. La democracia no está en exclusiva en manos de los que ocupan cargos en los distintos órganos políticos, el resto de los ciudadanos están también obligados a potenciar y acatar los resortes constitucionales. A estas alturas del devenir democrático una erosión continuada se extiende en el entramado de los tres poderes del Estado. Es notorio lo que está ocurriendo y es difícil negarlo. Se necesita profundizar en la independencia del poder judicial, del legislativo y del ejecutivo. El sistema está viciado, clama una modificación, un cambio.

El poder judicial, en entredicho en los últimos acontecimientos, con errores que han podido minar su credibilidad, debe predisponerse a asumir una elección democrática de sus órganos. Puestos de libre elección, sin interferencia de la clase política.
El poder legislativo no puede estar amordazado, cada uno de su miembros tiene que ser libre en el momento de votar, se requiere que al posicionarse en los debates, no esté obligado a seguir sin replica alguna las ordenes del partido. Listas abiertas, no realizadas por la cúpula de la organización, es la regla a seguir y facilitaría que cada diputado, cada concejal, cada senador respondiera ante los electores y se sintiese obligado a aproximarse a ellos, a pisar la calle, visitar los barrios y compartir el vivir diario.

El poder ejecutivo, tanto el nacional como el de las comunidades autónomas, deben ser responsables del juramento hecho ante la Constitución y no con el latiguillo que algunos emplean “por imperativo legal”. Desde ese privilegiado puesto que los votos les han dado, no han de saltarse las pautas que requiere cualquier decisión. El sufragio de los ciudadanos que creen en la convivencia y en la legalidad, no puede ser adulterado por unos piratas, por unos corsarios que asaltan con violencia las instituciones y la vida tranquila de la ciudadanía.

La situación quebradiza de la Nación Española es muy delicada, muy tensa, provocada por el ruin comportamiento de muchos trepadores, extremistas y traidores a los principios de la democracia.

¿Qué tiene que suceder para que nos percatemos de que se quiere dinamitar las Instituciones?

Aunque lo peor es que se pretende dilapidar todo el esfuerzo que durante tantos años los españoles han realizado en sus trabajos, en sus vidas privadas, en las escuelas donde matriculan a sus hijos. No cabe esa trivial postura en partidos con el compromiso de gobernar dentro de la ley. Sólo es posible en organizaciones nacidas para destruir el sistema actual, sean doctrinarias de izquierda o nacionalistas secesionistas. Estas tendencias extremistas no nacen de la nada, todo lo contrario surgen de las aulas y de los medios de comunicación. Ahí está el germen del poder para destruir el Estado.

Estamos confundiendo la libertad de cátedra con el bochornoso atropello de la dignidad de un niño, la libertad de expresión con el destructivo sermón de las múltiples “capillitas” montadas en radios, televisiones e informativos periodísticos. Capillitas mantenidas con dinero público y eso es lo más delirante, el dinero salido del esfuerzo de los ciudadanos, que en vez de ser destinado a los servicios sociales básicos, se invierten en medidas demagógicas injustas o en propaganda para difundir mini naciones inexistentes; naciones diseñadas desde los despachos de familias políticas depredadoras de todos los valores, con el único propósito de engrosar su patrimonio; rapiñas groseras asentadas en los puestos del poder, y lo más peligroso, dispuestas a lanzar el montaje de unos estados totalitarios o doctrinarios, aderezados con la teoría estalinista o identitaria.

El despotismo, abuso de poder, de fuerza hacia los demás, se está asentando. El señor Pedro Sánchez en los pocos meses de gobernabilidad, de una manera desaforada ha hecho uso del decreto-ley que está recogido en la Constitución “en caso de extraordinaria y urgente necesidad… y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado”. Si asumimos en profundidad el redactado, cuestionaríamos la última decisión tomada a primeras horas de la mañana, a micrófono abierto, ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto hipotecario a elevarlo a escritura pública. Pero también es sorprendente que al capitanear el voto de censura contra el señor Rajoy, lo hiciera con la intención de convocar elecciones lo más rápido posible y ahora ya no sólo no lo hace sino que está preparando una reforma educativa. Un plan de estudios serio, de calidad y duradero requiere tomar un tiempo prudencial de consultas con los cuerpos docentes, con las fuerzas políticas constitucionalistas, con los colegios profesionales, además de otras premisas muy necesarias. Pero este enfoque que nos vaticinan, se ceba en contra de la libertad de los padres para elegir el tipo de colegio que desean para sus hijos, en relegar la religión o la ética, en ampliar el contenido del estudio de la memoria histórica, aberrante en su mismo nombre y hasta se llega a deslizar la posibilidad de conseguir el título de bachillerato sin el aprobado de todas las asignaturas.

En el periodo democrático la educación ha sufrido demasiadas reformas y concretamente en la primera legislatura de un gobierno socialista, empezó una deriva a la mediocridad. Primó tener menos jóvenes en espera de trabajo porque podía traer conflictos si con sus políticas económicas no se lograba crear los necesarios puestos laborales, y en su lugar se les ofreció un plan educativo de baja calidad que no primaba el esfuerzo y la valía, dirigido casi en exclusiva al bachillerato y a la universidad, olvidando una buena reforma atrayente y enfocada a los estudios profesionales, que es lo que hay en todos los paises desarrollados.

Despotismo desde el Ejecutivo y de ahí un paso a sellar la libertad democrática.

Ana María Torrijos

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Suspenso también en competencias lingüísticas

Redacción (Manuel I. Cabezas González) – En mi último texto, puse el dedo en la llaga de la deficiente formación universitaria de los cientos de miles de licenciados o graduados que se presentaron a las oposiciones, para ser profesores titulares en la enseñanza no universitaria, y que fueron eliminados ya en la primera prueba. Hoy quiero remachar el mismo clavo, analizando un aspecto concreto y transversal de la formación de los universitarios españoles: sus competencias lingüísticas, al terminar los estudios universitarios, en lenguas extranjeras. Barcelona (España), jueves 1 de noviembre de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 11.11.2017. Un momento de la manifestación independnetista convocada en Barcelona por las entidades separatistas ANC y Ómnium, para exigir la libertad de los delincuentes los ‘Jordis’ -Jordi Sánchez, Jordi Cuixart- y los miembros del Gobierno catalán cesados que han sido encarcelados por la Justicia. Efe

En la formación universitaria española (excepto en las filologías, aunque aquí hay también mucha tela que cortar), las lenguas extranjeras no formaron parte tradicionalmente de los planes de estudios y, por lo tanto, no se exigían competencias lingüísticas para poder licenciarse o graduarse. Ahora bien, con la entrada de España en la UE (1986) y, en particular, con la Declaración de Bolonia (1999) y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se empieza a hablar de la necesidad de armar lingüísticamente a los futuros diplomados y “masterizados” españoles.

Fue la Generalidad de Cataluña la primera que verbalizó la necesidad de imponer el requisito, lógico y razonable, de acreditar el nivel B2 de inglés (o de francés o italiano o alemán) para poder graduarse. Para ello, en 2001, Andreu Mas-Colell, Consejero de Universidades, pidió a los rectores que modificasen los planes de estudios para introducir este requisito. Pero su petición fue echada en saco roto y no se hizo nada.

En marzo de 2002, el Consejo de Europa, en la Declaración de Barcelona, fijaba el objetivo de “mejorar el dominio de las competencias [lingüísticas] básicas, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana”. Ahora bien, diez años después (en 2012), el porcentaje de europeos que podían comunicar en una lengua extranjera había disminuido del 56% al 54% y, por otro lado, el porcentaje de alumnos competentes en una lengua extrajera era muy variable, según el país considerado: por ejemplo, 82% en Malta y Suecia, y el 14% en Francia, para el inglés; 9% en Inglaterra, para el francés. Y, por lo que respecta a España, los alumnos seguían en el furgón de cola.

En 2008, con el Tripartito catalán (2003-2010), se anunció que el conocimiento del inglés sería un requisito obligatorio para que los alumnos que iniciasen sus estudios en 2012 pudieran graduarse. Pero tampoco se hizo nada para implantarlo. Por eso, en 2013, Andreu Mas-Colell, Consejero de Economía y Conocimiento del Gobierno de la Generalidad, anunció la medida de exigir a los futuros graduados universitarios, que iniciasen sus estudios en 2013-2014, el nivel B2 de inglés o de otra lengua extranjera (francés o italiano o alemán) para poder graduarse. Con este requisito se apostaba por el inglés, con el fin de poner remedio al deficiente nivel lingüístico de los universitarios catalanes, con el fin de propiciar la incorporación de España al EEES y facilitar así la inserción y la movilidad laborales de los graduados catalanes.

En 2014, en el Art. 211 de la “Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público”, se reguló finalmente el requisito del B2 para los alumnos que iniciaran sus estudios de grado a partir del curso 2018-2019. A pesar de esta previsión legal, en mayo de 2018, el Parlamento de Cataluña, a petición del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), votó por unanimidad una moratoria de 4 años para empezar a exigir el requisito del B2 de inglés y poder graduarse. ¿Motivos? Por un lado, se puso el acento en la falta de cobertura legal para la medida, ya que las lenguas extranjeras no formaban parte, en general, de los planes de estudios. Además, este requisito fue precipitado y no se previeron los recursos necesarios para implantarlo. Por otro lado, al final del grado, muchos universitarios no tenían un nivel suficiente en lengua extranjera para poder acreditar el B2. Y, en consecuencia, la aplicación de este requisito los privaría del título universitario durante el tiempo necesario para adquirirlo.

A nivel nacional, en 2016, Mariano Rajoy lanzó también la idea de tener que acreditar el B2 de inglés para obtener el título de grado. Para ello, se iba a lanzar un programa nacional de formación del profesorado de inglés y de enseñanza de disciplinas no lingüísticas en inglés. Ahora bien, para exigir el requisito del B2, fijó un plazo de 10 años (para el 2026). ¡Largo me lo fiáis!, hubiera respondido Don Juan Tenorio. Desde entonces, nunca más volvió a hablar de ello.

Así se gestó, en Cataluña, el requisito del B2 de inglés para poder graduarse. Sin embrago, esta gestación no ha desembocado todavía en un parto exitoso y viable. Ahora bien, esta accidentada gestación del requisito del nivel B2 merece, a modo de coda, algunas glosas.

Este requisito denota, sin duda alguna, la ineficiencia de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras en primara, secundaria y bachillerato. Y yo me atrevería a afirmar que la ineficiencia concierne también la(s) lengua(s) materna(s) (español y/o catalán). Sin embargo, como apuntó Xavier Grau, ex Rector de la URyV, durante los cuatro años de moratoria será muy difícil conseguir lo que no se ha alcanzado durante toda la enseñanza preuniversitaria. Sobre todo, teniendo en cuenta el bajo nivel con el que llegan a la universidad los bachilleres y el hecho de que los universitarios hayan sido abandonados a su suerte para solucionar estas deficiencias lingüísticas con sus propios medios (EOI, academias, estancias en el extranjero, etc.). Por eso, como ha precisado muy certeramente Ferran Sancho, ex Rector de la UAB, sería necesaria una “solución global” (actuar y crear sinergias en todos los niveles del sistema educativo español). Sólo así los graduados universitarios podrían adquirir las competencias lingüísticas para desenvolverse en un mundo global, interconectado, multilingüe y muy competitivo.

Por otro lado, la moratoria es el reconocimiento de un fracaso total de la iniciativa del requisito del B2 del Gobierno de la Generalidad y demuestra que, para los sucesivos Gobiernos catalanes así como para las universidades, la formación de los universitarios no ha sido una de sus prioridades. Y tampoco lo será en el futuro ya que dilata en el tiempo la exigencia del B2 de inglés, aspecto fundamental de la formación universitaria. Además, no se han previsto los recursos necesarios para conseguirlo y se ha abandonado a los universitarios a su suerte para que —en el plazo de 4 años y según su buen hacer, poder económico y querer— hagan lo necesario para dotarse del nivel B2.

Finalmente, la formación lingüística no es una cuestión baladí. Más bien, todo lo contrario. Desde que España forma parte de la UE, los ciudadanos españoles disfrutamos de nuevos derechos. Entre ellos, el derecho de circulación y de establecimiento en cualquier país de la Unión Europea. Ahora bien, para poder ejercerlo y para que deje de ser un derecho virtual o un brindis al sol, es fundamental tener ciertas competencias lingüísticas (al menos, el nivel B2), en la lengua del país donde uno quiere echar raíces. Y para conseguirlas, es preciso que las autoridades europeas, nacionales y autonómicas proporcionen los recursos necesarios, tanto en cantidad como en calidad. Algo que no han hecho hasta ahora y que no está previsto que hagan en el futuro.

Además, tras la IIª Guerra Mundial, los países fundadores de la actual Unión Europea optaron por la cooperación y el diálogo, abandonando la confrontación y el enfrentamiento. Esta elección tiene implicaciones lingüísticas claras en una Europa multilingüe y multicultural. Sin embrago, aunque las instituciones europeas sean conscientes de que todo progreso en la consolidación europea está condicionada por el aprendizaje-adquisición de las lenguas de los socios comunitarios, las autoridades europeas no han querido o no han sabido llevar a cabo una política lingüística decidida y eficaz.

Por eso, en los sucesivos Eurobaromètres se levanta acta de que la formación lingüística de los jóvenes y ciudadanos europeos deja mucho que desear y constituye un verdadero talón de Aquiles para la viabilidad de la Unión Europea. Y, así, no es descabellado afirmar que el Brexit, el crecimiento de los euro-escépticos y el renacimiento de los nacionalismos han encontrado un terreno propicio en el desierto de las competencias lingüísticas, instrumentos absolutamente necesarios para confraternizar, comunicarse, conocerse, establecer lazos entre los europeos y construir Europa. Ahora bien, esto será objeto de una próxima cogitación.

Manuel I. Cabezas González

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