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noviembre 13th, 2017 by lasvoces

Redacción (Clemente Polo) – Puigdemont, tras votar en el Parlament el pasado 27 de octubre la resolución de Junts pel Sí y CUP que declaraba constituido el “estado independiente en forma de república“, se reunió con sus consejeros en el Palau de la Generalitat para fijar la estrategia a seguir una vez que fueran previsiblemente cesados por el Gobierno español, como así ocurrió pocas horas después. Nada trascendió de lo allí tratado. El líder secesionista, antes de salir por la puerta de servicio, no tuvo siquiera la gallardía de salir al balcón para arriar la bandera española, como sí hicieron los alcaldes de Sabadell y Gerona esa tarde, y saludar a los seguidores que se habían congregado en la Plaza de San Jaime para festejar tan fausto acontecimiento. No en vano habían pasado 83 años desde que su predecesor Companys declarase el Estado Catalán de la República Federal Española, un invento que duró 11 horas. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, lunes 13 de noviembre de 2017. Fotografía: PARLAMENTO DE CATALUÑA (BARCELONA) ESPAÑA, los delincuentes lideres del separatismo en Cataluña de la izquierda a la derecha: El cabeza de lista de Juntos Por El Sí al 27-S 2015 en Cataluña, el preso rebelde separata y exconsejero de Asuntos exteriores de la Generalidad Raúl romeva; los el preso rebelde exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras Vies (ERC); y el rebel sediciosos fugitivo expresidente catalán, Carles Puigdemont Casamajò. Archivo ACN.

Volando voy, volando vengo

Después de visitar Gerona, Puigdemont reapareció en Bruselas donde el martes convocó una rueda de prensa para explicar el motivo de su viaje al corazón de la UE: denunciar la falta de democracia en España. Quien sin ningún recato se había saltado todas las reglas democráticas en Cataluña durante dos años, leyó una declaración en la que cuestionaba la división de poderes, presentaba al Estado como una feroz maquinaria represiva, y dejaba caer que no volverá hasta obtener garantías de que tendrá un juicio justo. Argumentos que caían por su propio peso porque mientras difundía Puigdemont sus infundios en francés, catalán y castellano, Junqueras y el resto de líderes secesionistas anunciaban que concurrirán a las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno el 21-D. Quizá la mejor réplica al cinismo del nada honorable expresidente se la dieron Michel, primer ministro belga, que le recordó su condición de mero ciudadano europeo, y Peeters, viceprimer ministro, que le reprochó que “cuando se pide la independencia, más vale quedarse cerca de su pueblo”.

Pocas horas después, la juez Lamela citaba al expresidente y miembros de su gobierno a comparecer en la Audiencia Nacional (AN) el 2 y 3 de noviembre para responder de los delitos de rebelión o sedición y malversación de caudales públicos. Además, la instructora les dio un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros y evitar el embargo de sus bienes. Se acabó el tiempo de las mofas en el Parlament y llegó la hora de responder ante los

jueces de los delitos que se les imputan. Dos de los consejeros que le acompañaron a Bruselas, Forn y Borràs, regresaron para comparecer en la AN, no así Puigdemont y los exconsejeros Comín, Ponsatí, Puig y Serret que pretenden declarar en Bélgica y quieren obligar a la juez a dictar una euroorden de detención. El propósito evidente de Puigdemont es alargar la tensión y aprovechar su estancia en Bruselas –por cierto, se debería investigar quién abona las facturas– para seguir cuestionando la democracia española. Todo vale para este presunto delincuente que considerándose todavía presidente del ‘legítimo’ gobierno de Cataluña no tiene inconveniente en postularse para encabezar las listas de su partido el 21-D.

Golpe a nuestra democracia

Comprendo que Puigdemont y sus consejeros consideren excesivas las penas aparejadas con los delitos de secesión (entre 4 y 15 años) y rebelión (entre 15 a 30 años). A nadie le gusta la perspectiva de pasar tanto tiempo entre rejas. Ahora bien, ¿qué otra cosa podían esperar quienes de manera reiterada han promovido resoluciones y leyes en el Parlament de Cataluña encaminadas a constituir un estado independiente, contraviniendo abiertamente la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional? Y, ¿qué podía hacer el Estado después de que el 27 de octubre aprobaran una última resolución donde afirmaban “constituimos la República catalana, como estado independiente y soberano?” ¿Acaso esperaban que el Estado continuara pagándoles el sueldo y riéndoles sus gracietas? La auténtica anomalía democrática habría sido que el Rey, el Gobierno y el Senado no hubieran reaccionado ante “un inaceptable intento de secesión”.

Por mucho que se empeñe Puigdemont en desacreditar nuestra democracia, lo cierto es que ningún Estado democrático contempla su posible ruptura y todos los ordenamientos constitucionales prevén elevadas penas para los delitos de insurrección, traición, rebelión o sedición. Los Estados de la UE, a los que Puigdemont apela cínicamente, no habrían sido tan comprensivos como el Gobierno español en caso de haberse producirse un desafío similar en algún departamento, región autónoma o estado. Todos los Estados democráticos, sin excepción, exigen lealtad a la Constitución, considerada “la ley suprema del país” y los delitos de insurrección, traición, rebelión, cohecho u otros delitos y faltas graves son motivo suficiente para destituir a los representantes de los ciudadanos e inhabilitarlos para el ejercicio de cargos públicos.

Nada hay de anómalo o extraordinario en la destitución de Puigdemont y sus consejeros ni en el encarcelamiento de los líderes de la ANC y Òmnium unas semanas antes. Quienes se sorprenden de que la juez enviara a los ocho exconsejeros a la cárcel el 2 de noviembre quizá no

han leído el auto motivado de 19 folios en los que Lamela explica por qué “la medida de prisión provisional es pertinente y proporcionada”, tras examinar las actividades desplegadas ) durante varios años por los miembros del gobierno de la Generalitat coordinadamente con los partidos (ERC, CDC-PDE-Cat y CUP) y las asociaciones secesionistas (ANC, Òmnium y AMI, la gravedad de los delitos que se les echan, y la determinación de los encarcelados de seguir delinquiendo. Por cierto, en la orden de detención cursada el 3 de noviembre contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos, la juez les imputa también los delitos de desobediencia y prevaricación. Estamos a la espera de que un juez belga decida su futuro inmediato.

La ‘izquierda’ nacionalista

El PSC calificó en un comunicado de desproporcionada la medida cautelar adoptada por la juez, e Iceta ha iniciado su campaña electoral pidiendo mayor autonomía y un gran acuerdo de la izquierda y el centro. Al coro de partidos y asociaciones secesionistas, se sumó Iglesias, demócrata de toda la vida, que dijo avergonzarse de que “en mi país -¿cuál será?– se encarcelen a opositores”. Mención especial merece Colau que consideró el auto un “despropósito jurídico” y acusó a Lamela de prevaricar, puesto que su decisión “sólo se explica por el espíritu de venganza” y el deseo de “humillar a las instituciones catalanas y sus legítimos representantes”. Colau y su avispado politólogo de cabecera (Domenech) ejemplifican la pueril actitud de los movimientos populistas para los que saltarse las leyes es el no va más de la democracia y meter en prisión a quienes se las saltan un despropósito.

En la manifestación cívica celebrada en Barcelona el 29 de octubre, Frutos, ex-secretario del PCE, tomó la palabra en “nombre de una izquierda no nacionalista, suponiendo, permitidme la ironía, que haya una izquierda nacionalista”, para reafirmar el compromiso con la convivencia y denunciar a la seudoizquierda cómplice del nacionalismo, dispuesta a erigir barreras entre españoles. La claudicación de ERC, CUP y CSQEP, y el PSC en menor medida, al programa pujolista de construcción nacional explica por qué el secesionismo ha llegado tan lejos en su reto al Estado y por qué el Gobierno optó finalmente por una intervención minimalista al aplicar el 155. A los constitucionalistas nos corresponde desenmascarar de aquí al 21-D a la seudoizquierda nacionalista y velar para que Puigdemont, sus consejeros y los líderes de la ANC y Òmnium respondan ante la justicia.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona

noviembre 9th, 2017 by lasvoces

Redacción (Clemente Polo) – En la madrugada del 1-O, Conesa, la alcaldesa de Sant Cugat del Vallés (SCV), acudió madrugadora al pabellón deportivo situado al costado del Ayuntamiento, para dejar constancia ante los medios de comunicación locales (TOT Sancugat) –subvencionados y al servicio, claro está, del consistorio– del ‘histórico’ momento en que la alcaldesa colocaba la primera urna. San Cugat Del Vallés, jueves 9 de noviembre de 2017. Fotografía: SAN CUGAT DEL VALLES (BARCELONA) ESPAÑA, 6.11.2017. En la imagen, los catalanes arrancado la pancarta separatista pagada con el dinero de todos los ciudadanos de la ciudad contra la disidencia catalana en San Cugat que dice ‘Liberta a los presos políticos” separatistas, los rebeldes sediciosos exconsejeros y líderes secesionistas de ANC y Ómnium. Lasvocesdelpueblo. Participaron más de 5 mil catalanes con banderas de España y regiones. Lasvocesdelpueblo.

Los Mozos de Escuadra de Sant Cugat que estaban, supongo, agazapados en su cuartelillo a cinco minutos del consistorio, tuvieron, como yo, puntual noticia de lo que estaba sucediendo, pero nada hicieron para retirar la urna que acababa de colocar la insurrecta alcaldesa. No sé si la Fiscalía habrá denunciado a la alcaldesa por este lamentable hecho, pero aquí dejó la ‘heroica’ instantánea que difundieron los medios locales antes de las 9:00 horas por si considera pertinente poner una querella contra una alcaldesas acostumbrada a incumplir con deliberación y reiteración las sentencias de los tribunales.

Por cierto, no está de más recordar que el flamante pabellón deportivo de SCV es una de las innumerables obras por las que el partido de Conesa, Corrupción, perdón Convergencia Democrática de Catalunya, rebautizado como PDE-Cat, cobró la mordida habitual del 3%, con intermediación de Millet, el famoso trincador del Palau, precisamente cuando Turull, el portavoz del último gobierno de Puigdemont, era gerente del consistorio santcugatenco. No es éste, ni mucho menos, el único caso de corrupción en el que se ha visto involucrado el Ayuntamiento de SCV. Lo paradójico es que la ONG Transparencia Internacional-España haya otorgado al Ayuntamiento de Sant Cugat el premio a la transparencia, en más de una ocasión, galardón que ha compartido con el de Sabadell, cuyo alcalde Bustos (PSC) tuvo que dimitir tras ser imputado en diversos casos de corrupción. Quizá esta ONG haría bien en acudir a un oftalmólogo internacional, por supuesto.

Una de las últimas iniciativas de Conesa en apoyo al intento de secesión perpetrado por Puigdemont ha sido poner una gigantesca pancarta en el consistorio que rezaba “LLIBERTAD PRESOS POLÍTICS. #Democracia”, me temo que pagada con el dinero de todos, como las vacaciones de Puigdemont y sus exconsejeros en Bruselas. Hace unos días, la ANC y Òmnium convocaron una manifestación en SCV para pedir la libertad de los ‘jordis‘ delante del Ayuntamiento, con la pancarta ya lista para acogerlos. Y el 6 de noviembre se convocó a través

de las redes otra manifestación para reivindicar la Constitución Española y la aplicación de las leyes a todos los ciudadanos, incluidos los dos dirigentes de la ANC que convocaron y arengaron a sus tropas de choque para poner cerco a la policía judicial. Estaba pensando en irme esta mañana al cuartelillo de los Mozos en SCV, subirme a uno de los vehículos que suele haber allí aparcados, cubrirlo de pegatinas, romper los cristales, y husmear dentro por si hubiera armas y llevármelas en ese caso. Me temo que la Sra. Conesa no me consideraría un preso político ni pondría una pancarta en el Ayuntamiento para exigir mi liberación. Después de la actuación (más bien inacción y connivencia) de los Mozos el día 1-O, hay más razones para hacer esto que hicieron hoy algunos ciudadanos en SCV que para justificar el irresponsable comportamiento de los ‘jordis‘ el 20-21 de septiembre. Hay muchos ciudadanos que nos hemos sentido reconfortados al ver que gente como los ‘jordis’ y los ‘consiglieri’ ya no gozan de impunidad, como ocurría hasta ahora, y tienen que responder de sus actos ante los Tribunales.

Los medios de desinformación, subvencionados hasta las cejas consideran un deber patriótico apoyar los escraches a políticos constitucionalistas, así como las manifestaciones y hasta huelgas generales convocadas para pedir la excarcelación de presuntos delincuentes, sin importarles siquiera que al frente del sindicato convocante (SCS) esté un terrorista (Carles Sastre) convicto por el asesinato del empresario catalán Josep María Boltó. En cambio, esos medios se rasgan las vestiduras porque, después de pedir durante una hora que saliera Conesa a dar la cara, un puñado de manifestantes decidió quitar la ignominiosa pancarta que ésta había colocado para humillar a todos los catalanes partidarios de la igualdad y defensores del orden constitucional. Los ultras son ustedes porque nada hay más parecido al régimen nacional-sindicalista que el régimen nacional-secesionista que ustedes pretendieron imponernos, saltándose el orden constitucional, el 27 de octubre. En la próxima manifestación, Sra. Conesa no pediremos que retire la pancarta sino que dimita por complicidad con los golpistas.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona

7 de noviembre de 2017

 

octubre 13th, 2017 by lasvoces

Redacción (Clemente Polo) – La histórica manifestación que tuvo lugar el 8 de octubre en Barcelona, respaldada por todas las asociaciones que han organizado las celebraciones de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Barcelona desde 2012, permitió constatar que la mayoría de los catalanes, respetuosos y callados hasta ahora, están dispuestos a defender la Constitución y el Estatut de Cataluña. Barcelona (España), viernes 13 de octubre de 2017. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA); 12.07.2017.El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont saliendo de su coche oficial, para afrentarse a la realidad. Explica los motivos del linchamiento político que hizo al consejero Jordi Bages. Archivo Efe.

Centenares de miles salieron a la calle, convocados en pocas horas, para reclamar “Democracia, Democracia, Democracia”, como rezaba una de las pancartas, y agradecer la sacrificada labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional que la están defendiendo en circunstancias dificilísimas, mientras los mandos de los Mozos de Escuadra respaldan el golpe de estado que se inició el 6 de septiembre en el Parlament de Cataluña. La prepotente televisión del régimen (TV3), en un gesto que la acerca todavía más a las de Honecker y Ceacescu, afirmó que la manifestación había sido convocada por organizaciones de ultraderecha y Falange. ¡Qué más quisieran! No, señores, no: esto va de libertad y democracia, amordazadas y secuestradas por el régimen nacional-secesionista, cuya falta de respeto al pluralismo político lo acerca más, cada día que pasa, a los opresivos regímenes totalitarios.

Del chantaje a la tregua

La noche del 1-O, Puigdemont compareció ante los medios con su gobierno en pleno para anunciar que ‘millones de catalanes’ habían votado –nadie sabe cuántos, dónde ni cuántas veces– y el ‘pueblo’ de Cataluña se había ganado el derecho a tener un estado propio en forma de república. ¿Será cierto que la finalidad última de todas las decisiones irresponsables que han ido adoptando Mas y Puigedemont en los últimos años era forzar al Gobierno de España a aceptar una mediación internacional? ¿En serio pensaban que la violencia desplegada por los comités de defensa del referéndum (CDR) –organizados por ERC-ANC, CDC-Omnium y CUP– el 1-O iba a inclinar a su favor la balanza? Da miedo pensar que desconocen hasta ese punto la fortaleza del Estado de Derecho y cómo funcionan la UE, en particular, y la comunidad internacional, en general.

El 6 de octubre, Mas sorprendía, tal vez más a propios que a extraños, con unas declaraciones en las que reconocía que Cataluña no está preparada para la “independencia real”. ¿Para la virtual, entonces, Sr. Mas? ¿Acaso los análisis del Consell Assesor per la Transició Nacional que aseguraban que todo estaba a punto para convertir Cataluña en la Holanda del Sur o Dinamarca eran sólo una broma pesada? ¿No han completado ya con la Agencia Tributaria y la Agencia de Protección Social la arquitectura de la república? ¿A qué esperan para repartir los 44 millones del dividendo fiscal que el AVE se lleva a Madrid cada día? Seguro que a más de un catalán que escuchó a Mas afirmar que los bancos no sólo no se marcharían sino que se darían codazos por venir a Cataluña, se le habrá quedado cara de bobo estos días al ver como Sabadell y Caixabank hacían las maletas. Mas y Puigdemont han vuelto a engañar miserablemente a los ingenuos ciudadanos que votaron el 9-N y acudieron de nuevo a votar el 1-O.

Vila, consejero de Empresa y corresponsable de todas las iniciativas del gobierno de Puigdemont, ha pedido una tregua para dar una última oportunidad al diálogo antes de declarar unilateralmente la independencia. Algunos quizá habrán visto en este gesto un atisbo de recuperación del sentido común por parte de un miembro del gobierno de la Generalitat. Craso error porque, quienes han provocado esta confrontación que se ha llevado por delante la convivencia y amenaza la recuperación económica, sólo pretenden ganar tiempo para seguir controlando la caja de la Generalitat y volver a las andadas en cuanto se presente una coyuntura favorable. Estamos ante una pandilla de agitadores irresponsables que llevan demasiados años jugando con los sentimientos de los ciudadanos y tensando la vida pública hasta límites insoportables e inadmisibles en democracia. Ahora que ven las orejas al lobo, sacan bandera blanca. Demasiado tarde, apechuguen con las consecuencias.

Sálvese quien pueda

La desbandada de entidades financieras, empresas no financieras y salida de capitales que está produciéndose en Cataluña durante los últimos días demuestra que las alertas que lanzábamos algunos economistas desde hace bastantes años no pretendían asustar a los catalanes –agitadores del miedo era la expresión con la que nos descalificaban nuestros colegas partidarios de la independencia–, sino advertirles que la secesión era un pésimo negocio. Cataluña ha tenido su principal mercado en el resto de España durante casi tres siglos y la diversificación del comercio que se ha producido, tras la adhesión de España a la CEE en 1986 y la puesta en marcha del Mercado Único en 1992, si bien la han mitigado, no ha alterado sustancialmente la situación. El resto de España sigue siendo a gran distancia el principal destino de las exportaciones de bienes y servicios producidos en Cataluña y el saldo acumulado de la balanza de bienes y servicios con España ascendió, según el Instituto de Estadística de Cataluña, a 251.969 millones de euros en el período 2000-2016.

Pocas cosas retraen más a inversores y empresarios que la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y la perspectiva de una salida de la UE y el gobierno de Puigdemont ha preparado un cóctel explosivo agitando bien las tres. De nada va a servir, Sr. Vila, añadir un poco de hielo a la mezcla: sólo Puigdemont, la CUP y en menor medida ERC parecen dispuestos a beberse la pócima. Quienes no están por la labor son los financieros, los empresarios y los ciudadanos de a pie que han puesto pies en polvorosa, incluso antes de que Puigdemont se encierre en el Parlament para proclamar no se sabe muy bien qué: la independencia, la independencia diferida o la postindependencia. De lo que sí podemos estar seguros es que Cataluña es ya hoy una Comunidad más cerrada y más pobre que hace unos días y que la situación puede agravarse con consecuencias quizá irreversibles en las próximas semanas.

Hace falta ser bastante iluso para llegar a creerse que el Gobierno de España iba a permitirles quedarse con un trozo de su territorio y mantener secuestrados a varios millones de españoles. Hace unos días Cuixart, presidente de Omnium Cultural, crecido tras su estelar actuación el 21 de septiembre ante la Consejería de Economía, explicaba que Cataluña, como cualquier hijo crecido quiere independizarse, un manido argumento que como el del divorcio civilizado expuso reiterdamente Mas cuando inició su deriva independentista en 2012. La comparación no puede ser más desafortunada porque nadie impide a Cuixart abandonar España: le sugiero que traslade Omnium Cultural a una isla desierta para vivir una catalanidad plena. Puede usted abandonar el hogar familiar (España) cuando desee pero no olvide al salir dejar la llave sobre el mueble de la entrada. La directiva del Barça que se ha posicionado también en numerosas ocasiones a favor de la independencia lo tiene incluso más fácil, puesto que sus clubes no están obligados a participar en las ligas españolas. Dejen ya de dar la tabarra.

Pero volviendo al asunto principal: los independentistas deberían saber que ningún Gobierno responsable, ni hoy ni mañana ni pasado mañana, va a permitir al gobierno de la Generalitat saltarse la Constitución y apropiarse de una parte del territorio de todos los españoles. Así que no insistan y dejen de dañar la convivencia y perjudicar los bolsillos de todos.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona

13 de octubre de 2017

octubre 11th, 2017 by lasvoces

Redacción (Clemente Polo, Catedrático).-  La pasividad de los Mozos de Escuadra el 21 de septiembre, mientras las hordas congregadas por la ANC, Omnium y CUP destruían vehículos de la policía judicial durante el registro de la consejería de Economía, dio una pista de lo que podía ocurrir y sucedió el 1-O: la mayoría de los Mozos incumplió flagrantemente las órdenes de la magistrada Armas de desalojar y sellar los centros de votación antes de las 6:00 horas para impedir la celebración de la ilegal consulta. ¿Acaso alguien creyó que el consejero Forn y el mayor Trapero iban a cumplir las órdenes? ¡Si su misión era precisamente facilitar la apertura de los centros! No me sorprendería nada que los mandos de los Mozos conocieran la localización de los centros desde los que se distribuyeron urnas y papeletas y hay indicios de que la operación pudo haber sido planeada por sus propios servicios de información. Barcelona (España), miércoles 11 de octubre de 2017. Fotografía: El presunto delincuente investigado por delito de sedición, el mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero (2ª a la izd.), acompañado del consejero de Interior del Ejecutivo catalán, Joaquim Forn, en la reunión del gabinete antiterrorista, tras la masacre terrorista islamista del pasado 16 y 17 de agosto en Cataluña. Negaron la mayor y luego se descubrieron que lo sabía todo: la CIA avisó a la Generalidad de Cataluña y Mozos de Escuadra, 2 meses antes de los atentados d de Cataluña. Archivo Efe.

Puigdemont y los Mozos burlaron al Estado

Ningún Gobierno que se precie puede enviar a un coronel de la Guardia Civil a coordinar el operativo de seguridad, cuando se está fraguando nada menos que un golpe de Estado, sin investirle de la autoridad necesaria para cumplir su misión. Que los Mozos nada iban a hacer para impedir la apertura de los centros de votación se tornó en certeza cuando anunciaron que no los desalojarían con gente dentro. El Gobierno, burlado, debería haber ordenado inmediatamente la detención de Forn y Trapero por desobediencia reiterada a una orden judicial conducente a la consumación de los delitos de desobediencia y sedición.

Aunque resulte ingrato detener a los representantes del Estado en Cataluña, ésa es la obligación del Gobierno cuando aquellos se sitúan deliberadamente fuera del orden constitucional, utilizan fondos públicos para delinquir y desacatan las órdenes de los Tribunales. Todos los miembros del gobierno de Cataluña están fuera de la Ley desde al menos el 6 de septiembre, cuando aprobaron la “ley del referéndum de autodeterminación” y se confabularon para conspirar contra el orden constitucional, y consumar, como hicieron finalmente, su propósito delictivo el 1 de octubre. De 24 días dispuso el Gobierno de España para ilegalizar a la ANC, a Omnium y a la AMI, y para detener a los principales golpistas: Puigdemont, Junqueras y Forcadell y a los portavoces de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP. Hoy mismo escuché a Sáenz de

Santamaría afirmar que Puigdemont está fuera de la ley. Con todos mis respetos: si así es, el Gobierno debe instar a la Fiscalía a solicitar una orden de detención. Los delincuentes no pueden andar sueltos, máxime cuando amenazan con ejecutar en horas un delito todavía mayor: proclamar la independencia de Cataluña.

Mediación internacional

El gobierno de la Generalitat casi logró el 1-O la fotografía que buscaba desesperadamente: ofrecer las imágenes del enfrentamiento de ciudadanos con efectivos de la GC y la PN para solicitar la mediación internacional. Y digo que casi lo lograron porque la prensa internacional compró inicialmente la mercancía servida en bandeja por la Generalitat y sus medios de comunicación. Nada dijo de las provocaciones, insultos y acciones violentas de los ‘pacíficos’ comités de defensa del referéndum (CDR), en los que están integrados militantes de CUP, ANC y ERC, bien asesorados por el buenazo de Otegui y expertos terroristas vascos. Ojo al dato, porque estas células podrían transformarse en ‘comités de defensa de la república’ tras declararse la independencia y ocupar algunas infraestructuras y medios de comunicación. No seamos ingenuos: la violencia vivida en Cataluña desde día 21 de septiembre ha sido instigada y financiada por la CUP, la ANC y Òmnium Cultural e indirectamente por Puigdemont y su gobierno y su grupo parlamentario Junts pel Sí.

Poco a poco va saliendo a la luz la cruda realidad: más de 400 policías lesionados, videos trucados con escenas de represión de los Mozos y la falsa noticia sobre la concejal de ERC a la que un policía había roto cuatro dedos, uno a uno, palpado y manoseado. Esa burda ficción corrió como la pólvora por la red y llevó a un ‘indignado’ amigo mío (de vacaciones en Canadá) a echármelo en cara. Infórmate bien, le contesté. Toda una campaña orquestada para reclamar la mediación internacional a la que Puigdemont se agarra ahora como a un clavo ardiendo mientras el Banco Sabadell, la Caixa y otras entidades financieras y empresas no financieras anuncian su salida de Cataluña.

Los catalanes, dejémoslo bien claro, no sólo no han sido víctimas del resto de españoles sino que éstos han sido la fuente, casi única o principal, de su prosperidad desde 1714 hasta hoy mismo. No en vano historiadores catalanes acuñaron la expresión “Cataluña, la fábrica de España” para referirse al despegue económico y demográfico que propiciaron las reformas administrativas y fiscales introducidas por Felipe V. España y las colonias fueron a partir de ese momento del principal mercado de las manufacturas y productos industriales producidos en Cataluña. Se inició así un proceso de crecimiento de la renta per cápita de los catalanes que

abrió una enorme brecha en relación con el resto de españoles. Aunque ese diferencial se ido reduciendo desde los años 60 del siglo pasado, la renta per cápita de los catalanes era todavía el 23% mayor que la del resto de españoles en 2016, y el 6% superior a la media europea en 2015. No está nada mal para tratarse de un pueblo oprimido y expoliado.

Gestión fallida

La gestión del Gobierno de España del intento de la Generalitat de internacionalizar el conflicto ha dejado, por incomparecencia, mucho que desear. Nunca se debió permitir las actividades desplegadas por la consejería de ‘exteriores’, las embajadas’ y el consorcio Diplocat. Tampoco se respondió apropiadamente a las giras propiciadas por la Generalitat para promover la causa independentista en Estados Unidos y la UE, tournées a las que el Gobierno tendría que haber respondido enviando a científicos, juristas, intelectuales, artistas, deportistas, etc., dispuestos a exponer la realidad de España y desmentir las fabulaciones secesionistas. Hace unos días, Coixet, reputada directora cinematográfica, tuvo que escribir una carta a sus amigos repartidos por medio mundo para desmentir las deformaciones interesadas que buscan desacreditar nuestra democracia; y desde ese día, está siendo acosada por los secesionistas. El Gobierno debería ser consciente de que quien permite difundir infundios puede acabar perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. Con su mutismo y falta de iniciativas, el ministro Dastis da la impresión de que ni está ni se le espera.

Felizmente, Puigdemont y Romeva sólo han logrado de momento distraer unos minutos a los comisarios y parlamentarios europeos, exhibiendo en el hemiciclo su ridícula bandera estrellada. Y confío en que mientras sigan trucando videos, inventándose agresiones inexistentes e incitando a la violencia en las calles de Barcelona no van a ganarse su simpatía. Auguro que sólo conseguirán unas palmaditas de diputados flamencos y escoceses resentidos, y algún iluso ‘podemita’ empeñado en convertir España en reinos de taifas. Lo que seguramente sí pasa desapercibido en la UE es la privación de derechos, opresión y discriminación que padecen los catalanes constitucionalista en las administraciones de la Generalitat, medios de comunicación, hospitales, juzgados, centros universitarios, empresas públicas… pero sobre todo la que padecen nuestros hijos en las escuelas, institutos y universidades públicas.

En Cataluña, decir la verdad, te convierte automáticamente en un traidor y un facha, o un ‘porc espanyol’ como amablemente me calificaron algunos estudiantes de los inexistentes països catalans’. Pocos intelectuales, aparte de Azúa, Savater, y nuestro Nobel Vargas Llosa, han levantado la bandera de la libertad y la igualdad para denunciar el recorte de derechos

fundamentales y las amenazas que padecemos los ciudadanos catalanes. Algunos intelectuales y artistas “de izquierdas’ firmaron recientemente un manifiesto hace unas semanas posicionándose en contra del referéndum, pero son contados los que han denunciado la inmersión lingüística en catalán que se práctica en el sistema educativo, y la exclusión del castellano, la lengua mayoritaria de los catalanes, de la Cataluña oficial, incluidos los medios de comunicación. Hace años, acuñé la expresión, franquismo redivivo, para referirme a esta ‘españofobia’ rampante que se ha adueñado de Cataluña en las dos últimas décadas.

Hemos llegado al punto en que el Gobierno tiene que actuar, adoptar decisiones, y da la impresión que falta lucidez y determinación. Mejor sería, desde luego, contar con el respaldo del PSOE; pero si Sánchez y Robles anteponen la reprobación de la Vicepresidenta, por su gestión del 1-O, a la defensa de la democracia amenazada, desatendiendo opiniones de socialistas tan cualificados como Guerra, González, Bono, etc., PP y Ciudadanos tienen que seguir adelante: el PSOE se sumará o saltará en pedazos. El Gobierno tiene que vencer su paralizante acomplejamiento, convencerse y convencer al mundo de que España es un Estado democrático, cuyas intervenciones muy medidas –quizá demasiado– sólo pretenden salvaguardar los derechos de los catalanes y del resto de españoles, amenazados por el estado de excepción impuesto por el gobierno de la Generalitat el pasado 6 de septiembre.

Ningún gobierno del mundo ha sido estigmatizado por reprimir una manifestación insurreccional, como Mas continuó siendo presidente de la Generalitat tras ordenar a los Mozos desalojar, con fuertes dosis de violencia, a los indignados ‘comunitas’ acampados en la Plaza de Cataluña en 2015, cuyas actividades comparadas con la de Puigdemont y el resto de golpistas eran un juego inocente. Lo que, por el contrario, nadie olvida –menos aún los fríos inversores– es ver a un gobierno impotente, incapaz de mantener la seguridad jurídica y desplegar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para defender el orden constitucional dentro de sus fronteras.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona

septiembre 17th, 2017 by Clemente Polo

Redacción (Clemente Polo) – Los ciudadanos hemos asistido perplejos este verano a los actos vandálicos y autopropagandísticos que perpetraron y reivindicaron las hordas de Arran, la organización juvenil de la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), contra intereses turísticos en Barcelona y Mallorca, sin que el gobierno de la Generalitat en Cataluña ni el Balear hayan interpusieran denuncias contra la organización donde militan las autoras de los hechos, calificados benévolamente por la CUP como ‘actos simbólicos’ contra un modelo de turismo al que culpan de la destrucción del territorio y la precarización del empleo. Barcelona (España), domingo 17 de septiembre de 2017. Fotografía: La portavoz de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Anna Gabriel, ante la sede central de la formación marxista separatista catalana en Cataluña. Archivo Efe

La tibia reacción del gobierno Puigdemont-Junqueras en Cataluña, el único territorio donde la CUP cuenta con cierta implantación, tiene una explicación muy sencilla: los 10 diputados antisistema resultaban imprescindibles para aprobar la “ley del referéndum de autodeterminación” y la denominada “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, registradas en el Parlament el 31 de julio y 27 de agosto, respectivamente. Ambas leyes fueron aprobadas co los votos de los 71 diputados secesionistas, tras forzar su inclusión en el orden del día del pleno celebrado los días 6-7 de septiembre, pese a no contar con los preceptivos informes jurídicos solicitados por los diputados de la oposición que abandonaron el hemiciclo antes de la votación. Estas dos ‘leyes’, anuladas ya por el Tribunal Constitucional, pretenden suspender la Constitución, el Estatut y el resto del ordenamiento jurídico e instaurar un estado de “excepción en Cataluña” para realizar el anunciado referéndum de autodeterminación el 1-O e iniciar inmediatamente el proceso constituyente de la república con todos los poderes detentados por los dirigentes de ERC-CUP y la cabellera de Puigdemont flotando entre los restos del naufragio de Convergencia.

Violencia totalitaria

Arran, como la CUP, su matriarcal placenta, son organizaciones cuya acción revolucionaria se articula en torno a tres objetivos. Primero, lograr “la independencia de los «Países Catalanes» para defendernos de los ataques de los Estados español y francés que desde hace más de trescientos años pretenden borrar la identidad del pueblo trabajador catalán”. Segundo, “acabar con el sistema capitalista” y apostar “por la construcción del socialismo, el cual nos ha de conducir a una sociedad sin clases ni opresiones de ningún tipo”. Y, tercero, “la lucha personal y colectiva que supone para todas las personas el sistema patriarcal basado en el dominio del hombre sobre la mujer y de los valores preconcebidos como masculinos por encima de todos los demás”.

No busquen apreciaciones analíticas más finas ni coherencia lógica en los argumentos de las hechiceras que establecen la agenda de sus procaces guerreras porque sus matriarcales afirmaciones, como las verdades reveladas, son indiscutibles. Nada les importa que no exista rastro alguno en los atlas históricos de sus “Países Catalanes” cuya independencia propugnan ni evidencia alguna de que sus cambiantes habitantes –hoy descendientes mayoritariamente de ciudadanos llegados de otras partes de España–, hayan padecido la opresión de los Estados español y francés durante centurias, más allá de las propias de cada época y sus circunstancias. Sus otras dos prioridades son igualmente paradójicas: pretenden acabar con el detestable sistema capitalista gracias al cual la CUP ingresa varios millones anuales con los disparatados sueldos de sus diputadas y concejalas que pueden dedicarse a tiempo completo a elaborar ‘leyes’ inconstitucionales y a intimidar con amenazas a quienes no comparten su credo.
En línea con la tradición anarquista revolucionaria de tan funesto recuerdo en Cataluña, la CUP se define como una organización asamblearia y socialista que propugna la “democracia participativa” y menosprecia la democracia constitucional y el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la empresa privada, la religión, el matrimonio, la escuela concertada, etc., considerados instrumentos de explotación social y ejercicio de la violencia patriarcal. Aunque prefieren presentarse como meras defensoras del sector público y el cooperativismo, rechazan frontalmente la propiedad privada de los medios de producción. Su “papel histórico… es tomar el poder” para construir “un Estado Socialista y Feminista en los Países Catalanes que podrá conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”, y responsabilizan de sus actos violentos a la violencia del sistema capitalista.

Dar pocas pistas sobre cómo se desarrollaría el proceso de transición hacia su futurible Arcadia socialista-feminista resulta esencial para enmascarar su indigencia intelectual y vocación totalitaria. Pero como botones de muestra, ahí están su exigencia de imponer “la socialización forzosa y urgente” de la catedral de Barcelona para convertirla en economato y centro musical; su aparatosa campaña “¡Parir es un derecho, no una imposición! Derecho al aborto libre y gratuito”, que presentan como una “vindicación de clase, una declaración de guerra contra la derecha ultracatólica y la ofensiva conservadora”; su radical propuesta de convertir “los centros de trabajo en espacios de intervención política” donde los trabajadores decidirían en asamblea qué y cómo producen; y, en fin, su patrocinio de las ocupaciones de viviendas y la realización de escraches contra sus enemigos políticos a quienes amenazan con barrerlos de Cataluña.

Trabajar menos, cobrar más

Todo un programa político y social cuya mezcla de ingenuidad, ignorancia y vaciedad producirían sonrojo si no fuera por el ánimo guerrero que alienta a las jóvenes ‘arranitas’ y a sus más maduritas mentoras ‘cuperas’, y la determinación totalitaria con que pretenden imponerlo. Lo cierto es que cuando se separa la hojarasca de su tupida verborrea, entretejida con apelaciones vacías a la conciencia de clase y la solidaridad de los pueblos, el discurso que emerge resulta decepcionante, no ya para cualquier socialdemócrata, sino incluso para los ciudadanos comprometidos con los ideales ilustrados de libertad e igualdad.

‘Arranitas’ y ‘cuperas’ sostienen que “en un contexto donde ya disponemos prácticamente de todos los bienes materiales necesarios para desarrollar nuestras vidas”, todo lo que queda por hacer es “repartir el trabajo y la riqueza. Trabajar menos horas y aumentar nuestros salarios para que los ricos paguen su estafa”. Ésta es, en esencia, la fórmula maestra que las diputadas Boya, Gabriel, Reguant, Vohí, y Cia proponen para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Pero quizá el aspecto más contradictorio de su programa ‘revolucionario’ sea la asunción por sus lideresas de la ideología nacionalista, pequeño-burguesa, que les lleva a anteponer la independencia de los ‘Países Catalanes’ a la emancipación de los trabajadores. Levantar muros y crear nuevos estados para dividir a los “estafados” resulta incongruente con su objetivo de “conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”.

Inseguridad jurídica: deslocalización y fuga de capitales

Que todas las decisiones importantes adoptadas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña en los últimos años –la caída del president Mas, el inicio del proceso constituyente, las purgas de consejeros, la pugna mantenida para aprobar la ‘ley’ de transitoriedad jurídica antes del 1-O– hayan sido dictadas por una pandilla de activistas contrarios a los ideales ilustrados y al proceso de integración europea, da una idea de la irresponsabilidad de los líderes políticos al frente de la Generalitat. Cuando el ex-presidente Mas llama a “desprecintar colegios electorales” y el hombre fuerte del gobierno, Junqueras, declara socio “prioritario” y “absolutamente fiable” a la CUP, nadie debería sorprenderse que algunas empresas hayan trasladado sus sedes y algunos ciudadanos se hayan llevado sus activos fuera de Cataluña. Se trata todavía de movimientos tímidos que anticipan la avalancha de deslocalizaciones empresariales y salida masiva de capitales que se producirían si el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS lograran, como pretende la CUP, sacar a Cataluña de España, la UE y el euro, un escenario que el Gobierno español ni puede permitirse ni espero permita.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona

septiembre 14th, 2017 by Clemente Polo

Redacción (Clemente Polo) – Bochorno es la palabra que cualquier demócrata sintió al escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, PP y CSQEP en el Parlament protestar inútilmente contra los reiterados intentos de la presidenta Forcadell de silenciarlos para sacar adelante el cambio en el orden del día, propiciado por los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y CUP, y aprobar, por vía de urgencia, la denominada “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament de Cataluña. El áspero debate permitió constatar el nulo respeto a los procedimientos democráticos de los líderes de ERC, PDE-Cat y CUP en su alocada huida hacia el 1-O. Barcelona (España), jueves 14 de septiembre de 2017. Fotografía: Los líderes de ERC -el también vicepresidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña-, Oriol Junqueras (d), de la CUP, Anna Gabriel  Sabaté (i), y Podemos Cataluña, Albano Dante Fachín (c), al finalizar un acto político conjunto en Cataluña. Archivo Efe.

Verlos en acción dinamitar el Estado de Derecho en el hemiciclo, vulnerando sin inmutarse en su escaño los derechos más elementales de los diputados –tales como conocer los proyectos de ley con 48 horas de antelación, disponer de plazos razonables para presentar enmiendas o solicitar informes jurídicos a los Letrados de la Cámara y dictámenes al Consejo Estatutario– habrá servido para despejar las dudas que todavía albergaban algunos políticos y ciudadanos sobre la naturaleza del prometido “nuevo país para todos”. Gracias por aclararnos que en su república no hay derecho a réplica.

“Anem a votar, anem a votar”

Esta es la frase que repitió Forcadell mientras intentaba acallar las protestas de todos los portavoces de la oposición que, con independencia de sus posiciones políticas, pedían la palabra para denunciar el atropello a la democracia que los diputados de JxS y CUP estaban perpetrando. Como les recriminó Coscubiela (CSQEP), “esto no es un cambio del orden del día” sino más bien la aplicación del principio dictatorial de “a todo aquel que no me gusta le tapo la boca”. Dicho y hecho: Forcadell le cerró el micrófono mientras el diputado gesticulaba con voz ya inaudible ante las cámaras. Tras el intento del vicepresidente Espejo (Ciudadanos) de intervenir en el pleno, cortado con voz alterada por Forcadell, la que fuera primera presidenta de la ANC llamó a un primer receso para que la mesa de portavoces pudiera reunirse, como exigían los diputados de la oposición, a tratar el trascendental cambio en el orden del día.

La llamada ‘ley del referéndum de autodeterminación’ establece en su Art. 3.2 un “estado de excepción” que deja en suspenso la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cualquier norma o sentencia que entre en conflicto con ella. No hace falta ser un experto constitucionalista para darse cuenta del dislate jurídico y los riesgos que entraña para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la libertad de empresa que un grupo de diputados iluminados se arroguen todos los poderes y violen todas las reglas básicas de la democracia constitucional, la única que garantiza los derechos individuales y colectivos, y proporciona a las minorías seguridad jurídica frente a la arbitrariedad de las mayorías. Cuando a ello se añade la vulneración reiterada por los grupos de JxS y CUP de los principios y salvaguardas establecidos para tramitar con garantías los proyectos legislativos, ignorando las leyes y los reglamentos de las cámaras, el escenario que emerge en Cataluña es de una gravedad extrema.

No es tiempo de peros

Como era previsible, las quejas y apelaciones al reglamento y al sentido común de la oposición cayeron en saco roto y el gobierno de Puigdemont-Junqueras acabó modificando el orden del día y Forcadell concedió un par de horas a la oposición para presentar enmiendas, sin aclarar el procedimiento a seguir ni aceptar que la mesa se reuniera para establecerlas. Algunos grupos de la oposición anunciaron que pedirán amparo al Tribunal Constitucional (TC) mientras la Fiscalía anticipa que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra Forcadell y los miembros de la mesa que votaron a favor de tramitar la ‘ley’. A esta hora, el pleno, cuyo final está cantado, retoma la sesión tras dos horas de interrupción mientras la oposición sigue pidiendo explicaciones a Forcadell que sólo está interesada en proceder a votar las enmiendas.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, informó que el presidente del Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado interponer un incidente de ejecución de sentencia ante el TC para paralizar las decisiones adoptadas en el Parlament y decantar las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido Forcadell y los miembros de la mesa que llevaron la ‘ley’ al pleno. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno está preparado para defender los derechos de los catalanes y la democracia en Cataluña, y aprobará el recurso al TC en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy mismo.

Celebro el apoyo sin matices que Rivera, presidente de Ciudadanos, trasladó al Gobierno un día antes del aquelarre secesionista en el Parlament, y comparto la petición que le hizo a Rajoy de que el próximo 1 de octubre no vuelva a repetirse el bochornoso espectáculo vivido el 9-N, con la utilización partidista de las instituciones de autogobierno y los medios de comunicación, la ocupación de espacios públicos y la malversación de caudales. Más preocupante resulta la ambigua posición de Sánchez, secretario general del PSOE, que ese mismo día se reunía con el nada fiable Iglesias, líder de la sección madrileña de Podemos, y asumía en rueda de prensa las aspiraciones de Cataluña, El País Vasco y Galicia (al menos) a ser reconocidas como nación. En alguna ocasión he manifestado mi oposición, no tanto a la desfasada pretensión de reconocer como nación a un territorio sino a que ello conlleve privilegios para sus habitantes, y quiebre la igualdad de todos los españoles que proclama nuestra Constitución. Pero hasta donde sé, el proyecto federalista que abanderan el PSC-PSOE supone, además del reconocimiento de la nación catalana, el blindaje de la inmersión lingüística y la concesión de privilegios fiscales inadmisibles para cualquier socialdemócrata tibio. Hoy, Sr. Sánchez, no es día para poner palos en la rueda sino para pensar en el interés de todos los españoles y apoyar las medidas que adopte el Gobierno para preservar nuestro Estado social y democrático de Derecho.

septiembre 10th, 2017 by Clemente Polo

Redacción (Clemente Polo) – La expansión territorial de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) anunciada el 4 de septiembre es la pieza clave que complementa en el plano tributario los preparativos del anunciado referéndum de autodeterminación que el gobierno de la Generalidad de Cataluña planea realizar el 1 de octubre (1-O). Barcelona (España), domingo 10 de septiembre de 2017. Fotografía: En la imagen, un hombre en la entrada de la sede de la Agencia Tributaria de Cataluña, una nueva institución separatista catalana que depende directamente del departamento de la Vicepresidencia del Gobierno d ela Generalidad de Cataluña y consejería de Economía y Hacienda del líder de ERC, Oriol Junqueras Vies. Archivo ACN.

Es casi una perogrullada recordar que mientras la Generalidad de Cataluña no controle la totalidad de los ingresos impositivos devengados en Cataluña, la independencia política constituye una quimera imposible de implementar, porque sin las arcas repletas el gobierno de la futurible república no podría pagar las nóminas de los empleados públicos, ni las facturas de los proveedores, ni tampoco abonar las pensione y las prestaciones a los desempleados ni realizar otras transferencias sociales.

En la escenificación de ayer, protagonizada al alimón por el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras, conviene distinguir entre la gesticulación política y la realidad fiscal pura y dura. El gobierno de la Generalidad de Cataluña estaba obligado a realizar antes del 1-O un gesto de esta naturaleza para dar a entender a las huestes secesionistas su firme determinación de seguir adelante hasta el final, y convencer a los posibles votantes de que, con la ampliación de la ATC anunciada, todo está a punto, como rezaba el lema de la Diada de 2016, y la Generalidad de Cataluña puede gestionar la totalidad de los impuestos a partir del 1-O, en caso de que el sí ganara el ilegal referéndum.

En esta ocasión, la realidad no está a la altura de los deseos. Lo que en realidad hicieron Puigdemont y Junqueras fue oficializar la puesta en marcha de 13 nuevas oficinas territoriales que, como puede comprobarse en la página de internet, empezaron a funcionar ese mismo 4 de septiembre. Estas nuevas oficinas, junto con la oficina territorial del Barcelonés Norte, ya existente, la delegación central, las cuatro delegaciones provinciales y las 13 oficinas de que ya recaudan los impuestos municipales completan el organigrama de 32 centros desplegados a lo largo de las cuatro provincias que cuentan con entre 700 y 800 empleados, 200 de ellos provenientes de las oficinas de Registradores.

Diga lo que diga Junqueras, la actual configuración de la ATC no permite gestionar 42.000 millones de recaudación por dos razones elementales: ni puede legalmente hacerlo ni dispone de los medios materiales para ello. Para empezar, la ATC, como otras agencias tributarias, sólo puede recaudar los impuestos cedidos en su totalidad a las CCAA –patrimonio, transmisiones y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, juego y el impuesto especial sobre medios de transporte–, además de los impuestos propios. Está por ver si la ATC, como pretende el gobierno de la Generalidad, recauda los 2.500 millones de impuestos estatales devengados en el sector público catalán. Por último, conviene recordar a los olvidadizos que la ATC tampoco dispondría de las cotizaciones sociales que ingresa la Tesorería General de la Seguridad Social y que, en consecuencia, el gobierno de la Generalitat tampoco podría hacer frente al pago de las pensiones contributivas, las prestaciones por desempleo y otras transferencias sociales gestionadas por la Administración de la Seguridad Social y el SEPE.

Pocas horas después de oficializar la inauguración de las treces nuevas sedes territoriales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hacía público un comunicado en el que, tras reconocer la competencia de la ATC sobre los impuestos propios y cedidos, aclaraba “que para el resto de los tributos la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración competente”, de modo que “si se presentan ante otra Administración se tendrán por no presentados y las deudas por no cumplidas”.

La nota del MINHAP dejaba meridianamente claro que ni siquiera los empleados del sector público de la Generalitat podrán presentar sus declaraciones de los impuestos estatales no cedidos en la ATC ni saldar por esta vía sus deudas tributarias con Hacienda. Insistía, además, en que “el Tribunal Constitucional ha anulado todas aquellas previsiones que excedían el marco constitucional y estatutario” con las que el gobierno de la Generalidad de Cataluña pretendía convertir la ATC en la ‘Hacienda propia’ de Cataluña. Por otra parte, Gestha, la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, estima que la ATC necesitaría incorporar más de 4.200 empleados adicionales a su recientemente ampliada plantilla para poder gestionar los impuestos estatales.

De momento, la realidad contradice las afirmaciones de Puigdemont y Junqueras: la ATC ni está legalmente capacitada para gestionar los impuestos estatales ni puede con sus 700-800 empleados actuales gestionar 42.000 millones. La expansión territorial de la ATC recuerda la políticas de inauguración de ’embajadas’ del gobierno de la Generalitat en los últimos años, la última de ellas en Copenhague con presencia de Puigdemont y la hermana Guardiola, ex–jugador del CF Barcelona y de la selección española, convertida en ‘secreta ambasciatrice‘. ¿Está en condiciones el gobierno de la Generalidad de Cataluña de sustituir al Ministerio de Asuntos Exteriores? No, naturalmente, pero la creación de ‘embajadas’ ayuda a trasladar la sensación de que la futurible república catalana cuenta ya con una eficaz policía, capaz de mantener el orden público y hacer frente al terrorismo, un ‘ministerio de asuntos exteriores’ capaz de promover los intereses de las empresas catalanas, y ahora una agencia tributaria moderna, transparente y eficaz.

La tozuda realidad indica que el gobierno de la Generalidad dilapida varias decenas de millones cada año creando entidades superfluas e innecesarias para alimentar el proceso secesionista. Aunque no conviene minimizar la amenaza que supone para la igualdad de los españoles las pretensiones del gobierno de la Generalidad de Cataluña de gestionar 46.000 millones, la noticia quizá más preocupante de las aparecidas sobre la expansión territorial de la ATC sea que su finalidad podría ser la de gestionar una “hipotética mejora del sistema de financiación en el caso de que haya una negociación entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado después del 1-O”. Esperemos que después del 1-O, el Estado no cometa el error de ampliar las competencias tributarias de una Administración que ha demostrado durante los últimos años todo menos lealtad al proyecto de Estado social y democrático de Derecho vigente en España desde 1978.

Clemente Polo,

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico,

Universidad Autónoma de Barcelona

septiembre 5th, 2017 by Clemente Polo

Redacción (Clemente Polo) – Aunque las citas trascendentes para los constitucionalistas en Cataluña volverán a ser este año el 12-O, Fiesta Nacional de España, y el 6-D, conmemoración del XXXIX aniversario de la Constitución Española, como demócratas no podemos ignorar la amenaza que supone el plan del gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña de celebrar un referéndum el 1 de octubre. Barcelona (España), martes 5 de septiembre de 2017. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 05.09.2017. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Gobierno catalán y consejo de Economía, Oriol Junqueras comparecen ante los medios de comunicación en el Palacio de la Generalidad de Cataluña. Efe 

Puigdemont, anunció el 9 de junio la pregunta –”¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”–, y el 4 de julio representantes de la CUP y de la coalición electoral Junts pel Sí (JxS) presentaron la llamada “Ley del referéndum de autodeterminación” que fue registrada en el Parlament el 31 de julio. Su Art. 3.2 establece “un régimen jurídico excepcional” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución, el propio Estatuto de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico español.

Para posibilitar semejante despropósito jurídico, los 72 diputados de ambos grupos aprobaron el 27 de julio una reforma ad hoc del reglamento de la Cámara que el Tribunal Constitucional (TC) anuló al aceptar el recurso presentado por la Abogacía del Estado. Aunque la ‘ley’ –si llega a votarse y aprobarse en el Parlament– correrá igual suerte que la citada reforma del reglamento, no puede descartarse que el gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña se declaren en rebeldía, y desobedeciendo al TC realicen un simulacro de referéndum antes de proclamar la “república”. Estamos ante una burda estratagema que pretende aprovechar la ajustada y circunstancial mayoría de que disponen en el Parlament (72/135) para dar apariencia de legalidad a lo que sólo puede calificarse como golpe de estado.

En cuanto los diputados secesionistas aprueben la ‘ley’, desobedeciendo al TC, y el gobierno de la Generalidad dé pasos para implementarla –creando la ‘Sindicatura Electoral de Cataluña’, nombrando a los miembros de las mesas electorales, realizando campañas institucionales para promover la participación, adquiriendo urnas, cediendo espacios públicos para albergar las votaciones, etc.–, los cargos electos y empleados públicos que lo hagan incurrirán en delitos de los que tendrán que responder ante los Tribunales. El vicepresidente Junqueras y el consejero Romeva manifestaron su voluntad de responsabilizarse de la adquisición de las urnas, y la alcaldesa Colau su disposición a ceder espacios públicos para albergarlas. Pues bien, convendría advertirles a los tres que, si lo hacen, incurrirán en delitos incluso más graves que los que llevaron a Mas, Homs, Ortega y Rigau al banquillo por organizar el 9-N, y a los diputados Forcadell, Barrufet, Corominas, Nuet y Simó a ser investigados por llevar al pleno del Parlament las “conclusiones finales” de la ‘Comisión de Estudio del Proceso Constituyente’.

Respuestas democráticas

Quiero pensar que el referéndum del 1-O no llegará a realizarse. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el presidente Rajoy así lo han reiterado y confío en que cumplirán su palabra dada. Impedirlo constituiría un éxito que reforzaría el crédito del Gobierno de España pero sobre todo la confianza de los españoles y la comunidad internacional en la solidez de nuestras instituciones democráticas. Los nuevos Tejeros deberían correr la misma suerte que sus antecesores: ser juzgados y condenados con todas las garantías del Estado de derecho. Entendemos, por ello, que el Gobierno debería, además de recurrir al TC, vigilar muy de cerca todos los movimientos de consejeros, interventores, diputados, alcaldes y organizaciones secesionistas para impedir que el referéndum se lleve a cabo.

Aunque es al Estado a quien corresponde adoptar las medidas necesarias para abortar el golpe de estado y juzgar a sus avalistas y ejecutores, las asociaciones constitucionalistas tenemos que estar vigilantes y denunciar a aquellas instituciones y personas que usurpen funciones que corresponden al Gobierno, a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales. En cuanto recibamos nuestra tarjeta censal, indicando la sección y la mesa donde podemos ejercer el voto, debemos denunciar el hecho, pues ningún organismo administrativo, salvo el INE, puede disponer de nuestros datos personales, mucho menos la “Sindicatura Electoral de Cataluña” constituida al amparo de una “ley” suspendida por el TC. Convendría también personarnos allí donde se instalen urnas para constatar si nuestros datos personales figuran en el ilegal ‘censo’ y presentar la correspondiente denuncia.

Resulta asimismo esencial desenmascarar el carácter antidemocrático del referéndum. Hay bastantes ciudadanos en Cataluña (y hasta votantes de Podemos en España) a quienes se les ha convencido con atractivos eslóganes, como “derecho a decidir”, que estamos ante un legítimo ejercicio democrático avalado por el Derecho Internacional. Hay que explicarles que los argumentos de los partidos y asociaciones secesionistas son falaces y convencerlos de que no deben participar en un referéndum que incumple las tres reglas básicas de la democracia: respeto a la Ley; respeto a la división de poderes; y respeto a la división de competencias que configura la estructura territorial del Estado. La “ley del referéndum de autodeterminación”, como la denominada “Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República” registrada hace unos días en el Parlament, viola los tres. Todo un record premonitorio de la inseguridad jurídica y el carácter totalitario de la monstruosa república de PuigCupqueras.

Algunas lecciones

Algunas enseñanzas útiles podemos extraer al analizar la deriva secesionista en Cataluña. Primera, las transferencias de competencias y las concesiones hechas al corrupto ‘régimen pujolista’ (1980-2003) y a los gobiernos tripartitos encabezados por el PSC (2003-2010) sólo han servido para fortalecer al movimiento nacional-secesionista, ahondando la fractura social en Cataluña y debilitando al Estado de Derecho. Segunda, ningún Estado descentralizado puede sobrevivir a medio plazo si permite que los cargos electos autonómicos y municipales incumplan la Constitución y se dediquen a patrocinar la secesión de una parte del territorio. Tercera, el Estado no puede abdicar de su responsabilidad de garantizar la neutralidad e independencia del sistema educativo y de los medios de comunicación e impedir su utilización torticera con fines de adoctrinamiento. Y cuarta, el Estado tiene que establecer controles más estrictos para asegurarse de que la Generalidad destina todos los impuestos cedidos y las transferencias recibidas a financiar servicios públicos, y no los desvía a promover actividades y asociaciones cuyo propósito manifiesto es destruir el ordenamiento constitucional.

El 1-O pasará pronto a mejor vida pero la semilla de la discordia y el odio que los partidos y asociaciones secesionistas han sembrado y cultivado con ayuda de los presupuestos de la Generalitat perdurará durante décadas. Con ocasión de la manifestación contra el terrorismo celebrada en Barcelona el 26 de agosto, pudimos constatar una vez más la miseria espiritual y las actitudes totalitarias y violentas que animan a las hordas del secesionismo estrellado. Está en riesgo nada menos que el futuro del Estado democrático y social donde cabemos todos los ciudadanos, con independencia de nuestra ideología política y creencias religiosas, y donde todos disfrutamos de las mayores cotas de libertad e igualdad de nuestra historia. No podemos fallar: está en juego el porvenir de nuestros hijos.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona

julio 29th, 2017 by Clemente Polo

Redacción (Clemente Polo).- El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió del gobierno de la Generalitat de Cataluña muestra una caída continuada del porcentaje de catalanes que quieren que Cataluña sea un estado independiente, desde 47,7 % hace un año hasta 41,1% en junio de 2017. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, sábado 29 de julio de 2017. Fotografía: Cataluña (Barcelona) 17.07.2017. El líder del PSC, Miquel Iceta, y el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez. Archivo Efe.

En sentido contrario ha evolucionado el porcentaje de ciudadanos que no quieren que Cataluña se convierta en un Estado independiente que con el 49,4% vuelve a situarse muy cerca del máximo (50,0%) alcanzado hace dos años. Por otra parte, la suma de los catalanes que consideran que Cataluña debería ser una Comunidad Autónoma (30,5 %) o una Región (5,3 %) supera ligeramente a la de aquellos (34, 7 %) que consideran que debería  ser un estado independiente, algo que no había ocurrido en el período que aparece en el gráfico. El porcentaje de quienes consideran que Cataluña debería ser un estado dentro de una España federal cayó 8 puntos porcentuales entre finales de 2014 y mediados de 2016 y ha registrado una levísima recuperación en el último año.

La opción federalista resulta, por tanto clave, para inclinar a un lado u otro la balanza. La cuestión es que nadie sabe a ciencia cierta a dónde nos quieren arrastrar los partidarios de un estado federal, cuando de hecho la España de las Autonomías ya lo es en casi todos los aspectos si se la compara con estados federales como Estados Unidos o Alemania. Aunque es cierto que el PSC –el único partido que defiende abiertamente el modelo federal en Cataluña– se ha librado de bastantes de sus líderes filosecesionistas, que se han incorporado a ERC o a CDC (PDE-Cat),  lo cierto es que la concepción federal que patrocina el PSC de Iceta y Parlón no deja tranquilo a ningún socialdemócrata libre del virus nacionalista.

Porque, francamente, resulta poco reconfortante para los socialdemócratas, y hasta me atrevería a afirmar que para cualquier republicano, la pretensión del PSC de convertir a España en una “nación de naciones” con el propósito de reconocer la “identidad nacional” de Cataluña; o su defensa a ultranza de la inmersión lingüística que impulsaron los gobiernos tripartitos liderados por el PSC de Maragall y Montilla, a la que califican sin pudor como “un modelo educativo de éxito”; o su apuesta reiterada en materia de financiación autonómica por el principio tan poco socialista de que han de recibir más los territorios dónde más se recauda; o, para terminar, las vergonzosas alianzas de gobierno que mantienen los ediles del PSC con los concejales de partidos secesionistas (ERC, CDC-PDE-Cat y CUP) en numerosos municipios de Cataluña.

Lo más preocupante del asunto es que la crisis que se abrió entre el PSOE y el PSC, cuando los diputados del PSC en el Congreso votaron en contra de la investidura de Rajoy saltándose el acuerdo adoptado por el Comité Federal del PSOE, se saldó con la victoria del PSC por goleada: su deslealtad se premió aceptando que sus representantes continúen en los órganos de dirección del PSOE a cambio de la etérea promesa de que no volverán a hacerlo. Hoy, el PSC sigue siendo un partido independiente con voz y voto en los órganos de dirección del PSOE y los dirigentes del PSOE continúan yendo a Barcelona a aplaudir a Iceta y a Parlón, y a regalarles los oídos alabando su maravillosa “nación” y criticando el “inmovilismo” de Rajoy. Este modelo de relación asimétrica es el que ahora pretenden exportar al conjunto del Estado.

La victoria del tándem Pedro Sánchez-Patxi López frente a Susana Díaz en las primarias del PSOE, donde el PSC jugó un papel fundamental, constituye una seria amenaza a la igualdad de los españoles. Me temo que Sánchez, como Zapatero en 2003, va a asumir las exigencias del PSC. El resultado entonces fue la Propuesta de Reforma de Estatut de Cataluña que aprobó el Parlament el 30 de septiembre de 2005 que proyectaba una España prácticamente confederal, en la que la Generalitat de Cataluña asumía control de todas las competencias, incluidas las educativas, judiciales y fiscales, y dejaba únicamente en manos del gobierno de España defensa y política exterior. Como nunca lo han repudiado, me temo que éste sigue siendo el modelo de Estado por el que apuestan los dirigentes del PSC, camuflado ahora tras el eslogan “España nación de naciones”: la Generalitat es soberana y las instituciones del Estado deben reconocer su plena autonomía.

Resultaría fundamental para superar la crisis política en Cataluña y despejar el futuro de la España constitucional contar en Cataluña y en el País Vasco con un auténtico partido socialdemócrata que apueste por la igualdad en derechos y deberes de todos los ciudadanos españoles. Lástima que ni los socialdemócratas catalanes que presentaron la Plataforma para la recuperación de la federación catalana del PSOE, en Cataluña, ni la mayoría de socialdemócratas que ven con buenos ojos la idea en el resto de España, se hayan decidido a saltar al ruedo y exigir algo que algunos demandábamos ya a Pérez Rubalcaba en 2013.

julio 20th, 2017 by Clemente Polo

Redacción (Clemente Polo) -. Tanto el acto que protagonizaron en la mañana del 4 de julio ocho diputados de los grupos parlamentarios CUP y Junts pel Sí (JxS) en el auditorio del Parlament –fuera del hemiciclo donde se debaten y se votan las iniciativas legislativas– para explicar la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” a sus propios diputados, como la subsiguiente puesta en escena que realizaron esa misma tarde el presidente y el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el Teatro Nacional de Cataluña para presentar en sociedad el engendro jurídico, permitió constatar su profundo desprecio por los tres principios claves de la democracia representativa: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. Que luego no se rasguen las vestiduras si algunos acaban, como Mas y Homs, sentados en el banquillo por aprobar un texto que deroga nada menos que la Constitución y desacata las sentencias de los Tribunales. Ningún pretendido “mandato popular” exime a quienes delinquen, gobernantes y diputados autonómicos incluidos, de responder de sus actos en un Estado de Derecho. San Cugat Del Vallés (Barcelona), jueves 20 de julio de 2017. Fotografía: GRA232. BARCELONA, 23/12/2016.- En la imagen, Cumbre de la fracasada ‘Pacto Nacional (catalán) Por el Referéndum Pactado’. De Izquierda a la derecha: El ex presidente catalán, Artur Mas Gavarró; la ex Consejera de Gobernación de este Gobierno catalán de Carles Puigdemont, Meritxell Borràs; la ex portavoz de este Gobierno catalán de Carles Puigdemont, Neus Munté; la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el presidente catalán, Carles Puigdemont; la presidenta de Parlamento autonómico de Cataluña, Carme Forcadell; y el vicepresidente de Gobierno catalán y consejero de economía y Hacienda, Oriol Junqueras Vies. Archivo Efe.

Régimen jurídico excepcional” en Cataluña

En la sesión matutina, cuatro dirigentes de la CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) presentaron junto a cuatro diputados de la coalición JxS (Corominas y Turull por CDC-PDE-Cat y Orobitg y Rovira por ERC) las primicias de la “ley” que pretende establecer un “régimen jurídico excepcional” en Cataluña para cobijar un referéndum inconstitucional y antiestatutario, y, por tanto, palmariamente ilegal. Hay dos circunstancias destacables. Primera: que la coalición antisistema, anticapitalista y manifiesta vocación imperialista, CUP, que sólo obtuvo el 8,2 % de los votos válidos en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, tuviera los mismos representantes en la mesa presidencial que la coalición JxS, que logró el 39,5% de los votos, demuestra quién maneja en realidad los hilos del gobierno de Puigdemont. Segunda: que sólo un reducidísimo número de diputados y miembros del gobierno, según confesó el cesado consejero Baiget, estén al tanto de lo que se cocina en la canonjía del Palau, confirma la naturaleza totalitaria del proyecto que impulsan los conspiradores.

No hay duda alguna de que estamos ante un complot urdido por un pequeño grupo de diputados y miembros del gobierno de la Generalitat que, aprovechando su circunstancial mayoría en el Parlament de Cataluña –72 diputados que representan al 47,7% de los votantes y al 36,8% del censo–, insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña, pretenden aprobar una “ley suprema” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución, el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico. Con este audaz golpe de mano, los secesionistas pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho en Cataluña,  y suspender los derechos constitucionales de los españoles allí empadronados.

A falta de mejores argumentos, la “ley” apela, en primera instancia, al derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido por la Asamblea de la ONU. Como nunca Cataluña ha sido una colonia y los catalanes tienen los mismos derechos que el resto de españoles, recurrir a semejante subterfugio produce hilaridad. En el fondo, a los conspiradores les trae sin cuidado lo que piensen o digan los organismos internacionales –el Consejo de Europa manifestó recientemente que un referéndum sólo puede hacerse respetando la legalidad constitucional– porque su insustancial alegato se dirige a convencer a sus votantes más ingenuos de que una legalidad internacional superior a la española avala su, jurídicamente hablando, monstruosa criatura.

En segunda instancia, los proponentes de la ley aducen la negativa del Gobierno de España a acordar la celebración del referéndum, una excusa tan cómica y cínica como la anterior. ¿Alguien en su sano juicio puede pretender que un Gobierno democrático incumpla la Constitución que refrendaron el 87,1% de los españoles y el 90,4% de los catalanes? Nuestra Constitución, como el Estatut y el resto de normas vigentes, puede reformarse siguiendo los procedimientos y mayorías previstos en el ordenamiento jurídico, y sólo los enemigos de la democracia y los dictadores solapados se consideran legitimados para saltárselas con subterfugios tan pueriles.

Preparativos del “butifarréndum”

Puigdemont, Junqueras y el selecto grupito de diputados que están en el ajo han despejado pocas de las muchas dudas que suscita el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre. A la espera de un futuro “decreto de normas complementarias”, la “ley” establece que podrán participar los ciudadanos que “tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament” y que corresponde al gobierno de la  Generalitat elaborar el censo, nombrar el número y límites de las secciones electorales y nombrar a los integrantes de las mesas que se dispondrán en locales municipales “que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Las papeletas incluirán la pregunta “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, en catalán y castellano. En cuanto al resultado, la “ley” contempla que si el “sí” ganara por un solo voto, aunque sólo votaran Puigdemont y Junqueras, el Parlament proclamará la independencia en el plazo de 48 horas y se iniciará el “proceso constituyente”.

“decreto de normas complementarias”, la “ley” establece que podrán participar los ciudadanos que “tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament” y que corresponde al gobierno de la  Generalitat elaborar el censo, nombrar el número y límites de las secciones electorales y nombrar a los integrantes de las mesas que se dispondrán en locales municipales “que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Las papeletas incluirán la pregunta “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, en catalán y castellano. En cuanto al resultado, la “ley” contempla que si el “sí” ganara por un solo voto, aunque sólo votaran Puigdemont y Junqueras, el Parlament proclamará la independencia en el plazo de 48 horas y se iniciará el “proceso constituyente”.

organismos legítimos encargados de velar para que “las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad”. A este nuevo organismo le correspondería designar las “sindicaturas de demarcación”, validar el censo y las papeletas, proporcionar acreditaciones, supervisar las mesas electorales, etc. Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral y sustituir a la Junta Electoral Central, el plan esbozado constituye otro despropósito jurídico. En caso de que el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS y CUP en el Parlament sigan adelante con los planes para hacer el referéndum, tendrán que hacer frente a las denuncias que presenten los ciudadanos en cuanto se les comunique su inclusión en un censo ilegal puesto a disposición de un organismo ilegal.

 ¿Diputados u okupas?

Que una decena de diputados con Puigdemont, Junqueras y Gabriel a la cabeza pretendan saltarse la Constitución y Estatuto de Cataluña y doblegar al resto de instituciones del Estado constituye un auténtico delirio sin parangón en ninguna democracia occidental. El plan de marcado cariz totalitario carece de respaldo alguno en el Derecho Internacional y contraviene nuestro ordenamiento jurídico, incluido el propio Estatut donde se establece que “Cataluña tiene en el Estado español y la UE su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que se deriven de formar parte de ellos”.

Estatuto de Cataluña y doblegar al resto de instituciones del Estado constituye un auténtico delirio sin parangón en ninguna democracia occidental. El plan de marcado cariz totalitario carece de respaldo alguno en el Derecho Internacional y contraviene nuestro ordenamiento jurídico, incluido el propio Estatut donde se establece que “Cataluña tiene en el Estado español y la UE su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que se deriven de formar parte de ellos”.