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Breve historia de la metamorfosis de Pedro Sánchez en tres fotografías

Redacción (Clemente Polo)-. Se presentó en Madrid a lomos de la bandera constitucional en junio de 2015 y acabó en Barcelona jugando con cubitos a “nación de naciones” en julio de 2015. (…) Pedro Sánchez tras ganar las elecciones primarias y convertirse de nuevo en secretario general del PSOE. San Cugat (Barcelona), martes 18 de julio de 2017. Fotografía: Capital de España, 29.10.2017 (Efe)-. El momento más delicado de Pedro Sánchez: así rompió a llorar en plena comparecencia. El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez ha roto en un llanto contenido en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso para anunciar su renuncia al acta de diputado, en el momento en el que se disponía a explicar “cuán dolorosa” le resulta la decisión que ha tomado. Un emocionado Sánchez explicó sus argumentos para llevar a cabo dicha postura con el fin de ser coherente con lo defendido hasta el momento, y al mismo tiempo no llevar la contraria a su partido. Archivo Efe.

Breve historia de la metamorfosis de Pedro Sánchez, el madrileño que se presentó en Madrid a lomos de la bandera

constitucional en junio de 2015 y acabó en Barcelona jugando con cubitos a “nación de naciones” en julio de 2015.

Pedro Sánchez en la presentación de su candidatura a presidente del Gobierno de España el 22 de junio de 2015:

“No decimos que esa bandera no pueda pertenecer y sentirse por parte de otras opciones ideológicas, pero que es tan nuestra como del resto”.

Pedro Sánchez tras ganar las elecciones primarias y convertirse de nuevo en secretario general del PSOE.

“Vamos y queremos hacer una organización nueva. Vamos a hacer y cumplir con el mandato de las

urnas, hacer del PSOE el partido de la izquierda de este país, y mi compromiso sigue siendo firme: unir al partido”.

Pedro Sánchez con Miquel Iceta presentando la “Declaración de Barcelona” el 14 de julio de 2017:

“Para los socialistas, debe ponerse en marcha desde ya un proceso de fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, de mejora de su financiación, de mejor reconocimiento de su personalidad nacional y de su papel motor del conjunto de España”.

Pedí la dimisión de Puigdemont como presidente del gobierno de la Generalidad

Redacción (Clemente Polo)-. ¿Te acuerdas? El 17 de marzo pedí la dimisión del Sr. Puigdemont como presidente del gobierno de la Generalitat y la convocatoria de elecciones autonómicas. Desde entonces, la actuación de este personaje (su alias guerrero en los medios secesionistas es “Peluquín airado”) desde enero de 2016 no ha hecho sino confirmar los peores presagios que auguraba su nombramiento. San Cugat Del Vallés (Barcelona), domingo 16 de julio de 2017. Fotografía: Badalona (Cataluña) 13.07.2017. (Lasvocesdelpueblo)-. Conferencia ‘Historia de Un Compromiso’, acto organizado por la entidad Movimiento Cívico de España y Catalanes. En el fondo de la imagen, los principales representantes de la Sociedad Civil de Cataluña: Clemente Polo, el presidente del colectivo Regeneración Democrática (i); Javier Megino, el secretario general del colectivo Movimiento Cívico de España y Catalanes (c); (no se le ve en la imagen)y Josep Alsina, el catedrático de Instituto y presidente del colectivo de catalanes-hispanos (Somatemps) (D), durante la conferencia en el centro cívico Can Cabañas, ubicado en la Rambla de San Juan número 59 de Badalona. Lasvocesdelpueblo

Hace unos días Puigdemont cesó a un total de cuatro consejeros de su propio partido que dudaban sobre la conveniencia de llevar hasta el final su plan de realizar un ilegal “referéndum de autodeterminación” el próximo 1 de octubre.

Por si alguien tenía alguna duda, la decisión de Puigdemont ha dejado bien claro que el  gobierno de la Generalitat ha dejado de ser un gobierno democrático, esto es, un gobierno respetuoso con la división de poderes y competencias y el imperio de la Ley.

Pretende Puigdemont derogar la Constitución y el Estatut aprobando una “ley suprema” con apoyo de 72 diputados autonómicos, número insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña.

Pues bien, el Artículo 3.2 de la citada ley establece la jerarquía de esta norma sobre cualquier otra con la que pueda entrar en conflicto, incluidas la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico.

Espero que Puigdemont, Junqueras y todos los demás protagonistas del golpe de mano que están a punto de dar contra el Estado social y democrático de Derecho sean inhabilitados pronto siguiendo los pasos de Mas, Homs, Rigau, Ortega, Forcadell, Borràs, etc.

No es posible que sigan actuando como presidente, vicepresidente y consejeros del gobierno de la Generalitat o como diputados del Parlament de la Comunidad Autónoma de Cataluña ciudadanos que no respetan siquiera las leyes gracias a las cuáles ostentan sus cargos y cobran sus suculentos sueldos.

¡Basta ya!

Si estás de acuerdo con estos argumentos, firma esta petición para ponerlos en una urna y exhibirlos en el museo de seudohistoria de Cataluña (enlace de la petición).

¿Hay que ilegalizar la Asociación de Municipios Por la Independencia (AMI)?

Redacción (Clemente Polo)-. La Associació de Municipis per l’Independencia (AMI) se constituyó en el año 2011 al  calor de las “consultes per l’independencia” que se iniciaron en Arenys de Munt el 14 de septiembre de 2009 y culminaron en Barcelona el 10 de abril de 2011. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, viernes 30 de junio de 2017. Fotografía: El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajó, durante su intervención en un acto de la organización de alcaldes separatistas catalanes «Asociación de Municipios Por la Independencia» de Cataluña (AMI). Archivo ACN.

La AMI “está formada por instituciones que representan el mundo local y tiene como principal objetivo sumar esfuerzos para conseguir, en un futuro cercano, la creación de un Estado propio para Cataluña en el marco de la Unión Europea”. En un recuadro de su página de Internet se subraya “que se trata de un movimiento que aglutina todas las sensibilidades políticas y trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, un objetivo a todas luces imposible de encajar en nuestro ordenamiento constitucional.

Una asociación anticonstitucional

Según el último informe de gestión de 2015 (presentado el 8 de abril de 2016), la AMI está integrada por 785 Ayuntamientos catalanes, las 4 Diputaciones Provinciales, 35 Consejos comarcales, 9 Entidades Municipales Descentralizadas y 1 consorcio. La mayoría de alcaldes en municipios adheridos a la AMI pertenecen a CDC (381) y ERC (239), aunque hay también 15 con alcaldes del PSC y la población de sus municipios alcanza el 43,65% de Cataluña. Este informe (como los anteriores) proporciona una información exhaustiva de las reuniones, resoluciones y campañas desarrolladas para promover la secesión de Cataluña. Veamos algunos de sus hitos recientes más significativos.

En una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat el 30 de marzo de 2015, Vila d’Abadal, alcalde de Vic y primer presidente de la AMI, firmó, junto al presidente Mas (CDC), Junqueras (ERC), Forcadell (ANC) y Casals (Omnium Cultural) el documento “Hoja de ruta” del proceso unitario soberanista catalán, donde se detallaban los pasos a dar para alcanzar la independencia en 18 meses contados a partir de las elecciones del 27 de septiembre. Unos meses después, ya con Carles Puigdemont como presidente, la AMI aprobó una moción de apoyo a la resolución I/XI de inicio del proceso constituyente que había sido aprobada en el Parlament el 9 de noviembre de 2015 y el TC declaró nula el 2 de diciembre.

El 27 de julio de 2016, se votaron en el Parlament las “Conclusiones finales” de la “comissió d’estudi del process constituent”. La presidenta Forcadell y cuatro vocales de la mesa de portavoces (Barrufet, Corominas, Nuet y Simó) están siendo investigados por llevarlas al Pleno, ignorando la opinión contraria de los letrados del Parlament y las reiteradas advertencias del TC. Lloveras, tercera presidenta de la AMI, asistió a esa ‘histórica’ sesión y “celebraba, al final de la votación, que el proceso de construcción de una nueva república dé un paso «cumpliendo los pasos que se habían fijado»”.

En varias ocasiones, la AMI ha movilizado a sus alcaldes y concejales ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para arropar a los encausados por la consulta del 9-N (Mas, Ortega y Rigau) y a los diputados que desobedecieron al TC. A principios de mayo, Lloveras declaró tras una reunión de la Comisión ejecutiva “estar preparados para tener «una implicación activa» en cuanto «se apriete el botón del play» del referéndum en las próximas semanas”.

Tras el anuncio hecho por Puigdemont de la fecha y la pregunta del referéndum, la AMI ha anunciado que “como agentes locales, nos ponemos a la disposición del gobierno catalán y el Parlament para todo que pueda requerir para esta cita con las urnas… El mundo local asumirá aquellas responsabilidades que le sean requeridas”. De momento, la AMI y la Asociación catalana de Municipios (ACM) han convocado el 1 de julio de 2017 a los representantes de los municipios adheridos para escenificar, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, su apoyo al proceso secesionista: “queremos que los alcaldes vengan a mostrar su compromiso con la celebración del referéndum y el derecho a decidir del pueblo catalán. No queremos continuar con las imposiciones del gobierno español”.

Desmantelar la AMI

No nos dejemos engañar por estas apelaciones vacías al ‘pueblo’ de Cataluña y a la democracia refrendaria. No estamos ante imposiciones arbitrarias del “gobierno español”, como la AMI da a entender, sino ante una Constitución refrendada por todos los ciudadanos, unas normas democráticamente aprobadas a las que los poderes públicos están sujetos, y unas sentencias que todos hemos de acatar. Lo que resulta profundamente antidemocrático es que el gobierno de la Generalitat y dos grupos parlamentarios, Junts pel Sí y CUP-CC que cuentan con una exigua mayoría –insuficiente incluso para reformar el Estatut de Autonomía de Cataluña–, pretendan realizar un referéndum inconstitucional que el Congreso rechazó por una mayoría abrumadora el 8 de abril de 2014, y ratificó el pasado 17 de mayo.

Como ciudadano español y europeo que vivo y trabajo en Cataluña me pregunto cómo es posible que la AMI desarrollado su actividad y extendiendo sus redes impunemente. ¿Acaso los miembros de la Comisión Ejecutiva de la AMI, con sus tres presidentes a la cabeza –Vila d’Abadal, Puigdemont y Lloveras– no han incurrido en los mismos delitos que han producido la inhabilitación del ex-presidente Mas y los exconsejeros Homs, Ortega y Rigau?  Y, ¿qué decir de los concejales que al tomar posesión de sus actas y jurar sus cargos añadieron, a instancias de la AMI, “estoy a disposición del gobierno de la Generalitat de Cataluña que surja de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, para ejercer la autodeterminación de nuestro pueblo y proclamar, juntamente con todas nuestras instituciones, EL ESTADO CATALÁN LIBRE Y SOBERANO”?

Ya no cuela

Redacción (Clemente Polo)-. Lo más llamativo del llamado ‘proceso secesionista’ es la perversa concepción de la democracia que lo alimenta. En su delirio, las resoluciones y normas que aprueban ellos con ajustadas mayorías (72 diputados o menos) en el Parlament son democracia de 24 quilates, mientras que las resoluciones y normas aprobadas en el Congreso, sede de la soberanía popular, por mayorías holgadas son consideradas opresivas. San Cugat Del Vallés (Cataluña) España, domingo 25 de junio de 2017. Fotografía: España, Parlamento autonómico de Cataluña, sesión de control al Gobierno de la Generalidad de Cataluña. De izquierda a la Derecha: El consejero de ‘asuntos exteriores’ del Gobierno catalán, Raül Romeva (i); el vicepresidente del Gobierno catalán, consejero de Economía y Hacienda y el también presidente de ERC, Oriol Junqueras Vies (c); seguido del presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont (d), mantienen una breve conversación, visiblemente muy importante y estratégica contra la oposición que lidera la líder de Ciudadanos Cs, Inés Arrimadas García, con sus aliados del PSC de Miquel Iceta, PP de Xavier García Albiol y en ocasiones por CSQP (Podemos) de Lluís Rabell. Archivo Efe.

Hace poco, un familiar me confesó que cuando escribo sobre la situación en Cataluña le cuesta ponerse en mi lugar. Algunos amigos y colegas que viven en otras Comunidades me han manifestado también su creciente hartazgo. “¡Que se vayan de una vez!”, me soltó un taxista sin reparar en las nefastas consecuencias que tendría para quienes vivimos en Cataluña y para el resto de españoles. Reconozco que relatar las últimas ocurrencias (casi siempre desatinadas) con que nos obsequia Puigdemont (antes las que hacía Mas, su mentor), bajo la atenta vigilancia de Hagrid –el guardabosques encargado de cuidar a las “criaturas mágicas”– puede resultar cansino. Sin embargo, las últimas performances de la compañía PuigCupQueras (con Guardiola como artista invitado) me obligan a volver sobre este enojoso asunto.

Democracia Devaluada

Desde el 27 de septiembre de 2015, el gobierno de la Generalitat gobierna exclusivamente para aquellos catalanes que votaron a la coalición electoral Junts pel Sí, integrada por CDC y ERC, y al conglomerado pancatalanista y anticapitalista CUP-CC. Entre los tres partidos, obtuvieron el 47,7 % de los votos válidos (36,8 % del censo) y 72 diputados de los 135 que componen el Parlament. A partir de la constitución de la cámara, los dos grupos parlamentarios han aprobado varias resoluciones para iniciar y desarrollar un proceso constituyente que el Tribunal Constitucional ha anulado por su pregonada inconstitucionalidad. Forcadell, presidenta del Parlament, y otros tres diputados miembros de la Mesa están siendo investigados por desacatar estas sentencias.

En su delirio, sus resoluciones son ajustadas mayorías y las del Congreso son consideradas opresivas

Lo más llamativo del llamado ‘proceso secesionista’ es la perversa concepción de la democracia que lo alimenta. Sus líderes sostienen seriamente que España es una democracia de baja calidad, porque ni el Gobierno, ni Las Cortes ni el Tribunal Constitucional les autorizan a realizar un referéndum para preguntar a los catalanes si “quieren que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”. En su delirio, las resoluciones y normas que aprueban ellos con ajustadas mayorías (72 diputados o menos) en el Parlament son democracia de 24 quilates, mientras que las resoluciones y normas aprobadas en el Congreso, sede de la soberanía popular, por mayorías holgadas son consideradas opresivas.

Puigdemont, Junqueras y Gabriel son, a pesar de sus poses, alérgicos a la democracia. Afirman ser demócratas pero su comportamiento lo desmiente. ¿Por qué si no han rechazado el ofrecimiento del Gobierno (acordado con PSOE y Ciudadanos) de acudir al Congreso a defender su proyecto y se han apresurado a fijar el referéndum el 1 de octubre? Porque sólo aceptan las reglas del juego democrático cuando tienen la mayoría asegurada, por exigua que ésta sea. Pero tan preocupante o más que esta aviesa concepción de la democracia, es la naturaleza de “su” futurible república, donde la libertad y la división de poderes brillan por su ausencia. El “hombre de la estaca” (Llach, antaño cantautor y hoy “bien pagado” inquisidor) advierte a los funcionarios que tendrán que pensárselo muy bien, que sufrirán… porque la Generalitat sancionará a quienes incumplan la “ley de transitoriedad jurídica”, una norma del Parlament que pretende derogar en 24 horas la Constitución. Por su parte, Vidal, ex-juez y ex-senador de ERC, desveló imprudentemente que de los 801 jueces que ejercen en Cataluña sólo quedarán con quienes “comparten nuestros sueños e ideales”.

Gobierno firme

Afortunadamente para los demócratas que vivimos y trabajamos en Cataluña, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha comprendido, tras varias visitas al Principado, lo bochornoso que resulta que no se deje “hablar a la gente que piensa otra cosa” y “cómo se les ningunea en todo tipo de instituciones”. Celebramos, asimismo, que haya constatado de primera mano la imposibilidad de iniciar un diálogo con el gobierno de la Generalitat para alcanzar acuerdos dentro del marco constitucional. Algunos barruntábamos que su intento estaba condenado al fracaso desde el principio, porque la débil argamasa que mantiene unidos a los tres partidos secesionistas es precisamente la promesa de proclamar la república y garantizar impunidad a quienes han vulnerado (o van a vulnerar) el ordenamiento jurídico.

En la moción de censura que presentó Podemos, el presidente Rajoy reiteró que no permitirá, mientras gobierne, que un subconjunto de ciudadanos (los empadronados en Cataluña) decida sobre cuestiones (autodeterminación de Cataluña) que afectan a todos. Ahora bien, aunque el gobierno de Rajoy tiene mayoría absoluta en el Senado sólo cuenta con 137 diputados en el Congreso, un número muy alejado de la mayoría absoluta. Pero es que incluso si el PP tuviera 176 diputados, resulta indispensable contar con el respaldo de otros grupos parlamentarios para afrontar el órdago del gobierno de la Generalitat, y todo lo que puede acontecer antes y después del 1 de octubre.

Soledad del Gobierno

Olvidó el devoto enterrador de la Monarquía añadir un pequeño detalle: en esa tercera república ya no estará Cataluña

La moción de censura que protagonizó el tándem Iglesias-Montero permitió aclarar la posición de Podemos: apoyo sin reservas a sus fraternales compañeros catalanes –peculiar hermandad “republicana” que excluye compartir territorio y renta– para que decidan su futuro. El diputado Tárdà (ERC) correspondió apoyando la moción. En su intervención, confirmó que el referéndum se celebrará el 1 de octubre e insinuó que su resultado podría ser la antesala de la proclamación de la tercera república en España. Olvidó el devoto enterrador de la Monarquía añadir un pequeño detalle: en esa tercera república ya no estará Cataluña.

En cuanto al PSOE, la victoria del Sánchez que hemos visto en las primarias, puño en alto entonando “La internacional”, apunta a un Sánchez bien distinto al que presentó su candidatura a presidente de Gobierno –con una gigantesca bandera constitucional como telón de fondo–, en junio de 2015. Aunque su adversario directo sigue siendo Iglesias, no hay que descartar que el PSOE, mediatizado por el PSC, mantenga una calculada ambigüedad sobre Cataluña. En respuesta al anuncio de la fecha del referéndum, Ábalos, portavoz de Sánchez en el Congreso, se limitó a expresar “no estamos de acuerdo, no aceptamos el desafío”, al tiempo que reiteraba la necesidad de encontrar un espacio para la política “entre unos que insisten en cumplir la ley y otros que insisten en no cumplirla”. Ya en la moción de censura, Ábalos manifestó a Iglesias la disposición del PSOE a formar mayorías alternativas.

¿Acaso incumplir la ley y cumplirla son dos opciones equiparables?

Esta suerte de equidistancia constituye la mayor amenaza que planea sobre el futuro de nuestra democracia. ¿Acaso incumplir la ley y cumplirla son dos opciones equiparables? Del dicho al hecho hay un trecho, pero resulta bastante preocupante que la nueva dirección partido que gobernó España durante veintiún años y aspira a volver a La Moncloa, considere siquiera “construir una alternativa” con quienes prometieron “liquidar el régimen de 1978” y ahora pretenden iniciar un histórico “proceso constituyente sin el PP”. De momento, el Gobierno sólo cuenta con Ciudadanos –toco madera– para defender dos principios democráticos esenciales de nuestra Constitución: primero, todos los españoles somos libres e iguales; y, segundo, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. La asunción del concepto de estado plurinacional en el XXXIX Congreso Federal, considerada un error histórico por Susana Díaz, apunta a que el partido de Sánchez-Iceta-Armengol no está dispuesto a respaldarlos.

El manijero

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — “¡Quedan pocas plazas! ¡Quedan pocas plazas! Vengan y verán con sus propios ojos, lo que es capaz de hacer un ilusionista con el dinero de todos los catalanes. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, miércoles 26 de abril de 2017. Fotografía: El expresidente de la Generalidad de Cataluña y presidente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Artur Mas, impone la medalla representativa del cargo al nuevo presidente de la Generalidad, alcalde Gerona hasta el mismo instante de Cataluña y también alto cargo de CDC, Carles Puigdemont, que hoy, domingo 12 de enero de 2017, ha tomado posesión, tras el rechazo frontal de la ultraviolenta CUP de la candidatura de Artur Mas. Archivo Efe.

El ‘Circ de Soley’ presenta al incomparable prestidigitador +3% en actuaciones únicas en Bruselas, París y Ginebra. ¡Apresúrense y no pierdan esta última oportunidad de verle en acción! Comprueben ustedes mismos, cómo el atrevido embaucador engaña a los terribles dragones que guardan la pasta en su guarida y sale ileso de la cueva, por su propio pie, en olor de multitudes. No te pierdas este acontecimiento mundial dirigido por el prestigioso director de escena Puigdecat y producido por Diplocat Romeva. ¡Tres únicas funciones en el inigualable marco del ‘Circ de Soley'”! 

Al parecer, el Sr. Mas no ha tenido bastante con ser el manijero de las mordidas del 3%, desde que se convirtió en Consejero de Política Territorial del gobierno de la Generalitat allá por 1995, y va por el mundo dando lecciones de democracia. Sr. Mas: que están imputados el Sr. Osàcar, su secretario personal (2000-2005) y tesorero de su partido y sus fundaciones (2005-2011), y el Sr. Viloca que sucedió a Osàcar en el cargo de tesorero en 2011. Por favor, deje ya de tomar el pelo a los catalanes vendiéndoles su crecepelo “paga-y-tendrás-obras”.

Cualquier persona honrada en similares circunstancias se habría muerto de vergüenza. Usted no, usted tiene el rostro más duro de Cataluña, con permiso, claro está, de su mentor político el Sr. Pujol i Soley y su ‘famiglia’. Su jeta es impresionante: no sólo no se retira a Montserrat a purgar las mordidas de su partido sino que encima se dedica a hacer actos por medio mundo para explicar lo bonita que sería la independencia con ustedes (CDC-PDE-Cat) al frente del gobierno de la Generalitat.

Dice la noticia de la agencia EFE, que recoge La Vanguardia, que Mas “conversará en francés con un periodista local en cada país en actos que llevarán por título ‘Un referéndum pour la Catalogne?'”. La pregunta que me hago es cuánto les habrán pagado a los periodistas para que lo entrevisten y a sus periódicos para que publiquen la entrevista, y cuánto nos cuesta a los catalanes su ‘tournée’ por lugares tan atractivos como Bruselas, París y Ginebra? ¿Va solo o lleva ayudas de cámara? Deje de malgastar nuestro dinero, por favor, y, lo dicho, retírese una temporadita a Montserrat. A lo mejor el Abad le hace precio especial a cambio de unas obritas…

Presupuestos, déficit y deuda

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — Al tiempo que anunciaba la intención de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PDE) en el Consejo de Ministros del 31 de marzo, Montoro anunciaba con satisfacción que el déficit de las AAPP en 2016 será inferior al 4,6% del PIB, la última cifra pactada con Bruselas, y el déficit quedaba en el 4,3% tras excluir las ayudas a entidades financieras. San Cugat del Vallés (Barcelona), sábado 1 de abril de 2017. Fotografía: Capital de España (Madrid), Presidencia del Gobierno de España (La Moncloa) viernes 31.03.2017. La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría (2ª a la i), el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo (3º a la i), el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro (d), y el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos (i), antes de iniciar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del Gobierno del presidente Mariano Rajoy Brey (no sale en la foto). Lasvocesdelpueblo.

Había cuenta que el déficit en 2015 fue 5,1%, la reducción lograda en 2016 es 0,8 (5,1-4,3) puntos porcentuales (pp.), 2 décimas inferior a la reducción media (0,98 pp.) conseguida entre 2008 y 2015. En cuanto al cumplimiento del compromiso con la UE, conviene también recordar que España ha incumplido los objetivos pactados año tras año y la Comisión prevé déficits del 3,8% del PIB en 2017, superior al 3,1% acordado, y del 3,2% en 2018. La pesadilla del déficit que se inició con Zapatero en 2008 y ha disparado la deuda a cifras estratosféricas (1,114 billones en enero 2017), va a continuar casi con toda seguridad hasta 2020.

Políticamente mediatizado

Todo está a punto para comenzar la tramitación en el Congreso de la Ley que desglosa los recursos previstos para financiar los gastos de la Administración Central, las transferencias a las Administraciones Territoriales y las prestaciones del sistema de Seguridad Social (SS). La simple aritmética parlamentaria indica que no resultará fácil aprobarla en junio sin hacer concesiones a otros grupos parlamentarios, habida cuenta que el Gobierno cuenta con 137 diputados y necesita los votos de los diputados de Ciudadanos (32), PNV (5), Coalición Canaria (1) y Nueva Canarias (1). El PSOE, enzarzado en su pugna interna, ha optado por rivalizar con Podemos y se niega a negociar los presupuestos con el PP, un craso error de automarginación que acabará pagando en las urnas.

Ciudadanos, en su segunda reencarnación como partido liberal, va a aprovechar la oportunidad de desempeñar el papel que los líderes de  CDC se atribuían a sí mismos antes de abrazar el secesionismo. Rivera quiere aparecer ante la opinión pública como el político responsable que asegura la gobernabilidad de España y varias CCAA, y se esforzará por presentarse como el muñidor de cualquier acuerdo que favorezca a colectivos (autónomos, pensionistas, padres, dependientes, asalariados con salarios bajos, jóvenes, estudiantes, etc.) cuyos votos puedan reforzar las expectativas electorales del partido. La inexplicable incomparecencia del PSOE le ha dejado expedito el camino de la negociación y Rivera va a aprovechar la oportunidad.

Para aprobar los PGE, el Gobierno tendrá además que satisfacer las demandas de nacionalistas vascos y canarios. El PP ha respaldado los presupuestos que presentaron el gobierno del PNV y la franquicia vasca del PSOE en El País Vasco, y la reciprocidad del PNV parece estar asegurada, aunque algo se llevarán al saco los nacionalistas que gobiernan en la Comunidad más insolidaria de España. Para ganarse a los diputados canarios, el Gobierno tendrá que hacer también algunas concesiones para compensar los reales o supuestos agravios –los beneficios nunca cuentan– de insularidad. No hay que olvidar tampoco las consecuencias presupuestarias de la negociación extraparlamentaria en curso con las organizaciones sindicales, si se confirma que el Gobierno acepta subir los salarios de los empleados públicos el 1% y ofertar 250.000 plazas en tres años.

Condicionantes económicos

Hay también consideraciones de carácter estrictamente económico que afectan a la evolución de las principales partidas de gasto y dificultan la reducción del déficit. Las pensiones, 135.449 millones en 2016, es la más voluminosa y ha crecido el 48,1% desde 2007 a una tasa media del 4,5%. En el caso de las pensiones contributivas del sistema de la SS, el aumento acumulado entre 2007 y 2016 fue incluso mayor, 52,52%, a una tasa media del 4,8%. Las prestaciones sociales de las AAPP distintas de las transferencias sociales en especie, una partida que incluye pensiones, prestaciones a desempleados y otras transferencias, aumentó desde 2007 (123.760 millones) a 2015 (170.401 millones) el 37,7% a una tasa media del 4,08%. Basta comparar estas cifras con la tasa media de crecimiento del PIB nominal (-0,06%) entre 2007 y 2015 para cerciorarse de su insostenibilidad.

El sistema de la SS tuvo que retirar 17.500 millones del Fondo de Reserva cuyo saldo a finales de diciembre de 2017 quedó en 15.200 millones, una cifra inferior al déficit del sistema. Tampoco podrá contar el Gobierno en los próximos años con el alivio que le han proporcionado la caída de las prestaciones a los desempleados entre 2011 (30.975 millones) y 2016 (19.621 millones) y la reducción de los intereses de la deuda entre 2013 (38.590 millones) y 2016 (33.490 millones). En cuanto a las primeras, el margen de caída es ya escaso si tenemos en cuenta que la factura ascendió a 14.471 millones en 2007, un años en el que la tasa de paro del 8,2%. En cuanto a la evolución de los tipos que paga el Tesoro, sólo cabe esperar que se eleven, y aumente la carga de la deuda incluso si el ratio Deuda/PIB se estabiliza en torno al 100% y no se dispara la prima de riesgo. Finalmente, hay que descartar nuevos recortes en  la inversión pública que se ha reducido a la mitad entre 2009 (55.142 millones) y 2015 (27.004 millones).

Infrafinanciación, sensibilidad y coherencia

Hay un problema muy acusado de infrafinanciación del gasto público en España como pone de manifiesto que la cifra de déficits acumulados desde 1995 a 2015 alcance 735.000 millones y las AA. PP. sólo hayan logrado superávits en 3 años de 21. En el caso del sistema de la SS, el déficit consolidado desde 2010 hasta 2015 asciende a 49.121 millones y el déficit en 2016 rondará los 18.400 millones. Por otra parte, la evolución positiva de la recaudación por IVA y otros impuestos sobre los productos atribuible a la subida de tipos y a la recuperación económica puede ralentizarse si se confirma la desaceleración que prevén tanto el Gobierno como los organismos internacionales en 2017 y 2018. Así que si quiere cuadrar las cuentas, el Gobierno tendrá que aumentar la recaudación por impuestos sobre la renta, los que menos han crecido en los últimos años, e intensificar la lucha contra el fraude fiscal.

Mientras persista la incertidumbre sobre si habrá elecciones en 2018, tendremos que seguir conllevando durante algunos meses más la esquizofrenia que nos impulsa a actuar como país nórdico en lo que atañe al gasto y como país sureño a la hora de pagar impuestos. Comprendo que los responsables económicos del Gobierno tienen que ponderar los avances logrados en la reducción de algunos desequilibrios macroeconómicos e intentar transmitir tranquilidad a las empresas y confianza a los ciudadanos. Ahora bien, el desajuste en las cuentas de la SS es sólo el último episodio de un problema de fondo que conviene abordar con tacto para no generar bolsas de pobreza y alimentar el descontento social que dio alas a los movimientos populistas de Iglesias en Madrid) y Colau en Barcelona. Pero constituiría una grave irresponsabilidad financiar las pensiones recurriendo a emisiones de deuda cuando se agote el Fondo de Reserva como se ha sugerido desde el Gobierno. Las pensiones, un gasto recurrente, hay que financiarlas con impuestos para no poner en peligro la confianza en nuestra economía.

Conexiones inconfesables

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — A medida que progresa a ritmo de caracol la investigación del juez Solaz sobre el saqueo del Palau de la Música, vamos sabiendo más y más cosas sobre la operativa del jefe de la banda, el Sr. Millet, su lugarteniente, el Sr. Montull, y la connivencia de los políticos nacionalistas que hicieron posible que ambos continuaran perpetrando delitos a pesar de haberse detectado irregularidades en su gestión siete años antes de que la policía autonómica (Mossos d’Esquadra) registraran el Palau por orden judicial en julio de 2009. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, martes 21 de marzo de 2017. Fotografía: El condenado golpista ex presidente de la generalidad de Cataluña, Artur Mas durante una conferencia en San Sebastián (Las Vascongadas de España), ante su condena por el golpe del 9N 2014 en Cataluña. Efe.

Algunas de las últimas noticias publicadas abundan en un aspecto ya conocido de su gestión, a saber, la indisimulada zafiedad con que administraron durante muchos años un cuantioso presupuesto del Consorci y la Fundació y desviaron ingentes cantidades hacia sus bolsillos y los de sus familiares más próximos, hoy casi todos ellos ya imputados en la causa. ¿Que había que abonar a los Sres. Millet y Montull unas gratificaciones para compensarles por sus desvelos y dolores de cabeza al frente del Palau? Pues acudían al notario y creaban dos empresas, Aysen Produccions S.L. y Aurea Rusula S.A., administradas por sus esposas, Marte Vallès y Mercedes Mir, respectivamente, que emitían facturas falsas por importe de 682.915 y 338.956 euros. ¿Que el Sr. Millet tenía que realizar unas modestas obritas en sus propiedades familiares por importe de 1,25 millones de euros? Pues se las encargaban a la empresa Triobra, cuyos gestores estaban encantados de facturar esa cantidad y otras al Palau. ¿Que el Sr. Millet tenía que abonar la minucia de 440.886 euros por decorar su hogar? Pues Clos Interiors S.L., muy agradecida por la confianza –¡cómo no, Sr. Millet!–, remitía las facturas al Palau. A la vista de las cuantiosas inversiones realizadas, se me ocurre sugerir a los gestores del Palau que ofrezcan a turistas y curiosos la posibilidad de visitar también la vivienda del Sr. Millet por un módico suplemento.

Todo el mundo conoce las dificultades de los jóvenes para encontrar un empleo “mileurista” en España. Así que resulta comprensible la preocupación de los padres por colocar a sus hijas, Clara Millet y Gemma Montull, en la “empresa familiar”, pagándoles sueldos acordes con sus conocimientos y habilidades. Clara Millet, licenciada en Derecho, se incorporó a la nómina del Palau como directora adjunta de marketing en 2001 tras realizar algunos cursos breves en el extranjero en materias tan intrincadas como “asistente del departamento de contribuciones, enfocado al sector de marketing y publicidad”. En 2006, fue nombrada directora del departamento de internacional de la Fundació Palau de la Música-Orfeó Catalá y pasó a formar parte del comité de dirección del centro. En septiembre de 2009, cuando los nuevos gestores le comunicaron su despido disciplinario, su sueldo era de 5.967 euros mensuales, pagos en especie (boda, viajes, etc.) excluidos. Obligados por un juzgado de lo Social a readmitirla, Clara Millet ha aceptado abandonar voluntariamente la institución pocos días después de reincorporarse a su puesto, percibiendo una cantidad próxima a los 30.000, una cifra muy inferior a la indemnización de 79.098 euros dictada por el juez cuando declaró su despido improcedente.

Gemma Montull no está teniendo tanta suerte. Aunque la otrora flamante directora financiera del Palau había realizado “un curso en materia financiera en una prestigiosa escuela de negocios abonado por el Palau” y percibía 8.566 euros mensuales (más otros pagos en especie marca de la casa tales como 97.000 euros en obras en su domicilio familiar, viajes de recreo, etc.) por su trabajo, pretendió eludir sus responsabilidades en el saqueo alegando que la realidad no era lo que parecía: “Mi cargo de directora financiera –dijo ante el juez– era una cuestión de marketing” y cuando “acudía a las entidades bancarias a cobrar cheques era porque no podía hacerlo el conserje del Palau”. Lástima que su propio padre declarase ante el juez Solaz que Gemma Montull se incorporó a la “empresa familiar” en 2003 en calidad de jefe de contabilidad, no de conserje, y que las cuantías de los cheques cobrados ascienden a cifras vedadas a los conserjes. Tampoco ha prosperado su demanda por despido improcedente contra los nuevos gestores de la Fundación, si bien la tenaz conserje todavía ha tenido la caradura de recurrir el fallo del juzgado de lo social ante el TSJ de Cataluña. Por fin, el juez Solaz se ha decidido a seguir las indicaciones de la fiscalía y ha exigido a Gemma Montull que deposite una fianza de 500.000 euros.

Pero la novedad más destacable del caso es, sin duda, que el juez Solaz haya citado a declarar a los representantes mercantiles de Letter Graphic y New Letter –dos empresas que comparten administrador y domicilio social– e Hispart S.A que facturaron 2.000.000 de euros al Palau entre 2007 y 2009. Las dos primeras cobraron 982.583 euros por realizar diversos trabajos entre los que figuran “46.405 euros por buzoneo, cuando fuentes del Palau aseguraron que un trabajo de este tipo cuesta alrededor de 4.000 euros”. Hispart se dedica al alquiler y venta de materiales audiovisuales y ha realizado campañas electorales para CiU y PSC. La naturaleza de las actividades desarrolladas por estas empresas sumada a la opacidad con que se realizaron las operaciones, saldadas mediante transferencias bancarias y talones, y la resistencia de las empresas a presentar las facturas emitidas a los nuevos gestores del Palau, aduciendo que se trataba de un “acuerdo directo” con Jordi Montull, abre una nueva línea de investigación que apunta directamente a la posible financiación ilegal de algunos partidos políticos. Conviene no olvidar que ya se ha probado la desviación ilegal de 630.554,82 euros desde el Palau a la Fundación Trías Fargas de Convergencia Democrática de Cataluña y otros 150.000 euros al Partido Independentista que presidía el Sr. Colom, miembro del comité ejecutivo de Convergencia en la actualidad. Aguardamos con impaciencia y expectación las declaraciones de los responsables mercantiles de las tres empresas, esperando que sus testimonios arrojen luz sobre los hilos políticos de una trama tan burda y zafia que resulta imposible creer pudo mantenerse activa durante tantos años de no haber contado con la complicidad activa de los partidos nacionalistas catalanes.

Puigdemont, un presidente sectario y antidemocrático

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — No creo equivocarme al afirmar que Puigdemont nunca ha sido el presidente de los catalanes, aunque haya presidido el gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 10 de enero de 2016.  Ni tampoco creo errar si les digo que el hasta entonces alcalde de Gerona y presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI) tampoco lo ha intentado. Serlo estaba fuera de sus coordenadas sentimentales y políticas. Apareció inesperadamente en el último minuto, cuando ya expiraba el plazo de dos meses tras la investidura fallida de Mas el 10 de noviembre de 2015, y Mas lo designó para sustituirle sin tiempo de comprarse un traje nuevo y pasar por la peluquería para arreglarse el flequillo. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, sábado 18 de marzo de 2017. Fotografía: La ultraviolenta diputada autonómica y actual líder de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Anna Gabriel, pasa ante el presidente separatista catalán, Carles Puigdemont, durante una sesión de control del parlamento. Archivo Efe.

Aunque su discurso de investidura no pasará a los anales de la retórica parlamentaria, su Plan de Gobierno dejó meridianamente claro que pretendía “comenzar a caminar a la luz de lo que ya aprobamos en la declaración del 9 de noviembre: iniciar el proceso para constituir un estado independiente en Cataluña”. Más adelante, concretó su compromiso estableciendo como primera prioridad del gobierno “la elaboración y el compromiso de elaboración de los marcos legales relativos al proceso constituyente. Ésta es la faena con mayúscula. Tenemos la obligación de dar cumplimiento al mandato parlamentario, porque está aprobado, y porque es la voluntad de este Parlamento y porque es la voluntad de la ciudadanía, y no podemos mirar hacia otro lado”. Puigdemont finalizó su arenga reafirmando su compromiso con “la declaración del Parlamento de Cataluña, del 9 de noviembre, abría el proceso constituyente y ahora ya no podemos dejar de recorrerlo, porque espero que al final de esta sesión tengamos ya los instrumentos para poderlo poner en práctica”, y concluyó manifestando que se dejaría la piel “para culminar el proceso iniciado hace unos años con grandes movilizaciones… Seguramente es el tramo más complejo e incierto de todos los que hemos recorrido, con éxito hasta hoy. Éste también lo culminaremos con éxito”.

Me he detenido en las citas anteriores porque revelan las intenciones del hombre que Mas eligió para sustituirle y la CUP-CC aceptó investirlo presidente del gobierno de la Generalitat. Puigdemont nunca tuvo intención de gobernar para los 7,5 millones de españoles que residimos en Cataluña sino de hacerlo exclusivamente para aquellos catalanes que respaldaron a las dos coaliciones electorales, Junts pel Sí (JxS) y CUP-CC, que concurrieron con un programa declaradamente independentista a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015. Los resultados que obtuvieron ambas formaciones el 27-S, JxS 1.620.973 votos y 62 diputados y CUP-CC 336.375 votos y 10 diputados, suponen el 47,74% de los votos no nulos contabilizados y el 36,83% del censo electoral, cifras similares a las de quienes votaron a favor de crear un estado independiente en la consulta que Mas y Homs y las asociaciones independentistas ANC, Omnium Cultural y AMI organizaron el 9 de noviembre de 2014.

Los resultados electorales del 27-S invalidan el mantra tantas veces repetido por Puigdemont y el resto de líderes secesionistas de que les avala el  ‘pueblo’ de Cataluña. Con lo que sí cuentan es con una ajustada mayoría (72 diputados de 135) en el Parlament que les permite aprobar resoluciones como la I/XI de inicio del proceso constituyente, o cambiar el reglamento de la Cámara para aprobar las llamadas leyes de desconexión sin conceder a los 63 diputados de la oposición, representantes del 52,26% de los votantes, la posibilidad de conocerlas, discutirlas y enmendarlas. Así es como entienden Puigdemont y Junqueras la ‘democracia’ republicana. Pese al tiempo que nos hacen perder ocupándonos de sus continuos cambios en la ‘hoja de ruta’ y sus últimas ocurrencias, los demócratas tenemos que estar agradecidos a Puigdemont y Junqueras porque estos meses al frente del gobierno de Cataluña nos han permitido hacernos una idea cabal de su sectarismo ideológico, su interpretación tramposa de la democracia y la inseguridad jurídica y política que conlleva el proceso secesionista.

El retablo de la corrupción de CDC

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — Los principales dirigentes de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol y Artur Mas, rebautizado hace unos meses PDE-Cat para difuminar las sombras de corrupción continuada que pesan sobre sus líderes, incluidos los tres últimos tesoreros del partido, Torrent, Osàcar y Viloca que administraban también la fundación del partido -Trias Farga luego rebautizada Cat-Dem cuando salió a la luz el saqueo del Palau- y están imputados, salvo Torrent ya fallecido, en diversos procesos judiciales cuyo resultado esperamos los catalanes con impaciencia: queremos tener constancia judicial del expolio que ha perpetrado Corrupción Democrática de Catalunya durante décadas. Aunque los jueces sólo lleguen a destapar una esquinita de la cloaca, porque muchos de los implicados mantengan el pacto de silencio y buena parte de los delitos hayan prescrito, queremos al menos tener la satisfacción de ver a los saqueadores convergentes purgar algún que otro delito. Barcelona (España), domingo 12 de marzo de 2017. Fotografía: El expresidente de la Generalidad de Cataluña y presidente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Artur Mas, impone la medalla representativa del cargo al nuevo presidente de la Generalidad, alcalde Gerona hasta el mismo instante de Cataluña y también alto cargo de CDC, Carles Puigdemont, que hoy, domingo 12 de enero de 2017, ha tomado posesión, tras el rechazo frontal de la ultraviolenta CUP de la candidatura de Artur Mas. Archivo Efe.

Obras que los gobiernos de Pujol y Mas  adjudicaron a empresas dispuestas a pagar a CDC el 3%

Además de las causas que se siguen contra el propio Mas y sus consejeras Ortega y Rigau en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y contra su consejero Homs en el Tribunal Supremo, por haber organizado la consulta participativa el 9 de noviembre de 2014, contraviniendo la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, está el llamado Caso Palau-CDC cuya vista oral está teniendo lugar estos días en la Ciudad de la Justicia, paradójicamente una de las obras que los gobiernos de Pujol y Mas adjudicaron a empresas dispuestas a pagar a CDC el 3 % del valor de la obra.

Estas han confirmado lo que todos sospechábamos desde 2009

Según han reconocido en el juicio los saqueadores confesos, el Sr. Millet, máximo responsable de la  fundación del Palau de la Música, el Sr. Montull, su gerente y mano derecha, y Doña Gemma Montull, directora financiera e  hija del segundo, la fundación actuaba como intermediario y transfería a CDC sumas procedentes de empresas beneficiadas con contratos públicos que patrocinaban las actividades del Palau. Una parte se camuflaba realizando convenios impostados de colaboración entre el Palau y las fundaciones de CDC, y el resto en sobres en efectivo que recogía el Sr Torrent y, más tarde, el Sr. Osàcar, secretario personal de Mas (200-2005) y tesorero de CDC y sus fundaciones (2005-2011). Estas han confirmado lo que todos sospechábamos desde 2009, a saber, que las graves y notorias irregularidades en la contabilidad del Palau y sus fundaciones sólo podían haberse producido contando con la connivencia de los líderes convergentes.

El proceso contra la ‘famiglia’ de Pujol al completo todavía

No es éste el único frente judicial que tienen abierto los líderes de CDC. Está, en primer lugar, el proceso contra la ‘famiglia’ de Pujol al completo todavía en fase de instrucción que ha ido creciendo desde que Pujol (padre) desvelara en julio de 2014 que había mantenido una fortuna oculta al fisco durante 30 años y ha acabado con la imputación del hijo primogénito y el resto de miembros del clan familiar, incluida la madre guardiana de la pureza catalana y seis hijos más. La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que actuaba como administrador de constituir una organización criminal para delinquir y blanquear dinero. Resulta también paradójico que el hombre que vació Banca Catalana pero logró salir indemne envolviéndose en la bandera cuatribarrada haya acabado su vida política engullido por el fango  de la corrupción estrellada.

Éste es el hombre que lleva años mintiendo a los catalanes y negando que su partido se financiaba con el 3%

Pujol fue el hombre que pasó a Mas los trastos hace unos años. Primero, lo puso al frente de una consejería clave, Política Territorial (1995-1997) encargada de decidir las adjudicaciones de obra pública; más tarde, lo premió con la consejería de Economía (1997-2001) y, por último, lo nombró primer Consejero en el último gobierno de Pujol (2001-2003). Éste es el hombre que lleva años mintiendo a los catalanes y negando que su partido se financiaba con el 3%, un asunto que destapó por primera vez el president Margall en 2005 en el Parlament de Cataluña. Ahora es Puigdemont, el que ha tomado el relevo de Mas temporalmente al frente del gobierno de la Generalitat y Rull el que se ha hecho cargo de la consejería de Política Territorial.

En ellos se detallan las reuniones mantenidas por altos responsables del partido con empresas

Está, por último, la causa que se tramita en los juzgados del Vendrell a instancias de una denuncia realizada por una concejal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de Torredembarra. La instrucción de esta causa ya ha producido la detención de Viloca, el tesorero de CDC que sustituyó a Osàcar cuando éste fue imputado. En el registro de la sede del partido se requisó numerosa documentación, incluidos algunos contratos que habían sido triturados pero han podido reconstruirse. En ellos se detallan las reuniones mantenidas por altos responsables del partido con empresas para negociar las comisiones a percibir por CDC-PDE-Cat. Según las informaciones publicadas, la Fiscalía Anticorrupción considera que Gordó, consejero de Justicia de Mas, actuó como ‘conseguidor o recaudador’ y fue la persona que negociaba las adjudicaciones de obras a cambio de obtener el 3 % para el partido. En concreto, se mencionan las obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de les Glòries en Barcelona y un instituto en Manresa (Barcelona).

Mas, atrapado en su propia red

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — Las comparecencias de Mas, Ortega y Rigau ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) nos han permitido ver al astuto ex-presidente y a sus dóciles consejeras revolverse incómodos en el banquillo de los acusados, atrapados en la propia red que ellos mismos tejieron para engañar al Estado y sortear al Tribunal Constitucional (TC), a cuenta de la consulta que organizaron, financiaron y celebraron el 9 de noviembre de 2014. Barcelona (España), miércoles 22 de febrero de 2017. Fotografía: El ex presidente catalán y encausado por el golpe del 9N 2014 en Cataluña, Artur Mas Gavarró, durante una intervención el  Parlamento catalán. Archivo Efe

El TSJC los ha juzgado no por ser demócratas, como ellos hipócritamente aducen, sino precisamente por todo lo contrario: por invadir competencias de otras instituciones e ignorar la división de poderes del Estado social y democrático que es España.

De nada les ha servido a Mas y a sus consejeras alegar ignorancia ante un mandato del TC tan claro e inteligible que podría haber interpretado el conserje más humilde del Palau de la Generalitat: “suspender los actos impugnados […] así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella”, a partir del momento (31 de octubre de 2014) en que se interpuso el recurso del Gobierno. Como señaló el fiscal Ulled en sus conclusiones de haber tenido oportunidad de interrogar a Mas le habría preguntado “¿qué es lo que no entiende?”. Al parecer fue Homs quien, según confesó en la vista, les aseguró que no existía impedimento legal alguno para celebrar la consulta. Nadie, Sr. Homs, puede creer que usted no comprendiera un mandato tan claro –suspender– y rotundo –los actos impugnados y restantes actuaciones– como el del TC.

Mentir, mentir, mentir

Ésa parece haber sido la consigna de la defensa a los inculpados que se han negado a responder al Ministerio Fiscal –Homs en un acto más de cinismo se quejó de que el fiscal no lo interrogara a sabiendas de que no podía hacerlo por su condición de aforado–, así como a las acusaciones particulares y testigos. Todo estaba ya decidido –esgrimen– antes de pronunciarse el TC y la consulta quedó en manos de voluntarios a partir del pronunciamiento.

Una excusa inverosímil y absurda. ¿Quién impidió a Mas, Homs y Ortega ordenar que se desconectara la página de Internet de la consulta en cuanto tuvieron conocimiento de la suspensión del TC? ¿Por qué no comunicaron a los ‘voluntarios’ que la consulta se suspendía? ¿Por qué siguieron adelante con el plan y entregaron ordenadores, urnas y papeletas, adquiridos con dinero público, a ‘voluntarios no identificados’ (VNI) con los que el gobierno de la Generalitat no mantenía relación alguna? ¿Qué impidió a Mas y Rigau cursar una orden desde los Servicios Territoriales de la consejería de Educación instruyendo a directores de Colegios e Institutos que no entregaran las llaves de los centros a VNI? Al parecer, ordenadores, urnas, papeletas y llaves descendieron desde el cielo sin intervención del gobierno de Mas, y fueron milagrosamente a parar a manos de los VNI que ocuparon, desde el alba hasta bien entrada la noche, cientos de centros del Estado.

Fin del paseo triunfal

El paseo de los encausados desde el Palau hasta la sede del TSJC el 6 de febrero, lo encabezaron el presidente Puigdemont y Forcadell, la presidenta del Parlament, con el vicepresidente Junqueras en segunda fila. La llamada de la consejera Borràs a los 161.000 empleados de la Generalitat para que pidieran día libre ‘asuntos propios’ no tuvo éxito y las organizaciones independentistas, para evitar el fiasco, fletaron 160 autocares con jubilados deseosos de pasar un día en la capital.

La Plaza de San Jaime estaba semivacía cuando la comitiva inició su paseo triunfal y se calcula que unos 16.000 afectos al régimen respaldaron la movilización organizada por la ANC, Omium y la AMI, una cifra muy alejada de los 40.000 ‘inscritos’.

De nada les sirvió. Atrapado por el Estado de Derecho con la democracia entre sus mandíbulas, el taimado zorro intentó una última pirueta en su alegato final: mi intención –dijo Mas al Tribunal– “no era desobedecer, sino plantar cara al Gobierno”, y afirmó no comprender por qué “fortalecer la democracia  puede ser considerado un delito”.

Quizá su fiel escudero Homs aclare ante el Supremo por qué saltarse la Constitución y las providencias del TC fortalece la democracia. Al primer premio en el concurso de disparates opta también la advertencia que hizo Puigdemont a Rajoy en la conferencia de prensa que ofreció junto a Mas en el Palau al finalizar la vista: “aún está a tiempo de rectificar”, le dijo al presidente de España, como si estuviera en su mano facilitar al gobierno de la Generalitat el saltarse la Ley. La respuesta de Rajoy no se hizo esperar: “no comerciaremos con la soberanía nacional”.

A Mas se le acaba la gasolina y buena prueba de ello es que los tres líderes convergentes abandonaron la sede del TSJC al concluir la vista más solos que la una. La errática trayectoria política de Mas ha acabado en otro sonado fracaso, y CDC –rebautizada PDE-Cat para difuminar las densas sombras de corrupción que pesan sobre sus líderes– tiene las horas contadas.

A Puigdemont y a lo que queda de CDC sólo les resta acelerar la ruptura para salvar la cara y convocar, como exige la CUP, un referéndum unilateral en primavera. El gobierno de España ya ha advertido que no lo permitirá y Junqueras y ERC tendrán que decidir en las próximas semanas si se dejan arrastrar a un enfrentamiento que pondría en riesgo la Autonomía de Cataluña o prefieren ganar tiempo y obligan a Puigdemont a convocar elecciones anticipadas.

En ambos escenarios, la tarea del gobierno de España y los verdaderos demócratas será hacer pedagogía. Hay que explicar a los catalanes las ventajas de mantener y perfeccionar el Estado social y democrático que garantiza derechos y libertades individuales, el autogobierno de Cataluña y una razonable división de competencias y poderes entre sus instituciones. Y advertirles también de los graves riesgos que entraña seguir adelante con el plan de constituir “un estado catalán independiente en forma de república”.

Tajani, presidente del Parlamento europeo, ya avisó hace unos días que la Constitución de un Estado miembro “forma parte del marco legal europeo”, y que una declaración de independencia “nunca podrá ser reconocida en la UE”. Pocos catalanes están dispuestos a respaldar un golpe de estado que podría acarrear la suspensión de la autonomía si, como es probable, fracasa, o que los dejaría fuera de la UE en el improbable caso de que triunfara.