Boadella toma la delantera a Puigdemont

Redacción (Clemente Polo) – Tabarnia, el nuevo elixir y antídoto (aplíquese sólo si rasca o duele) contra ataques severos de independencia, se presentó en rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Barcelona el martes 16 de enero ante una nutrida representación de medios nacionales e internacionales (TV3, RAC1, La Vanguardia, Vilaweb, etc.) de comunicación. El flamante portavoz de la plataforma, Jaume Vives, se ganó justa fama en las redes sociales con sus improvisadas alocuciones verbeneras desde su terraza en la calle Balmes, y ahora se prepara para desarmar a las hordas vociferantes de hoces y butifarras que tanto espanto han provocado entre las empresas. Barcelona (España), martes 23 de enero de 2018. Fotografía: CATALUÑA (ESPAÑA), 26.12.2017. Las provincias de la Tabarnia, Barcelona y Tarragona, dicen no al separatismo. Dos entidades de la histórica Tabarnia «Plataforma por la Autonomía de Barcelona» también conocida en lengua inglesa como «Barcelona Is Not Catalonia» en español «Barcelona No Es Cataluña», y «Barcelona Via FORA» en español «Barcelona Vía Fuera (de Cataluña)», piden su independencia de la Generalidad de Cataluña. Lasvocesdelpueblo

Rueda de prensa

López Alegre, conocido comunicador y analista de la realidad política, actuó como maestro de ceremonias. A modo de introducción, explicó que Tabarnia nace con el objetivo de coordinar a grupos que han aparecido en las redes en los últimos meses para dar voz a los ciudadanos que habían permanecido silenciosos y silenciados hasta ahora. No pretende convertirse en un partido político ni tampoco sustituir a otras asociaciones –cuyos representantes habían sido invitados al acto–, sino mantener vivo el espíritu de los catalanes que el pasado otoño inundaron las calles de Barcelona y pusieron en ridículo a los dirigentes secesionistas que se arrogaban hasta ese momento el monopolio de hablar en nombre del ‘pueblo’ de Cataluña. “El pueblo tabarnés –concluyó– ya no va a ser el actor pasivo que mira como se destroza Cataluña” mientras arruinan su tejido económico.

Tomó a continuación la palabra, Jaume Vives, portavoz del movimiento, para quién Tabarnia como fenómeno mediático y social  ha devuelto “la esperanza a cientos de miles de catalanes y españoles… que han vivido durante muchos años clandestinamente”, con discreción para evitar represalias, pero que se han puesto en pie cansados de que “con nuestros impuestos se hayan financiado organizaciones que promueven el odio” entre vecinos y han puesto en peligro “la normalidad empresarial y laboral”. Por fin, el pueblo ha despertado y Tabarnia se presenta como el aglutinador de “todos los catalanes dispuestos a frenar la amenaza del independentismo”. Estamos aquí –dijo– para convertirnos en “el espejo donde se vea reflejado el absurdo de los argumentos” independentistas y advirtió que “llegaremos hasta donde haya que llegar” para “recuperar la verdadera historia de Cataluña” y la normalidad laboral y económica y para apoyar la modificación de la ley electoral. Anunció el portavoz la intención de convocar muy pronto una gran manifestación y reafirmó su compromiso de que los catalanes, son  españoles y europeos y “no vamos a permitir que nos echen de la casa que es nuestra casa”.

El plato fuerte

Desde que se despidió con su libro “Adios Cataluña” a bordo de una golondrina hace una década, en contadas ocasiones se había prestado Boadella a aparecer en público siquiera de forma virtual en Cataluña. El más notorio de los impulsores de Ciudadanos –algunos lo recordarán en la presentación del segundo Manifiesto de la plataforma Ciudadanos en el teatro Tívoli el 4 de marzo de 2006–  se vio compelido a abandonar su hogar, proscrito por el todopoderoso gobierno de la Generalitat y su entramado mediático, y acosado por las hordas de matoncillos que lo insultaban en la calle y lo asediaban en su propia casa. En un régimen totalitario, se comprende perfectamente que algunas personas decidan exiliarse para evitar represalias o sencillamente para vivir sin tener que medir las palabras. Lo terrible del ‘exilio’ de Boadella –no es el único caso – es que un ciudadano de la UE tenga que abandonar Cataluña para llevar una vida normal.

Cataluña no es irrespirable, como afirmó con generosidad Boadella al iniciar su intervención telemática como presidente en el exilio de Tabarnia, sino un auténtico infierno social y cultural para todos quienes no comparten la retahíla de sandeces que conforman el credo secesionista: Cataluña es la cuna de la democracia; los catalanes hemos estado oprimidos durante siglos; la democracia española es de baja calidad; la justicia está politizada en España; las leyes que prometo acatar son injustas y es legítimo saltármelas; los corruptos confesos, los sediciosos y los malversadores no pueden ser juzgados ni condenados en España; la inmersión lingüística cohesiona la sociedad catalana; España nos roba; los impuestos devengados en Cataluña deben beneficiar exclusivamente a los catalanes; la república es el bálsamo de Fierabrás; etc. Y si te atreves a levantar la voz contra estos dogmas de parvulario –quizá ello explique su gran éxito entre docentes de infantil y primaria– te expones a ser tachado de mal catalán y antidemócratas y hasta de peligroso ‘feixista’.

Ésta es la razón por la que Boadella inició su alocución con un “Ciutadans de Catalunya: no soc aquí”, dándole la vuelta al famoso saludo de Tarradellas, porque como señaló el cómico en su adiós “aquí existe un problema de libertad”. Lástima que pasara inadvertido para González, Aznar y Zapatero y ahora para Rajoy y Sánchez. Quizá les iría bien pasar una temporadita por ‘aquí’, acudir a un concierto de Navidad o una reunión del AMPA; o soportar la broma de un compañero de trabajo que graciosamente te susurra al oído “no te preocupes, te daremos el pasaporte” –quiero creer que no se refería al pasaporte que daban los comités de milicias antifascistas de Companys–; o, en fin, soportar cómo te increpan viandantes y automovilistas cuando te ven retirar lacitos amarillos de plástico colocados en barandillas, bancos y árboles, como si la ciudad fuera suya, y nosotros ciudadanos de segunda a los que sólo nos cabe acatar en silencio sus mamarrachadas.

XII legislatura

Arrancó la nueva legislatura con el mismo tono bronco y desafiante que terminó la anterior. Maragall El Viejo, elegido presidente de la Mesa de edad, dio rienda suelta a su “acumulación de indignación frente a las agresiones que vivimos cada día” y continuó su perorata reclamando la presencia del gobierno cesado y reprochando al Estado querer humillar a los catalanes, impidiéndoles “construir el país nuevo, justo y digno que queremos ser”. En el limitado universo ‘maragalliano’, quienes no nos hemos sumado a esa formidable “acción colectiva de una parte muy significativa de esta sociedad” no existimos y resulta inútil explicarle que no nos humilla la intervención del Estado democrático sino gente que, como él, exalta a los golpistas.

Siguiendo el guión, Torrent (ERC) fue elegido presidente del Parlament con 65 votos (incluidos los de los tres diputados encarcelados) y JxC y ERC se aseguraron la mayoría de la Mesa que adoptará una decisión clave en los próximos días. En su breve discurso sin alusiones a la fallida república, Torrent se comprometió a defender el derecho de participación de todos los diputados (incluidos los encarcelados y prófugos) e hizo una llamada, sin renunciar a sus principios, a la democracia, al respeto y a la convivencia. Ojalá no se equivoquen quienes han querido ver en estas palabras una indicación de que esta legislatura podría ser más comedida que la precedente, y no una estratagema antes de desempolvar de nuevo la hoz republicana. De momento, el partido de Junqueras ha accedido a que Puigdemont se presente a la investidura y ahora tendrá que decidir si, contraviniendo el informe de  los letrados de la Cámara, acepta la investidura telemática, contradiciendo el deseo expresado por Torrent de tener un “gobierno efectivo”. Claro que tampoco puede descartarse que Puigdemont aparezca por sorpresa en el hemiciclo disfrazado de ‘mosso d’esquadra’. Antes del 31 tendremos la respuesta.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico; Universidad Autónoma de Barcelona

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Puigdemont apuntilla a Mas y al PDeCAT

Redacción (Clemente Polo) – Cataluña ha vivido un  fin de semana intenso, protagonizado por la amarga despedida de Artur Mas i Gavarró de la política, y el entierro anticipado de la sardina. Me refiero, claro está, al casi nonato Partido Demócrata Catalán (PDeCAT), constituido en julio de 2016 para poner tierra de por medio con la otrora todopoderosa Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de los Pujol, Mas y Puigdemont. Barcelona (España), viernes 19 de enero de 2018. Fotografía: El expresidente de la Generalidad de Cataluña y presidente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Artur Mas, impone la medalla representativa del cargo al nuevo presidente de la Generalidad, alcalde Gerona hasta el mismo instante de Cataluña y también alto cargo de CDC, Carles Puigdemont, que hoy, domingo 12 de enero de 2017, ha tomado posesión, tras el rechazo frontal de la ultraviolenta CUP de la candidatura de Artur Mas. Archivo Efe.

Y la semana que empieza llega también muy cargadita. El lunes, la Audiencia Provincial de Barcelona hizo pública la sentencia del caso Palau-CDC y el miércoles 17 se constituirá el Parlament de Cataluña, un espectáculo circense que promete superar incluso el sainete puesto en escena en la pasada legislatura. 

Moises y el PDeCAT al sumidero

A Artur Mas se le recordará como aquel presidente del gobierno de la Generalitat que haciendo gala de su irrefrenable oportunismo decidió subirse al carro de la independencia el 11 de septiembre de 2012 y sucumbió a manos de una decena de insobornables matronas feministas y pancatalanistas, rabiosamente socialistas y anticapitalistas, que decidieron vetar su investidura y enviarlo a la papelera de la historia. Nombrado presidente del PDeCAT en julio 2016, deambuló errante y errático por la política catalana, esperando inútilmente que el ‘pueblo’ reclamara su vuelta y se ha despedido de la política a las puertas de la Tierra prometida mientras su testaferro les asestaba, a él y a su criaturita, el PDeCAT, el golpe de gracia desde Bruselas.

Las tribulaciones de Mas y CDC comenzaron el 23 de julio de 2009 cuando la policía judicial irrumpió en el sagrado templo del Palau de Música Catalana y salió de allí cargada, no con viejas partituras olvidadas, sino con trece cajas con abundante documentación cuyo contenido acabó por incendiar el oasis catalán. Las declaraciones de los delincuentes confesos, Millet y Montull, presidente y gerente de la Fundació Palau de la Música-Orfeó Català, permitieron desvelar el modus operandi que utilizaba CDC para financiarse ilegalmente. Según se desprende de las investigaciones, algunas empresas adjudicatarias de obra pública donaban un porcentaje de la cuantía a la Fundación del Palau que los diligentes Millet y Montull se encargaban de hacer llegar a CDC. El presidente Maragall estaba en lo cierto cuando en 2005 le espetó a Mas en sede parlamentaria, ustedes tienen un problema que se llama 3%, aunque al parecer se quedó corto.

La suerte de Mas ha ido de la mano de la de Daniel Osácar, el hombre que fue su secretario personal entre 2000 y 2005, y se convirtió en el tesorero de CDC y de la fundación Trias Farga y su sucesora FemCat. La publicación de la sentencia del caso Palau-CDC cifra la cuantía de los fondos recibidos por el partido de Pujol, Mas y Puigdemont en 6,6 millones de euros y el juez condena a Osàcar a 4 años y 5 meses de prisión. Nadie espera que Mas tenga la gallardía de asumir las responsabilidades en que incurrió su subalterno en los años claves en que desempeñó los cargos de  consejero de Política Territorial y Obras Públicas (1995-1997), consejero de Economía (1997-2000) y primer consejero del gobierno de la Generalitat (2000-2003). Hay indicios de que la práctica de cobrar comisiones no se circunscribía a empresas remilgadas que, como Ferrovial, disimulaban por pudor sus pagos patrocinando al Palau, sino que ese trataba de una práctica generalizada. Lo que hoy se ha juzgado es la punta visible del iceberg de la corrupción convergente.

Aunque el caso Palau-CDC fue el inicio del fin de Mas y CiU, su oportunista conversión al secesionismo en 2012 le ha causado también numerosas tribulaciones. A pesar de las presiones ejercidas por la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le juzgó por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta ilegal que se celebró en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. A la inhabilitación de dos años que le impuso el TSJC, hay que sumar la fianza de 5,2 millones que le exigió el Tribunal de Cuentas para cubrir el daño causado al erario público. Si bien la  ANC puso 2,2 millones para hacer frente a la fianza, quedan 3 millones por pagar y Mas tiene su vivienda y propiedades embargadas. Por si todo esto fuera poco, el juez Llarena del Tribunal Supremo, instructor de la causa por rebelión, secesión y malversación de caudales públicos contra varios ex-consejeros del gobierno de la Generalitat y contra los presidentes de la ANC y Òmium, va a citar a Mas como investigado por su presunta pertenencia al “comité estratégico” que protagonizó el “inaceptable intento de secesión” que culminó con la proclamación de la república catalana el 27 de octubre de 2017.

En su lacónica despedida ante los militantes abducidos por Puigdemont, el expresident no pudo reprimir su sentimiento de frustración al verse alejado de la primera línea política y les previno del peligro que entraña arrojarse en brazos de “líderes que confunden la realidad con la ideología”. El reproche, válido para él mismo, iba dirigido a su locuaz epígono flamenco, que le contestó a renglón seguido empleando el plural mayestático: “no sufrimos ningún trastorno de ideología”. Arrojado a la papelera de la historia por su propio partido, Mas dispondrá ahora de todo el tiempo del mundo para hacer frente a las causas judiciales que le esperan. Víctima de la corrupción y de su propia altivez y oportunismo, Mas pasará a engrosar la lista de los peores políticos catalanes: por haber acabado con CiU y haber arruinado su propio partido, dejándolo en manos de un prófugo amoral.

Adelanto del Carnaval en Cataluña

El 17 de enero están convocados los diputados que obtuvieron escaño en las elecciones del 21-D para constituir el Parlament de Cataluña. Se pondrá en marcha la XII legislatura que, me atrevo a pronosticar, será más bronca e incluso más corta que la precedente. Puigdemont y su grupito de junteros y aduladores insisten en que todo lo que no sea investirle a él presidente será un ‘fraude democrático’ y están dispuestos a retorcer el reglamento de la Cámara y saltarse el Estatut o lo que haga falta. Sorprende tanta insistencia y personalismo, máxime habida cuenta que Puigdemont manifestó en distintas ocasiones tras su azarosa investidura el 10 de enero de 2016 que carecía de ambiciones personales y no se presentaría a la reelección. “No seré presidente dentro de un año”, afirmó el 5 de enero de 2017.

Puigdemont no puede refugiarse aduciendo que no fue él quien convocó las elecciones del 21-D, porque en su mano estuvo hacerlo y prefirió salir huyendo. Lo más incomprensible del embrollo republicano –nadie entiende que quien se considera el ‘presidente legítimo’ de un gobierno en el exilio aspire a ser investido por diputados escogidos en unas elecciones ‘ilegítimas’– es que la dirección de ERC haya buscado refugio en los letrados de la Cámara, a los que hizo caso omiso en la pasada legislatura, para poner reparos a la investidura de un ausente Puigdemont. ERC obtuvo 935.861 votos frente a los 948.233 que obtuvo JxC, y los republicanos están tan legitimados por las urnas como JxC para presentar su candidato. De hecho, resultaría una grotesca afrenta para Junqueras, preso por afrontar sus responsabilidades como vicepresidente del gobierno de la Generalitat, que su partido apoyara la elección del expresidente prófugo.

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Un fantasma llamado Artur Mas

Redacción – (Javier Barraycoa) – Todos, hasta su carnet de identidad, le conocían como Arturo. Hasta que obtuvo su primer cargo oficial en la consejería de Economía de la Generalitat. Entonces solicitó su cambio de nombre en el DNI y empezó a pedir que le llamaran “Artur”. Barcelona (España), viernes 12 de enero de 2018. Fotografía: POLIEDEPORTIVO LA MARBELLA (BARCELONA) ESPAÑA, 18.11.2012. El candidato de Convergencia a la presidencia de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas Gavarró, saluda durante su intervención en el acto central de campaña electoral celebrado en el polideportivo de la Mar Bella de Barcelona. El candidato de CiU a la reelección, Artur Mas, ha expresado este domingo su deseo de ser el último presidente de la Generalitat al que el Estado español intente “destruir” desde sus “cloacas”, algo que espera que ya no pueda hacer con su sucesor porque, ha dicho, “ya no dependerá de España”. Efe.

Primera fantasmada al servicio del nacionalismo. Con su buen porte, su MBA en estados Unidos y su forja como aprendiz en el “taller” de Prenafeta –uno de los íntimos de Pujol- apuntaba buenas maneras. Ello le llevó a decir a Marta Ferrusola: “Aquest sembla un bon xicot” (este parece un buen chico). Así, de manos de la Madre superiora, Artur Mas abandonaba su vida real para convertirse en la futura fantasmada del nacionalismo. Por cierto, cuando hablamos de fantasma no olvidemos su derivación etimológica en el término “fantasía”.

Todo en la vida política de Artur ha sido fantasía (o si quieren fantasmadas) que poco a poco se ha ido transformando de una ilusión en colores a penumbras grisáceas. Porque las fantasías también se pueden convertir en pesadillas. Artur Mas es de los pocos casos en la historia política que empezó teniéndolo todo para acabar en la nada y con nada (de momento sus propiedades están embargadas). Pero mejor empezar por el principio. Corría un mes de julio de 2001 y el exArturo era presentado como el nuevo “conseller en cap”. Faltaban dos años para las elecciones, pero ya tocaba poder sin haber sido elegido democráticamente. Su nombramiento provenía del entonces intocable patriarca Jordi Pujol que así designaba a su delfín (esperando secretamente que Oriol Pujol creciera un poco y pudiera continuarse la saga familiar; pero eso ya es otra historia).

Artur Mas recogía por entonces una coalición (CiU) con 56 diputados (en los tiempos gloriosos de Pujol había logrado 72) y que tenía que gobernar a golpe de pactos con el PP. Mas tenía dos años para darse a conocer, preparar la remontada electoral y demostrar que ni Pujol ni la Madre superiora se habían equivocado con él. Para ello se revistió de hombre de Estado y consiguió fotografiarse desde con el Juan Pablo II a Rigoberta Menchú, pasando por Woody Allen y Bill Clinton. Un negro (en el buen sentido) le escribió una infumable biografía y empezó a ejercer peculiar forma de política. Ella consistía en neutralizar a sus dos más inmediatos enemigos: uno en su propia trinchera, Duran i Lleida; y el otro en la de enfrente, Pascual Maragall. Las elecciones de 2003, las ganó pero con una sangría de votos que le llevaron a obtener 46 diputados. Ello laminaría su autoestima pues llegó a ganar dos elecciones autonómicas pero el poder se lo llevaba sendos tripartitos. La cara de Artur Más fue cambiando. Al “bon xicot” se le empezaron a marcar los rasgos del resentimiento en su rostro y mirada. Ya nunca volvió a ser el mismo y apuntaba formas de fantasma, pero de esos que empiezan a dar miedo. Se empezaron a denotar actitudes traicioneras y rateras fantasma traicionero, como su famoso pacto secreto por el nuevo Estatuto de Autonomía con Zapatero y a espaldas de Pascual Maragall. Al mismo tiempo seguía segando la yerba bajo los pies de Duran Lleida e intentaba erosionar a ERC robándole su discurso radical.

No por méritos propios, sino por la desastrosa gestión de del tripartito de Montilla, que dejó a Cataluña al borde de la quiebra técnica, por fin en 2010 llegaría al poder. Se había producido el milagro y la federación catalanista había subido hasta los 62 diputados. Y a Mas se le subió la fantasmada que había creado a la cabeza. Se rodeó de los hijos del pujolismo: David Madí, Oriol Pujol Ferrusola y Germà Gordó, entre otros, que formaron el ‘pinyol’. Se puede decir que fue el único momento de su carrera política en que Artur Mas se sintió fuerte de verdad. Pero la crisis económica del 2010 le obligó a sacar la tijera y empezar los recortes sociales, que por algo tenía un MBA de Estados Unidos. Los empresarios amigos de Mas, durante esta primera legislatura, se iban enriqueciendo y las clases populares recibían los tijeretazos. Entonces ocurrió lo impensable. En julio de 2011, emergió de la nada una masa de antisistemas que rodearon el sacrosanto Parlament autonómico y no les dolieron prendas en escupir, pintar y humillar a los “representantes del pueblo catalán”.

BARCELONA (ESPAÑA), 1.10.2017. El ex líder de Convergencia-PDECAT-Juntos Por Cataluña (JxCAT) y expresidente d ela Generalidad de Cataluña, Artur Mas Gavarró, tras votar en el referéndum ilegal separatista del pasado uno de octubre de 2017 en Cataluña (1-O). Efe

Aterrorizado, el “pinyol” elaboró una estrategia disuasoria. Convencieron al personal que la culpa de los recortes la tenía España. El discurso soberanista, aún no independentista se fue agudizando. Se trataba de desviar el odio de las calles, enfocado en ese momento en la casta política catalana, hacia España. Y la estrategia tuvo su efecto. El sentimiento independentista empezó a dispararse en los sondeos, pero Artur Mas no supo leer los signos de los tiempos. En la medida que se iba alejando de la realidad, empezaba a dar palos de ciego. En un error garrafal, víctima de su ensimismamiento, decidió convocar en 2012 elecciones autonómicas anticipadas. Creía que la mayoría independentista que estaba emergiendo y que era fruto de los “electroshocks” producidos por TV3 al mando del “Pinyol”, le votarían y así obtendría la mayoría absoluta parlamentaria. Por fin dejaría de ser la sombra de Pujol para convertirse en él Mesías fantasmal que el mismo se había forjado. Craso error, una parte del nacionalismo decidió que ya puestos a votar independencia, mejor votar a ERC. Los resultados fueron desastrosos para CiU: 50 diputados. A ello contribuyeron los hedores que, desde 2009, el caso Millet empezaba a expandir por la “Casa Gran” del catalanismo. Paralelamente, la Diada de Cataluña, el 11 de septiembre, se empezó a convertir en un aquelarre independentista que fracturaba año a año a la sociedad catalana. Artur Mas empezó a sentirse atrapado por el nuevo fantasma que había creado: el independentismo de masas. Creyó siempre que lo podría controlar y usar cómo arma para negociar con un gobierno en mayoría absoluta del PP en Madrid. Pero se volvió a equivocar. En 2012, el “bon xicot” ya está aviejado por las presiones canoso y empieza a perder su antaño hermosa melena. Su propia confederación también inicia un desquebraje que con el tiempo acabará con la muerte de Unió Democrática.

De nuevo un mes de julio de 2014, se torna trágico para los convergentes. En plena segunda legislatura mesiánica (de Mas), al padre de la criatura –Jordi Pujol- le da por confesar sus pecadillos económicos. Se derrumba un mito y con él la estructura que sustentaba el soberanismo de cuño convergente. Las encuestas prevén una debacle de Convergencia en la misma medida que el independentismo aumenta. Todo es absurdo para Mas que no entiende nada e intenta otra fantasmada política: anticipar elecciones y presentarse en coalición con ERC con la clara intención de evitar que Junqueras monopolice el independentismo. En las elecciones de 2015 la coalición “Junts pel Sí” (CiU más ERC) salvan los muebles con 62 diputados. Pero para obtener la mayoría necesitan de una bomba de relojería llamada CUP. Los antisistemas, que le tenían guardado los tijeretazos a Artur Mas, piden su cabeza a cambio de investir presidente a alguien de la coalición ganadora.

Artur Mas ya empieza a recordar la famosa escena de Hitler en su bunker en la película “El hundimiento”: busca ejércitos donde sólo hay papel y mapas. Por fin, en un acto de victimismo -ya sabemos que el Mesías tiene que morir por su Pueblo- decide poner un hombre de paja Puigdemont (el hombre que fue alcalde de Gerona si haber sido el cabeza de lista y que llegó a la presidencia de la Generalitat sin que nadie le votara). Este debería ser su hombre de paja y el gobernar en la sombra desde un nuevo partido con las desafortunadas siglas de PDeCAT. Pero este partido no es más que los restos del naufragio de CiU que se lleva por delante al catalanismo moderado. Lo peor de todo es que el hombre de paja de Artur Mas cobra vida propia y se transforma en un Frankenstein deseoso de destruirlo todo incluyendo a su creador. La intervención de la autonomía catalana y la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre de 2017, deja al partido fantasma de Puigdemont en 34 diputados. Artur Mas se mira al espejo y ve una sombra, un fantasma. Preside un partido que ya no es nada y en la política catalana no decide nada. Todo está en manos de un loco al que él le entregó todo el poder.

Ayer, Artur Mas presentaba su dimisión. Como los fantasmas suelen reaparecer no haremos pronósticos. Pero todo indica que es el final de Mas que coincide con el hundimiento del pujolismo y con la inminente sentencia del caso Millet como puntilla. Cogió un partido aún hegemónico con 56 diputados y en seis años ha dejado el partido arruinado, embargado, con altos cargos imputados, horizontes penales gravísimos e interminables, unas nuevas siglas que nadie es capaz de votar y al servicio de un neo partido de un expresidente fugado con alucinaciones obsesivas. Mas, hijo político de Pujol, es el padre espiritual de un independentismo fantasmal que debe afrontar varias realidades llamadas justicia, gobernabilidad y sociedad. El “bon xicot”, el mesías, el neopatriarca, el redentor fallido es un reflejo de la Cataluña actual: una sombra fantasmal de sí misma.

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Se hundió la Babilonia porque le faltó el cimiento

Redacción (Clemente Polo) – Había buenas razones para pensar que Cataluña no podría constituirse como estado independiente en forma de república, por muchas veces que la ajustada mayoría de diputados secesionistas en el Parlament –72 de 135 que representaban al 47,7% de los votantes– aprobara resoluciones y leyes inconstitucionales y diera por iniciado el proceso constituyente, y por muchas veces que el gobierno de la Generalitat se empeñara en declarar constituida la república catalana, nadie sabe si simbólicamente o de veras, tras celebrar con nocturnidad y alevosía una consulta ilegal (1-O), en la que tampoco nadie sabe quién votó ni cuántas veces. Resultará difícil de borrar de la retina la imagen del gobierno de la Generalitat y los diputados del Parlament saltándose la Constitución y el Estatut que los legitimaban y pretender al mismo tiempo dar por ‘legítimo’ el resultado. Barcelona (España), viernes 5 de enero de 2018. Fotografía: El figado sedicioso rebelde expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, habla con el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, alias el ‘osito’, durante una sesión del Parlamento autonómico de Cataluña. Archivo ACN

La primera causa del fracaso del secesionismo es que, al no contar con un respaldo social aplastante, el intento de llevar el órdago al Estado hasta sus últimas consecuencias ha acabado por despertar a la mayoría silenciosa que había permanecido entre anestesiada y atemorizada durante las últimas décadas. El poder que otorgaba a la Generalitat el control de los presupuestos del sector público en Cataluña, sin prácticamente interferencias del Estado, permitió a los dirigentes del Gobierno,  Diputaciones y Ayuntamientos desplegar sus redes en la sociedad y ejercer un control casi omnímodo sobre los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), los itinerarios escolares y los libros de texto, los órganos rectores de las Universidades, las organizaciones sindicales, los colegios profesionales, las asociaciones culturales y educativas, etc. La capacidad casi ilimitada de proporcionar empleos bien remunerados y facilitar el acceso a subvenciones y contratos fueron los mecanismos utilizados por la Generalitat para ir comprando voluntades y marginando simultáneamente a cualquier ciudadano, empresa o asociación que mostrara tibieza o entorpeciera sus designios soberanistas. La situación empezó a cambiar el 30 de septiembre, cuando la mayoría que callaba y aguantaba rompió su silencio con un sonoro ¡basta ya!, y salió a la calle para reivindicar el ordenamiento constitucional y exigir responsabilidades a los golpistas. Esperemos que este cambio tenga consecuencias en las elecciones del 21-D.

La segunda razón del fracaso cosechado por la Generalitat es la soberbia de los líderes nacionalistas, esa suerte de impostado supremacismo que les alienta y acaba haciéndoles creer que son el ombligo del mundo, cuando en realidad Cataluña es bastante poquita cosa: 7,4 millones de habitantes que generan el 1,5% del PIB de la UE. Dejando al margen las chuscas historietas que atribuyen al genio catalán desde el nacimiento de la democracia hasta el descubrimiento de América, pasando por la autoría de El Quijote, lo cierto es que los lideres secesionistas contaban con que la UE obligaría al Gobierno español a sentarse a negociar las condiciones de la independencia, en cuanto ellos la declararan. Cualquier persona con conocimientos elementales sabe que la UE es un conjunto de Tratados –en los que ha ido estableciendo con minuciosidad las funciones y reglas por las que se rigen cada institución–, y podía haber anticipado que la UE jamás aceptaría la secesión ilegal de una región de un Estado miembro. Y así ha sido. Los líderes del Parlamento, el Consejo y la Comisión la han rechazado con contundencia, y ni un dirigente de un solo Estado miembro ha hecho el más mínimo gesto de complicidad. Despechados y contrariados, los dirigentes secesionistas se dedican a denigrar también a las instituciones europeas en Bélgica.

La tercera causa del fracaso de la operación salida es la fuerte dependencia económica de Cataluña del resto de España (RDE) y del resto de la UE (RUE). El auge de la economía catalana durante los tres últimos siglos se explica por el acceso de sus comerciantes y empresas al mercado español (incluidas las colonias) donde colocaban sus manufacturas y bienes industriales, un mercado protegido por prohibiciones y aranceles hasta la puesta en marcha del Mercado Único en 1992. Aunque el comercio se ha diversificado considerablemente desde entonces, y Cataluña exporta bienes y servicios tanto al RDE como al RUE, la situación de dependencia no ha cambiado en lo esencial. En caso de secesión, Cataluña quedaría excluida de la UE y los tratados dejarían de aplicarse desde ese mismo instante y sus exportaciones a sus dos principales mercados podrían registrar caídas muy severas. En otras palabras, la economía catalana resulta, hoy por hoy, inviable fuera de la UE, máxime habida cuenta que muchas de las sociedades radicadas en Cataluña que invierten, producen y exportan son empresas de la UE.

Cataluña se encuentra en estos momentos en una situación crítica. La creciente inestabilidad política e inseguridad jurídica que fue acumulándose desde las elecciones del 27-S se precipitó a principios de octubre y ha desencadenado el éxodo masivo de casi 3.000 sociedades, incluidas las principales entidades financieras y aseguradoras y empresas no financieras. Se ha resentido el turismo y las últimas cifras de afiliación a la SS y paro registrado tampoco han sido buenas. Por si todo esto fuera poco, Cataluña tiene una administración pública sobredimensionada y ha acumulado 72.532,3 millones de deuda con la Administración Central desde 2012. Todo un record de mala gestión que amenaza el bienestar de los catalanes a los que recomiendo que no se dejen embaucar por los cantos de sirena del interminable viaje a Itaca y presten sus oídos a la ‘soleá’ de Pepe el de la Matrona –dos de cuyos versos encabezan este artículo–, porque como Babilonia quizá Cataluña se hundió porque le faltó el cimiento.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico,

Universidad Autónoma de Barcelona

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Auge y decadencia del nacional-secesionismo

Redacción (Clemente Polo) – La ajustada mayoría absoluta obtenida por Junts per Catalunya (34 diputados), ERC (32 diputados) y CUP (4 diputadas), los tres partidos secesionistas que propiciaron la declaración de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre, ha empañado en cierto modo la rotunda victoria de Ciudadanos que, con 37 diputados y 1,1 millón de votos, se convierte en el primer partido en el Parlament de Cataluña. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, sábado 30 de diciembre de 2017. Fotografía: CATALUÑA (ESPAÑA), legislatura golpista de la Generalidad de Cataluña -2015-2017, los promotores del golpe de estado separatista en Cataluña, el delincuente fugado Carles Puigdemont (Convergencia-PDECAT) (d) y el preso extremista Oriol Junqueras (ERC) (i), durante una sesión de control al gobierno rebelde separatista en la cámara sediciosa de Cataluña. Archivo Efe

Sin embargo, si miramos el asunto con cierta perspectiva, los constitucionalistas que residimos en Cataluña podemos encontrar razones sobradas para estar orgullosos de la victoria de la formación naranja, y hasta para dejarnos llevar por la euforia y celebrarlo con un buen cava catalán (y por tanto español) estos días.

No me cabe duda de que el 21-D ha sido un día histórico, como también lo fue aquél lejano 1 de noviembre de 2006 en que Ciudadanos irrumpió en el Parlament con tres diputados y fue objeto de mofas y chirigotas por parte de los partidos nacionalistas y catalanistas. Si los partidos y asociaciones cívicas que han mantenido viva la llama de la multiculturalidad en Cataluña durante estos años tan difíciles, mantienen cierta unidad de acción y propósito, las elecciones del 2017 podrían ser vistas en una o dos legislaturas como el punto de inflexión que marca el inició del declive del movimiento nacional-secesionista. Queda mucho trabajo por delante y no hay que echar las campanas al vuelo. Pero la tarea es factible siempre que las instituciones centrales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado y Tribunales) sepan estar a la altura de sus responsabilidades, algo que no siempre han hecho.

Perro ladrador

El deslenguado y fullero Puigdemont sigue huido en Bruselas haciendo cábalas sobre cómo sacar el mayor provecho a los 34 diputados que ha obtenido con su lista de cortesanos convergentes, reforzada con el presuntamente rebelde presidente de la ANC. Ayer vimos a Puigdemont sobreactuar, como es habitual en él, y declarar enfáticamente en su comparecencia que la ‘república’ ha ganado a la ‘monarquía’. Patético pero efectivo por lo que hemos podido constatar en estas elecciones. Su mensaje ‘soy el presidente legítimo’, avalado por la bobalicona cúpula de ERC que se prestó a rendirle incluso algunos inmerecidos homenajes en Bruselas mientras su líder criaba malvas en Entremeras, le ha dado unos réditos impensables hace sólo unos meses. El pobre Junqueras ha visto desde su celda como el pájaro que tantas veces lo engañó durante estos dos años susurrándole al oído ‘me voy’, ‘no repetiré’, volvía a dejarlo con un palmo de narices meditando sobre su injusto destino. Y es que Junqueras, por impericia y docilidad, ha visto como se le escapaba de las manos la (¿única?) oportunidad de ser investido presidente del gobierno de la Generalitat.

¿Vendrá no vendrá? No sé qué tal marchan las finanzas en la corte belga –todo un misterio que algún día conoceremos– pero si algo está claro es que en caso de que regrese a España será con toda probabilidad detenido, interrogado, encarcelado y juzgado con todas las garantías que concede nuestro Estado de Derecho. Los delitos que se le imputan a él, a los consejeros de su gobierno cesado y a los líderes de la ANC y Òmnium, rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato al poder judicial, son los más graves que pueden imputarse a un político en democracia.

Desconozco si nuestro sistema judicial y penitenciario lo permiten, pero sería un auténtico dislate que a un golpista irredento, que sigue denigrando nuestras instituciones democráticas en Bélgica, se le permitiera acudir a recoger su acta de diputado sin acatar la Constitución y mucho menos ser investido presidente del gobierno de la Generalitat. Lo malo sobre este asunto, como sobre muchos otros que debilitan nuestra democracia –estoy pensando en la ausencia de la bandera nacional en edificios públicos y en comparecencias institucionales, la ocupación de espacios públicos con banderas estrelladas por acuerdos municipales, los insultos y silbidos a Felipe VI, la celebración del 9-N, las sesiones parlamentarias del 6-7 de septiembre, la consulta ilegal del 1-O, etc. – es que el Gobierno de España ha demostrado, pese a las afirmaciones en sentido contrario, que no tenía una estrategia efectiva para hacer frente a los secesionistas.

Optimismo constitucionalista

Pero pese a la euforia del mal perdedor, lo cierto es que el movimiento nacional-soberanista transformado en nacional-secesionista desde 2012, no sólo no avanza sino que retrocede. Desde las elecciones del año 2010, el porcentaje de voto de los partidos que defendían estas posiciones alcanzó su máximo, 49,1%, en 2012 y ha caído desde entonces hasta situarse en el 47,5% en 2017. En escaños, alcanzó su máximo, 76, en 2010, y en estas elecciones se ha quedado en 70. La caída es lenta pero quien pensara que podía acabarse en cuatro días con un movimiento tan bien alimentado desde las instituciones, confundía el deseo con la realidad. El dominio casi absoluto de la Generalitat sobre los medios de comunicación, el sistema educativo, las asociaciones culturales, etc., aseguran su pervivencia mientras no se consiga restablecer la neutralidad del gobierno de la Generalitat, el Parlament, las Diputaciones y los Ayuntamientos. Ningún adicto puede dejarlo en un día, mucho menos si sigue recibiendo abundantes dosis.

La evolución del movimiento constitucionalista resulta asimismo esperanzadora. Para empezar, ahí están las movilizaciones que este otoños sacudieron Cataluña el 30 de septiembre, el 8, 12 y 29 de octubre y de nuevo el 6 de diciembre. Cientos de miles de catalanes silenciosos (o silenciados) perdieron el temor a expresar su deseo, nada facha, sino profundamente progresista, de seguir compartiendo nuestro destino con nuestros primos, hermanos y amigos en el resto de España. Frutos, el viejo líder del PCE, lo expuso maravillosamente el 29 de octubre en Paseo de Gracia. Las movilizaciones lideradas por Espanya i Catalans y Sociedad Civil Catalana, pero en las que han participado otras asociaciones como Convivencia Cívica Catalana, Regeneración Democrática, Asociación por la Tolerancia, Somatemps, etc., han de mantenerse y servir para movilizar a todos los catalanes que compartimos los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Además, el peso de los partidos constitucionalistas no ha cesado de crecer, especialmente a partir de 2012. En escaños, estos partidos han pasado de 47 en 2010 a los 57 conseguidos en 2017, un número todavía alejado de los 68 que otorgan la mayoría absoluta. En porcentaje de votos, hemos pasado del 37,1% en 2010 al 43,5% en 2017. Todavía queda un buen trecho pero estamos cada vez más cerca y, si perseveramos en la línea seguida en los últimos años, la victoria puede llegar en una o dos legislaturas. Aunque es cierto que la aritmética electoral favorece a los secesionistas por su predominio en las zonas rurales, la solución no pasa necesariamente por cambiar la ley electoral, sino por reconquistar estas zonas dominadas por el secesionismo. Para ello, conviene mantener el nivel de movilización social de los últimos meses, requisito indispensable para lograr mayores cotas de participación, y hay que responder con inteligencia a las provocaciones de un republicanismo trasnochado y victimista que ha provocado una fractura social gravísima, espantado a las empresas y a los inversores y amenaza con provocar una recesión en Cataluña.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona

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Las recetas de Iceta

Redacción (Clemente Polo) – Iceta, primer secretario del consejo nacional del PSC se muestra estos días contenidamente eufórico. El caos en que han sumido Puigdemont y Junqueras a Cataluña durante los dos últimos años ha servido para que este político afable y dialogante pueda presentarse a las elecciones catalanas como la (única) solución para cambiar el rumbo y dejar atrás unos años que han resultado desastrosos para la mayoría de los catalanes en todos los ámbitos: político, social y económico. San Cugat Del Vallés (Barcelona), lunes 25 de diciembre de 2017. Fotografía: Miquel Iceta, líder de los socialistas catalanes (PSC), durante la campaña electoral del 21-D de 2017 en Cataluña. Efe

El 12 de diciembre tuve ocasión de interpelarle en el desayuno que organizó Empresaris de Catalunya (EC) y pude confirmar de primera mano su consumada habilidad para escaparse de las preguntas incómodas. Algunas de sus posiciones políticas quedaron, no obstante, meridianamente claras.

Borrón y cuenta nueva

La república de Puigdemont-Junqueras acabó pocas horas después de que se proclamara en el Parlament el 27 de octubre. El Gobierno de España invocó el artículo 155 de la Constitución, cesó al gobierno de la Generalitat, disolvió el Parlament y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Al presidente y al vicepresidente cesados se les investiga por organizar y financiar el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña, y serán probablemente juzgados junto con el resto de consejeros, Forcadell, presidenta del Parlament, y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural. Aunque ninguno de ellos ha mostrado arrepentimiento alguno y varios siguen empeñados en desacreditar la democracia española, el conciliador Iceta se ha apresurado a pedir el indulto para los golpistas.

La marcha de más 3.000 sociedades de Cataluña desde el 1-O, la caída del turismo y la inversión inmobiliaria, la paralización de inversiones empresariales, y la salida de capitales en busca de lugares más seguros, constituyen otro lamentable legado de dos años de desgobierno. No me sorprende que a Iceta le preocupe el informe del BBVA que sitúa a Cataluña en el furgón de cola en sus previsiones de crecimiento para 2018, cuando hace sólo tres años era una de las Comunidades con mejores perspectivas. A todo ello, hay que añadir el aumento sostenido de la deuda de la Generalitat a la que el pérfido Ministerio de Hacienda ha inyectado 72.564,2 millones desde 2012, para hacer frente a las nóminas de empleados, las facturas de proveedores y los vencimientos de deuda. Aduciendo que el peso del ajuste ha recaído sobre las Comunidades, Iceta solicita condonar la deuda contraída.

Más autonomía y mejor financiación

Las propuestas de Iceta para despejar la inestabilidad política y revertir la situación económica en Cataluña son también bastante simples: conceder más autonomía a Cataluña y mejorar su financiación, respetando el principio de ordinalidad. Nada nuevo bajo el sol. La música me retrotrae al primer tripartito de Maragall, cuando el Parlament aprobó la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre de 2005, con gran alborozo de ERC y CiU; y al segundo tripartito, presidido por Montilla, cuando el PSC negoció el nuevo modelo de financiación aprobado en 2009. A la vista del desastre actual, uno sacaría la paradójica conclusión de que la solución no es precisamente más autonomía y mejor financiación.

En una entrevista reciente en Expansión, Iceta expresaba su intención de nombrar a un consejero delegado (CD) en caso de ser investido presidente. Lo primero que el CD le diría es que un organismo (Generalitat) que presenta un agujero de 12.100 millones en media durante los últimos 6 años está claramente sobredimensionado. En segundo lugar, le recordaría que el déficit puede eliminarse aumentando la financiación, como pide Iceta, o reduciendo el gasto. Y tercero, que se pueden destinar más recursos a sanidad, educación y políticas laborales y sociales, como Iceta desea, cambiando las prioridades. Hay margen: el importe destinado a estas tres secciones presupuestarias asciende a 16.500 millones en 2017 sobre un total presupuestado de 28.000 millones (deuda excluida).

Quizá el problema de infrafinanciación tenga su origen en la pretensión de la Generalitat de convertirse en estado donde, además, sus gobernantes, diputados, policías, funcionarios, etc., cobran más que sus homólogos en la Administración Central u otras Comunidades. No hay razón alguna para que el M.H. President cobre el 80% más que el Presidente de España, ni para que al terminar su mandato tenga derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 80% del sueldo y a disponer de un despacho pagado por los contribuyentes. Pienso, además, que un buen CD podría encontrar sin demasiado esfuerzo varias decenas de millones en otras secciones presupuestarias (82,3 millones al Parlament y órganos consultivos y 673,1 millones a Presidencia, Vicepresidencia y Relaciones Institucionales) que podrían dedicare a mejorar los servicios públicos.

Talante e intolerancia

Tras unos años de enorme crispación política y social en Cataluña, se agradece el talante afable de Iceta. Conviene recordar, sin embargo, que la confrontación con las instituciones del Estado se gestó durante los gobiernos tripartitos presididos por el PSC, que prepararon el terreno al soberanismo de Mas y al secesionismo desbocado de Puigdemont-Junqueras. Me alegra comprobar que el programa del PSC ya no incluye el ‘derecho a decidir’ y sus líderes han renunciado a acabar con el PP (“fem fora a Rajoy”). Pero en muchos aspectos, las actitudes sectarias y las posiciones políticas apenas han variado.

Cuando pregunté por qué la bandera constitucional brilla por su ausencia en los actos del PSC, Iceta respondió que le gusta el escudo porque simboliza la España federal pero que la única bandera que le pone es la roja. Cuando inquirí acerca de la inmersión lingüística en la escuela catalana –una práctica reminiscente del franquismo que coarta los derechos de los castellano-parlantes– repitió los tópicos habituales: es un modelo de éxito que facilita la integración y promueve la cohesión social. ¡Por eso, pensé, Montilla llevó a sus hijas al Colegio Alemán! En fin, ahí está la hemeroteca para recordar la furibunda reacción del PSC contra los inocentes decretos de enseñanzas mínimas de Zapatero, nunca aplicados en Cataluña. O la infinidad de resoluciones que el PSC ha promovido o aprobado en Ayuntamientos a favor de la inmersión y en contra del cumplimiento de las sentencias que reconocen el derecho a que el castellano sea lengua vehicular.

En el ámbito económico, además de la inasumible petición de condonar la deuda, Iceta propone que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude todos los impuestos estatales y el nuevo modelo de financiación no penalice a las Comunidades con mayor capacidad fiscal. En cuanto a la primera propuesta, hay buenas razones para preferir el modelo estadounidense –donde el IRS recauda los impuestos federales– al modelo alemán. En cuanto a la financiación, los socialdemócratas deberían aspirar a que todos los ciudadanos reciban la misma financiación, a igual esfuerzo fiscal, con independencia de dónde residan, ni más ni menos. La Hacienda del Estado no puede ser la suma de las aportaciones de las haciendas territoriales a un fondo de solidaridad.

Ni el federalismo un mero pretexto para frenar la consecución de la igualdad o favorecer subrepticiamente a unos ciudadanos a costa de otros. Para un socialdemócrata, el reconocimiento de Cataluña como nación no puede ser excusa para establecer diferencias en derechos y obligaciones o limitar la solidaridad interpersonal. Como norma, los principios aplicables al conjunto de Comunidades deberían ser también aplicados a los territorios que integran cada Comunidad. Azúa, uno de los impulsores del manifiesto que dio origen a Ciudadanos, decía en una entrevista que el PSC es “primero catalán y luego socialista”. Aunque llevan algunos años soltando lastre, el nacionalismo sigue todavía primando sobre el socialismo. Una pena, porque los socialdemócratas catalanes llevan tiempo huérfanos.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona

15 de diciembre de 2017

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La incierta lotería del 21-D

Redacción (Clemente Polo) – Los catalanes estamos llamados a las urnas el jueves 21 de diciembre (21-D), pocas horas antes de que los niños del colegio de San Ildefonso canten el Gordo de Navidad, y los afortunados por la suerte lo celebren alborozados, abriendo botellas de cava y repartiendo abrazos en la puerta de alguna administración de lotería en cualquier rincón de España. San Cugat Del Valles (Barcelona) España, lunes 25 de diciembre de 2017. Fotografía: Una fila de ciudadanos esperan para votar en el exterior del colegio electoral Narcís Monturió de Barcelona, más de cinco millones y medio de catalanes están llamados a las urnas en esta jornada de elecciones autonómicas. Efe.

El resultado de estas elecciones, como la lotería, se presenta muy incierto pero a diferencia de lo ocurre en el sorteo navideño, la incertidumbre podría subsistir tras conocerse los resultados. Los catalanes están llamados a decidir si quieren seguir enfangados en agrias disputas fratricidas, o prefieren pasar página a dos años de desgobierno y malas noticias económicas para encarar el futuro con esperanza. La fractura social y el enconamiento son tan grandes que nadie puede asegurar que las elecciones nos acercarán a la salida del laberinto.

Elecciones excepcionales

Son las cuartas elecciones autonómicas en 7 años. Los catalanes votamos en 2010, 2012 y 2015, y vamos a hacerlo de nuevo en 2017, cuando en circunstancias normales las elecciones se habrían producido en 2010, 2014 y 2018. Algo va francamente mal cuando la duración media de las legislaturas a duras penas supera los 2 años, en lugar de los 4 previstos. La brevedad de la legislatura precedente no es la única razón por la que debamos considerar las elecciones del 21-D singulares y hasta excepcionales. Lo son también porque no las convocó Puigdemont, el anterior presidente de la Generalitat, que fue cesado junto con el resto de su gobierno después de que el Parlament de Cataluña votara el 27 de octubre una resolución, según la cual, Cataluña se constituía en un estado independiente en forma de república.

Desde su destitución, Puigdemont anda huido por Bélgica acompañado por cuatro de sus exconsejeros, y, aunque dice considerarse el presidente legítimo en el exilio, concurre a estas elecciones autonómica con un nuevo partido, Junts per Catalunya, en cuyas listas figuran en las primeras posiciones Sánchez, presidente de la ANC encarcelado, algunos de los consejeros huidos y otros consejeros detenidos y ya excarcelados. Igualmente insólita es la situación de Junqueras, el que fuera vicepresidente de Puigdemont, que se encuentra en prisión y es el candidato de ERC a la presidencia del gobierno de la Generalitat. Forcadell, la presidenta del Parlament disuelto, y varios ex consejeros de Puigdemont, todos ellos en libertad condicional figuran en los primeros puestos de las listas de ERC. Como casi todos saldrán elegidos, el día 22 nos encontraremos con que al menos una decena de diputados del nuevo Parlament, y dos de los aspirantes a presidir el gobierno de la Generalitat, Junqueras y Puigdemont, estarán encarcelados o huidos, y todos a la espera de sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo para responder de los delitos de rebelión, sedición y malversación. El tríptico secesionista lo completan los renovados candidatos de la CUP que ya han manifestado que no apoyarán a ningún candidato que no rompa con la “lógica colonial del Estado” y se apreste a impulsar la república constituida el 27 de octubre.

A las elecciones concurren también tres partidos, llamémosles por brevedad, constitucionalistas: Ciudadanos, PSC y PP, los tres partidos cuyos diputados se ausentaron del Parlament el 27 de octubre. Sus líderes, Arrimadas, Iceta y García Albiol, respectivamente, se han comprometido a acabar de un modo u otro con el proceso secesionista. Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, es la única de los tres que, a tenor de lo que apuntan algunas encuestas, libra una apretada lucha con ERC para ganar las elecciones. Promete hacer una auditoría y apagar el proceso. Iceta, primer secretario del PSC, apuesta por la reconciliación y se ha comprometido a no apoyar a Puigdemont y Junqueras. El compromiso de García Albiol, muy alejado de los puestos de cabeza, es sumar para que Cataluña tenga un presidente constitucionalista.

Resultado muy incierto

Todas las encuestas publicadas hasta ahora indican que los seis partidos a los que me he referido, más Catalunya en Comú-Podem (CeC-Podem), lograrán representación parlamentaria. Puesto que ninguna encuesta otorga a los partidos constitucionalistas los 68 diputados que permitirían asegurar la investidura de alguno de sus líderes, y sí hay varias que dan esa mayoría a los tres partidos secesionistas, no hay seguridad alguna de que las elecciones del 21-D pondrán punto y final al proceso de secesión, y, por ende, a la inestabilidad política e inseguridad jurídica que se ha adueñado de Cataluña desde las elecciones de 2012.

La investidura de Arrimadas no está asegurada, incluso si Ciudadanos resultara el partido más votado. Iceta no apoyará su investidura salvo en el improbable caso de que los tres partidos constitucionalistas lograran la mayoría absoluta. En el caso algo más probable de que no alcancen la mayoría absoluta pero superen en escaños a los partidos secesionistas, Arrimadas podría intentarlo pero los diputados de CeC-Podem, el partido de Colau y Domenech se opondrán a investirla. Iceta, por su parte, está jugando con habilidad sus escasas bazas, presentándose como el candidato catalanista comprometido con el diálogo y la reconciliación. En realidad, Iceta es un nacionalista interesado en aumentar la autonomía, mejorar la financiación de Cataluña, e impulsar una reforma ‘federal’ de la Constitución para convertir España en un estado confederal. Dispuesto a dialogar y a llegar a pactos, sí, pero con una preocupante inclinación a hacerlo con ERC, los ‘comunitas’ y hasta la CUP, que contrasta con la dureza exhibida contra Ciudadanos y, no digamos, contra el PP. Aunque posee una habilidad constatada para forjar tripartitos, la probabilidad de lograrlo en esta ocasión es pequeña, porque ERC tendría que aparcar el compromiso de impulsar la república y renunciar una vez más a la presidencia de la Generalitat para entregársela a Iceta.

El gran riesgo que presentan estas elecciones anticipadas es que los tres partidos secesionistas ganen de nuevo las elecciones y ERC sea la fuerza más votada. Si lograran superar el listón de 68 diputados, la investidura del candidato de ERC estaría asegurada en primera votación, siempre que ofreciera garantías a la CUP de seguir adelante con el proceso constituyente. En caso de no conseguir la mayoría absoluta, el candidato de ERC podría superar la votación de investidura gracias a la abstención de los diputados de CeC-Podem. Aunque la situación no sería exactamente igual que en 2015, puesto que la justicia va a seguir su curso inexorable y saltarse la Constitución y el Estatut ya no va a salirles gratis, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica se prolongarían, y la fractura social se ahondaría.

Compás de espera

Para salir de dudas tendremos que esperar a la noche del 21-D, o incluso bastante más tiempo si la fragmentación del Parlament y la dificultad de alcanzar acuerdos obligara a Rajoy a convocar nuevas elecciones, tras una o dos investiduras fallidas. No sería éste, ni mucho menos, el peor de los escenarios. Durante los meses de interinidad que se abrirían, la normalidad administrativa y la neutralidad de las instituciones estarían garantizadas, y los partidos y asociaciones secesionistas seguirían sin poder meter la mano en la caja de la Generalitat, como ocurría hasta que el Gobierno aplicó el artículo 155 y dejó claro que la impunidad con que habían operado hasta entonces había llegado a su fin.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona

18 de diciembre de 2017

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Por unos comicios limpios el 21-D

Redacción  (Clemente Polo) – Desde hace 40 años se vienen celebrando en España elecciones europeas, españolas, autonómicas y locales sin apenas incidencias reseñables. Barcelona (España), miércoles 20 de diciembre de 2017. Fotografía: Decenas de personas en un centro electoral en Cataluña. Archivo Efe.

Las interferencias detectadas en la campaña del Brexit en el Reino Unido, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Francia y Holanda, y los casos de manipulación informativa que se produjeron con motivo de la consulta ilegal celebrada el 1 de octubre en Cataluña, han hecho saltar las alarmas y creado cierta psicosis sobre la fiabilidad de los comicios autonómicos que tendrán lugar en Cataluña el próximo 21 de diciembre (21-D). No está muy claro si ese temor se circunscriba a hipotéticas interferencias rusas durante la campaña electoral o se extiende incluso a la fiabilidad de los mismos resultados.

Hace unos días, Sáenz de Santamaría aseguraba en la Comisión sobre gastos reservados del Congreso que se habían adoptado las medidas pertinentes para asegurar la fiabilidad y limpieza del proceso electoral. El 18 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno compareció en el Senado a petición propia para reiterar el compromiso de la UE con la ciberseguridad en los procesos políticos y expuso las medidas que el Gobierno ha adoptado para reforzar diversos aspectos del proceso electoral, tales como la recogida de datos, el recuento de papeletas y la publicación de datos provisionales, a fin de evitar intromisiones indeseables y asegurar la fiabilidad de la información trasladada a los medios de comunicación. De todo lo dicho se deduce que el Gobierno ha adoptado las medidas apropiadas para asegurar la limpieza del proceso electoral.

Hay un aspecto, sin embargo, del proceso electoral más difícil de controlar. Me refiero a las medidas que se van a adoptar para asegurar la neutralidad de las mesas constituidas y la limpieza del recuento en localidades pequeñas donde no todos los partidos políticos tendrán interventores para seguir las incidencias de la jornada electoral y supervisar el recuento de las papeletas. En este sentido, Sáenz de Santamaría se limitó a avanzar que habrá “una patrulla por colegio”. La pregunta que me hago es si esta medida será suficiente para garantizar la limpieza del proceso electoral el 21-D, máxime habida cuenta de la falta de neutralidad y profesionalidad de que hicieron gala los Mozos de Escuadra el pasado 1-O, por no hablar del incumplimiento flagrante de la de la orden judicial que exigía a la policía autonómica de Cataluña sellar los centros electorales para impedir la consulta, hechos ambos gravísimos por los que sus mandos están siendo investigados.

Hasta hace unos meses, la duda que acabo de plantear habría sido considerada extemporánea y fuera de lugar, si no ofensiva para nuestra democracia. Hoy, ya no podemos estar tan seguros. Los partidos secesionistas, ERC, Junts per Catalunya y CUP, cuyos líderes se llenan la boca con la palabra democracia, han dado suficientes pruebas durante la pasada legislatura de su profundo desprecio a las leyes y los procedimientos democráticos. No contentos con atribuirse la representación y voluntad del ‘pueblo’ de Cataluña, cuando en realidad no representaban siquiera a la mitad de los votantes y a un tercio del censo, se han mostrado dispuestos a cometer cualquier tipo de ilegalidades con tal de conseguir sus objetivos. Para ellos, saltarse la ley y los procedimientos democráticos más elementales son sólo pequeños detalles, justificables por el fin más elevado perseguido: hacer república, como ellos dicen.

Ahora los partidos secesionistas se enfrentan a una prueba decisiva en las urnas el 21-D, a unas elecciones que ellos contemplan no como lo que son, meras elecciones autonómicas, sino como un plebiscito sobre la aplicación del artículo 155. Su pretensión es demostrar al mundo que las observará que el ‘pueblo’ de Cataluña rechaza la intervención de la Generalitat, y exige la reposición del gobierno ilegítimamente cesado por el PP. Para ellos cualquier cosa que no sea obtener la mayoría absoluta constituiría un sonado fracaso y dejaría en evidencia que no representan al ‘pueblo’ de Cataluña, ni siquiera a la mitad más uno de los votantes. Para evitar tentaciones innobles como las que se produjeron en la consulta del 1-O, resultará imprescindible cotejar las actas en Ayuntamientos adscritos a la AMI donde los partidos constitucionalistas no tengan interventores destacados.

Clemente Polo,

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona

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Los Anti-Principitos

Redacción (Manuel I. Cabezas González. Doctor en Didactología de las Lenguas y de las Culturas. Profesor Titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada en la UAB) – El próximo 21 de diciembre (21D), los ciudadanos catalanes han sido llamados a las urnas una vez más, en muy poco tiempo. Con su voto, tienen que tratar de arreglar los desaguisados, los desatinos y los desmanes provocados tanto por el Gobierno de Cataluña del prófugo y lenguaraz Carles Puigdemont, como por el Gobierno de España, presidido por el Anti-Principito Mariano Rajoy, y el resto de la casta política. San Cugat Del Vallés (Barcelona), martes 12 de diciembre de 2017. Fotografía: Un combo de fotografías de los llamados ‘anti-principios’, según el autor, de izquierda a la derecha: el actual presidente de Gobierno de España, Mariano Rajoy (PP), los expresidente de Gobierno de España, José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE), el expresidente José Maria Aznar (PP), el expresidente Felipe González (PSOE), el fallecido expresidente Adolfo Suárez (última posición), entre otros anti-principios. Imagen, Manuel I. Cabezas González. Doctor en Didactología de las Lenguas y de las Culturas. Profesor Titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada en la UAB. Lasvocesdelpueblo. 

Ahora bien, los responsables de la crítica situación que se está viviendo en Cataluña se presentarán de nuevo a las elecciones, como los bomberos-pirómanos, para atajar el incendio que ellos mismos han provocado, han atizado y siguen atizando, impelidos por el deseo patológico de mantenerse en el poder o de llegar a él.

• Ante estas dos constataciones objetivas, no está de más preguntarse por qué y cómo se ha degradado tanto el Estado de derecho así como la actividad económica, la convivencia cívica y política, el Estado de bienestar,… en Cataluña. Comprender las causas últimas del comportamiento de los dos gobiernos (el catalán y el español), de ahora y del pasado, y tomar medidas radicales y vinculantes contra ellos deberían vacunarnos contra nuevas intentonas golpistas y nuevos Anti-Principitos. La explicación racional de estas causas, la podemos encontrar si establecemos una analogía entre ciertos pasajes del Principito (relato de Antoine de Sant-Exupéry) y el comportamiento de la casta política catalana y española.

El Principito

• Al inicio del relato, Sant-Exupéry describe y narra el día a día del Principito en su diminuto planeta, el asteroide B-612. Su planeta estaba infestado de las terribles semillas de baobabs (árboles gigantescos). Por eso, cada mañana, tenía que recorrerlo para arrancar sus inofensivos tallos, nada más que sacaban la cabeza de la tierra. Era un trabajo monótono y aburrido. Pero, el Principito lo llevaba a cabo metódica, diligente y disciplinadamente, ya que de esto dependía la supervivencia de su planeta. En caso contrario, los minúsculos tallos de baobabs crecerían rápidamente, lo invadirían, lo perforarían con sus raíces y lo desintegrarían (cf. Cap. V).

• Además, el Principito deshollinaba periódicamente sus dos volcanes activos, con el fin de que ardiesen suave y regularmente, sin erupciones violentas que podrían también poner en peligro su casa-planeta. Y tampoco se olvidaba de hacer lo propio con un volcán dormido ya que, como confesó el Principito, “¡no se sabe nunca!” lo que puede suceder (cf. Cap. IX).

• Un día, haciendo la limpieza cotidiana de las malas hierbas, vio una brizna nueva, que no se parecía a ninguna otra. La dejó crecer. Con el paso de los días, surgió una flor, que se fue acicalando y embelleciendo, transformándose en una despampanante rosa. El Principito se enamoró de ella y empezó a prodigarle todo tipo de cuidados: la regaba cada día; la protegía de las corrientes de aire, con un biombo, y de los fríos nocturnos, con un globo; y la acariciaba cotidianamente con sus palabras. Pero, su rosa era altiva, presumida, vanidosa y mentirosa; y el Principito empezó a decepcionarse, a dudar de ella y a no ser feliz. Por eso, abandonó su asteroide y “puso espacio de por medio”, iniciando un periplo interplanetario (Cap. VIII).

Los Anti-Pricipitos

• Estos pasajes del Principito reflejan muy bien lo que ha sucedido y está sucediendo en el asteroide Hispania. Rajoy y también todos los presidentes que le precedieron (Suárez, Felipe, Aznar y ZP) han sido unos auténticos Anti-Principitos, cortados todos por el mismo patrón.

• En efecto, para llegar al poder y para mantenerse en él, no dudaron en practicar el “ayuntamiento político contra natura” con los nacionalistas. Además, llegados al poder, en vez de ocuparse de los problemas reales de los ciudadanos y de la diligente, metódica y disciplinada gestión de la “res publica” (como hacía el Principito en su planeta, arrancando las malas hiervas y deshollinando sus volcanes), han hecho dejación de sus funciones, poniendo en peligro la soberanía nacional, la paz social y la viabilidad de nuestra democracia; y se han dedicado sólo a asegurarse la permanencia en el poder, para defender únicamente sus intereses personales y los de sus partidos. Actuando así, han hecho honor al “Viejo Profesor”, Tierno Galván, que afirmó que “las promesas electorales están para no cumplirse” (i.e. para engañar a los votantes). ¿Y para esto no les pagamos el sueldo? Como dijo alguien, de cuyo nombre no quiero acordarme, “a la política se debería llegar comido y comiendo, y no para comer y, aún menos, para comer a dos carrillos”.

• Por otro lado, —conocedores del talón de Aquiles de los Suárez, los Felipe, los Aznar, los ZP y los Rajoy— los nacionalistas-independentistas catalanes les exigieron, durante los 40 años de democracia, el oro y el moro para que pudieran satisfacer sus desenfrenados apetitos de poder. De esta forma, el cortoplacismo y los intereses personales de los Presidentes de los Gobiernos de España provocaron la transferencia progresiva de competencias del Estado a la caprichosa, altiva, mentirosa y siempre insatisfecha “Rosa independentista catalana”. Por eso, los responsables políticos españoles nunca podrán ser tildados de estadistas ya que, para esto, deberían “pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones” (W. Churchill). En consecuencia, no se les dedicará ni una sola línea en la Historia con mayúscula.

Ergo

• Este apetito enfermizo de poder de los Anti-Principitos de la casta política nacional y catalana (los Rivera, los Sánchez, los independentistas de todo cuño, etc.) han impelido y conducido a Rajoy a convocar elecciones para el próximo 21D. Ahora bien, muchos ciudadanos de a pie se han preguntado si no ha sido precipitado convocar, con tanta premura, las elecciones autonómicas en Cataluña y si éstas son la fórmula taumatúrgica para deshacer el nudo gordiano catalán. En efecto, no parece lógico ni razonable que el statu quo actual vaya a cambiar por medio de unas nuevas y simples elecciones autonómicas. Éstas pueden ser un parto de los montes y que todo siga como hasta ahora o aún peor. O también podría suceder que, engañados y decepcionados por unos y por otros, los votantes informados y responsables abandonasen, como el Principito su asteroide, el planeta electoral del próximo 21D.

• Como dijo Einstein, “si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. Por eso, no parece factible que se puedan esperar resultados electorales diferentes, cuando las reglas y las infraestructuras del juego político siguen intactas en Cataluña; cuando las malas hierbas independentistas no fueron arrancadas a su debido tiempo ni lo están siendo ahora por el Anti-Principito Rajoy; cuando los volcanes (político, educativo, cultural, comunicativo,…) no han sido deshollinados diligentemente. Los independentistas han ganado la “batalla del lenguaje”; han adoctrinado y siguen adoctrinando a los niños, adolescentes y jóvenes en los centros escolares; han desinformado y manipulado (y siguen haciéndolo) a todos los ciudadanos por medio de los 7 canales catalanes de TV, de las emisoras de radio, de los medios de comunicación tradicionales y digitales, profusamente subvencionados; han contado y siguen contando con una tupida red de asociaciones (entre ellas, la ANC y Omnium Cultural), bien dotadas económicamente y encargadas de difundir la falacia independentista.

• Con todo esto y desde hace 40 años, los independentistas han ido sembrando las semillas del odio, del rencor, de la disgregación, de la confrontación, de la división, de las fuerzas centrífugas…, que han echado raíces profundas en las mentes de muchos ciudadanos y que no pueden ser cercenadas, de la noche a la mañana, con la hoz de las elecciones del próximo 21D. Por eso, es difícil comprender la precipitación, que nunca es buena consejera, de la convocatoria de estas elecciones, sin antes desmontar las estructuras golpistas que condujeron a la aplicación “very, very,… light” del 155. La casta política “constitucionalista” tiene como único objetivo encaramarse en el poder, olvidándose de que, como dejó para la posteridad Casto Méndez Núñez, “más vale honra sin barcos (sin poder) que barcos (poder) sin honra”.

Manuel I. Cabezas González

Doctor en Didactología de las Lenguas y de las Culturas. Profesor Titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada,
Departamento de Filología Francesa y Románica (UAB)

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La sociedad civil catalana ante el 6-D

Redacción (Clemente Polo; Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona) – Hasta hace pocos meses, la mayoría de ciudadanos catalanes que se sentían demócratas e inequívocamente constitucionalistas guardaban un prudente silencio, entre anestesiados y atemorizados por la todopoderosa y desafiante Generalitat (Gobierno, Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos) que controla, además del ingente presupuesto del sector público, cercano a los 40.000 millones, casi todos los órganos rectores de instituciones públicas y semipúblicas y los omnipresentes medios de comunicación, siempre prestos a difundir las consignas del régimen nacional-secesionista, y a descalificar y estigmatizar a quienes osan oponerse a su plan de constituir un estado independiente en forma de república. San Cugat Del Vallés (Barcelona), viernes 8 de diciembre de 2017. Fotografía: PLAZA SAN JAIME DE BARCELONA (CATALUÑA) ESPAÑA, 6.12.2017. Una joven catalana muestra su orgullo español felizmente con el motivo del 39 aniversario d ela Constitución Española, durante la marcha multitudinaria -más de 50 mil personas en las calles del centro de Barcelona- convocada por la entidad catalana ‘Movimiento Cívico de España y Catalanes’. Lasvocesdelpueblo.

La situación ha cambiado notablemente este otoño pero las amenazas a la libertad e igualdad de los españoles seguirán muy presentes tras las elecciones autonómicas del 21-D.

El despertar de la sociedad civil catalana

El pasado 30 de septiembre, las asociaciones cívicas Espanya i Catalans, Somatemps, Regeneración Democrática, Movimiento 12-O y Profesores por el Bilingüismo desafiaron una vez más al poder establecido y convocaron una manifestación en Barcelona que alcanzó un notable éxito de asistencia. Fue el pistoletazo de salida de las tres manifestaciones multitudinarias que se celebraron los días 8, 12 y 29 de octubre, en las que centenares de miles de catalanes tomaron las calles de Barcelona para reclamar libertad, democracia y respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Las secuelas de esas movilizaciones se han dejado sentir también en infinidad de manifestaciones y concentraciones en otras ciudades de Cataluña, las últimas en Badalona y Gerona el 25 y 26 de noviembre, respectivamente.

Estas movilizaciones recientes hacen más meritoria si cabe la tenaz labor de resistencia que estas modestas asociaciones han venido desarrollando desde 2012 para mantener vivas en Barcelona las celebraciones de la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre (12-O) y el aniversario del refrendo de la Constitución Española el 6 de diciembre (6-D). Así cayera un sol de justicia o chuzos de punta, sin apenas recursos y conscientes de que su esfuerzo tenía un valor meramente testimonial, algunos catalanes se empeñaron en mantener encendida la llama de la libertad y la justicia, la igualdad y la pluralidad en Cataluña, haciendo oídos sordos a las siempre inmisericordes descalificaciones de los medios de comunicación, y sobreponiéndose a la incomprensión de otras asociaciones y partidos.

En 2014, publiqué un artículo titulado “Ausencias significativas” (Crónica Global, 9 de diciembre) en el que lamentaba que “casi todos los partidos políticos y algunas asociaciones decidieron que sus líderes tenían cosas mejores de las que ocuparse ese día, y en lugar de movilizar a sus bases celebraron la efeméride por separado, bien ese día bien unos días antes”. La situación ha mejorado mucho desde entonces y las manifestaciones del 8, 12 y 29 de octubre en Barcelona contaron con el respaldo de todas las asociaciones constitucionalistas. Pese a que un medio de comunicación anunció hace unos días que Sociedad Civil Catalana (SCC) renunciaba “a manifestarse el día 6… para no enfrentar a los partidos constitucionalistas”, deseamos y esperamos que los actos que la asociación planea hacer en Bruselas, Washington y Tarragona no sean obstáculo para adherirse a la manifestación convocada por Espanya i Catalans y otras asociaciones en Barcelona el 6 de diciembre. En ningún caso, la celebración del refrendo popular de la Constitución debería ser motivo de enfrentamiento entre partidos constitucionalistas.

Peligros tras el 21-D

La aprobación de la Constitución de 1978 constituye un hito sin precedentes en la historia política de España porque, gracias a ella, los españoles hemos podido vivir en libertad, concordia y prosperidad por primera vez durante casi cuatro décadas ininterrumpidas. La Constitución es para los ciudadanos de a pie la principal garantía con que cuentan para detener las arbitrariedades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para los catalanes, la Constitución cobra incluso más importancia por la inclinación de la Generalitat a saltarse el ordenamiento jurídico. Paradójicamente, esa misma Constitución y el resto de normas democráticas que pretendían derogar las llamadas ‘leyes’ de desconexión son las que ahora amparan el derecho de Puigdemont, Junqueras y el resto de sediciosos a tener un juicio justo. Contrariamente a lo que afirman los secesionistas, en España no hay presos políticos porque nadie va a la cárcel por expresar ideas a menos que cometa actos tipificados como delitos.

Hay una segunda razón de peso para celebrar el XXXIX aniversario de la Constitución este 6-D. Como las setas en un otoño lluvioso y benigno, cada día aparece una nueva propuesta para reformar la Carta Magna con la excusa de ponerla al día. Algunos se muestran escandalizados porque han pasado 39 años y nos hemos adentrado en el siglo XXI con una Constitución del XX. El asunto lleva años coleando y hay tantas propuestas sobre la mesa y con fines tan variopintos que resulta difícil augurarles mucho futuro. Algunas afectan a detalles relativamente nimios que en nada impiden el normal funcionamiento de las instituciones pero hay otras que podrían ahondar las desigualdades entre españoles, limitar subrepticiamente la libertad de circulación y aumentar, en lugar de reducir, las disfunciones administrativas y los conflictos competenciales.

Hay reformistas que abogan por aplicar el principio de proporcionalidad de manera estricta, otros partidarios de convertir el Senado en una ‘auténtica’ cámara territorial y hasta algunos que pretenden eliminar la Cámara Alta. Hay quienes desean acabar con aforamientos y Diputaciones, otros introducir derechos sociales y algunos reformar el Título VIII para precisar las competencias de cada instancia ejecutiva y legislativa; etc. A casi nadie parece habérsele ocurrido pensar que los principales problemas a los que nos enfrentamos los españoles en el siglo XXI, incluido el auge del secesionismo en Cataluña, podrían no ser culpa de la Constitución ni tampoco resolverse con su reforma. Siendo realistas, las únicas reformas imprescindibles son aquéllas que podría compartir una mayoría cualificada de nuestros representantes políticos y acordarse, por ende, con suma facilidad.

No se me malinterprete: animo a los expertos constitucionalistas y administrativistas a seguir avanzando propuestas de reforma y a los ciudadanos a estar muy atentos para impedir que les den gato por liebre. Por ello, propongo someter cada propuesta a un sencillo test: ¿servirá para reforzar la libertad e igualdad los españoles o para blindar y reforzar los privilegios de unos ciudadanos a costa de otros? Pónganse sobre aviso en cuanto escuchen al reformista de turno defender la superioridad del “modelo federal” para sustanciar la noción de ‘nación de naciones’; o apelar a los ‘derechos históricos’ y ‘singularidades nacionales’ de tal o cual ‘pueblo’ para justificar el establecimiento de un “régimen jurídico singular’ sobre la base de una ‘relación bilateral con el Estado'”.

Me explico. La reciente propuesta avanzada por un equipo de diez catedráticos –cinco de ellos adscritos a Universidades catalanas– sugiere que para evitar conflictos competenciales “los Estatutos solo deberían ser aprobados por el Parlamento autonómico” y aboga por “reforzar los mecanismos para que las Comunidades Autónomas participen en las decisiones del Estado y la Unión Europea”. ¿Qué habría sido de los ciudadanos constitucionalistas en Cataluña si la Propuesta de Reforma de Estatut aprobada por el Parlament el 30 de septiembre de 2005 se hubiera convertido en ley sin pasar por los filtros del Congreso y del Tribunal Constitucional? Y, ¿podrían funcionar con normalidad las instituciones del Estado y de la UE con participación de gobiernos cómo los que ha tenido Cataluña en los últimos 5 años? Al parecer, los líderes de Podemos y los secesionistas catalanes no son los únicos empeñados en acabar con España y con la UE: cuentan con la inestimable ayuda de algunos eminentes juristas.

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