julio 21st, 2016 by lasvoces
Redacción (Ana Maria Torrijos; licenciada en Filología Clásica) – A nivel institucional ha empezado el trámite de investidura, un periodo de contactos -¿qué te doy y qué me das tú?- proceso que si se ciñese a las variables posibles de gestión y a las grandes reformas que requiere el sistema, sería notable y correcto. Pero si entra en trapichear con valores fundamentales de la Constitución, será negativo por romper todos los esquemas de la legalidad (…). Seria dinamitar a España. Barcelona (España), jueves 21 de julio de 2016. Fotografía: Ana María Torrijos Hernández, licenciada en Filología Clásica. Archivo Lasvocesdelpueblo.
La corrupción está presente, nos acompaña a todas horas, la información periodística nos la sirve en exclusiva, supuestas filtraciones, como si los delitos no pudieran tramitarse por los cauces legales al uso y tuvieran que ir por los derroteros del que le interesa darlos a la carta y con eclosión mediática. La corrupción es en sí negativa, un daño profundo a la sociedad y sobre todo cuando se institucionaliza. Muchas denuncias publicadas en libros, en artículos, mencionadas en debates, en tertulias pero la única respuesta ha sido un silencio profundo o en todo caso se han abierto diligencias que han quedado en nada, impunidad absoluta, y de vez en cuando alguna condena que pronto encuentra su correspondiente indulto. El delito si no se ataja, no queda limitado a lo que le ha dado origen, en nuestro caso enriquecerse a través de la acción pública, sino que se extiende y daña los resortes morales de las personas, de los políticos, de los partidos, de la Administración y de las más altas instancias del Estado.
A nivel institucional ha empezado el trámite de investidura, un periodo de contactos -¿qué te doy y qué me das tú?- proceso que si se ciñese a las variables posibles de gestión y a las grandes reformas que requiere el sistema, sería notable y correcto. Pero si entra en trapichear con valores fundamentales de la Constitución, será negativo por romper todos los esquemas de la legalidad. Ya no es un millón de euros, de tres, de cinco, sería la venta de los principios que dan sentido a la democracia, sería dinamitar a España. Y nadie se mueve, ni el fiscal general, ni el Tribunal Constitucional, ni el Superior de Justicia ante las continuas embestidas secesionistas. España no tiene en el Parlamento un partido que la respete tal cual reza la Carta Magna en el título preliminar pues algunos hacen cábalas sobre lo que ha sido, lo que es o lo que será como si tuvieran derecho a destruir el patrimonio heredado de muchas generaciones; otros dicen respetar su unidad pero cuesta entenderlo cuando no se defienden sus elementos identificativos entre los que está la lengua española, proscrita en amplias zonas del país desde que los nacionalistas alcanzaron el poder en algunas autonomías; escuelas, televisiones, radios, rotulación callejera, folletos oficiales, información hospitalaria, comunicados de distintos organismos, todo aquello que recibe subvención de la administración correspondiente deja de usar la lengua que nos une a todos, que nos permite comunicarnos y que a la vez nos hermana con muchos países del mundo. En bastantes ocasiones, desde la tribuna del Congreso de diputados se han jaleado frases despectivas contra la Nación y se ha alentado a su ruptura sin que los organismos competentes aplicasen la legalidad correctora.
De estos incumplimientos deriva el expolio a los ciudadanos de sus derechos fundamentales; muchos se ven obligados a sentirse marginados, en primeras instancias por la ley electoral, pero luego, a ello hay que sumar el olvido premeditado del poder, al no defenderlos, al considerarlos moneda de cambio para presidir el ejecutivo; barceloneses, mallorquines, valencianos, ejemplos de los muchos que son. Y en las entrevistas que requiere el posible apoyo al ejecutivo del señor Rajoy, ya se empiezan a barajar concesiones a los que su única preocupación es medrar a toda costa, prosperar social, laboral o económicamente al amparo de destruir la unidad nacional, sin tener en cuenta el candidato a la presidencia las consecuencias tan dañinas para la democracia, para los ciudadanos y para la paz social que han reportado estos oscuros manejos en anteriores legislaturas.
En un país normalizado no se cuestiona la estabilidad económica y social, mientras que aquí lo que le preocupa a los “servidores públicos” es su entorno personal y de grupo. Sería satisfactorio el apreciar que la toma de decisión de apoyo o no a la investidura fuera por el interés nacional, en cambio las señales muestran todo lo contrario y las razones que se dan rayan en el ridículo. El Parlamento es una palestra para dar puñetazos por doquier, en vez de un espacio adecuado a la gobernabilidad. Esta anomalía nos lleva a oir disparates tales “el PSOE y el PP son incompatibles como el aceite al agua”, frase que crea confusión en la ciudadanía, e impacta con efectos perniciosos en los que se mueven sólo por impulsos; dos partidos que han ostentado el gobierno, que saben de la responsabilidad de dirigir un país, siempre tienen un espacio de encuentro, el respeto a la legalidad vigente y la defensa de la nación española, aunque discrepen en los medios para conseguir el bienestar social. Cada vez son más las personas que excluyen de las conversaciones los temas políticos. Los arrinconan en el trastero con la intención de no provocar divisiones en la familia, tibieza en las amistades y encono entre los compañeros de trabajo. Situación fomentada por frases igual o parecidas a la expuesta más arriba.
La sociedad si desea conseguir normalidad en el funcionamiento, encontrar soluciones posibles a los retos y por encima de todo crear espacios alternativos a la política oficial, ha de fomentar la libertad de las personas; ellas tienen que participar en la búsqueda de soluciones para que luego las fuerzas políticas las ajusten a las ideologías y con la ayuda de los técnicos las perfeccionen, les den viabilidad y rentabilidad. Es imperdonable consentir que el ciudadano sea un simple espectador y un consumidor a ciegas. Si eso es así, más cierto es que los mejores individuos de cada sector profesional deberían postularse para dirigir las instituciones, para representar en los foros internacionales al país. Conseguir las dos propuestas, implica poner los medios adecuados; por una parte incentivar al ciudadano a ser protagonista digno y por otra remunerar con holgura al que por un afán de servir se ofrezca a tal noble tarea. Estas son piezas fundamentales para recuperar España.
Basta con observar otros comportamientos en Europa para comprender la imperiosa necesidad de retomar la dinámica del nuestro. Por encima de la crisis que ha vivido el Reino Unido -un referéndum controvertido, la dimisión del presidente del gobierno, la rectificación de discursos de los más importantes defensores del no a la UE, la movilización de los ciudadanos que quieren seguir en la situación anterior- lo más importante ha sido la pronta elección de una sustituta para ocupar la sede del primer ministro. Seguir adelante y todo en pocas fechas.
Aquí nos lo tomamos con una parsimonia desesperante, no importa la pérdida de tiempo, la inmovilidad institucional, la falta de inversiones posibles, los gastos en sueldos sin trabajo realizado, el coste de la repetición de las elecciones, y todo ello con la irrisoria imagen de los diputados elegidos, en reuniones, en encuentros con el flash de las cámaras fotográficas, en ruedas de prensa, una plataforma propagandista de sus figuras y discursos engañosos. El acto cotidiano en política ha sido la hipócrita dialéctica, el uso de datos falsos y la ausencia de dimisiones; es de admirar que haya más allá de nuestras fronteras una predisposición a dejar los cargos a la mínima aparición de sospecha de corrupción y sobre todo al descubrir la mentira en labios de los que deben dar muestra de la ética más exquisita.
El dilema es estar a las puertas de una posible investidura en precario, sin programa de reformas aún y con comunicados a los medios, repletos de concesiones sociales pero sin explicar cómo las podrán llevar a término. La deuda es tan descomunal que requiere una pronta reducción de la estructura del Estado, en cambio los políticos siguen ocultando esas cifras y llenan sus arengas con las muchas partidas económicas que destinarán a esos delirios sociales.
Europa ha vuelto a sufrir el latigazo terrorista, muchas víctimas inocentes, entre ellas niños a los que no han sabido proteger los poderes públicos. Este grave problema, ya lleva meses mostrando su más terrible rostro, y poco se ha hecho o por lo menos no han calado hondo las medidas a tomar. Un modelo de convivencia que tiene como piedra angular la libertad y la ley, exige un instante para reflexionar: La libertad para pensar, valorar, decidir, para escuchar e intentar comprender, pero también para poner los medios que impidan la gestación de espacios de radicalismo, de violencia irracional y de odio a nuestra cultura, a nuestros valores; La ley para permitir la convivencia y la solidaridad, para garantizar la igualdad de todos sin exclusión alguna, siempre que la acaten.
Tampoco ha entrado este grave problema en el debate político, no conocemos los máximos y mínimos que defiende cada uno de los cuatro líderes con más opciones. Vamos a ciegas y luego surgen los desengaños y lo peor es que no hay en ocasiones remedio. Después, todos los aprendices a político han hecho acto de presencia en el minuto de silencio, han pronunciado palabras de repulsa al atentado, han ocupado su lugar ante las cámaras, hasta sus atuendos estaban ajustados al luto ambiental. Horas más tarde contradicción absoluta, se tilda a esas masacres de actos delictivos y en aras de la tolerancia se descarta tomar medidas para atajar la siembra de la barbarie.
En las circunstancias más fáciles y en las más tensas que son constantes en la sociedad, la política y los candidatos a ella han de estar a la altura exigida, y si se equivocan deben retirarse a tiempo, es la gallardía del responsable y la salvación de todos nosotros.
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