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Nuevo desafío del secesionismo al Estado democrático, por Clemente Polo

Redacción – Tras el fallido intento de investir a Puigdemont hace unas semanas, Torrent ‘El Cancelador’ suspendió el pleno del Parlament convocado para investir a Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) preso en Soto del Real. Llarena, el juez del Tribunal Supremo que ordenó su ingreso en prisión investiga su participación en el intento de secesión de Cataluña organizado por el gobierno de la Generalitat (Puigdemont, Junqueras, Borràs, Comín, Forn, Ponsatí, Puig, Rull, Serret, Turull, etc.) y el Parlament (Forcadell, Rovira, Gabriel), con la colaboración indispensable de Sánchez, Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Lloveras, entonces presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Barcelona (España), sábado 31 de marzo de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 21.03.2018. El violento actual presidente del Parlamento autonómico español en la región catalana, Roger Torrent, durante su discurso tras suspender otra vez un pleno de falso investidura, después de iniciar el Pleno. Efe.

El interés del asunto no radica tanto en la previsible suspensión del acto en sí cuanto en las declaraciones que hizo Torrent en Vic –ciudad que recibió a Franco como a un héroe y ahora está literalmente plagada de banderas estrelladas y lacitos amarillos– en un acto organizado para celebrar el aniversario de uno de tantos medios de comunicación (el9nou) que subvenciona la presidencia de la Generalitat para promocionar el secesionismo en Cataluña. Resulta paradójico contemplar a la enfervorizada audiencia aplaudirle cuando Torrent reclamó “libertad de expresión y respeto institucional”. ¿Acaso no estaba ejerciéndola con pleno respeto institucional? Quién demostró una vez más falta de respeto institucional fue Torrent cuando advirtió con tono amenazador que “no permitiremos que los tribunales decidan quién es el presidente de la Generalitat de Cataluña”. ¿Acaso algún Tribunal pretende tal desatino? Ninguno, como ninguno interfirió en su elección. Hay una sola razón, Sr. Torrent, por la que los candidatos propuestos hasta ahora (Puigdemont y Sánchez) no han sido investidos: su empecinamiento en proponer a prófugos o presos.

Hacer república

Los políticos secesionistas deambulan frustrados y algo desconcertados porque los resultados electorales del 21-D vinieron a confirmar la falta de apoyo social para su proyecto. Hasta un declarado independentista como Carod-Rovira reconocía hace unos días que hace falta algo más que el 47,5 % de los votos para poder sacarlo adelante y les advertía que mayor será la frustración cuanto más tarden en reconocerlo. “Parece mentira –afirmó el exvicepresidente de la Generalitat en otro medio subvencionado (8TV)– que dos meses y medio después de las elecciones aún estemos así. ¿Tanto cuesta elegir a un candidato que no esté huido o encarcelado? ¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?” Torrent está dispuesto a hacer el ridículo hasta que alguien le ordene lo contrario.

Incluso los catalanes que se sintieron atraídos por la promesa de forjar ‘un país nuevo y justo’ están preguntándose qué fue de la hoja de ruta de JxSí que prometía proclamar la república en 18 meses contados a partir del 27-S; dónde están las ‘estructuras de estado’ que Puigdemont y Junqueras les aseguraban tener a punto para empezar la desconexión; por qué más de 3.200 sociedades han trasladado sus sedes a otras Comunidades y el asegurado reconocimiento internacional no ha llegado; y se preguntan qué pueden esperar de los líderes que apenas habían terminado de entonar el ‘cop de falc’ huyeron despavoridos por la frontera. “Ciutadans de Catalunya: ja no soc allí”, esta es la primera frase que Puigdemont debería haber dirigido a los catalanes desde Bruselas.

Estamos asistiendo a la descomposición de un proyecto político cuya hoja de ruta ha sufrido mil y un cambios sin que, como apuntaba Carod-Rovira, Mas, Puigdemont y Junqueras hayan tenido la honradez de reconocer su fracaso. Como expliqué en mi artículo “Auge y decadencia del nacional-secesionismo” (Expansión, 23 de diciembre 2017), a pesar de contar con el respaldo de todas las instituciones autonómicas y locales, y el apoyo del potente entramado mediático-asociativo, el respaldo social no sólo ha retrocedido desde 2012 sino que ha despertado a los catalanes deseosos de seguir siendo españoles y europeos. El éxito de la manifestación del pasado 30 de septiembre en Barcelona, en vísperas de la consulta del 1-O, puso de manifiesto la pluralidad de la sociedad catalana, y marcó un punto de inflexión que refrendaron las movilizaciones del 8, 12 y 29 de octubre y 6 de diciembre en 2017, y el 4 de marzo en 2018.

Agotado pero no desmantelado

En la mañana del 26 de octubre, un día antes de la esperpéntica votación en el Parlament que precedió a su huida, el expresident Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones anticipadas. Sólo faltó para que lo hiciera que el Gobierno de España le garantizara la impunidad de los líderes incursos en causas judiciales por su papel en los tumultos del 20-21 de septiembre frente a la Consejería de Economía, y por la organización de la consulta ilegal del 1-O. Al margen de lo absurda que resultaba su exigencia en un Estado de Derecho donde prevalece la división de poderes, la petición de Puigdemont revela la endeblez de las convicciones de quien al día siguiente votó a favor de constituir la república catalana.

El desconcierto y las desavenencias actuales entre los líderes secesionistas confirman que ni el control absoluto de la Generalitat (Gobierno, Parlament, Diputaciones y Ayuntamientos) y la mayoría de medios de comunicación en Cataluña, ni las movilizaciones organizadas por la ANC, Òmnium y AMI durante los últimos años han dado los frutos esperados. Pero aunque la resaca ha arrastrado a algunos de sus líderes más adentro, todo apunta a que volverán a las andadas en cuanto el mar nos los devuelva o sean reemplazados por otros. Y es que para la casta secesionista, “hacer república” es el conjuro mágico que propulsa sus carreras políticas, y les proporcionan días de gloria y hasta un confortable modus vivendi, al menos mientras la impunidad dura.

Para constatar lo poco que ha cambiado la situación política tras la aplicación del artículo 155, basta con observar la realidad cotidiana y ojear el borrador del acuerdo alcanzado por JxC y ERC para repartirse la Generalitat. Los mandos de los Mozos, salvo Trapero, siguen en sus puestos pese a la pasividad y hasta connivencia mostrada el 1-O y las informaciones publicadas sobre el espionaje al que han sometido a catalanes de a pie y a miembros del Gobierno español. La mayoría de Ayuntamientos continúan incumpliendo el ordenamiento jurídico y financiando a la AMI. Gasseni, su presidente provisional, reclamaba hace pocos días “hacer efectiva la república”, y la nueva ejecutiva, presidida por Cervera, reiteraba su rechazo al Estado de Derecho en el manifiesto de Tárrega. Torrent y los portavoces de JxC y ERC cuestionan todos los días la competencia de los Tribunales para pronunciarse sobre actos contrarios al ordenamiento jurídico.

El borrador incluye también el compromiso de “impulsar el Proceso Constituyente, que contempla movilizar a la sociedad catalana… contra la represión policial y jurídica del Estado español”, crear comisiones parlamentarias y realizar una ‘multiconsulta’. Incluso lleva el desafío al Estado de Derecho un punto más allá, al incluir la propuesta de dejar en manos de la corte belga de Puigdemont, compuesta por la “Asamblea de Representantes, Presidencia y Consejo”, la “capacidad para impulsar políticas, estrategias, propuestas y la internacionalización”. El desafío lo completa el compromiso de “implementar en los seis meses siguientes la Moción 55/XI sobre la desmilitarización de Cataluña aprobada por el Parlament el 14 de julio de 2014”. Como no podía ser de otra manera, la Fiscalía ya ha advertido al juez Llarena que el acuerdo vulnera la legalidad vigente. Ahora que el lector juzgue si la aplicación del 155 ha restablecido (o no) la normalidad democrática en Cataluña.

Clemente Polo. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico; Universidad Autónoma de Barcelona

«Aquí no hay presos políticos, Sr. Torrent», por Clemente Polo Andrés

Redacción – Por esos delitos, Sr. Torrent, están en prisión, no por su acreditada bondad ni por sus acendrados sentimientos republicanos. Si usted no logra ver en esas actuaciones delito alguno, permítame advertirle que tiene un serio problema porque puede traspasar la línea roja e incurrir en un delito sin ser consciente de ello. En otras palabras, según Torrent, Junqueras, Forn –y también Sánchez y Cuixart– son “presos políticos” cuyos derechos están siendo pisoteados por el Estado español, y ahí está para probarlo el lacito amarillo que lleva prendido en la solapa de la chaqueta incluso en actos institucionales. Barcelona (España), viernes 2 de marzo de 2018. Fotografía: CATALUÑA (ESPAÑA), 02.03.2018. De la izquierda a la derecha, los presos golpistas hispanófobos Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalidad (ERC), alias el ‘Osito’; Joaquim Forn, exconsejero de interior jefe político de los Mozos (Convergencia-PDECAT); y los Jordis de las entidades extremistas hispanófobas Ómnium Cultural, Jordi Cuixart y Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, candidato a la Generalidad, nombrado por el fracasado prófugo d ela Justicia Carles Puigdemont, después de su renuncia de este jueves, 1 de marzo de 2018. Combo de fotografía Efe.

Tras ser elegido presidente del Parlament de Cataluña el pasado 17 de enero, Torrent (ERC) dejó claro desde el primer momento que haría todo lo que estuviera en su mano por defender los derechos de todos los diputados de la institución que preside, y muy especialmente los de aquellos diputados que están en prisión en España o huyeron escapando de la justicia a Bélgica. El buen alcalde de Sarriá de Ter que animaba a los suyos a resistir con ánimo templado a las fuerzas invasoras –“nos lloverán hostias”, les decía– se ha tomado tan en serio su papel de ‘defensor del diputado’ que lo encontramos un día departiendo con Puigdemont El Prófugo en Bruselas y al otro visitando a Junqueras El Piadoso en Estremera. Lástima que de tan interesantes entrevistas con gente tan bondadosa y distinguida no haya tenido a bien contarnos las obras de caridad que planean acometer en el futuro.

¿Impericia informativa?

Aunque nada comentó de lo tratado en el encuentro sobre el curso de las negociaciones para convocar la sesión de investidura, Torrent aprovechó la presencia de las cámaras a la salida del recinto para denunciar que las reuniones con Junqueras y Forn no deberían haberse celebrado entre los “muros de una prisión”. No fue ni mucho menos lo más grave que dijo el president del Parlament que declaró estar a disposición de dos hombres –el exvicepresidente económico Junqueras y el exconsejero de Interior Forn bajo cuyo mando estaban los Mozos de Escuadra durante los tumultos que se produjeron frente a la consejería de Economía el 20-21 de septiembre y durante la ilegal consulta el 1-O– “de paz, de profunda convicción democrática”, encarcelados por sus ideas, “por una causa política”. En otras palabras, según Torrent, Junqueras, Forn –y también Sánchez y Cuixart– son “presos políticos” cuyos derechos están siendo pisoteados por el Estado español, y ahí está para probarlo el lacito amarillo que lleva prendido en la solapa de la chaqueta incluso en actos institucionales.

He de decir que no me sorprendieron las declaraciones del presidente Torrent sino que el canal 24 horas de TVE las repitiera como una salmodia respetable durante toda la jornada del 8 de febrero. La obligación de la cadena de noticias es informar puntualmente de los hechos no difundir la especie de que Junqueras y Forn son presos políticos. Que lo haga 3×24, el canal de noticias de TV3, entra dentro de lo previsible, pero que semejante desatino se produzca en la televisión de todos los españoles demuestra no sé si acomplejamiento, impericia o ineptitud. ¿Acaso 3×24 repetiría durante horas las declaraciones de algún político español que sostuviera que Junqueras y Forn son dos presuntos delincuentes, golpistas para ser más exactos, a los que se les investiga por tratar de destruir nuestra democracia? Me temo que no.

Lo sorprendente en este caso, y otros muchos similares a los que podría referirme, es que ninguno de los periodistas presentes –o al menos no quedó recogido en las declaraciones de ningún medio– pidió al Sr. Torrent que explicara por qué él, cuyas ideas son muy parecidas a las de Junqueras y Forn, no está en la cárcel. Si Junqueras y Forn estuvieran en prisión por sus ideas, Torrent estaría haciéndoles compañía en la celda de al lado. Buena prueba de que España es una democracia extraordinariamente garantista es precisamente que una persona con las ideas y trayectoria de Torrent ha sido elegida nada menos que presidente del Parlament, el cargo público mejor pagado de toda España, y que la mayoría de los diputados de JxC, ERC y la CUP están libres y expresan sus ideas con total libertad.

Presos políticos y democracia

No, Sr. Torrent, Junqueras y Forn están en la cárcel no por ser hombres de paz y profundas convicciones democráticas, y hasta religiosas en el caso de Junqueras, sino por haber desempeñado un papel clave en la preparación y ejecución de un golpe de estado que pretendía acabar con nuestra democracia y culminó con la proclamación de la república catalana en el Parlament, primero el 10 de octubre, y de manera inequívoca el 27 de octubre. Son hechos muy graves no ideas, los que han llevado a Junqueras y a Forn a la cárcel, y por los que su predecesora en el cargo, la Sra. Forcadell, está también siendo investigada por el Tribunal Supremo y se encuentra en libertad provisional. No dudo que usted esté dispuesto a defender los derechos políticos de los presos hasta sus últimas consecuencias, aunque creo que a ellos les resultará más útil contar con buenos abogados y acatar el orden constitucional de aquí en adelante.

Las últimas elecciones celebradas el 21 de diciembre demuestran que de los 5.554.455 de electores sólo 2.079.340 votaron a las tres listas JxC (948.233), ERC (935.861) y CUP (195.246) que abogan por la independencia. Ustedes no están legitimados para hablar en nombre del pueblo de Cataluña, aunque tengan una ajustada mayoría en el Parlament de 70 diputados. A partir de ahora, harían mejor en dedicarse a aclarar sus ‘ideas’ porque aunque las tres formaciones se unieron para constituir la república catalana antes de que Puigdemont se diera a la fuga, nadie sabe a ciencia cierta si esa república sería virtual o socialista, laica o religiosa, si aspiraba a formar parte de la UE o a salir del “club de países decadentes” que, según Puigdemont, la integran, o si pretendían, como abogan su partido, ERC, y la CUP alterar las fronteras de varios Estados de la UE para constituir los “països catalans”, una entidad carente de cualquier base histórica o sociológica, con menos fundamento y recorrido incluso que la juglaresca parodia de Tabarnia.

A pesar de Torrent sigue insistiendo en que Junqueras y Forn están en prisión por sus ideas, la página oficial de ERC reconoce que su único delito “fue llevar a término el mandato democrático del 27-S y el 1-O y haber proclamado la república de Cataluña”. Aquí, me temo, hay algo más que ideas. Dejando al margen la monserga del supuesto mandato democrático, la frase anterior esconde que el 1-O se celebró una consulta ilegal, contraviniendo la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, a la que se destinaron fondos públicos proporcionados por la consejería de Economía y que contó con la complicidad de los mandos de los Mozos de Escuadra a cuyo frente estaba Forn. Se mire como se mire, el comportamiento de ambos ni fue democrático ni ajustado a la Constitución, al Estatut y al resto del ordenamiento jurídico. Por esos delitos, Sr. Torrent, están en prisión, no por su acreditada bondad ni por sus acendrados sentimientos republicanos. Si usted no logra ver en esas actuaciones delito alguno, permítame advertirle que tiene un serio problema porque puede traspasar la línea roja e incurrir en un delito sin ser consciente de ello.

Clemente Polo Andrés

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico; Dpto. de Economía e Historia Económica

Edifici B. Universidad Autónoma de Barcelona

«Abandonados», por Clemente Polo Andrés

Redacción – El Gobierno de España paró el golpe de Estado aplicando el artículo 155 de la Constitución en el tiempo de descuento, (…)  y los Ministros en funciones, como los espíritus puros, no se han dejado ver por aquí en tres meses y medio. Sólo los Tribunales apoyados por los servicios de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional han continuado trabajando para desenmascarar las argucias y estratagemas desplegadas por el gobierno de Puigdemont y los mandos de la policía autonómica en la preparación del 1-O y la consumación del golpe de Estado. Sólo los Tribunales apoyados por los servicios de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional han continuado trabajando para desenmascarar las argucias y estratagemas desplegadas por el gobierno de Puigdemont y los mandos de la policía autonómica en la preparación del 1-O y la consumación del golpe de Estado. Barcelona (España), viernes 2 de marzo de 2018. Fotografía: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pone la mano en la espalda del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Archivo Efe

Hace bastante tiempo, demasiado, alerté sobre las negativas consecuencias que había producido el progresivo desvanecimiento (“Cuando el Estado se desvanece”, Expansión 9/07/2013) de las instituciones centrales del Estado (ICE=Gobierno+Cortes+Poder Judicial) en la vida cotidiana de los catalanes. El asunto viene de muy largo y ha ido creciendo a la par que aumentaban las competencias traspasadas a las instituciones de la Generalitat que, no contentas con administrar sanidad, educación o seguridad con total autonomía, cuestionaron, primero, la facultad de las ICE para aprobar normas básicas o enmendar las normas autonómicas, y acabaron, finalmente, por constituirse en sujeto soberano e iniciar el proceso constituyente que llevó a aprobar las llamadas ‘leyes de desconexión’, a celebrar la consulta del 1 de octubre (1-O) y a proclamar la república catalana.

Todo sigue igual

El Gobierno de España paró el golpe de Estado aplicando el artículo 155 de la Constitución en el tiempo de descuento, convocó apresuradamente elecciones autonómicas el 21-D y los Ministros se hicieron cargo de las Consejerías en el ínterin, a la espera de que el nuevo Parlament invistiera al President. Excepto por los ceses habituales del personal de confianza y el desmantelamiento de las embajadas y algún otro organismo menor, la destitución del gobierno de la Generalitat apenas ha alterado el funcionamiento de las administraciones catalanas, y los Ministros en funciones, como los espíritus puros, no se han dejado ver por aquí en tres meses y medio. Sólo los Tribunales apoyados por los servicios de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional han continuado trabajando para desenmascarar las argucias y estratagemas desplegadas por el gobierno de Puigdemont y los mandos de la policía autonómica en la preparación del 1-O y la consumación del golpe de Estado.

Malparada neutralidad

Incluso menos han cambiado las relaciones cotidianas entre administradores y administrados. En numerosos Ayuntamientos, las banderas estrelladas que engalanaban farolas y rotondas y casas consistoriales siguen ondeando por toda Cataluña. Proyectado en la fachada del auditorio municipal de Sant Cugat del Vallés (SCV), puede admirarse estos días un enorme lazo amarillo y los espectadores ven incrédulos como un sujeto con aspecto lúgubre anuncia antes de iniciarse el concierto que se interpretará (fuera de programa) el ‘canto de los pájaros’ para exigir la libertad de los ‘presos políticos’.

En Cataluña, las instituciones autonómicas abandonaron hace mucho tiempo cualquier viso de neutralidad administrativa y se convirtieron en correas de transmisión de las consignas del gobierno de la Generalitat, sin que nada hicieran los Gobiernos de España para impedirlo. En los últimos meses, hemos visto infinidad de carteles en dependencias de Consejerías y Ayuntamientos exigiendo la libertad de los presos, y a funcionarios exhibir en la solapa lacitos amarillos en sus puestos de trabajo. Los órganos rectores y las organizaciones sindicales convocaron a los miembros de la comunidad universitaria a manifestarse el 20 de septiembre contra la “represión política” y la “involución democrática”. La pasada semana, la Rectora de la UAB autorizó la celebración de una fiesta organizada por el sindicato de estudiantes de los ‘países catalanes’ en la que se prohibía expresamente exhibir cualquier actitud “machista… españolista o fascista”.

Los profesores en colegios e institutos públicos siguen adoctrinando a niños y a jóvenes sin ningún pudor o recato. Al día siguiente del 1-O, puedo dar fe que piquetes de estudiantes impedían la entrada algunos centros y que algunos directores proporcionaron materiales para que los alumnos fabricaran carteles que equiparaban nuestra democracia con la dictadura de Franco. Se interrumpieron las clases y se conminó a los alumnos a salir a los patios (quienes se resistieron fueron abucheados) donde la función terminó entonando ‘els segadors’. En el franquismo, esto se llamaba ‘formación del espíritu nacional’. Hace unos días, una amiga desolada me mostraba las palabras que su cuñada había dejado en el chat familiar: “aunque sea profesora de inglés, ahora voy a adoctrinar incluso más”. Una profesora de catalán de instituto recomienda a los alumnos consultar la página “verbscatalans”, donde junto al espacio reservado para introducir el verbo aparece la bandera estrellada; no acaba aquí el asunto: al situar el cursor sobre la bandera aparece el mensaje “Carles Puigdemont President de Catalunya”.

El entramado asociativo-mediático que propició y patrocinó el golpe sigue también intacto. Es cierto que Sánchez y Cuixart, presidentes de la ANC y Ómnium, respectivamente, están encarcelados, y Lloveras, la alcaldesa de Vilanova investigada, ha renunciado a presidir la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI). Pero las tres organizaciones siguen operativas y Gaseni (ERC), presidente interino de la AMI, declaraba en PUNTAVUI TV que “AMi@_Cat está dispuesta a apoyar al gobierno catalán y a prestar apoyo a la dirección que tome el país”. Hace casi un año que expuse en Expansión las razones por las que la AMI, una asociación que “trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, debería haber sido ilegalizada. Pues ahí sigue, como la ANC y Òminum, promoviendo la república independiente en casa y en el extranjero.

Y ahí siguen también al frente del entramado mediático los mismos dirigentes que han jaleado las decisiones y acciones de los gobiernos de Mas y Puigdemont durante los últimos años en medios de comunicación públicos o subvencionados por la Generalitat, y han lanzado a sus ‘bien pagaos’ presentadores y contertulios estrellas a acosar a los líderes de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos y PP), sometiéndolos a interrogatorios de tercer grado. Al contrario, esos mismos comunicadores han mostrado una solicitud rayana en el servilismo cuando se trataba de difundir las declaraciones de los protagonistas del golpe, concederles entrevistas a golpe de teléfono o reclamar la libertad de los presos. En la dictadura, a este periodismo se le denominaba ‘prensa del régimen’.

Temor

Los gobiernos de Rajoy poco o nada han hecho para cambiar la situación desde 2011. Ahora que se han cumplido 100 días de vigencia del artículo 155 sin dar palo al agua, el ministro Méndez de Vigo nos ha sorprendido al declarar que el Gobierno, comprometido con la libertad, estudia la fórmula para que los catalanes puedan decidir si quieren que el castellano sea lengua vehicular. Escucho atónito a algunos tertulianos en Madrid cuestionar la oportunidad de hacerlo ahora por temor a soliviantar e insuflar vida a los alicaídos secesionistas. Al margen del error de apreciación en su diagnóstico –no están tan debilitados–, me llamó poderosamente la atención su escaso conocimiento de la realidad social. Pese a las movilizaciones constitucionalistas del pasado otoño, persiste el temor a hablar con libertad, mucho más en el ámbito escolar, y ninguna familia sensata está dispuesta a arrojar a sus hijos a los leones –maestros y profesores mayoritariamente secesionistas afines el sindicato USTEC–, a menos que se les ofrezcan sólidas garantías. Después de tanto tiempo sin hacer nada, el Gobierno debería empezar la casa por los cimientos no por el tejado.

Les referiré algo que me ocurrió hace unos días y me conmovió profundamente. Me dirigía al coche cuando me crucé con una señora que me preguntó si era el “señor Clemente”. Le respondí afirmativamente y tras presentarse comenzamos a hablar. Se mostró indignada por todo lo que está sucediendo, y cuando le comenté apuntando al Ayuntamiento que acababa de solicitar la retirada de los lazos amarillos que cubrían la entrada del Centro de Salud, me pidió asustada que no señalara porque podrían estar viéndonos. Aquí y ahora, como durante el franquismo, hay miedo, auténtico miedo a expresar lo que uno piensa, especialmente en las comunidades pequeñas.

La lista de Puigdemont, por Clemente Polo

Redacción – Poco después de reconocer en su intercambio de mensajes con Comín (¿ERC?), exconsejero del gobierno de la Generalitat cesado y prófugo de la Justicia, que la república agonizaba y Moncloa ganaba la partida “porque nos han sacrificado los nuestros”, Puigdemont tocaba a rebato a los suyos e iniciaba tras el fin de semana una ronda de contactos para exigir a una cada vez más insustancial ERC sumisión incondicional al ‘führer’ exiliado. Barcelona (España), domingo 18 de febrero de 2017. Fotografía: Elsa Artadi Vila, la fascista racista ladrona burguesa de la República, portavoz de la candidatura del delincuente Carles Puigdemont, durante un acto político de Juntos Por Cataluña al 21-D. Archivo ACN.

Para comprender hasta qué punto resulta grotesca la situación política en Cataluña, les invito a trasladarla a otro Estado democrático. Supongan, por un instante, que el presidente Trump incumpliera la Constitución, fuera destituido e imputado, y tras huir a México se presentara a unas nuevas elecciones presidenciales, y pretendiera seguir ejerciendo desde allí como presidente ‘legítimo’ de los Estados Unidos con apoyo de un “congreso de cargos electos”. Algunos lectores se dirán que este hipotético escenario resulta de todo punto inverosímil. Y tienen razón: Trump nunca habría logrado escapar a la justicia y participar en otras elecciones, algo que lamentablemente sí ocurrió en España.

ERC sometida al pujolismo

Los líderes de ERC han demostrado al menos desde 2012 enorme falta de iniciativa y servilismo a los dictados de Mas, primero, y luego de Puigdemont. En ningún momento, un desdibujado y emboscado Junqueras logró trasladar al electorado la sensación de estar liderando el proceso constituyente y permitió que fueran Mas y Puigdemont quienes llevaran la batuta, pasando incluso por alto los abrumadores indicios constatados de corrupción generalizada en el partido del 3% sus rivales, guardándose para sí y su círculo más íntimo sus dudas sobre la fiabilidad de los líderes convergentes. Tras el amago fallido de sacar adelante la investidura telemática o por delegación el 30 de enero, Puigdemont acusó de traición a Torrent y a otros líderes de ERC quienes con asumido servilismo continúan peregrinando a Bruselas para entrevistarse con El Prófugo. Le ofrecen la presidencia simbólica para él y la presidencia real para quien él designe. Puigdemont quiere ambas.

ERC parece no haber aprendido nada de lo ocurrido en la X y XI legislaturas cuando Junqueras aceptó un reparto de papeles que resultó fatídico para los intereses de su partido. En la X, Junqueras secundó desde la oposición todas las iniciativas del gobierno de Mas en minoría, incluida la consulta del 9-N en la que Junqueras ofició de mesero junto a una urna de cartón mientras Mas acaparaba todo el mérito ante los medios. Y en la XI accedió a un reparto de papeles igualmente nefasto para sus intereses con Forcadell (ERC) en la presidencia del Parlament y cediendo a Puigdemont toda la iniciativa y el protagonismo. Todo indica que esta situación se repetirá en la XII legislatura con Torrent interpretando el papel de Forcadell en el Parlament y la persona que designe Puigdemont haciendo el papel de Puigdemont en el gobierno de la Generalitat.

A pesar de que ERC cuenta con casi idéntico respaldo electoral que JxC –12.300 votos las separan– y sus líderes son conscientes de que la república hoy está más lejos que en septiembre de 2015, sus líderes continúan dudando si deben dejarse arrastrar por la locuacidad del nuevo amo de la Masía convergente. Puigdemont está más cerca de ir a la cárcel que de ser el nuevo presidente de la república catalana y los líderes de ERC deberían haber aprendido la lección de que saltarse el ordenamiento constitucional y burlarse del TC no sale gratis, como lo atestigua el Junqueras y otros republicanos que pueden seguir su camino en breve. Ha llegado el momento de reconocer que las políticas de confrontación sistemática con el Estado de Derecho que propugna la alianza de ‘puigdemonistas y cuperas’ sólo servirán para prolongar la inestabilidad política y agravar la ya delicada situación económica.

Volver a las andadas

Estos días hemos sabido gracias a la indiscreción de la CUP que el plan de Puigdemont, caso de haberse consumado su ignominiosa investidura telemática, era retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó el 27 de octubre tras su vergonzosa huida a Bélgica. Llegados a este punto no está de más recordar la trayectoria y posiciones de algunos de los líderes que le acompañan en este descabellado viaje que si algo ha logrado es fracturar a la sociedad catalana y dejar muy tocada su economía, tras la marcha de miles de sociedades y la abrupta caída del turismo, una de las principales exportaciones de Cataluña, registrada en el último trimestre de 2017. De la sociedad abierta e integradora de comienzos de los años 80 no queda nada y en el actual ambiente enrarecido quienes no comulgan con el secesionismo son tachados de franquistas y fascistas inmediatamente.

Por razones de espacio, me referiré a algunos diputados que ocupaban posiciones destacadas en la lista del Prófugo, avalada por 948.233 ciudadanos, 161.499 menos que los que respaldaron a Ciudadanos el 21-D. La segunda posición por Barcelona la ocupaba Sánchez, presidente de la ANC en prisión preventiva, miembro del comité estratégico que preparó el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña abortado el 27 de octubre tras proclamar la república catalana. La exconsejera Ponsatí, huida también de la Justicia, y el exconsejero Forn, encarcelado, figuraban en tercera y séptima posiciones, respectivamente, en la lista de Barcelona, si bien ambos renunciaron a su acta para favorecer la investidura (Ponsatí) o su situación judicial (Forn).

Turull, exconsejero de Presidencia, y Rull, exconsejero de Política Territorial, Obras Públicas y Sostenibilidad ocupaban la cuarta y quinta posiciones, respectivamente, por Barcelona. Ambos pasaron unos días en prisión preventiva y abandonaron la cárcel tras declarar ante el juez Llarena que asumían la aplicación del artículo 155. Pese a ello, el lector podrá comprobar que Rull se presenta en su cuenta de twitter como “consejero del Gobierno legítimo de Cataluña”, tiene un enlace a la página de internet de su ‘consejería en el exilio’, y se declara ciudadano de Terrassa en los Països Catalans. Algo más cauto se muestra Turull que se limita a informar en su cuenta que fue nombrado consejero de la Presidencia y portavoz por el president Puigdemont. Puig, consejero también cesado y prófugo, que se negó a devolver las obras artísticas al Monasterio de Sijena ocupaba la segunda posición en la lista de Gerona.

Conclusión

No hace falta insistir más para comprender que Puigdemont y los principales cargos electos de su lista no sólo no sólo no aceptan la Constitución que prometieron acatar para recibir sus actas de diputados autonómicos sino que planean constituir el gobierno legítimo de la república catalana en Bruselas con el respaldo de la Asamblea de Cargos Electos para seguir adelante con el plan de secesión que pusieron en marcha con la Resolución 1/XI y concretaron en las ‘Conclusiones finales de la llamada ‘Comisión de Estudio del Proceso Constituyente’ aprobadas en el Parlament el 27 de julio de 2016. A este asunto dediqué mi artículo “Aval al plan secesionista de la CUP” publicado en Expansión el 28 de julio de 2016.

El Gobierno de España creyó quizá ingenuamente que con la intervención minimalista puesta en marcha tras el golpe de estado del 27 de octubre y la inmediata convocatoria de elecciones el 21-D pondría fin a la carrera de Puigdemont. El error de cálculo del Gobierno ha sido grave y ahora tendrá que lidiar con un gobierno nada simbólico presidido por Puigdemont en Bruselas que transmite instrucciones al gobierno efectivo en Barcelona. Algo tendrá que hacer Rajoy para poner fin a lo que ya podemos calificar como golpe de estado crónico y para evitar que la incipiente república catalana se financie con fondos del FLA. Los riesgos para la economía catalana y la española son muy serios y conviene recordar que la intención de Puigdemont es precisamente desestabilizar la democracia española.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico; Universidad Autónoma de Barcelona

ANC promueve consejos locales de la ‘república’

Redacción – En la reunión del secretariado de la ANC celebrada en Sant Boi de Llobregat el 12 de enero, la organización secesionista adoptó el acuerdo de impulsar la creación de “consejos locales de la ‘república’ catalana” (la ANC escribe república en mayúscula y sin comillas) que complementa otras dos campañas de la ANC ya en marcha. La primera campaña se centra en mantener vivas las protestas callejeras, a lo largo y ancho de Cataluña pero también en el extranjero, al menos mientras se celebre el inminente juicio contra los líderes que promovieron y financiaron el golpe de Estado que culminó con la constitución de la ‘república’ el 27 de octubre de 2017 (27-O). Barcelona (España), martes 22 de enero de 2019. FOTOGRAFÍA: CATALUÑA (ESPAÑA), AÑO 2018. El independentista presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra (i) y la extremista xenófoba presidenta de la llamada Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie (d), en una concentración el 16 de mayo de 2018 en Barcelona para reclamar la libertad de los presos golpistas separatistas. Efe

En los últimos días, hemos visto a algunos dirigentes de la ANC portando fotografías de los presos a las puertas del centro penitenciario de Lledoners con más bien escaso seguimiento de público, pese a las decenas de miles de socios con que supuestamente cuenta la Asamblea.

Los consumidores ‘republicanos’

La segunda campaña, lanzada el pasado noviembre, tiene como objetivo establecer un ‘registro de proveedores estratégicos’, con la finalidad de señalizar a los consumidores ‘republicanos’ las entidades financieras y empresas no financieras alineadas con el proceso insurreccional y promocionar sus ventas frente a sus competidores en Cataluña: ‘consumo estratégico’ es el perverso eufemismo utilizado tanto por la presidenta Palazui como por el secretario Fernández, a quién la ANC ha encargado impulsar esta campaña sectaria y odiosa, contraria a la unidad de mercado.

No, no se equivocan, se trata del mismo dirigente de la CUP que amenazó a Rato con su sandalia voladora y se mostró solícito adulador con el capo mayor de las redes de extorsión en Cataluña: Jordi Pujol. Para decirlo en dos palabras, el objetivo de la campaña es colgar lacitos amarillos a las empresas colaboradoras con los golpistas para que los buenos ‘republicanos’ les compren sus productos.

La nueva campaña para implantar los ‘consejos locales de la república catalana’ va un paso más allá, hablando en términos estrictamente insurreccionales. Desencantados ante la parsimonia de los líderes de los partidos ‘republicanos’ al frente de las instituciones de la Generalidad (Gobierno, Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos), los dirigentes de la ANC apelan directamente a los ciudadanos y pretenden ’empoderarlos’, esto es, encuadrarlos en ‘comités locales’ con un doble objetivo: ejercer el control efectivo en su circunscripción y vigilar los movimientos de los ‘botiflers’ remisos a hacer efectivo el ‘mandato’ del 1-O. Admiten que la ‘república’ es todavía virtual, pero confían en hacerla real poniendo en manos de los ‘consejos’ las riendas del proceso: un remedo burgués de los ‘sindicatos de barrio’ y los ‘comités de defensa’ de la CNT en los años 30.

En efecto, además de servir de punto de encuentro para canalizar las iniciativas locales a favor de la ‘república’, la ANC asigna a estas congregaciones de fieles ‘republicanos’ otras diez misiones: implementar la e-república; fomentar la participación en el ‘foro cívico y social’ que definirá las líneas maestras de la ‘república’; fomentar el voluntariado de proximidad; contribuir a la ‘caja de solidaridad’ (al margen de la agencia tributaria catalana); proporcionar recursos de tiempo y dinero a las entidades locales; fomentar el ‘consumo estratégico’; fomentar la recuperación de la memoria histórica local; establecer una red antirepresiva de proximidad; y desarrollar proyectos propios.

Como los mandamientos, las 10 consignas de rancio sabor totalitario pueden resumirse en dos: desarrollar la ‘república’ ignorando el ordenamiento constitucional y meter el miedo en el cuerpo a los vecinos remisos a seguir sus dictados.

Como ocurrió hace unos años con las primeras ‘consultas por la independencia’, algunos soltarán una sonora carcajada al conocer esta alocada iniciativa de la ANC.

En los últimos cinco años, hemos podido constatar las consecuencias políticas, sociales y económicas de aquellas risas: inestabilidad política y dos consultas patrocinadas por la Generalidad en 3 años (9-N en 2014 y 1-O en 2017) que pusieron en ridículo al Estado y a sus servicios de inteligencia; una profunda fractura social que ha convertido la convivencia en un infierno incluso en los centros escolares; y la ralentización del crecimiento económico y el traslado de la sede de más de 5.000 sociedades fuera de Cataluña.

Cuando los gobernantes del Estado no se toman en serio su responsabilidad de mantener el orden constitucional y miran hacia otro lado cuando la Generalitat legisla sobre materias ajenas a sus competencias y su presidente no acata las sentencias, la bola continúa rodando pendiente abajo, engrosándose y arrastrando todo lo que encuentra a su paso.

El Estado español, como comunidad de ciudadanos libres, iguales y solidarios, no sobrevivirá si no adopta pronto medidas contundentes para poner coto a la actividad de asociaciones que. como la ANC (aunque no es la única) ignoran el ordenamiento constitucional y lo trasgreden continuamente con casi total impunidad.

Como no hay ninguna duda de que el propósito de esta asociación es derogar o suspender la Constitución, despojar al Rey de sus facultades y proclamar la independencia en una parte (Cataluña) del territorio nacional, la ANC incurre en al menos tres supuestos del delito rebelión contemplados en el artículo 472 Código Penal.

Falta, se me advertirá, que el alzamiento sea violento, además de público, y seguro que algunos juristas, como el profesor Pérez Royo, sostendrán que poner en marcha consejos locales “para crear una estructura civil no autonómica sobre la que asentar las bases del nuevo estado” no es violencia, aunque quienes lo hacen violenten la ley.

En todo caso, mi sugerencia a los partidos constitucionalistas sería eliminar el término violencia del citado artículo para evitar la actual ambigüedad. De algo no tengo ninguna duda: mientras asociaciones, como la ANC (aunque no es la única), puedan desarrollar con impunidad casi completa sus actividades encaminadas, no a reformar el orden constitucional sino a destruirlo, resultará muy complicado detener la bola de los ‘comités locales de defensa’ una vez ésta empiece a rodar.

Clemente Polo,

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona

Tres recados del Rey en Nochebuena

Redacción (Clemente Polo Andrés) – No deja de ser una paradoja que tantos republicanos de corazón durante la dictadura de Franco seamos hoy monárquicos por imperativo de la razón y que tantos totalitarios de vocación sean hoy republicanos por mero oportunismo. En un panorama plagado de políticos desacreditados, inescrupulosos, pusilánimes e ignorantes (felizmente pocos acumulan todos los atributos), cuyas previsibles descalificaciones mutuas en el hemiciclo provocan hastío y rechazo salvo entre sus acérrimos partidarios, los espaciados discursos de Felipe VI han ido formando una red de oasis en un océano de arenas inclementes donde podemos aliviar algo nuestra desazón. Barcelona (España), jueves 3 de enero de 2019. Fotografía: PALACIO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA (BARCELONA) ESPAÑA, AÑO 2018. Reunión del ejecutivo racista. El presidente fascista Quim Torra Pla (Convergencia-PDECAT-JxCAT) (derecha) junto a su vicepresidente, Pere Aragonés (ERC) (izquierda). Efe

Como muestras recientes, ahí están los discursos pronunciados por el Monarca en la entrega de los premios Princesa de Asturias, y ante Las Cortes para conmemorar el cuadragésimo aniversario del refrendo de la Constitución por el pueblo español. Y decisiva fue también su ya histórica alocución a los españoles el 3 de octubre 2017, dos días después de que el gobierno de la Generalidad de Cataluña organizara una consulta ilegal de autodeterminación, como paso previo a la constitución de una república independiente.

En su mensaje de Nochebuena, Felipe VI quiso dirigir sus reflexiones e inquietudes a mirar al futuro de nuestros jóvenes, los grandes beneficiarios de la era de libertad y prosperidad que se inició con la aprobación de la Constitución en 1978. Resulta indispensable, vino a decirnos, transmitirles la voluntad de entendimiento entre españoles y la inclinación al acuerdo de sus líderes políticos que primó durante la Transición, y “hacer hoy todo lo que esté en nuestras manos para que esos principios no se pierdan y se olviden y esas reglas que son de todos sean respetadas por todos”, para lograr en definitiva que las “nuevas generaciones se sientan partícipes de ese período de nuestra historia”. Una buena educación pública debería, Sra. Celaà, aplicarse a esta tarea de conectar a las nuevas generaciones con un pasado brillante donde primó la voluntad de acuerdo, difuminado cuando no tergiversado y difamado por quienes pretenden acabar con el régimen del 78: Podemos y sus divergencias, el PNV y los partidos secesionistas catalanes que auparon a Sánchez a La Moncloa.

El Rey reconoció que la tarea de conectar a nuestros jóvenes con los principios y valores que han alumbrado nuestro pasado inmediato, resulta insuficiente en una sociedad tecnológica “sujeta a cambios continuos y acelerados”, donde el talento, la solidaridad y el compromiso de tantos jóvenes se ven ahogados por la escasez de oportunidades de empleo y las precarias condiciones laborales que les impiden “construir un proyecto de vida personal y profesional con un trabajo y un salario dignos… formar una familia y poder conciliar con la vida laboral”. ¿Estamos ante un mero deseo ‘nochebuenesco’ de buena voluntad, o pueden las Administraciones Públicas hacer algo para favorecer la actividad empresarial, reducir la precariedad laboral, mejorar el tratamiento fiscal de la familia y conciliar la vida laboral y familiar? Para sacarnos de dudas, las ministras de Economía, Hacienda y Trabajo deberían explicarnos cuáles son las iniciativas que proponen sus Ministerios al respecto.

Felipe VI terminó su discurso apelando a la convivencia, “al respeto a las personas, a las ideas y al derechos de los demás”, destacando “los profundos vínculos que nos unen… a todos los españoles”, desechando el “rencor y el resentimiento, porque estas actitudes forman parte de nuestra peor historia” y subrayando que “la superación de los grandes problemas y las injusticias nunca pueden nacer de la división, sino del acuerdo y de la unión”, una convivencia que exige “respeto a nuestra Constitución”.

Otro mensaje al gobierno de Sánchez tras el triste espectáculo de violencia vivido en Barcelona sólo tres días antes con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en la Ciudad Condal. Resentimiento y rencor que ha experimentado el Jefe del Estado en carne propia en sus últimas visitas a Cataluña, manifestaciones violentas de un proceso insurreccional alentado, organizado y financiado desde las instituciones de autogobierno de la CA de Cataluña: gobierno de la Generalidad, Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos, con la ayuda inestimable de los medios de comunicación públicos, y las asociaciones ANC, Ómnium Cultural y Municipios por la Independencia (AMI).

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona

Clemente Polo Andrés

El problema de Cataluña se llama insurrección

Redacción (Clemente Polo Andrés) – ¿Hay algún Estado democrático cuyo gobierno permita a los políticos que lo representan en una parte del territorio y a los empleados públicos que allí prestan sus servicios exhibir símbolos cuyo significado, implícita o explícitamente, es que la policía y los jueces encarcelan arbitrariamente a ciudadanos inocentes? Barcelona (España), viernes 28 de diciembre de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 21.12.2018. Gran tensión en Cataluña entre los Mozos Constitucionalistas y los comando defensores de la República (CDR, UCFR y Antifascista) Jornada el del independentismo ’21-D Paramos el Consejo de Ministros’. Un total de 32 personas han resultado heridas de diversa consideración, aunque ninguna de gravedad, entre ellos veinte agentes de los Mozos de Escuadra, en los incidentes por las protestas de los CDR contra la reunión en Barcelona del Consejo de Ministros. Efe

Conozco uno, España, y una Comunidad Autónoma, Cataluña, donde este tipo de falsedades y humillaciones son moneda corriente. Digo falsedades, porque la mera exhibición de esos símbolos contradice la pretendida falta de libertad y ausencia de las garantías democráticas reclamadas. Y digo humillaciones, porque quienes no compartimos tales falsedades hemos de soportar estoicamente la falta de neutralidad y respeto exigibles a representantes políticos y empleados públicos. Hace pocos días, me atendió un anestesista (de cuyo nombre prefiero no acordarme) en un hospital público con un lazo amarillo prendido en la solapa, y mientras me hacía preguntas rutinarias y me explicaba los pros y contras de cada tipo de anestesia, me debatía entre llamarle la atención o dejar correr el asunto. Al final callé consciente de la pérdida de tiempo y energía que me supondría reclamar neutralidad a un médico anónimo, cuando el presidente del gobierno español recibe en La Moncloa y se reúne en Barcelona con el enlazado y apretado president Torra.

¿Reunión o concesión?

Hay que ver lo distraídos que nos han tenido los últimos días preparando una reunión de apenas una hora, cuyo único resultado tangible ha sido un comunicado descafeinado de tres parrafitos. Torra recibió a Sánchez en Pedralbes con su sempiterno lazo, mientras un centenar de miembros de los ‘comités de defensa de la república’ (CDR), grupos parafascistas que han protagonizado enfrentamientos violentos con los Mozos en Barcelona, Gerona y Tarrasa recientemente, coreaban consignas fraternales: “independencia”, “derribemos el régimen del 78” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Desconozco si en esta ocasión Torra les había pedido que apretaran, pero lo cierto es que lograron sin gran esfuerzo cortar la Diagonal, no sé si por impotencia del formidable dispositivo de los Mozos o porque sus mandos, como en otras ocasiones, les ordenaron apretar poco.

Sí o sí, estaban condenados a reunirse. Sánchez necesitaba los votos de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT para aprobar el techo de gasto en el Congreso y trasladar a la opinión pública la sensación de que todavía hay partido y puede aprobar los PGE 2019, aunque sea con varios meses de retraso. Torra, por su parte, necesitaba mostrar a los suyos que podía sentar a Sánchez en la mesa de negociación. El objetivo del presidente hasta las próximas elecciones generales no es tanto gobernar como simular que lo hace y aprobar medidas populistas (subidas de pensiones y SMI, aumento de los sueldos de los empleados públicos, etc.) que le congracien con colectivos de votantes. Lamentable la reivindicación de la memoria de Companys, el presidente de la Generalitat que firmó docenas y docenas de sentencias de muerte.

El objetivo de Torra-Puigdemont y Junqueras, conscientes de que la independencia es hoy por hoy una hoguera que se apaga en cuanto proclaman la república, es retener a toda costa las competencias de la Generalitat para controlar el aparato administrativo-mediático-asociativo que sostiene el proceso insurreccional, sin despreciar arrancar alguna concesión siquiera simbólica. Que el comunicado conjunto de ambos gobiernos reconozca “la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña” y apueste “por un diálogo efectivo que vehicule una respuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana”, suena a música celestial que recuerda el “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” de Zapatero. La situación es delicada porque los sucesivos gobiernos de Mas, Puigdemont y Torra nos acercan más y más al precipicio político y debilitan la confianza de las empresas y los inversores en Cataluña y en España.

21-D: mucho ruido y nueces huecas

El 21-D amaneció según estaba previsto en el guión con cortes en la AP-7 en Gerona y L’Atmella de Mar, la A-2 y la N-340, y las Rondas Litoral y de Dalt. Normalidad en los aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias y hasta normalidad en colegios e institutos en vísperas de vacaciones. Quizá el número de liberados que trabajan por la causa no daba para tanta huelga y cortes anunciados. En Barcelona, los CDR se han enfrentado a los Mozos en Drassanes y Vía Layetana con un saldo de 50 heridos, más de 30 Mozos y un periodista de Intereconomía brutalmente agredido, y una decena de manifestantes detenidos. Entretanto, Sánchez dejaba para la historia una foto de familia en las escalinatas de la Lonja del Mar y aprobaba subir a 900€ el SMI y el 2,75% los sueldos de los empleados públicos.

La ANC y Òmnium se contentaron con celebrar su particular ‘consejo popular de ministros’, cónclave al que le sobraron ‘ministros’ (políticos y expolíticos secesionistas de todos los pelajes y el senador Iñarritu de EH-Bildu) y le faltó precisamente ‘pueblo’. Palazuí, presidenta de la ANC, se congratuló de que “se haya paralizado el país [de Alicia] por efecto de la huelga general”, y Mauri, vicepresidente de Òmnium, acusó a Sánchez de humillarles celebrando el Consejo en la efeméride de unas elecciones impuestas (en las que participaron libremente) y de que “su única propuesta sea que el aeropuerto se llame Josep Tarradellas”, algo que molestó también a santa Rovira, la dirigente de ERC ‘exiliada’ en Suiza. La manifestación convocada en Barcelona en Paseo de Gracia a las 18:00 por ANC, Ómnium, los CDR y todos los partidos secesionistas con el lema “Derribemos el régimen” ha movilizado tan sólo unos pocos miles de personas: un sonado pinchazo. Una multitud comparada con las docenas que han secundado la convocatoria en Gerona.

Conclusión

El problema de Cataluña no es la pretendida falta de libertad y democracia en España sino precisamente que las instituciones de autogobierno empleen su ámbito de libertad para alentar, promover y financiar el proceso insurreccional. Por ello, la solución no pasa por abrir un espacio de diálogo con Torra y demás líderes secesionistas sino por desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo sostiene. La hoguera, como se ha podido constatar el 21-D, está medio apagada, pero si se les permite seguir acumulando material inflamable acabaremos pagándolo muy caro mañana.

Sánchez negocia con Torra en vísperas de otra insurrección

Redacción (Clemente Polo Andrés) – Mientras Sánchez negocia reunirse con Torra en Barcelona el jueves 20 y Ábalos pone sobre la mesa 200 millones en inversiones en carreteras para endulzar el ágape, Cataluña vive inmersa en un proceso insurreccional cuyo plato fuerte será la manifestación unitaria convocada para el viernes 21 a las 18:00 con el significativo lema “21-D Derribemos el régimen del 78” (“21-D Tombem el regim del 78”) que está previsto que finalice con una concentración en la Plaza de Cataluña. Barcelona (España), viernes 21 de diciembre de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 20.12.2018. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), saluda al racista antiespañol actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra Pla (i), en presencia del presidente del patronato separatista «Fomento de Trabajo», Josep Sánchez Llibre (c), a la llegada a la undécima edición de los premios Carles Ferrer Salat, que entrega la patronal catalana «Foment» y que este año distingue a Francisco Reynés como empresario del año. Efe

La convocatoria de lucha cuenta con el aval de las asociaciones secesionistas ANC y Òmnium Cultural, cuyos respectivos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, están encarcelados a la espera de ser juzgados por rebelión en el Tribunal Supremo. Ambas asociaciones llevan meses desarrollando campañas de desinformación por todos los rincones de Cataluña para exigir “la liberación de los presos, exiliados y represaliados”, y trasladando a los ciudadanos la falsedad de que nuestro Estado es un Estado represivo que, con frecuencia, asimilan a la dictadura de Franco.

Entre las organizaciones que apoyan la convocatoria están los grupos parafascistas de carácter urbano autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) que han protagonizado acciones violentas desde la consulta ilegal del 1-O de 2017 y se han enfrentado violentamente a los Mozos de Escuadra en Barcelona, Gerona y Tarrasa en las últimas semanas. Asimismo, se han sumado la CUP y Arran que han realizado acciones violentas contra varias sedes del PP en Cataluña y contra las viviendas del juez Llarena en Sant Cugat del Vallés y la Cerdaña. Por último, no hay que olvidar a la Intersindical CSC que ha convocado un cínico paro entre las 12:30 y 14:30 para conseguir “un mundo laboral digno y un sistema de protección social justo’”. Quiero recordar que su secretario general, Carles Sastre, miembro de las organizaciones terroristas Exercit de Lliberació Popular y Terra Lliure, fue condenado por el asesinato del empresario Josep María Moltó al que adosó una bomba en el pecho.

Además del plato fuerte, hay diversos aperitivos previstos para completar el menú insurreccional del 21-D. Los CDR planean desconectar Cataluña de España y librar la batalla urbana en Barcelona. En concreto, han anunciado en las redes sociales su intención de tomar el control de puntos estratégicos en las fronteras de La Junquera, Vinaroz y Aragón, los puertos de

Tarragona y Barcelona, los aeropuertos de Barcelona y Reus, la autopista AP-7 en Gerona y las vías de circunvalación Ronda de Dalt y Ronda Litoral en Barcelona. Con el lema “Ingobernables” animan a sus comandos (“quien no comparta la batalla, compartirá la derrota”) en Barcelona a realizar acciones de protesta desde muy temprano el viernes 21 por la mañana en las inmediaciones de la Lonja del Mar, el lugar elegido por el Gobierno de España para celebrar el Consejo de Ministros. La Forja, organización juvenil que se autodenomina “juventud revolucionaria”, propone acciones similares a las del movimiento de los ‘chalecos amarillos’ en Francia para parar Barcelona.

La ANC ha llamado a sus socios en Instagram a salir de buena mañana hacia Barcelona para realizar una concentración a las 9:00 en la Ciudad de la Justicia y a las 11.00 horas ha convocado un ‘consejo popular de ministros’ en la estación de Francia, lugar muy próximo a la Lonja del Mar. Universitats per la Republica, organización a cuyo frente estaba Elisenda Palazui antes de ser elegida presidenta de la ANC, ha convocado un paro en las Universidades catalanas entre las 10:00 y las 14:00 horas para “parar el Consejo y mostrar una vez más que los estudiantes son la vanguardia de la lucha para garantizar los derechos civiles y políticos”.

Que con este panorama, Sánchez esté negociando reunirse con quienes alientan y financian el proceso insurreccional con el descarado propósito de mantenerse en La Moncloa unos meses más, constituye un despropósito que, lejos de amainar los ánimos, aumentará su sensación de impunidad y dará alas a las fieras. Ni los 80.000 millones del FLA ni la aplicación timorata del 155 permitieron siquiera frenar el proceso insurreccional ni poner coto a las falsedades que lo alimentan y lo mantienen vivo gracias a los formidables presupuestos que manejan las asociaciones (ANC, Òmnium y AMI) y los partidos secesionistas (ERC, PDeCAT y CUP). Mientras no se desmantele el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo mantiene vivo, el proceso continuará ganando terreno.

Hace falta aplicar el artículo 155 para hacer lo que no se hizo hace unos meses: asegurar que todas las Administraciones Públicas catalanas, desde el gobierno de la Generalitat, las Diputaciones y los Ayuntamientos, los partidos políticos y las asociaciones cumplen el orden constitucional y acatan las sentencias de los Tribunales. No hay mucho tiempo para restablecer la neutralidad de las instituciones públicas y subvencionadas. O el Gobierno de España se pone manos a la obra de inmediato, o los demócratas constitucionalistas nos veremos en la tesitura de seguir los pasos de Boadella y de tantas otras personas y empresas que, abandonadas a su suerte por el Estado español, se han visto obligadas a marcharse de Cataluña en las dos últimas décadas.

Semana movidita antes del Gordo

Redacción (Clemente Polo Andrés) – En la agenda pública de esta semana, sobresalen dos fechas marcadas en rojo que con toda seguridad van a marcar el devenir de la política española en los próximos meses y años. Barcelona (España), miércoles 19 de diciembre de 2018. Fotografía: EL MASNOU (BARCELONA) ESPAÑA, 02.09.2018. Un joven independentista irrumpe en un acto a favor de la convivencia en Cataluña que las españolas y españoles aprovechaban para denunciar las agresiones de independentistas contra las españolas en Cataluña por quitar lazos amarillos, hoy en el puente de El Masnou. Lasvocesdelpueblo (121)

El martes 18, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará la vista previa del juicio a varios ciudadanos españoles a los que la Fiscalía acusa de rebeldía, por el papel protagonista que desempeñaron en los sucesos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 y que, como todo el mundo conoce, culminaron con la constitución de Cataluña como república independiente el 27 de octubre. Tres días más tarde, víspera del siempre entrañable e ilusionante sorteo de Navidad, el gobierno de España va a celebrar el consejo de Ministros de los viernes en la ciudad de Barcelona, en lugar de hacerlo cómo es habitual en el Palacio de La Moncloa

Quejas injustificadas ante un juicio justo

Desde la destitución del gobierno de la Generalidad el 27-O, hemos visto a todos los políticos secesionistas catalanes, desde quienes están ahora al frente de las instituciones de autogobierno de Cataluña hasta quienes aguardan juicio en prisión preventiva o se han convertido en prófugos de la Justicia, competir por desacreditar nuestro Estado de Derecho, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras. Los hemos escuchado una y otra vez descalificar nuestra democracia y tildar de farsa el juicio que va a sentar en el banquillo a varios políticos acusados de saltarse el ordenamiento constitucional y declarar la independencia de una Comunidad Autónoma de España. Torra, actual presidente del gobierno de la Generalidad, en un alarde de desprecio a la división de poderes del Estado ha llegado incluso a afirmar que la única sentencia posible en este juicio es la absolución de los encausados. Al obtuso parecer de Torra y del resto de políticos secesionistas, saltarse la Constitución y el Estatuto, desacatar las sentencias de los Tribunales y proclamar la independencia de una parte del territorio español son naderías que sólo se persiguen en España.

Pues no, no es así. Y la mejor prueba de que España es un Estado de Derecho, extraordinariamente garantista y homologable con las más exigentes democracias, nos la proporciona el insólito hecho de que un independentista confeso como Torra, el mismo que llamó al ‘pueblo’ de Cataluña a seguir la vía eslovena para alcanzar la independencia hace sólo

unos días, continúa siendo a día de hoy presidente del gobierno de la Generalidad de Cataluña. En la mayoría de Estados democráticos, cualquier presidente de una región o gobernador de un Estado que hubiera realizado declaraciones similares a las que hizo Torra habría sido ya destituido y acusado de traición. Que Torra siga al frente del gobierno de Cataluña es la prueba andante de que el Estado español acata los resultados de las elecciones democráticas celebradas el 21 de diciembre de 2017, y respeta escrupulosamente las decisiones del Parlamento de Cataluña que respetan nuestro ordenamiento constitucional. No podemos decir lo mismo de los políticos y los ciudadanos que van a ser juzgados por rebelión, desobediencia y malversación en el Tribunal Supremo a partir del martes 18. De algo sí podemos estar seguros todos los españoles: los encausados tendrán un juicio con todas las garantías de nuestro Estado de Derecho y sus abogados tendrán oportunidad de probar que no incurrieron en los delitos que la Fiscalía y la Acusación Popular les imputan.

Barcelona, ciudad de acogida

El Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes en Barcelona coincidirá con la efeméride de las elecciones autonómicas del año pasado. Buen motivo para la reflexión. Empezaré por recordar cómo el Gobierno de España, pese a la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, no dudó en convocar elecciones el 21 de diciembre para que los catalanes pudiéramos elegir libremente a nuestros representantes en el Parlamento autonómico. No deja de ser curioso que mientras el presidente Sánchez le pide a Torra aprovechar la ocasión para reunirse, algunos miembros de su gobierno consideren una provocación venir a Barcelona, segunda capital española, a celebrar un Consejo de Ministros.

El asunto se ha ido enconando día a día y hay un riesgo apreciable de que el próximo viernes volvamos a vivir otra jornada insurreccional, similar a la del 20 de septiembre en la Consejería de Economía y el 1-O con motivo de la consulta ilegal organizada y financiada por el gobierno de la Generalidad. La ANC ha convocado un ‘consejo popular de ministros’ en Barcelona el mismo viernes 21 para burlarse del gobierno de España, y junto con los CDR y la organización secesionista Òmnium Cultural amenazan con cortar los accesos a Cataluña y (algo más probable) colapsar la ciudad tomando las calles de Barcelona. Artadi, consejera de la presidencia, en un acto de un cinismo que raya con la incongruencia, ha equiparado la obligación del gobierno de la Generalidad de garantizar la seguridad del Consejo de Ministros con el derecho de los partidos y las asociaciones secesionistas a manifestar ‘pacíficamente’ su rechazo. Otra ironía donde las haya porque ya pudimos ver a los CDR en Barcelona, Gerona y Tarrasa hace unos días enfrentarse ‘pacíficamente’ a los Mozos en auténticas batallas campales.

La noche del viernes 21 de diciembre de 2018 no aguardaremos expectantes los resultados de unas elecciones democráticas en Cataluña, como el año pasado, pero sí podremos calibrar mejor hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno de la Generalitat en su órdago al Estado. ¿Cumplirá el gobierno catalán con su obligación de desplegar parte a los Mozos para garantizar el orden público y asegurar el normal desarrollo del Consejo de Ministros? O, ¿seguirá el consejero Buch los pasos de su antecesor Forn y los sacará a pasearse por las calles de Barcelona con instrucciones de confraternizar con los comandos de la ANC, los CDR y Òmnium? El viernes por la noche saldremos de dudas.

El gobierno de Sánchez no debe tenerlas todas consigo porque García Marlaska, ministro del Interior, planea desplazar cientos de policías y guardias civiles a Barcelona en prevención de lo que pueda pasar el viernes. Espero que en esta ocasión los servicios de inteligencia del Estado estén al tanto de los planes de las organizaciones secesionistas para convertir Barcelona en un campo de batalla y el Gobierno cuente con un plan operativo eficaz para parar los pies (y las manos, si hace falta) a quienes salgan dispuestos a seguir la vía eslovena. La decisión de Sánchez de reunir el Consejo de Ministros en Barcelona, pese a las veladas amenazas, ha sido todo un acierto, no así sus desafortunadas declaraciones de que “no hace falta acudir al 155 [porque] se pueden movilizar fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad”. Reconocer la incapacidad de los Mozos, un cuerpo policial con 16.000 efectivos, para salvaguardar el orden constitucional en Barcelona es ya muy grave, pero más lo es aceptar la falta de voluntad de sus mandos. Eso es algo, Sr. Sánchez, que el presidente del Gobierno de España no puede permitir.

Clemente Polo Andrés

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona

Boadella toma la delantera a Puigdemont

Redacción (Clemente Polo) – Tabarnia, el nuevo elixir y antídoto (aplíquese sólo si rasca o duele) contra ataques severos de independencia, se presentó en rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Barcelona el martes 16 de enero ante una nutrida representación de medios nacionales e internacionales (TV3, RAC1, La Vanguardia, Vilaweb, etc.) de comunicación. El flamante portavoz de la plataforma, Jaume Vives, se ganó justa fama en las redes sociales con sus improvisadas alocuciones verbeneras desde su terraza en la calle Balmes, y ahora se prepara para desarmar a las hordas vociferantes de hoces y butifarras que tanto espanto han provocado entre las empresas. Barcelona (España), martes 23 de enero de 2018. Fotografía: CATALUÑA (ESPAÑA), 26.12.2017. Las provincias de la Tabarnia, Barcelona y Tarragona, dicen no al separatismo. Dos entidades de la histórica Tabarnia «Plataforma por la Autonomía de Barcelona» también conocida en lengua inglesa como «Barcelona Is Not Catalonia» en español «Barcelona No Es Cataluña», y «Barcelona Via FORA» en español «Barcelona Vía Fuera (de Cataluña)», piden su independencia de la Generalidad de Cataluña. Lasvocesdelpueblo

Rueda de prensa

López Alegre, conocido comunicador y analista de la realidad política, actuó como maestro de ceremonias. A modo de introducción, explicó que Tabarnia nace con el objetivo de coordinar a grupos que han aparecido en las redes en los últimos meses para dar voz a los ciudadanos que habían permanecido silenciosos y silenciados hasta ahora. No pretende convertirse en un partido político ni tampoco sustituir a otras asociaciones –cuyos representantes habían sido invitados al acto–, sino mantener vivo el espíritu de los catalanes que el pasado otoño inundaron las calles de Barcelona y pusieron en ridículo a los dirigentes secesionistas que se arrogaban hasta ese momento el monopolio de hablar en nombre del ‘pueblo’ de Cataluña. “El pueblo tabarnés –concluyó– ya no va a ser el actor pasivo que mira como se destroza Cataluña” mientras arruinan su tejido económico.

Tomó a continuación la palabra, Jaume Vives, portavoz del movimiento, para quién Tabarnia como fenómeno mediático y social  ha devuelto “la esperanza a cientos de miles de catalanes y españoles… que han vivido durante muchos años clandestinamente”, con discreción para evitar represalias, pero que se han puesto en pie cansados de que “con nuestros impuestos se hayan financiado organizaciones que promueven el odio” entre vecinos y han puesto en peligro “la normalidad empresarial y laboral”. Por fin, el pueblo ha despertado y Tabarnia se presenta como el aglutinador de “todos los catalanes dispuestos a frenar la amenaza del independentismo”. Estamos aquí –dijo– para convertirnos en “el espejo donde se vea reflejado el absurdo de los argumentos” independentistas y advirtió que “llegaremos hasta donde haya que llegar” para “recuperar la verdadera historia de Cataluña” y la normalidad laboral y económica y para apoyar la modificación de la ley electoral. Anunció el portavoz la intención de convocar muy pronto una gran manifestación y reafirmó su compromiso de que los catalanes, son  españoles y europeos y “no vamos a permitir que nos echen de la casa que es nuestra casa”.

El plato fuerte

Desde que se despidió con su libro “Adios Cataluña” a bordo de una golondrina hace una década, en contadas ocasiones se había prestado Boadella a aparecer en público siquiera de forma virtual en Cataluña. El más notorio de los impulsores de Ciudadanos –algunos lo recordarán en la presentación del segundo Manifiesto de la plataforma Ciudadanos en el teatro Tívoli el 4 de marzo de 2006–  se vio compelido a abandonar su hogar, proscrito por el todopoderoso gobierno de la Generalitat y su entramado mediático, y acosado por las hordas de matoncillos que lo insultaban en la calle y lo asediaban en su propia casa. En un régimen totalitario, se comprende perfectamente que algunas personas decidan exiliarse para evitar represalias o sencillamente para vivir sin tener que medir las palabras. Lo terrible del ‘exilio’ de Boadella –no es el único caso – es que un ciudadano de la UE tenga que abandonar Cataluña para llevar una vida normal.

Cataluña no es irrespirable, como afirmó con generosidad Boadella al iniciar su intervención telemática como presidente en el exilio de Tabarnia, sino un auténtico infierno social y cultural para todos quienes no comparten la retahíla de sandeces que conforman el credo secesionista: Cataluña es la cuna de la democracia; los catalanes hemos estado oprimidos durante siglos; la democracia española es de baja calidad; la justicia está politizada en España; las leyes que prometo acatar son injustas y es legítimo saltármelas; los corruptos confesos, los sediciosos y los malversadores no pueden ser juzgados ni condenados en España; la inmersión lingüística cohesiona la sociedad catalana; España nos roba; los impuestos devengados en Cataluña deben beneficiar exclusivamente a los catalanes; la república es el bálsamo de Fierabrás; etc. Y si te atreves a levantar la voz contra estos dogmas de parvulario –quizá ello explique su gran éxito entre docentes de infantil y primaria– te expones a ser tachado de mal catalán y antidemócratas y hasta de peligroso ‘feixista’.

Ésta es la razón por la que Boadella inició su alocución con un “Ciutadans de Catalunya: no soc aquí”, dándole la vuelta al famoso saludo de Tarradellas, porque como señaló el cómico en su adiós “aquí existe un problema de libertad”. Lástima que pasara inadvertido para González, Aznar y Zapatero y ahora para Rajoy y Sánchez. Quizá les iría bien pasar una temporadita por ‘aquí’, acudir a un concierto de Navidad o una reunión del AMPA; o soportar la broma de un compañero de trabajo que graciosamente te susurra al oído “no te preocupes, te daremos el pasaporte” –quiero creer que no se refería al pasaporte que daban los comités de milicias antifascistas de Companys–; o, en fin, soportar cómo te increpan viandantes y automovilistas cuando te ven retirar lacitos amarillos de plástico colocados en barandillas, bancos y árboles, como si la ciudad fuera suya, y nosotros ciudadanos de segunda a los que sólo nos cabe acatar en silencio sus mamarrachadas.

XII legislatura

Arrancó la nueva legislatura con el mismo tono bronco y desafiante que terminó la anterior. Maragall El Viejo, elegido presidente de la Mesa de edad, dio rienda suelta a su “acumulación de indignación frente a las agresiones que vivimos cada día” y continuó su perorata reclamando la presencia del gobierno cesado y reprochando al Estado querer humillar a los catalanes, impidiéndoles “construir el país nuevo, justo y digno que queremos ser”. En el limitado universo ‘maragalliano’, quienes no nos hemos sumado a esa formidable “acción colectiva de una parte muy significativa de esta sociedad” no existimos y resulta inútil explicarle que no nos humilla la intervención del Estado democrático sino gente que, como él, exalta a los golpistas.

Siguiendo el guión, Torrent (ERC) fue elegido presidente del Parlament con 65 votos (incluidos los de los tres diputados encarcelados) y JxC y ERC se aseguraron la mayoría de la Mesa que adoptará una decisión clave en los próximos días. En su breve discurso sin alusiones a la fallida república, Torrent se comprometió a defender el derecho de participación de todos los diputados (incluidos los encarcelados y prófugos) e hizo una llamada, sin renunciar a sus principios, a la democracia, al respeto y a la convivencia. Ojalá no se equivoquen quienes han querido ver en estas palabras una indicación de que esta legislatura podría ser más comedida que la precedente, y no una estratagema antes de desempolvar de nuevo la hoz republicana. De momento, el partido de Junqueras ha accedido a que Puigdemont se presente a la investidura y ahora tendrá que decidir si, contraviniendo el informe de  los letrados de la Cámara, acepta la investidura telemática, contradiciendo el deseo expresado por Torrent de tener un “gobierno efectivo”. Claro que tampoco puede descartarse que Puigdemont aparezca por sorpresa en el hemiciclo disfrazado de ‘mosso d’esquadra’. Antes del 31 tendremos la respuesta.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico; Universidad Autónoma de Barcelona