octubre 18th, 2017 by lasvoces

Redacción (Eduardo J. García. Licenciado en Comunicación Audiovisual) – El fácil eslogan de “presos políticos” ya ha prendido. Es el cartel simple que enardece a las masas ávidas de simplificaciones maniqueas enalteciendo la figura del héroe frente al estado opresor que le encarcela por sus ideales en defensa de libertad y democracia. Barcelona (España), miércoles 18 de octubre de 2017. fotografía: MADRID (ESPAÑA), 16.10.2017. Llegada esta noche a la cárcel de Soto del Real, en Madrid, de un furgón de la Guardia Civil con los líderes de las organizaciones separatistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. efe.

Preocupa mucho que ciertos partidos y colectivos pongan la etiqueta de presos políticos a Cuixart y a Sánchez con tanta ligereza, temeridad y sobre todo ignorancia demagoga. Estos partidos que se autodenominan de izquierdas se permiten el lujo y la vergüenza de insultar a los verdaderos presos políticos al equipararlos a los presidentes de Òmnium y ANC. Desconocen lo que es un estado autoritario, la falta de democracia y de libertades públicas e insisten en un frívolo y superficial discurso que tiene la consistencia de una pompa de jabón. No, señores de Podemos, de en ComúPodem y derivados, no, ustedes no son de izquierdas.

No tienen derecho a decir que son de izquierdas porque desconocen su significado. Ser antisistema no es ser de izquierdas, la demagogia barata y vacía tampoco. Ser de izquierdas implica otra cosa, consiste en defender la justicia social, los derechos de los trabajadores y combatir las desigualdades. Si además se consideran demócratas tendrían que defender los valores democráticos que rigen la sociedad, el respeto a las leyes, a la justicia y a las instituciones democráticas.

No necesariamente tiene razón el que usa eslóganes maniqueos y simplistas igual que no la tiene el que más grita (o tuitea). Era previsible y lo más fácil que Cuixart y Sánchez fueran tachados con la etiqueta de “presos políticos” y también se veía venir que el primero que la sacaría no sería un miembro de los partidos secesionistas oficiales, sino un representante de esa pseudo izquierda vacía: Xavier Domènech, quien desesperadamente pretende congraciarse con los secesionistas. Podemos/Podem/En Comú, IU, etc., están siendo de gran utilidad al secesionismo su papel de falso neutral, el partido dialogante, progre, comprensivo por antonomasia que pese a no compartir oficialmente su afán secesionista unilateral no puede permanecer callado ante “semejantes atropellos a las libertades” y se convierte en su principal abogado “neutral”. Su discurso y tesis carecen de todo análisis, de propuestas, de programa, de propósito constructivo. Llegando al extremo de que la portavoz en el Parlamento Europeo de IU haya expresado que propondrá que la UE aplique sanciones a España por tener presos políticos.

Parece que su único cometido consiste en generar confrontación, enardecer a las masas con discursitos simplones mientras cínicamente insisten palabras como “paz”, “diálogo”, “hablemos”,  “no a los pirómanos”, que pierden todo significado real. ¿Acaso no es propio de pirómanos (palabra que se precipitaron en usar los miembros de Podemos) abusar de la etiqueta de “presos políticos” y dejar que se expanda entre las masas poniendo en tela de juicio la labor de la justicia? Sin embargo, optan por ignorar que a las instancias judiciales les ha sido imposible no decretar el ingreso a prisión de los dos líderes dadas las apabullantes pruebas en su contra.

Es evidente que el ingreso en prisión de los dirigentes de estas dos organizaciones a quien más beneficia es al discurso victimista del secesionismo y da alas a la pseudo-izquierda para crear falsos mitos y proferir eslóganes tan manidos como falsos. Pero ¿acaso el gran poder de convocatoria de los dos líderes y el previsible movimiento a favor de su liberación tendría que haber frenado la labor judicial? ¿Desde cuándo la justicia tendría que dejar en libertad al que infringe la ley para evitar una reacción social?
Estas posturas de la pseudo-izquierda tienden a identificar automáticamente “lo rebelde”, la agitación de las masas, “el movimiento de la calle” con algo progresista, con “la verdadera democracia”. Para ellos sólo caben buenos y malos: los “pacifistas” líderes de Òmnium y ANC son el paradigma de luchadores por la libertad frente a un estado opresor al que constantemente se le tacha de antidemocrático y franquista.

Poco importa la imagen de los Jordis encima de un coche policial destrozado y arengando con megáfonos en mano a la muchedumbre para que se quedaran allí el tiempo que hiciera falta manteniendo el cerco a la policía. Son imágenes sumamente pacíficas, tranquilizadoras y democráticas.

La difusión del eslogan de “presos políticos” es sólo un ejemplo más de las constantes estrategias de falseamiento de la verdad por parte de los secesionistas y de sus defensores de la autodenominada izquierda. Los independentistas insisten en exigir un reconocimiento y unos derechos que se han empeñado y empeñan en negar a los que piensan diferente. En el colmo de su manipulación pretenden convencer a la comunidad internacional de que ellos y sólo ellos se han “ganado” el derecho a ser libres ninguneando sistemáticamente a los millones de catalanes que no piensan como ellos y a quienes desde hace años vienen privando de libertad.

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octubre 6th, 2017 by lasvoces

Redacción (Miklós Cseszneky; Experto en Relaciones Internacionales, Lingüística y Psicología Intercultural) – Angela Merkel y Mariano Rajoy tienen mucho en común. El presidente del Gobierno actúa como un matador remiso que estudia, sin inmutarse, libros sobre métodos pacíficos de tauromaquia cuando el cornúpeto enloquecido ya ha saltado todas las vallas y está embistiendo a los vecinos que, atónitos e indignados, abuchean al torero. Sus respectivos partidos pertenecen a la misma familia política y colaboran en diferentes agrupaciones europeas e internacionales. El momento más crítico de la carrera política de Angela Merkel ha sido la crisis migratoria. Londres (Reino Unido), viernes 6 de octubre de 2017. Fotografía: CALLE LAYETANA (BARCELONA), martes 3.10.2017. Un inmigrantes separatista de la entidad antiespañola de inmigrantes en Cataluña ‘Nuevos Catalanes’ -Nous Catalans, en lengua regional- junto a centenares de extremistas separatistas fanáticos, se concentran ante la sede central de Policía Nacional en Cataluña, Jefatura Superior de Policía Nacional, para amenazar a los agentes y hacer proclamas secesionistas, tras el fracaso del otro “23-F” contra España, esta vez impulsado por el Gobierno catalán del golpista Carles Puigdemont, el pasado domingo 1-O en Cataluña. Efe.

La inmigración impulsó la AfD en Alemania. ¿Será la crisis catalana la fuerza motriz de VOX en España?

Angela Merkel y Mariano Rajoy tienen mucho en común. Sus respectivos partidos pertenecen a la misma familia política y colaboran en diferentes agrupaciones europeas e internacionales. Ambos políticos han tenido sus más y menos con sus predecesores: el difunto Helmut Kohl, el legendario reunificador de Alemania, tachó a Merkel de “víbora traidora”, mientras el largo historial de desencuentros entre Rajoy y José María Aznar alcanzó su punto álgido cuando éste renunció a la presidencia de honor del PP. A nivel personal, tanto la canciller alemana como el presidente del Gobierno español se caracterizan por su estilo poco carismático, su temperamento ecuánime y su modo de pensar burocrático. Estas cualidades, durante la última crisis financiera, ayudaron a ambos líderes a navegar con cautela entre Escila y Caribdis y, sin duda, contribuyeron a sus relativos éxitos económicos. Sin embargo, las mismas características personales que coadyuvan a la gestión prudente de la hacienda pública, pueden convertirse en un óbice cuando las circunstancias requieren un liderazgo más decisivo y valiente.

En 2015, cuando la crisis migratoria golpeaba las puertas de Europa, la canciller de Alemania no tenía clara su postura hasta el último momento y – según cuenta el periodista Robin Alexander – al fin optó por abrir las fronteras por miedo a las consecuencias mediáticas de eventuales imágenes de violencia policial. A causa de esa decisión millones de inmigrantes musulmanes llegaron a tierras alemanas, y el encuentro entre culturas tan diferentes no resultó estar exento de choques. Si bien es cierto que la gran mayoría de los solicitantes de asilo no cometió actos de terrorismo o abusos sexuales, el simple hecho de que los perpetradores de los subsiguientes atentados y violaciones eran migrantes sacudió a la sociedad alemana. El descontento y el miedo, cada vez más patentes entre considerables sectores de la población, impulsaron un nuevo partido a la derecha de la CDU de Merkel. La Alternativa para Alemania (AfD) – aunque técnicamente había sido fundada antes de la llegada masiva de los refugiados – es una hija espuria de la canciller, el fruto de su desliz político. Hace unas semanas, en las elecciones federales, la AfD irrumpió en el Bundestag con un estrépito, alcanzando el tercer puesto según el número de escaños en el parlamento alemán.

En cierto modo, la Alternativa para Alemania se ha posicionado en la arena política del país como el representante del ideario tradicional de la Unión Demócrata Cristiana, que supuestamente ha sido abandonado y traicionado por la canciller. Según ha explicado Beatrix von Storch, la vicepresidenta de la AfD en una reciente entrevista: “Es irónico, pero muchas de las políticas, posiciones y valores actualmente defendidos por la AfD solían estar sostenidos por la Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel (CDU/CSU). En realidad, no es la AfD la que está ‘muy a la derecha’, sino más bien ha sido Merkel la que ha desplazado la CDU/CSU hacia la izquierda”… “Merkel expulsó a los conservadores, cristianos y libertarios de la CDU/CSU y los dejo sin hogar político”… “La AfD cubrió esa brecha y dio a los conservadores, cristianos y libertarios el hogar político alternativo que buscaban.”

El momento más crítico de la carrera política de Angela Merkel ha sido la crisis migratoria. Para su homólogo español ese trance se ha presentado en la forma del desafío independista en Cataluña. Mariano Rajoy – al igual que la canciller alemana en 2015 – vacila y titubea y tampoco quiere ver imágenes de violencia en la prensa. Su personalidad de leguleyo y burócrata no le permite coger el toro por los cuernos, y prefiere esperar a que el miura bravo y desenfrenado se canse sin que él tenga que saltar al ruedo. El presidente del Gobierno actúa como un matador remiso que estudia, sin inmutarse, libros sobre métodos pacíficos de tauromaquia cuando el cornúpeto enloquecido ya ha saltado todas las vallas y está embistiendo a los vecinos que, atónitos e indignados, abuchean al torero.

Al igual que la CDU dominaba en Alemania el campo de la centroderecha desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Popular ya lleva varias décadas recogiendo el voto de los ciudadanos liberales y conservadores de España. Sin embargo, la falta de firmeza y de liderazgo por parte del Gobierno en el conflicto catalán, está causando un creciente descontento entre los votantes de la derecha. El hecho de que en la sede nacional del PP de la calle Génova han aparecido pintadas que les tildan de “traidores” podría considerarse como la primera manifestación de la ira que sienten muchos de sus afiliados. La insatisfacción con la política migratoria de Angela Merkel ha fortalecido la AfD, y ahora es bien posible que la frustración de los simpatizantes del PP contribuya a la creación de un viable proyecto político a la derecha del partido gobernante.

Aunque en España existen varios pequeños movimientos derechistas, el que más se asemeja a la AfD alemana es VOX, también proyectándose como el depositario de los históricos valores políticos de la derecha. Muchos de los dirigentes y afiliados del partido liderado por Santiago Abascal antes militaban en las filas de los populares, y ya llevan varios años intentando abrir una grieta por la que VOX pueda sustituir al PP en España. Hasta ahora sus esfuerzos han caído en saco roto, pero la gestión desastrosa de la situación catalana por parte del Gobierno le ofrece a VOX una oportunidad única para reafirmarse y repetir el éxito de la AfD alemana. Cabe recordar que fue una denuncia de VOX, la que desencadenó las primeras acciones policiales contra el referéndum ilegal, y el partido sigue manteniendo el pulso presentando una querella contra Rajoy por “dejación de funciones”. Desde luego, VOX tendrá que arrostrar muchos problemas y dificultades, sobre todo en lo que se refiere a su imágen pública. Sin embargo, cuando todo el mundo que se oponga al proceso independista es „facha”, entonces nadie lo es, y las etiquetas se desprenden de cualquier significado y juicio de valor. El error merkeliano de Rajoy ahora ofrece en bandeja a VOX una oportunidad histórica para convertirse en la AfD española. Queda por ver si podrán aprovecharla.

Miklós Cseszneky

Experto en Relaciones Internacionales, Lingüística y Psicología Intercultural

Húngaro-británico

Reside en Londres (Reino Unido).

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septiembre 14th, 2017 by Clemente Polo

Redacción (Clemente Polo) – Bochorno es la palabra que cualquier demócrata sintió al escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, PP y CSQEP en el Parlament protestar inútilmente contra los reiterados intentos de la presidenta Forcadell de silenciarlos para sacar adelante el cambio en el orden del día, propiciado por los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y CUP, y aprobar, por vía de urgencia, la denominada “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament de Cataluña. El áspero debate permitió constatar el nulo respeto a los procedimientos democráticos de los líderes de ERC, PDE-Cat y CUP en su alocada huida hacia el 1-O. Barcelona (España), jueves 14 de septiembre de 2017. Fotografía: Los líderes de ERC -el también vicepresidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña-, Oriol Junqueras (d), de la CUP, Anna Gabriel  Sabaté (i), y Podemos Cataluña, Albano Dante Fachín (c), al finalizar un acto político conjunto en Cataluña. Archivo Efe.

Verlos en acción dinamitar el Estado de Derecho en el hemiciclo, vulnerando sin inmutarse en su escaño los derechos más elementales de los diputados –tales como conocer los proyectos de ley con 48 horas de antelación, disponer de plazos razonables para presentar enmiendas o solicitar informes jurídicos a los Letrados de la Cámara y dictámenes al Consejo Estatutario– habrá servido para despejar las dudas que todavía albergaban algunos políticos y ciudadanos sobre la naturaleza del prometido “nuevo país para todos”. Gracias por aclararnos que en su república no hay derecho a réplica.

“Anem a votar, anem a votar”

Esta es la frase que repitió Forcadell mientras intentaba acallar las protestas de todos los portavoces de la oposición que, con independencia de sus posiciones políticas, pedían la palabra para denunciar el atropello a la democracia que los diputados de JxS y CUP estaban perpetrando. Como les recriminó Coscubiela (CSQEP), “esto no es un cambio del orden del día” sino más bien la aplicación del principio dictatorial de “a todo aquel que no me gusta le tapo la boca”. Dicho y hecho: Forcadell le cerró el micrófono mientras el diputado gesticulaba con voz ya inaudible ante las cámaras. Tras el intento del vicepresidente Espejo (Ciudadanos) de intervenir en el pleno, cortado con voz alterada por Forcadell, la que fuera primera presidenta de la ANC llamó a un primer receso para que la mesa de portavoces pudiera reunirse, como exigían los diputados de la oposición, a tratar el trascendental cambio en el orden del día.

La llamada ‘ley del referéndum de autodeterminación’ establece en su Art. 3.2 un “estado de excepción” que deja en suspenso la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cualquier norma o sentencia que entre en conflicto con ella. No hace falta ser un experto constitucionalista para darse cuenta del dislate jurídico y los riesgos que entraña para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la libertad de empresa que un grupo de diputados iluminados se arroguen todos los poderes y violen todas las reglas básicas de la democracia constitucional, la única que garantiza los derechos individuales y colectivos, y proporciona a las minorías seguridad jurídica frente a la arbitrariedad de las mayorías. Cuando a ello se añade la vulneración reiterada por los grupos de JxS y CUP de los principios y salvaguardas establecidos para tramitar con garantías los proyectos legislativos, ignorando las leyes y los reglamentos de las cámaras, el escenario que emerge en Cataluña es de una gravedad extrema.

No es tiempo de peros

Como era previsible, las quejas y apelaciones al reglamento y al sentido común de la oposición cayeron en saco roto y el gobierno de Puigdemont-Junqueras acabó modificando el orden del día y Forcadell concedió un par de horas a la oposición para presentar enmiendas, sin aclarar el procedimiento a seguir ni aceptar que la mesa se reuniera para establecerlas. Algunos grupos de la oposición anunciaron que pedirán amparo al Tribunal Constitucional (TC) mientras la Fiscalía anticipa que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra Forcadell y los miembros de la mesa que votaron a favor de tramitar la ‘ley’. A esta hora, el pleno, cuyo final está cantado, retoma la sesión tras dos horas de interrupción mientras la oposición sigue pidiendo explicaciones a Forcadell que sólo está interesada en proceder a votar las enmiendas.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, informó que el presidente del Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado interponer un incidente de ejecución de sentencia ante el TC para paralizar las decisiones adoptadas en el Parlament y decantar las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido Forcadell y los miembros de la mesa que llevaron la ‘ley’ al pleno. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno está preparado para defender los derechos de los catalanes y la democracia en Cataluña, y aprobará el recurso al TC en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy mismo.

Celebro el apoyo sin matices que Rivera, presidente de Ciudadanos, trasladó al Gobierno un día antes del aquelarre secesionista en el Parlament, y comparto la petición que le hizo a Rajoy de que el próximo 1 de octubre no vuelva a repetirse el bochornoso espectáculo vivido el 9-N, con la utilización partidista de las instituciones de autogobierno y los medios de comunicación, la ocupación de espacios públicos y la malversación de caudales. Más preocupante resulta la ambigua posición de Sánchez, secretario general del PSOE, que ese mismo día se reunía con el nada fiable Iglesias, líder de la sección madrileña de Podemos, y asumía en rueda de prensa las aspiraciones de Cataluña, El País Vasco y Galicia (al menos) a ser reconocidas como nación. En alguna ocasión he manifestado mi oposición, no tanto a la desfasada pretensión de reconocer como nación a un territorio sino a que ello conlleve privilegios para sus habitantes, y quiebre la igualdad de todos los españoles que proclama nuestra Constitución. Pero hasta donde sé, el proyecto federalista que abanderan el PSC-PSOE supone, además del reconocimiento de la nación catalana, el blindaje de la inmersión lingüística y la concesión de privilegios fiscales inadmisibles para cualquier socialdemócrata tibio. Hoy, Sr. Sánchez, no es día para poner palos en la rueda sino para pensar en el interés de todos los españoles y apoyar las medidas que adopte el Gobierno para preservar nuestro Estado social y democrático de Derecho.

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septiembre 10th, 2017 by Clemente Polo

Redacción (Clemente Polo) – La expansión territorial de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) anunciada el 4 de septiembre es la pieza clave que complementa en el plano tributario los preparativos del anunciado referéndum de autodeterminación que el gobierno de la Generalidad de Cataluña planea realizar el 1 de octubre (1-O). Barcelona (España), domingo 10 de septiembre de 2017. Fotografía: En la imagen, un hombre en la entrada de la sede de la Agencia Tributaria de Cataluña, una nueva institución separatista catalana que depende directamente del departamento de la Vicepresidencia del Gobierno d ela Generalidad de Cataluña y consejería de Economía y Hacienda del líder de ERC, Oriol Junqueras Vies. Archivo ACN.

Es casi una perogrullada recordar que mientras la Generalidad de Cataluña no controle la totalidad de los ingresos impositivos devengados en Cataluña, la independencia política constituye una quimera imposible de implementar, porque sin las arcas repletas el gobierno de la futurible república no podría pagar las nóminas de los empleados públicos, ni las facturas de los proveedores, ni tampoco abonar las pensione y las prestaciones a los desempleados ni realizar otras transferencias sociales.

En la escenificación de ayer, protagonizada al alimón por el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras, conviene distinguir entre la gesticulación política y la realidad fiscal pura y dura. El gobierno de la Generalidad de Cataluña estaba obligado a realizar antes del 1-O un gesto de esta naturaleza para dar a entender a las huestes secesionistas su firme determinación de seguir adelante hasta el final, y convencer a los posibles votantes de que, con la ampliación de la ATC anunciada, todo está a punto, como rezaba el lema de la Diada de 2016, y la Generalidad de Cataluña puede gestionar la totalidad de los impuestos a partir del 1-O, en caso de que el sí ganara el ilegal referéndum.

En esta ocasión, la realidad no está a la altura de los deseos. Lo que en realidad hicieron Puigdemont y Junqueras fue oficializar la puesta en marcha de 13 nuevas oficinas territoriales que, como puede comprobarse en la página de internet, empezaron a funcionar ese mismo 4 de septiembre. Estas nuevas oficinas, junto con la oficina territorial del Barcelonés Norte, ya existente, la delegación central, las cuatro delegaciones provinciales y las 13 oficinas de que ya recaudan los impuestos municipales completan el organigrama de 32 centros desplegados a lo largo de las cuatro provincias que cuentan con entre 700 y 800 empleados, 200 de ellos provenientes de las oficinas de Registradores.

Diga lo que diga Junqueras, la actual configuración de la ATC no permite gestionar 42.000 millones de recaudación por dos razones elementales: ni puede legalmente hacerlo ni dispone de los medios materiales para ello. Para empezar, la ATC, como otras agencias tributarias, sólo puede recaudar los impuestos cedidos en su totalidad a las CCAA –patrimonio, transmisiones y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, juego y el impuesto especial sobre medios de transporte–, además de los impuestos propios. Está por ver si la ATC, como pretende el gobierno de la Generalidad, recauda los 2.500 millones de impuestos estatales devengados en el sector público catalán. Por último, conviene recordar a los olvidadizos que la ATC tampoco dispondría de las cotizaciones sociales que ingresa la Tesorería General de la Seguridad Social y que, en consecuencia, el gobierno de la Generalitat tampoco podría hacer frente al pago de las pensiones contributivas, las prestaciones por desempleo y otras transferencias sociales gestionadas por la Administración de la Seguridad Social y el SEPE.

Pocas horas después de oficializar la inauguración de las treces nuevas sedes territoriales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hacía público un comunicado en el que, tras reconocer la competencia de la ATC sobre los impuestos propios y cedidos, aclaraba “que para el resto de los tributos la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración competente”, de modo que “si se presentan ante otra Administración se tendrán por no presentados y las deudas por no cumplidas”.

La nota del MINHAP dejaba meridianamente claro que ni siquiera los empleados del sector público de la Generalitat podrán presentar sus declaraciones de los impuestos estatales no cedidos en la ATC ni saldar por esta vía sus deudas tributarias con Hacienda. Insistía, además, en que “el Tribunal Constitucional ha anulado todas aquellas previsiones que excedían el marco constitucional y estatutario” con las que el gobierno de la Generalidad de Cataluña pretendía convertir la ATC en la ‘Hacienda propia’ de Cataluña. Por otra parte, Gestha, la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, estima que la ATC necesitaría incorporar más de 4.200 empleados adicionales a su recientemente ampliada plantilla para poder gestionar los impuestos estatales.

De momento, la realidad contradice las afirmaciones de Puigdemont y Junqueras: la ATC ni está legalmente capacitada para gestionar los impuestos estatales ni puede con sus 700-800 empleados actuales gestionar 42.000 millones. La expansión territorial de la ATC recuerda la políticas de inauguración de ’embajadas’ del gobierno de la Generalitat en los últimos años, la última de ellas en Copenhague con presencia de Puigdemont y la hermana Guardiola, ex–jugador del CF Barcelona y de la selección española, convertida en ‘secreta ambasciatrice‘. ¿Está en condiciones el gobierno de la Generalidad de Cataluña de sustituir al Ministerio de Asuntos Exteriores? No, naturalmente, pero la creación de ‘embajadas’ ayuda a trasladar la sensación de que la futurible república catalana cuenta ya con una eficaz policía, capaz de mantener el orden público y hacer frente al terrorismo, un ‘ministerio de asuntos exteriores’ capaz de promover los intereses de las empresas catalanas, y ahora una agencia tributaria moderna, transparente y eficaz.

La tozuda realidad indica que el gobierno de la Generalidad dilapida varias decenas de millones cada año creando entidades superfluas e innecesarias para alimentar el proceso secesionista. Aunque no conviene minimizar la amenaza que supone para la igualdad de los españoles las pretensiones del gobierno de la Generalidad de Cataluña de gestionar 46.000 millones, la noticia quizá más preocupante de las aparecidas sobre la expansión territorial de la ATC sea que su finalidad podría ser la de gestionar una “hipotética mejora del sistema de financiación en el caso de que haya una negociación entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado después del 1-O”. Esperemos que después del 1-O, el Estado no cometa el error de ampliar las competencias tributarias de una Administración que ha demostrado durante los últimos años todo menos lealtad al proyecto de Estado social y democrático de Derecho vigente en España desde 1978.

Clemente Polo,

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico,

Universidad Autónoma de Barcelona

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