Cataluña, en el filo de la navaja

Redacción (Clemente Polo).- El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió del gobierno de la Generalitat de Cataluña muestra una caída continuada del porcentaje de catalanes que quieren que Cataluña sea un estado independiente, desde 47,7 % hace un año hasta 41,1% en junio de 2017. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, sábado 29 de julio de 2017. Fotografía: Cataluña (Barcelona) 17.07.2017. El líder del PSC, Miquel Iceta, y el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez. Archivo Efe.

En sentido contrario ha evolucionado el porcentaje de ciudadanos que no quieren que Cataluña se convierta en un Estado independiente que con el 49,4% vuelve a situarse muy cerca del máximo (50,0%) alcanzado hace dos años. Por otra parte, la suma de los catalanes que consideran que Cataluña debería ser una Comunidad Autónoma (30,5 %) o una Región (5,3 %) supera ligeramente a la de aquellos (34, 7 %) que consideran que debería  ser un estado independiente, algo que no había ocurrido en el período que aparece en el gráfico. El porcentaje de quienes consideran que Cataluña debería ser un estado dentro de una España federal cayó 8 puntos porcentuales entre finales de 2014 y mediados de 2016 y ha registrado una levísima recuperación en el último año.

La opción federalista resulta, por tanto clave, para inclinar a un lado u otro la balanza. La cuestión es que nadie sabe a ciencia cierta a dónde nos quieren arrastrar los partidarios de un estado federal, cuando de hecho la España de las Autonomías ya lo es en casi todos los aspectos si se la compara con estados federales como Estados Unidos o Alemania. Aunque es cierto que el PSC –el único partido que defiende abiertamente el modelo federal en Cataluña– se ha librado de bastantes de sus líderes filosecesionistas, que se han incorporado a ERC o a CDC (PDE-Cat),  lo cierto es que la concepción federal que patrocina el PSC de Iceta y Parlón no deja tranquilo a ningún socialdemócrata libre del virus nacionalista.

Porque, francamente, resulta poco reconfortante para los socialdemócratas, y hasta me atrevería a afirmar que para cualquier republicano, la pretensión del PSC de convertir a España en una “nación de naciones” con el propósito de reconocer la “identidad nacional” de Cataluña; o su defensa a ultranza de la inmersión lingüística que impulsaron los gobiernos tripartitos liderados por el PSC de Maragall y Montilla, a la que califican sin pudor como “un modelo educativo de éxito”; o su apuesta reiterada en materia de financiación autonómica por el principio tan poco socialista de que han de recibir más los territorios dónde más se recauda; o, para terminar, las vergonzosas alianzas de gobierno que mantienen los ediles del PSC con los concejales de partidos secesionistas (ERC, CDC-PDE-Cat y CUP) en numerosos municipios de Cataluña.

Lo más preocupante del asunto es que la crisis que se abrió entre el PSOE y el PSC, cuando los diputados del PSC en el Congreso votaron en contra de la investidura de Rajoy saltándose el acuerdo adoptado por el Comité Federal del PSOE, se saldó con la victoria del PSC por goleada: su deslealtad se premió aceptando que sus representantes continúen en los órganos de dirección del PSOE a cambio de la etérea promesa de que no volverán a hacerlo. Hoy, el PSC sigue siendo un partido independiente con voz y voto en los órganos de dirección del PSOE y los dirigentes del PSOE continúan yendo a Barcelona a aplaudir a Iceta y a Parlón, y a regalarles los oídos alabando su maravillosa “nación” y criticando el “inmovilismo” de Rajoy. Este modelo de relación asimétrica es el que ahora pretenden exportar al conjunto del Estado.

La victoria del tándem Pedro Sánchez-Patxi López frente a Susana Díaz en las primarias del PSOE, donde el PSC jugó un papel fundamental, constituye una seria amenaza a la igualdad de los españoles. Me temo que Sánchez, como Zapatero en 2003, va a asumir las exigencias del PSC. El resultado entonces fue la Propuesta de Reforma de Estatut de Cataluña que aprobó el Parlament el 30 de septiembre de 2005 que proyectaba una España prácticamente confederal, en la que la Generalitat de Cataluña asumía control de todas las competencias, incluidas las educativas, judiciales y fiscales, y dejaba únicamente en manos del gobierno de España defensa y política exterior. Como nunca lo han repudiado, me temo que éste sigue siendo el modelo de Estado por el que apuestan los dirigentes del PSC, camuflado ahora tras el eslogan “España nación de naciones”: la Generalitat es soberana y las instituciones del Estado deben reconocer su plena autonomía.

Resultaría fundamental para superar la crisis política en Cataluña y despejar el futuro de la España constitucional contar en Cataluña y en el País Vasco con un auténtico partido socialdemócrata que apueste por la igualdad en derechos y deberes de todos los ciudadanos españoles. Lástima que ni los socialdemócratas catalanes que presentaron la Plataforma para la recuperación de la federación catalana del PSOE, en Cataluña, ni la mayoría de socialdemócratas que ven con buenos ojos la idea en el resto de España, se hayan decidido a saltar al ruedo y exigir algo que algunos demandábamos ya a Pérez Rubalcaba en 2013.

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De parlamentarios a okupas

Redacción (Clemente Polo) -. Tanto el acto que protagonizaron en la mañana del 4 de julio ocho diputados de los grupos parlamentarios CUP y Junts pel Sí (JxS) en el auditorio del Parlament –fuera del hemiciclo donde se debaten y se votan las iniciativas legislativas– para explicar la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” a sus propios diputados, como la subsiguiente puesta en escena que realizaron esa misma tarde el presidente y el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el Teatro Nacional de Cataluña para presentar en sociedad el engendro jurídico, permitió constatar su profundo desprecio por los tres principios claves de la democracia representativa: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. Que luego no se rasguen las vestiduras si algunos acaban, como Mas y Homs, sentados en el banquillo por aprobar un texto que deroga nada menos que la Constitución y desacata las sentencias de los Tribunales. Ningún pretendido “mandato popular” exime a quienes delinquen, gobernantes y diputados autonómicos incluidos, de responder de sus actos en un Estado de Derecho. San Cugat Del Vallés (Barcelona), jueves 20 de julio de 2017. Fotografía: GRA232. BARCELONA, 23/12/2016.- En la imagen, Cumbre de la fracasada ‘Pacto Nacional (catalán) Por el Referéndum Pactado’. De Izquierda a la derecha: El ex presidente catalán, Artur Mas Gavarró; la ex Consejera de Gobernación de este Gobierno catalán de Carles Puigdemont, Meritxell Borràs; la ex portavoz de este Gobierno catalán de Carles Puigdemont, Neus Munté; la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el presidente catalán, Carles Puigdemont; la presidenta de Parlamento autonómico de Cataluña, Carme Forcadell; y el vicepresidente de Gobierno catalán y consejero de economía y Hacienda, Oriol Junqueras Vies. Archivo Efe.

“Régimen jurídico excepcional” en Cataluña

En la sesión matutina, cuatro dirigentes de la CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) presentaron junto a cuatro diputados de la coalición JxS (Corominas y Turull por CDC-PDE-Cat y Orobitg y Rovira por ERC) las primicias de la “ley” que pretende establecer un “régimen jurídico excepcional” en Cataluña para cobijar un referéndum inconstitucional y antiestatutario, y, por tanto, palmariamente ilegal. Hay dos circunstancias destacables. Primera: que la coalición antisistema, anticapitalista y manifiesta vocación imperialista, CUP, que sólo obtuvo el 8,2 % de los votos válidos en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, tuviera los mismos representantes en la mesa presidencial que la coalición JxS, que logró el 39,5% de los votos, demuestra quién maneja en realidad los hilos del gobierno de Puigdemont. Segunda: que sólo un reducidísimo número de diputados y miembros del gobierno, según confesó el cesado consejero Baiget, estén al tanto de lo que se cocina en la canonjía del Palau, confirma la naturaleza totalitaria del proyecto que impulsan los conspiradores.

No hay duda alguna de que estamos ante un complot urdido por un pequeño grupo de diputados y miembros del gobierno de la Generalitat que, aprovechando su circunstancial mayoría en el Parlament de Cataluña –72 diputados que representan al 47,7% de los votantes y al 36,8% del censo–, insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña, pretenden aprobar una “ley suprema” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución, el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico. Con este audaz golpe de mano, los secesionistas pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho en Cataluña,  y suspender los derechos constitucionales de los españoles allí empadronados.

A falta de mejores argumentos, la “ley” apela, en primera instancia, al derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido por la Asamblea de la ONU. Como nunca Cataluña ha sido una colonia y los catalanes tienen los mismos derechos que el resto de españoles, recurrir a semejante subterfugio produce hilaridad. En el fondo, a los conspiradores les trae sin cuidado lo que piensen o digan los organismos internacionales –el Consejo de Europa manifestó recientemente que un referéndum sólo puede hacerse respetando la legalidad constitucional– porque su insustancial alegato se dirige a convencer a sus votantes más ingenuos de que una legalidad internacional superior a la española avala su, jurídicamente hablando, monstruosa criatura.

En segunda instancia, los proponentes de la ley aducen la negativa del Gobierno de España a acordar la celebración del referéndum, una excusa tan cómica y cínica como la anterior. ¿Alguien en su sano juicio puede pretender que un Gobierno democrático incumpla la Constitución que refrendaron el 87,1% de los españoles y el 90,4% de los catalanes? Nuestra Constitución, como el Estatut y el resto de normas vigentes, puede reformarse siguiendo los procedimientos y mayorías previstos en el ordenamiento jurídico, y sólo los enemigos de la democracia y los dictadores solapados se consideran legitimados para saltárselas con subterfugios tan pueriles.

Preparativos del “butifarréndum”

Puigdemont, Junqueras y el selecto grupito de diputados que están en el ajo han despejado pocas de las muchas dudas que suscita el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre. A la espera de un futuro “decreto de normas complementarias”, la “ley” establece que podrán participar los ciudadanos que “tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament” y que corresponde al gobierno de la  Generalitat elaborar el censo, nombrar el número y límites de las secciones electorales y nombrar a los integrantes de las mesas que se dispondrán en locales municipales “que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Las papeletas incluirán la pregunta “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, en catalán y castellano. En cuanto al resultado, la “ley” contempla que si el “sí” ganara por un solo voto, aunque sólo votaran Puigdemont y Junqueras, el Parlament proclamará la independencia en el plazo de 48 horas y se iniciará el “proceso constituyente”.

“decreto de normas complementarias”, la “ley” establece que podrán participar los ciudadanos que “tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament” y que corresponde al gobierno de la  Generalitat elaborar el censo, nombrar el número y límites de las secciones electorales y nombrar a los integrantes de las mesas que se dispondrán en locales municipales “que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Las papeletas incluirán la pregunta “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, en catalán y castellano. En cuanto al resultado, la “ley” contempla que si el “sí” ganara por un solo voto, aunque sólo votaran Puigdemont y Junqueras, el Parlament proclamará la independencia en el plazo de 48 horas y se iniciará el “proceso constituyente”.

organismos legítimos encargados de velar para que “las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad”. A este nuevo organismo le correspondería designar las “sindicaturas de demarcación”, validar el censo y las papeletas, proporcionar acreditaciones, supervisar las mesas electorales, etc. Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral y sustituir a la Junta Electoral Central, el plan esbozado constituye otro despropósito jurídico. En caso de que el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS y CUP en el Parlament sigan adelante con los planes para hacer el referéndum, tendrán que hacer frente a las denuncias que presenten los ciudadanos en cuanto se les comunique su inclusión en un censo ilegal puesto a disposición de un organismo ilegal.

 ¿Diputados u okupas?

Que una decena de diputados con Puigdemont, Junqueras y Gabriel a la cabeza pretendan saltarse la Constitución y Estatuto de Cataluña y doblegar al resto de instituciones del Estado constituye un auténtico delirio sin parangón en ninguna democracia occidental. El plan de marcado cariz totalitario carece de respaldo alguno en el Derecho Internacional y contraviene nuestro ordenamiento jurídico, incluido el propio Estatut donde se establece que “Cataluña tiene en el Estado español y la UE su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que se deriven de formar parte de ellos”.

Estatuto de Cataluña y doblegar al resto de instituciones del Estado constituye un auténtico delirio sin parangón en ninguna democracia occidental. El plan de marcado cariz totalitario carece de respaldo alguno en el Derecho Internacional y contraviene nuestro ordenamiento jurídico, incluido el propio Estatut donde se establece que “Cataluña tiene en el Estado español y la UE su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que se deriven de formar parte de ellos”.

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Breve historia de la metamorfosis de Pedro Sánchez en tres fotografías

Redacción (Clemente Polo)-. Se presentó en Madrid a lomos de la bandera constitucional en junio de 2015 y acabó en Barcelona jugando con cubitos a “nación de naciones” en julio de 2015. (…) Pedro Sánchez tras ganar las elecciones primarias y convertirse de nuevo en secretario general del PSOE. San Cugat (Barcelona), martes 18 de julio de 2017. Fotografía: Capital de España, 29.10.2017 (Efe)-. El momento más delicado de Pedro Sánchez: así rompió a llorar en plena comparecencia. El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez ha roto en un llanto contenido en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso para anunciar su renuncia al acta de diputado, en el momento en el que se disponía a explicar “cuán dolorosa” le resulta la decisión que ha tomado. Un emocionado Sánchez explicó sus argumentos para llevar a cabo dicha postura con el fin de ser coherente con lo defendido hasta el momento, y al mismo tiempo no llevar la contraria a su partido. Archivo Efe.

Breve historia de la metamorfosis de Pedro Sánchez, el madrileño que se presentó en Madrid a lomos de la bandera

constitucional en junio de 2015 y acabó en Barcelona jugando con cubitos a “nación de naciones” en julio de 2015.

Pedro Sánchez en la presentación de su candidatura a presidente del Gobierno de España el 22 de junio de 2015:

“No decimos que esa bandera no pueda pertenecer y sentirse por parte de otras opciones ideológicas, pero que es tan nuestra como del resto”.

Pedro Sánchez tras ganar las elecciones primarias y convertirse de nuevo en secretario general del PSOE.

“Vamos y queremos hacer una organización nueva. Vamos a hacer y cumplir con el mandato de las

urnas, hacer del PSOE el partido de la izquierda de este país, y mi compromiso sigue siendo firme: unir al partido”.

Pedro Sánchez con Miquel Iceta presentando la “Declaración de Barcelona” el 14 de julio de 2017:

“Para los socialistas, debe ponerse en marcha desde ya un proceso de fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, de mejora de su financiación, de mejor reconocimiento de su personalidad nacional y de su papel motor del conjunto de España”.

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