enero 22nd, 2019 by lasvoces
Redacción – En la reunión del secretariado de la ANC celebrada en Sant Boi de Llobregat el 12 de enero, la organización secesionista adoptó el acuerdo de impulsar la creación de “consejos locales de la ‘república’ catalana” (la ANC escribe república en mayúscula y sin comillas) que complementa otras dos campañas de la ANC ya en marcha. La primera campaña se centra en mantener vivas las protestas callejeras, a lo largo y ancho de Cataluña pero también en el extranjero, al menos mientras se celebre el inminente juicio contra los líderes que promovieron y financiaron el golpe de Estado que culminó con la constitución de la ‘república’ el 27 de octubre de 2017 (27-O). Barcelona (España), martes 22 de enero de 2019. FOTOGRAFÍA: CATALUÑA (ESPAÑA), AÑO 2018. El independentista presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra (i) y la extremista xenófoba presidenta de la llamada Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie (d), en una concentración el 16 de mayo de 2018 en Barcelona para reclamar la libertad de los presos golpistas separatistas. Efe
En los últimos días, hemos visto a algunos dirigentes de la ANC portando fotografías de los presos a las puertas del centro penitenciario de Lledoners con más bien escaso seguimiento de público, pese a las decenas de miles de socios con que supuestamente cuenta la Asamblea.
Los consumidores ‘republicanos’
La segunda campaña, lanzada el pasado noviembre, tiene como objetivo establecer un ‘registro de proveedores estratégicos’, con la finalidad de señalizar a los consumidores ‘republicanos’ las entidades financieras y empresas no financieras alineadas con el proceso insurreccional y promocionar sus ventas frente a sus competidores en Cataluña: ‘consumo estratégico’ es el perverso eufemismo utilizado tanto por la presidenta Palazui como por el secretario Fernández, a quién la ANC ha encargado impulsar esta campaña sectaria y odiosa, contraria a la unidad de mercado.
No, no se equivocan, se trata del mismo dirigente de la CUP que amenazó a Rato con su sandalia voladora y se mostró solícito adulador con el capo mayor de las redes de extorsión en Cataluña: Jordi Pujol. Para decirlo en dos palabras, el objetivo de la campaña es colgar lacitos amarillos a las empresas colaboradoras con los golpistas para que los buenos ‘republicanos’ les compren sus productos.
La nueva campaña para implantar los ‘consejos locales de la república catalana’ va un paso más allá, hablando en términos estrictamente insurreccionales. Desencantados ante la parsimonia de los líderes de los partidos ‘republicanos’ al frente de las instituciones de la Generalidad (Gobierno, Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos), los dirigentes de la ANC apelan directamente a los ciudadanos y pretenden ’empoderarlos’, esto es, encuadrarlos en ‘comités locales’ con un doble objetivo: ejercer el control efectivo en su circunscripción y vigilar los movimientos de los ‘botiflers’ remisos a hacer efectivo el ‘mandato’ del 1-O. Admiten que la ‘república’ es todavía virtual, pero confían en hacerla real poniendo en manos de los ‘consejos’ las riendas del proceso: un remedo burgués de los ‘sindicatos de barrio’ y los ‘comités de defensa’ de la CNT en los años 30.
En efecto, además de servir de punto de encuentro para canalizar las iniciativas locales a favor de la ‘república’, la ANC asigna a estas congregaciones de fieles ‘republicanos’ otras diez misiones: implementar la e-república; fomentar la participación en el ‘foro cívico y social’ que definirá las líneas maestras de la ‘república’; fomentar el voluntariado de proximidad; contribuir a la ‘caja de solidaridad’ (al margen de la agencia tributaria catalana); proporcionar recursos de tiempo y dinero a las entidades locales; fomentar el ‘consumo estratégico’; fomentar la recuperación de la memoria histórica local; establecer una red antirepresiva de proximidad; y desarrollar proyectos propios.
Como los mandamientos, las 10 consignas de rancio sabor totalitario pueden resumirse en dos: desarrollar la ‘república’ ignorando el ordenamiento constitucional y meter el miedo en el cuerpo a los vecinos remisos a seguir sus dictados.
Como ocurrió hace unos años con las primeras ‘consultas por la independencia’, algunos soltarán una sonora carcajada al conocer esta alocada iniciativa de la ANC.
En los últimos cinco años, hemos podido constatar las consecuencias políticas, sociales y económicas de aquellas risas: inestabilidad política y dos consultas patrocinadas por la Generalidad en 3 años (9-N en 2014 y 1-O en 2017) que pusieron en ridículo al Estado y a sus servicios de inteligencia; una profunda fractura social que ha convertido la convivencia en un infierno incluso en los centros escolares; y la ralentización del crecimiento económico y el traslado de la sede de más de 5.000 sociedades fuera de Cataluña.
Cuando los gobernantes del Estado no se toman en serio su responsabilidad de mantener el orden constitucional y miran hacia otro lado cuando la Generalitat legisla sobre materias ajenas a sus competencias y su presidente no acata las sentencias, la bola continúa rodando pendiente abajo, engrosándose y arrastrando todo lo que encuentra a su paso.
El Estado español, como comunidad de ciudadanos libres, iguales y solidarios, no sobrevivirá si no adopta pronto medidas contundentes para poner coto a la actividad de asociaciones que. como la ANC (aunque no es la única) ignoran el ordenamiento constitucional y lo trasgreden continuamente con casi total impunidad.
Como no hay ninguna duda de que el propósito de esta asociación es derogar o suspender la Constitución, despojar al Rey de sus facultades y proclamar la independencia en una parte (Cataluña) del territorio nacional, la ANC incurre en al menos tres supuestos del delito rebelión contemplados en el artículo 472 Código Penal.
Falta, se me advertirá, que el alzamiento sea violento, además de público, y seguro que algunos juristas, como el profesor Pérez Royo, sostendrán que poner en marcha consejos locales “para crear una estructura civil no autonómica sobre la que asentar las bases del nuevo estado” no es violencia, aunque quienes lo hacen violenten la ley.
En todo caso, mi sugerencia a los partidos constitucionalistas sería eliminar el término violencia del citado artículo para evitar la actual ambigüedad. De algo no tengo ninguna duda: mientras asociaciones, como la ANC (aunque no es la única), puedan desarrollar con impunidad casi completa sus actividades encaminadas, no a reformar el orden constitucional sino a destruirlo, resultará muy complicado detener la bola de los ‘comités locales de defensa’ una vez ésta empiece a rodar.
Clemente Polo,
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona
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diciembre 28th, 2018 by lasvoces
Redacción (Clemente Polo Andrés) – ¿Hay algún Estado democrático cuyo gobierno permita a los políticos que lo representan en una parte del territorio y a los empleados públicos que allí prestan sus servicios exhibir símbolos cuyo significado, implícita o explícitamente, es que la policía y los jueces encarcelan arbitrariamente a ciudadanos inocentes? Barcelona (España), viernes 28 de diciembre de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 21.12.2018. Gran tensión en Cataluña entre los Mozos Constitucionalistas y los comando defensores de la República (CDR, UCFR y Antifascista) Jornada el del independentismo ’21-D Paramos el Consejo de Ministros’. Un total de 32 personas han resultado heridas de diversa consideración, aunque ninguna de gravedad, entre ellos veinte agentes de los Mozos de Escuadra, en los incidentes por las protestas de los CDR contra la reunión en Barcelona del Consejo de Ministros. Efe
Conozco uno, España, y una Comunidad Autónoma, Cataluña, donde este tipo de falsedades y humillaciones son moneda corriente. Digo falsedades, porque la mera exhibición de esos símbolos contradice la pretendida falta de libertad y ausencia de las garantías democráticas reclamadas. Y digo humillaciones, porque quienes no compartimos tales falsedades hemos de soportar estoicamente la falta de neutralidad y respeto exigibles a representantes políticos y empleados públicos. Hace pocos días, me atendió un anestesista (de cuyo nombre prefiero no acordarme) en un hospital público con un lazo amarillo prendido en la solapa, y mientras me hacía preguntas rutinarias y me explicaba los pros y contras de cada tipo de anestesia, me debatía entre llamarle la atención o dejar correr el asunto. Al final callé consciente de la pérdida de tiempo y energía que me supondría reclamar neutralidad a un médico anónimo, cuando el presidente del gobierno español recibe en La Moncloa y se reúne en Barcelona con el enlazado y apretado president Torra.
¿Reunión o concesión?
Hay que ver lo distraídos que nos han tenido los últimos días preparando una reunión de apenas una hora, cuyo único resultado tangible ha sido un comunicado descafeinado de tres parrafitos. Torra recibió a Sánchez en Pedralbes con su sempiterno lazo, mientras un centenar de miembros de los ‘comités de defensa de la república’ (CDR), grupos parafascistas que han protagonizado enfrentamientos violentos con los Mozos en Barcelona, Gerona y Tarrasa recientemente, coreaban consignas fraternales: “independencia”, “derribemos el régimen del 78” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Desconozco si en esta ocasión Torra les había pedido que apretaran, pero lo cierto es que lograron sin gran esfuerzo cortar la Diagonal, no sé si por impotencia del formidable dispositivo de los Mozos o porque sus mandos, como en otras ocasiones, les ordenaron apretar poco.
Sí o sí, estaban condenados a reunirse. Sánchez necesitaba los votos de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT para aprobar el techo de gasto en el Congreso y trasladar a la opinión pública la sensación de que todavía hay partido y puede aprobar los PGE 2019, aunque sea con varios meses de retraso. Torra, por su parte, necesitaba mostrar a los suyos que podía sentar a Sánchez en la mesa de negociación. El objetivo del presidente hasta las próximas elecciones generales no es tanto gobernar como simular que lo hace y aprobar medidas populistas (subidas de pensiones y SMI, aumento de los sueldos de los empleados públicos, etc.) que le congracien con colectivos de votantes. Lamentable la reivindicación de la memoria de Companys, el presidente de la Generalitat que firmó docenas y docenas de sentencias de muerte.
El objetivo de Torra-Puigdemont y Junqueras, conscientes de que la independencia es hoy por hoy una hoguera que se apaga en cuanto proclaman la república, es retener a toda costa las competencias de la Generalitat para controlar el aparato administrativo-mediático-asociativo que sostiene el proceso insurreccional, sin despreciar arrancar alguna concesión siquiera simbólica. Que el comunicado conjunto de ambos gobiernos reconozca “la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña” y apueste “por un diálogo efectivo que vehicule una respuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana”, suena a música celestial que recuerda el “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” de Zapatero. La situación es delicada porque los sucesivos gobiernos de Mas, Puigdemont y Torra nos acercan más y más al precipicio político y debilitan la confianza de las empresas y los inversores en Cataluña y en España.
21-D: mucho ruido y nueces huecas
El 21-D amaneció según estaba previsto en el guión con cortes en la AP-7 en Gerona y L’Atmella de Mar, la A-2 y la N-340, y las Rondas Litoral y de Dalt. Normalidad en los aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias y hasta normalidad en colegios e institutos en vísperas de vacaciones. Quizá el número de liberados que trabajan por la causa no daba para tanta huelga y cortes anunciados. En Barcelona, los CDR se han enfrentado a los Mozos en Drassanes y Vía Layetana con un saldo de 50 heridos, más de 30 Mozos y un periodista de Intereconomía brutalmente agredido, y una decena de manifestantes detenidos. Entretanto, Sánchez dejaba para la historia una foto de familia en las escalinatas de la Lonja del Mar y aprobaba subir a 900€ el SMI y el 2,75% los sueldos de los empleados públicos.
La ANC y Òmnium se contentaron con celebrar su particular ‘consejo popular de ministros’, cónclave al que le sobraron ‘ministros’ (políticos y expolíticos secesionistas de todos los pelajes y el senador Iñarritu de EH-Bildu) y le faltó precisamente ‘pueblo’. Palazuí, presidenta de la ANC, se congratuló de que “se haya paralizado el país [de Alicia] por efecto de la huelga general”, y Mauri, vicepresidente de Òmnium, acusó a Sánchez de humillarles celebrando el Consejo en la efeméride de unas elecciones impuestas (en las que participaron libremente) y de que “su única propuesta sea que el aeropuerto se llame Josep Tarradellas”, algo que molestó también a santa Rovira, la dirigente de ERC ‘exiliada’ en Suiza. La manifestación convocada en Barcelona en Paseo de Gracia a las 18:00 por ANC, Ómnium, los CDR y todos los partidos secesionistas con el lema “Derribemos el régimen” ha movilizado tan sólo unos pocos miles de personas: un sonado pinchazo. Una multitud comparada con las docenas que han secundado la convocatoria en Gerona.
Conclusión
El problema de Cataluña no es la pretendida falta de libertad y democracia en España sino precisamente que las instituciones de autogobierno empleen su ámbito de libertad para alentar, promover y financiar el proceso insurreccional. Por ello, la solución no pasa por abrir un espacio de diálogo con Torra y demás líderes secesionistas sino por desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo sostiene. La hoguera, como se ha podido constatar el 21-D, está medio apagada, pero si se les permite seguir acumulando material inflamable acabaremos pagándolo muy caro mañana.
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marzo 31st, 2018 by lasvoces
Redacción – Tras el fallido intento de investir a Puigdemont hace unas semanas, Torrent ‘El Cancelador’ suspendió el pleno del Parlament convocado para investir a Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) preso en Soto del Real. Llarena, el juez del Tribunal Supremo que ordenó su ingreso en prisión investiga su participación en el intento de secesión de Cataluña organizado por el gobierno de la Generalitat (Puigdemont, Junqueras, Borràs, Comín, Forn, Ponsatí, Puig, Rull, Serret, Turull, etc.) y el Parlament (Forcadell, Rovira, Gabriel), con la colaboración indispensable de Sánchez, Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Lloveras, entonces presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Barcelona (España), sábado 31 de marzo de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 21.03.2018. El violento actual presidente del Parlamento autonómico español en la región catalana, Roger Torrent, durante su discurso tras suspender otra vez un pleno de falso investidura, después de iniciar el Pleno. Efe.
El interés del asunto no radica tanto en la previsible suspensión del acto en sí cuanto en las declaraciones que hizo Torrent en Vic –ciudad que recibió a Franco como a un héroe y ahora está literalmente plagada de banderas estrelladas y lacitos amarillos– en un acto organizado para celebrar el aniversario de uno de tantos medios de comunicación (el9nou) que subvenciona la presidencia de la Generalitat para promocionar el secesionismo en Cataluña. Resulta paradójico contemplar a la enfervorizada audiencia aplaudirle cuando Torrent reclamó “libertad de expresión y respeto institucional”. ¿Acaso no estaba ejerciéndola con pleno respeto institucional? Quién demostró una vez más falta de respeto institucional fue Torrent cuando advirtió con tono amenazador que “no permitiremos que los tribunales decidan quién es el presidente de la Generalitat de Cataluña”. ¿Acaso algún Tribunal pretende tal desatino? Ninguno, como ninguno interfirió en su elección. Hay una sola razón, Sr. Torrent, por la que los candidatos propuestos hasta ahora (Puigdemont y Sánchez) no han sido investidos: su empecinamiento en proponer a prófugos o presos.
Hacer república
Los políticos secesionistas deambulan frustrados y algo desconcertados porque los resultados electorales del 21-D vinieron a confirmar la falta de apoyo social para su proyecto. Hasta un declarado independentista como Carod-Rovira reconocía hace unos días que hace falta algo más que el 47,5 % de los votos para poder sacarlo adelante y les advertía que mayor será la frustración cuanto más tarden en reconocerlo. “Parece mentira –afirmó el exvicepresidente de la Generalitat en otro medio subvencionado (8TV)– que dos meses y medio después de las elecciones aún estemos así. ¿Tanto cuesta elegir a un candidato que no esté huido o encarcelado? ¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?” Torrent está dispuesto a hacer el ridículo hasta que alguien le ordene lo contrario.
Incluso los catalanes que se sintieron atraídos por la promesa de forjar ‘un país nuevo y justo’ están preguntándose qué fue de la hoja de ruta de JxSí que prometía proclamar la república en 18 meses contados a partir del 27-S; dónde están las ‘estructuras de estado’ que Puigdemont y Junqueras les aseguraban tener a punto para empezar la desconexión; por qué más de 3.200 sociedades han trasladado sus sedes a otras Comunidades y el asegurado reconocimiento internacional no ha llegado; y se preguntan qué pueden esperar de los líderes que apenas habían terminado de entonar el ‘cop de falc’ huyeron despavoridos por la frontera. “Ciutadans de Catalunya: ja no soc allí”, esta es la primera frase que Puigdemont debería haber dirigido a los catalanes desde Bruselas.
Estamos asistiendo a la descomposición de un proyecto político cuya hoja de ruta ha sufrido mil y un cambios sin que, como apuntaba Carod-Rovira, Mas, Puigdemont y Junqueras hayan tenido la honradez de reconocer su fracaso. Como expliqué en mi artículo “Auge y decadencia del nacional-secesionismo” (Expansión, 23 de diciembre 2017), a pesar de contar con el respaldo de todas las instituciones autonómicas y locales, y el apoyo del potente entramado mediático-asociativo, el respaldo social no sólo ha retrocedido desde 2012 sino que ha despertado a los catalanes deseosos de seguir siendo españoles y europeos. El éxito de la manifestación del pasado 30 de septiembre en Barcelona, en vísperas de la consulta del 1-O, puso de manifiesto la pluralidad de la sociedad catalana, y marcó un punto de inflexión que refrendaron las movilizaciones del 8, 12 y 29 de octubre y 6 de diciembre en 2017, y el 4 de marzo en 2018.
Agotado pero no desmantelado
En la mañana del 26 de octubre, un día antes de la esperpéntica votación en el Parlament que precedió a su huida, el expresident Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones anticipadas. Sólo faltó para que lo hiciera que el Gobierno de España le garantizara la impunidad de los líderes incursos en causas judiciales por su papel en los tumultos del 20-21 de septiembre frente a la Consejería de Economía, y por la organización de la consulta ilegal del 1-O. Al margen de lo absurda que resultaba su exigencia en un Estado de Derecho donde prevalece la división de poderes, la petición de Puigdemont revela la endeblez de las convicciones de quien al día siguiente votó a favor de constituir la república catalana.
El desconcierto y las desavenencias actuales entre los líderes secesionistas confirman que ni el control absoluto de la Generalitat (Gobierno, Parlament, Diputaciones y Ayuntamientos) y la mayoría de medios de comunicación en Cataluña, ni las movilizaciones organizadas por la ANC, Òmnium y AMI durante los últimos años han dado los frutos esperados. Pero aunque la resaca ha arrastrado a algunos de sus líderes más adentro, todo apunta a que volverán a las andadas en cuanto el mar nos los devuelva o sean reemplazados por otros. Y es que para la casta secesionista, “hacer república” es el conjuro mágico que propulsa sus carreras políticas, y les proporcionan días de gloria y hasta un confortable modus vivendi, al menos mientras la impunidad dura.
Para constatar lo poco que ha cambiado la situación política tras la aplicación del artículo 155, basta con observar la realidad cotidiana y ojear el borrador del acuerdo alcanzado por JxC y ERC para repartirse la Generalitat. Los mandos de los Mozos, salvo Trapero, siguen en sus puestos pese a la pasividad y hasta connivencia mostrada el 1-O y las informaciones publicadas sobre el espionaje al que han sometido a catalanes de a pie y a miembros del Gobierno español. La mayoría de Ayuntamientos continúan incumpliendo el ordenamiento jurídico y financiando a la AMI. Gasseni, su presidente provisional, reclamaba hace pocos días “hacer efectiva la república”, y la nueva ejecutiva, presidida por Cervera, reiteraba su rechazo al Estado de Derecho en el manifiesto de Tárrega. Torrent y los portavoces de JxC y ERC cuestionan todos los días la competencia de los Tribunales para pronunciarse sobre actos contrarios al ordenamiento jurídico.
El borrador incluye también el compromiso de “impulsar el Proceso Constituyente, que contempla movilizar a la sociedad catalana… contra la represión policial y jurídica del Estado español”, crear comisiones parlamentarias y realizar una ‘multiconsulta’. Incluso lleva el desafío al Estado de Derecho un punto más allá, al incluir la propuesta de dejar en manos de la corte belga de Puigdemont, compuesta por la “Asamblea de Representantes, Presidencia y Consejo”, la “capacidad para impulsar políticas, estrategias, propuestas y la internacionalización”. El desafío lo completa el compromiso de “implementar en los seis meses siguientes la Moción 55/XI sobre la desmilitarización de Cataluña aprobada por el Parlament el 14 de julio de 2014”. Como no podía ser de otra manera, la Fiscalía ya ha advertido al juez Llarena que el acuerdo vulnera la legalidad vigente. Ahora que el lector juzgue si la aplicación del 155 ha restablecido (o no) la normalidad democrática en Cataluña.
Clemente Polo. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico; Universidad Autónoma de Barcelona
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febrero 18th, 2018 by lasvoces
Redacción – Poco después de reconocer en su intercambio de mensajes con Comín (¿ERC?), exconsejero del gobierno de la Generalitat cesado y prófugo de la Justicia, que la república agonizaba y Moncloa ganaba la partida “porque nos han sacrificado los nuestros”, Puigdemont tocaba a rebato a los suyos e iniciaba tras el fin de semana una ronda de contactos para exigir a una cada vez más insustancial ERC sumisión incondicional al ‘führer’ exiliado. Barcelona (España), domingo 18 de febrero de 2017. Fotografía: Elsa Artadi Vila, la fascista racista ladrona burguesa de la República, portavoz de la candidatura del delincuente Carles Puigdemont, durante un acto político de Juntos Por Cataluña al 21-D. Archivo ACN.
Para comprender hasta qué punto resulta grotesca la situación política en Cataluña, les invito a trasladarla a otro Estado democrático. Supongan, por un instante, que el presidente Trump incumpliera la Constitución, fuera destituido e imputado, y tras huir a México se presentara a unas nuevas elecciones presidenciales, y pretendiera seguir ejerciendo desde allí como presidente ‘legítimo’ de los Estados Unidos con apoyo de un “congreso de cargos electos”. Algunos lectores se dirán que este hipotético escenario resulta de todo punto inverosímil. Y tienen razón: Trump nunca habría logrado escapar a la justicia y participar en otras elecciones, algo que lamentablemente sí ocurrió en España.
ERC sometida al pujolismo
Los líderes de ERC han demostrado al menos desde 2012 enorme falta de iniciativa y servilismo a los dictados de Mas, primero, y luego de Puigdemont. En ningún momento, un desdibujado y emboscado Junqueras logró trasladar al electorado la sensación de estar liderando el proceso constituyente y permitió que fueran Mas y Puigdemont quienes llevaran la batuta, pasando incluso por alto los abrumadores indicios constatados de corrupción generalizada en el partido del 3% sus rivales, guardándose para sí y su círculo más íntimo sus dudas sobre la fiabilidad de los líderes convergentes. Tras el amago fallido de sacar adelante la investidura telemática o por delegación el 30 de enero, Puigdemont acusó de traición a Torrent y a otros líderes de ERC quienes con asumido servilismo continúan peregrinando a Bruselas para entrevistarse con El Prófugo. Le ofrecen la presidencia simbólica para él y la presidencia real para quien él designe. Puigdemont quiere ambas.
ERC parece no haber aprendido nada de lo ocurrido en la X y XI legislaturas cuando Junqueras aceptó un reparto de papeles que resultó fatídico para los intereses de su partido. En la X, Junqueras secundó desde la oposición todas las iniciativas del gobierno de Mas en minoría, incluida la consulta del 9-N en la que Junqueras ofició de mesero junto a una urna de cartón mientras Mas acaparaba todo el mérito ante los medios. Y en la XI accedió a un reparto de papeles igualmente nefasto para sus intereses con Forcadell (ERC) en la presidencia del Parlament y cediendo a Puigdemont toda la iniciativa y el protagonismo. Todo indica que esta situación se repetirá en la XII legislatura con Torrent interpretando el papel de Forcadell en el Parlament y la persona que designe Puigdemont haciendo el papel de Puigdemont en el gobierno de la Generalitat.
A pesar de que ERC cuenta con casi idéntico respaldo electoral que JxC –12.300 votos las separan– y sus líderes son conscientes de que la república hoy está más lejos que en septiembre de 2015, sus líderes continúan dudando si deben dejarse arrastrar por la locuacidad del nuevo amo de la Masía convergente. Puigdemont está más cerca de ir a la cárcel que de ser el nuevo presidente de la república catalana y los líderes de ERC deberían haber aprendido la lección de que saltarse el ordenamiento constitucional y burlarse del TC no sale gratis, como lo atestigua el Junqueras y otros republicanos que pueden seguir su camino en breve. Ha llegado el momento de reconocer que las políticas de confrontación sistemática con el Estado de Derecho que propugna la alianza de ‘puigdemonistas y cuperas’ sólo servirán para prolongar la inestabilidad política y agravar la ya delicada situación económica.
Volver a las andadas
Estos días hemos sabido gracias a la indiscreción de la CUP que el plan de Puigdemont, caso de haberse consumado su ignominiosa investidura telemática, era retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó el 27 de octubre tras su vergonzosa huida a Bélgica. Llegados a este punto no está de más recordar la trayectoria y posiciones de algunos de los líderes que le acompañan en este descabellado viaje que si algo ha logrado es fracturar a la sociedad catalana y dejar muy tocada su economía, tras la marcha de miles de sociedades y la abrupta caída del turismo, una de las principales exportaciones de Cataluña, registrada en el último trimestre de 2017. De la sociedad abierta e integradora de comienzos de los años 80 no queda nada y en el actual ambiente enrarecido quienes no comulgan con el secesionismo son tachados de franquistas y fascistas inmediatamente.
Por razones de espacio, me referiré a algunos diputados que ocupaban posiciones destacadas en la lista del Prófugo, avalada por 948.233 ciudadanos, 161.499 menos que los que respaldaron a Ciudadanos el 21-D. La segunda posición por Barcelona la ocupaba Sánchez, presidente de la ANC en prisión preventiva, miembro del comité estratégico que preparó el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña abortado el 27 de octubre tras proclamar la república catalana. La exconsejera Ponsatí, huida también de la Justicia, y el exconsejero Forn, encarcelado, figuraban en tercera y séptima posiciones, respectivamente, en la lista de Barcelona, si bien ambos renunciaron a su acta para favorecer la investidura (Ponsatí) o su situación judicial (Forn).
Turull, exconsejero de Presidencia, y Rull, exconsejero de Política Territorial, Obras Públicas y Sostenibilidad ocupaban la cuarta y quinta posiciones, respectivamente, por Barcelona. Ambos pasaron unos días en prisión preventiva y abandonaron la cárcel tras declarar ante el juez Llarena que asumían la aplicación del artículo 155. Pese a ello, el lector podrá comprobar que Rull se presenta en su cuenta de twitter como “consejero del Gobierno legítimo de Cataluña”, tiene un enlace a la página de internet de su ‘consejería en el exilio’, y se declara ciudadano de Terrassa en los Països Catalans. Algo más cauto se muestra Turull que se limita a informar en su cuenta que fue nombrado consejero de la Presidencia y portavoz por el president Puigdemont. Puig, consejero también cesado y prófugo, que se negó a devolver las obras artísticas al Monasterio de Sijena ocupaba la segunda posición en la lista de Gerona.
Conclusión
No hace falta insistir más para comprender que Puigdemont y los principales cargos electos de su lista no sólo no sólo no aceptan la Constitución que prometieron acatar para recibir sus actas de diputados autonómicos sino que planean constituir el gobierno legítimo de la república catalana en Bruselas con el respaldo de la Asamblea de Cargos Electos para seguir adelante con el plan de secesión que pusieron en marcha con la Resolución 1/XI y concretaron en las ‘Conclusiones finales de la llamada ‘Comisión de Estudio del Proceso Constituyente’ aprobadas en el Parlament el 27 de julio de 2016. A este asunto dediqué mi artículo “Aval al plan secesionista de la CUP” publicado en Expansión el 28 de julio de 2016.
El Gobierno de España creyó quizá ingenuamente que con la intervención minimalista puesta en marcha tras el golpe de estado del 27 de octubre y la inmediata convocatoria de elecciones el 21-D pondría fin a la carrera de Puigdemont. El error de cálculo del Gobierno ha sido grave y ahora tendrá que lidiar con un gobierno nada simbólico presidido por Puigdemont en Bruselas que transmite instrucciones al gobierno efectivo en Barcelona. Algo tendrá que hacer Rajoy para poner fin a lo que ya podemos calificar como golpe de estado crónico y para evitar que la incipiente república catalana se financie con fondos del FLA. Los riesgos para la economía catalana y la española son muy serios y conviene recordar que la intención de Puigdemont es precisamente desestabilizar la democracia española.
Clemente Polo
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico; Universidad Autónoma de Barcelona
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