Redacción [Ana María Torrijos] – (…) No cabe esa trivial postura en partidos con el compromiso de gobernar dentro de la ley. Sólo es posible en organizaciones nacidas para destruir el sistema actual, sean doctrinarias de izquierda o nacionalistas secesionistas. Estas tendencias extremistas no nacen de la nada, todo lo contrario surgen de las aulas y de los medios de comunicación. Ahí está el germen del poder para destruir el Estado (…). La libertad y la democracia pueden existir si las instituciones las garantizan y si se respeta la ley. El permitir la arbitrariedad de no cumplir esta sagrada afirmación, los derechos de todos los ciudadanos estarían amenazados. Barcelona (España), lunes 12 de noviembre de 2018. Fotografía: CONGRESO D ELOS DIPUTADOS 8MADRID) ESPAÑA, 01.03.2016. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez durante su intervención en la cámara baja española. Efe
Esta sentencia ha de estar presente en cada uno de los lugares en los que actua un miembro de la sociedad, cualquier individuo, un responsable de la vida pública, un relator de los acontecimientos diarios, un docente, un profesional de la banca, todo el que forme parte del colectivo nacional. La democracia no está en exclusiva en manos de los que ocupan cargos en los distintos órganos políticos, el resto de los ciudadanos están también obligados a potenciar y acatar los resortes constitucionales. A estas alturas del devenir democrático una erosión continuada se extiende en el entramado de los tres poderes del Estado. Es notorio lo que está ocurriendo y es difícil negarlo. Se necesita profundizar en la independencia del poder judicial, del legislativo y del ejecutivo. El sistema está viciado, clama una modificación, un cambio.
El poder judicial, en entredicho en los últimos acontecimientos, con errores que han podido minar su credibilidad, debe predisponerse a asumir una elección democrática de sus órganos. Puestos de libre elección, sin interferencia de la clase política.
El poder legislativo no puede estar amordazado, cada uno de su miembros tiene que ser libre en el momento de votar, se requiere que al posicionarse en los debates, no esté obligado a seguir sin replica alguna las ordenes del partido. Listas abiertas, no realizadas por la cúpula de la organización, es la regla a seguir y facilitaría que cada diputado, cada concejal, cada senador respondiera ante los electores y se sintiese obligado a aproximarse a ellos, a pisar la calle, visitar los barrios y compartir el vivir diario.
El poder ejecutivo, tanto el nacional como el de las comunidades autónomas, deben ser responsables del juramento hecho ante la Constitución y no con el latiguillo que algunos emplean “por imperativo legal”. Desde ese privilegiado puesto que los votos les han dado, no han de saltarse las pautas que requiere cualquier decisión. El sufragio de los ciudadanos que creen en la convivencia y en la legalidad, no puede ser adulterado por unos piratas, por unos corsarios que asaltan con violencia las instituciones y la vida tranquila de la ciudadanía.
La situación quebradiza de la Nación Española es muy delicada, muy tensa, provocada por el ruin comportamiento de muchos trepadores, extremistas y traidores a los principios de la democracia.
¿Qué tiene que suceder para que nos percatemos de que se quiere dinamitar las Instituciones?
Aunque lo peor es que se pretende dilapidar todo el esfuerzo que durante tantos años los españoles han realizado en sus trabajos, en sus vidas privadas, en las escuelas donde matriculan a sus hijos. No cabe esa trivial postura en partidos con el compromiso de gobernar dentro de la ley. Sólo es posible en organizaciones nacidas para destruir el sistema actual, sean doctrinarias de izquierda o nacionalistas secesionistas. Estas tendencias extremistas no nacen de la nada, todo lo contrario surgen de las aulas y de los medios de comunicación. Ahí está el germen del poder para destruir el Estado.
Estamos confundiendo la libertad de cátedra con el bochornoso atropello de la dignidad de un niño, la libertad de expresión con el destructivo sermón de las múltiples “capillitas” montadas en radios, televisiones e informativos periodísticos. Capillitas mantenidas con dinero público y eso es lo más delirante, el dinero salido del esfuerzo de los ciudadanos, que en vez de ser destinado a los servicios sociales básicos, se invierten en medidas demagógicas injustas o en propaganda para difundir mini naciones inexistentes; naciones diseñadas desde los despachos de familias políticas depredadoras de todos los valores, con el único propósito de engrosar su patrimonio; rapiñas groseras asentadas en los puestos del poder, y lo más peligroso, dispuestas a lanzar el montaje de unos estados totalitarios o doctrinarios, aderezados con la teoría estalinista o identitaria.
El despotismo, abuso de poder, de fuerza hacia los demás, se está asentando. El señor Pedro Sánchez en los pocos meses de gobernabilidad, de una manera desaforada ha hecho uso del decreto-ley que está recogido en la Constitución “en caso de extraordinaria y urgente necesidad… y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado”. Si asumimos en profundidad el redactado, cuestionaríamos la última decisión tomada a primeras horas de la mañana, a micrófono abierto, ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto hipotecario a elevarlo a escritura pública. Pero también es sorprendente que al capitanear el voto de censura contra el señor Rajoy, lo hiciera con la intención de convocar elecciones lo más rápido posible y ahora ya no sólo no lo hace sino que está preparando una reforma educativa. Un plan de estudios serio, de calidad y duradero requiere tomar un tiempo prudencial de consultas con los cuerpos docentes, con las fuerzas políticas constitucionalistas, con los colegios profesionales, además de otras premisas muy necesarias. Pero este enfoque que nos vaticinan, se ceba en contra de la libertad de los padres para elegir el tipo de colegio que desean para sus hijos, en relegar la religión o la ética, en ampliar el contenido del estudio de la memoria histórica, aberrante en su mismo nombre y hasta se llega a deslizar la posibilidad de conseguir el título de bachillerato sin el aprobado de todas las asignaturas.
En el periodo democrático la educación ha sufrido demasiadas reformas y concretamente en la primera legislatura de un gobierno socialista, empezó una deriva a la mediocridad. Primó tener menos jóvenes en espera de trabajo porque podía traer conflictos si con sus políticas económicas no se lograba crear los necesarios puestos laborales, y en su lugar se les ofreció un plan educativo de baja calidad que no primaba el esfuerzo y la valía, dirigido casi en exclusiva al bachillerato y a la universidad, olvidando una buena reforma atrayente y enfocada a los estudios profesionales, que es lo que hay en todos los paises desarrollados.
Despotismo desde el Ejecutivo y de ahí un paso a sellar la libertad democrática.
Ana María Torrijos