El peligro de forzar políticamente la ley

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MADRID (ESPAÑA), 09.07.2018. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y el independentista de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, reunidos en el Palacio de La Moncloa, en el primer encuentro que ambos mantienen en busca de la distensión y normalización de unas relaciones muy deterioradas entre ambas administraciones, aunque ambos asumen que no hay expectativa de acuerdos. Efe

Redacción (Santiago González-Varas) – Como bien sabrá el lector, a través de la aprobación, el martes de esta misma semana, de una ley sobre género y poder judicial se quiere aprovechar para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sacar adelante la proposición de ley de los Presupuestos Generales del año próximo, usando triquiñuelas. Se argumenta que el Tribunal Constitucional en ocasiones ha permitido que a través de la aprobación de una ley se reforme otra de contenido absolutamente distinto de aquella otra. Barcelona (España), jueves 20 de septiembre de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 09.07.2018. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y el independentista de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, reunidos en el Palacio de La Moncloa, en el primer encuentro que ambos mantienen en busca de la distensión y normalización de unas relaciones muy deterioradas entre ambas administraciones, aunque ambos asumen que no hay expectativa de acuerdos. Efe

Ahora bien, en mi opinión, hay límites, ya que ello no puede ser así cuando se incurre en fraude de ley o se aprovechan ciertos procedimientos para eludir otros, sobre todo tratándose de un tema tan esencial como es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que no se trata de reformar leyes aprovechando la ley de Presupuestos, sino de lo contrario, es decir, promulgar una ley para aprobar los presupuestos.

Y, al margen de esto, lo que a mí personalmente más me preocupa no es tanto esto, como un posible adelanto de una posible técnica o forma de actuar que podría arraigar o extenderse en un futuro cercano: considerando que el Derecho es por esencia interpretable, y el Derecho público especialmente, podríamos entrar en una espiral de reformas a través de forzar el ordenamiento jurídico a fin de pretender fines políticos. Si se avanza por esta senda, lo peligroso es el resultado al que podría llegarse.

De momento, lo que puede afirmarse es que ésta es una nueva polémica comparable a las que el Gobierno enfrenta en otros ámbitos como el referente a los títulos universitarios. El caso es que con el Gobierno del demonio (es decir, del General Francisco Franco) uno primero tenía títulos de verdad y era catedrático de prestigio (y por supuesto doctor, sin sospechas) y después tenía opciones de llegar a político de prestigio, digamos ministro, por ejemplo.

Y es un hecho, que con los gobiernos de hoy al parecer es lo contrario: primero se es político y después ya te llueven los títulos por añadidura. Comparativa que supone un motivo de reflexión, creo. Por cierto, los que tienen o tenemos títulos de verdad, cuentan o contamos muy poco en la vida política, porque solo cuentan los políticos de profesión. Nosotros, los de los títulos, somos como el personaje de Dostoievsky del mundo del subsuelo, del libro de semejante “título”. Es decir, que si el título de doctor de Pedro Sánchez es válido o no, me importa menos que la comparativa de fondo que acabo de hacer, que tiene mayor alcance. Los políticos de profesión tienen todo lo atractivo acaparado a su favor.

Por último, en el capítulo de polémicas, debe mencionarse también el modo en que se gestiona el problema separatista. El dinero que nos gastamos los españoles en promocionar agencias exteriores de Cataluña…, debería invertirse en promocionar ese partido político que en Portugal patrocina la reunificación con España, o ese otro partido que en Puerto Rico pretende también volver a la Patria Madre. Ahí está el interés, y no en eso otro.

Por otra parte, no son posibles pactos ya con los separatistas, no solo porque ya no se puede conceder más a los independentistas, sino sobre todo porque pactar a favor del procés es “pan para hoy y hambre para mañana”: ellos avanzan en la normalización del catalán y avanzan en la internacionalización del conflicto y avanzan en captar un 20% más de votos. Y, por ello, de pactar dando más, en un futuro muy lejano conseguirían eso que hoy no tienen: un mayor si cabe totalitarismo lingüístico, un triunfo en el exterior y un mayor porcentaje de votos, o un poder judicial que les permita aprobar leyes sin temor de ir a prisión. Es decir, que o bien se llega a un pacto cerrado en cuya virtud se cierre “para siempre” el asunto catalán.

O bien es mejor no pactar otorgando prebendas, en un contexto de “proceso” independentista que estaríamos favoreciendo. Dicho de otra forma, o pacto cerrado en un contexto autonómico entre las dos partes, en el marco del actual sistema constitucional, o si no supresión de las autonomías como vía de reforma de futuro inmediato. Alimentar más al oponente es, hoy día, un suicidio para mañana.

Santiago González-Varas

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