La presencia del Estado

El presidente del Gobierno regional de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajó, durante una sesión de control al Ejecutivo catalán en la cámara regional catalana. Archivo Efe.

Redacción (Ana Maria Torrijos)-. Un aire tóxico parece rodear nuestras ciudades, nuestras casas, hasta nuestras mentes. Nos ha incapacitado para ver con claridad lo que sucede más allá de nosotros. Manipulamos el móvil, el WhatsApp, el Twitter y rastreamos con mucha rapidez internet. San Cugat Del Valles (Barcelona), lunes 21 de agosto de 2017. Fotografía: El presidente del Gobierno regional de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajó, durante una sesión de control al Ejecutivo catalán en la cámara regional catalana. Archivo Efe.

Nada parece frenarnos, creemos tener el mundo en nuestras manos. Pero en lo que se refiere a observar la realidad que nos rodea, decidir con tino lo que más no conviene, o simplemente decantarnos por la alternativa más segura, parece que hayamos perdido ese sentido común innato que todos llevamos dentro. Cuando la tecnología nos ofrece como mínimo el movimiento virtual, nosotros amortiguamos el natural ejercicio de pensar. No para recordar el día y la hora de la final de la Champions, no para elegir el país a visitar en vacaciones, no para comprar aquel u otro capricho, sino para valorar qué decisiones deberían tomarse en beneficio de todos los ciudadanos.

¿Para qué se concibió el Estado? La respuesta la podemos encontrar en la necesidad que tiene el hombre de organizar su vida social. Por naturaleza no vive solo ni aislado. Esta importante peculiaridad le empujó a diseñar una estructura que facilitase la convivencia y en paralelo a redactar las pautas complementarias para su funcionamiento, unas normas jurídicas. Los ciudadanos como ingrediente imprescindible en este acuerdo social han puesto su esperanza en la ley y su cumplimiento. De ahí se deduce que es muy difícil creer que un estado democrático no pueda activar las medidas legales para atajar cualquier acto delictivo y más aún una sedición institucional.

Reina confusión, no se sabe qué tiene pensado hacer el Gobierno, tan pronto califica los hechos de golpe de Estado como habla de diálogo y de concesiones. Los conflictos se suceden a lo largo del país y casi todos tienen un común apunte -el sortear la ley-. Si lo hacen quienes por imperativo legal deben cumplirla, no escandaliza si siguen su ejemplo los que tienen como proyecto destruir el sistema democrático. Hace tan sólo unos días el Presidente del Ejecutivo animó al sector social silencioso a movilizarse contra los independentistas. Este gesto muestra su ineficacia. Los valores que enmarcan el modelo vigente, entre los que se encuentran los derechos individuales, se han descartado de la vida pública, y esto se podrá demostrar si alcanzamos el disparate que maquinan unos aspirantes a dirigentes mesiánicos.

Son muchos los años en los que nuestra vida liberal parlamentaria se ha visto alterada por la acción desleal de un sector pequeño de la sociedad pero con no poco poder político. En vez de aplicar los resortes prescritos por la legislación, los altos cargos públicos han contemporizado con la entrega de parcelas de soberanía o con sentencias ambivalentes que han permitido a los liberticidas seguir desarrollando su plan de ruptura de la unidad nacional. Da la sensación de haber entregado un aval a las opciones regionalistas-independentistas en compensación a los años de gobierno autoritario franquista, como si los restantes ciudadanos no hubiéramos estado sujetos también a aquel régimen. Nos hemos olvidado que la democracia coloca a todos los ciudadanos por igual ante la ley.

La sociedad tiene derecho a exigir el funcionamiento de la administración y la aplicación de la ley si se la pretende sortear. La sedición, es uno de esos casos y el no ponerle correctores legales en el momento debido, acaba por asolar. Afirmaciones impecables pero no hay quién las defienda y las ponga en práctica, y por otra parte no hay un clamor popular masivo en defensa del marco de convivencia, que es simplemente el respeto a la ley. En este proceso de paulatino debilitamiento social, el terrorismo yihadista ha vuelto a herir al mundo occidental a través de España. Barcelona y sus Ramblas en unos terroríficos minutos han dejado de ser la imagen de la vida, paseos, sonrisas, turistas, flores, instantáneas fotográficas, y todo lo que es habitual en un día de calma, para convertirse ese tramo de viandantes en el camino de la muerte. La muerte pide respeto, llanto, silencio.

Muchas frases, opiniones vertidas, algunas inspiran afecto pero otras las más representativas repulsa. ¿En qué hemos contribuido? ¿Hemos hecho aflorar nuestros deseos? ¿Hemos participado a fondo en el diseño de nuestro modelo de vida en común? ¿Hemos sido valientes para decir Si o No a propuestas artificiales que sólo interesan a los que las inventan?

El hábito de plantar un árbol para que futuras generaciones lo disfruten en todo su esplendor, no les “mola”, ahora les “excita” el ser nombrados alcaldes, presidentes, unos minutos en las pantallas televisivas, una ráfaga de aplausos, pasquines con sus fotogénicos rostros, escucharse en sus discursos. Es insólito oir y hasta ver la manipulación, la osadía, el engaño, la ineptitud de quienes quieren montar una satrapía y no importa si para ello deben romper la convivencia.

“No tinc por” es una de las frases dirigidas desde el poder institucional catalán, una cortina de humo para esconder la falta de honestidad en la defensa de los catalanes, de los que dicen representar y por los que manifiestan trabajar. Miedo sí, miedo al arma que emplean los enemigos de la libertad, la muerte. Pero miedo también a los que con una mente cerrada, dogmática, llena de mitos oníricos nos venden, desvalijan nuestro país, se burlan de nuestra manera de hacer cultura, de entender la vida, de sentirnos de aquí o de allá, de ser nosotros, ciudadanos, que pedimos libertad y justicia.

 

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