El precio del desafío separatista

Ferran Brunet Cid es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y profesor titular de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Además, es economista en excedencia del Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona. Imparte las asignaturas de Política Económica y de Integración Económica Europea en el Grado en Economía y en el Master en Integración Europea. Entre otros libros ha publicado Curso de Integración Europea (Alianza Editorial, 2ª ed. 2010) y Economy of the Barcelona Olympic Games (International Olympic Committee, 1994). <Fotografía: La golpista extremista y presidenta del actual parlamento catalán, Carme Forcadell Lluís, durante un acto político de Juntos Por El Sí en Avd. Maria Cristina de Barcelona. Foto Julio Carbo>.

El precio del desafío separatista

Este otoño es crucial para España: la democracia española se examina de reválida. Consiste en dos pruebas, las elecciones catalanas del

27S y las españolas del 20D. En las primeras, un 52,8 por ciento de los catalanes votaron opciones constitucionalistas. En las elecciones españolas, habrá oportunidad de confirmar la unidad de España y la vigencia del Estado de derecho, o bien de abrir la vía a la conculcación de ambos.

El precio que los españoles están pagando y el que pagarán por el desafío separatista es y será elevado, políticamente, socialmente y económicamente. El coste actual y futuro de la crisis catalana actual se debe a la negativa de los sucesivos gobiernos de España a reconocer el problema cuando principiaba, al abandono subsiguiente de Cataluña y de los catalanes a los separatistas, y a la negativa a corregir el rumbo y la impunidad de los separatistas.

Ante la impotencia de los partidos políticos constitucionalistas en Cataluña, la inoperancia del gobierno central y la impunidad de los sucesivos retos separatistas. En este contexto de contentamiento y de impunidad, los separatistas camparon a sus anchas, atendiendo a las legalidades propias, estructuras de Estado y embajadas, incumplieron sentencias, impusieron la ilegal inmersión lingüística, volcaron la educación de las nuevas generaciones de catalanes al servicio del independentismo y organizaron concienzudamente la rebelión actual.

Un virus que se extiende

El virus nacionalista se extendió y contaminó a más y más sectores de la sociedad catalana. Desde porcentaje irrisorios y sin postulados independentistas, el separatismo ha alcanzado el 47,8 por ciento de los votos en las últimas elecciones catalanas. Cada 11S desfilan medio millón de separatistas uniformados. Tienen a su servicio a un gobierno que, aún siendo regional, menos ejército tiene de todo, y salvo las pensiones maneja todo el gasto público. La concordia, el diálogo, la negociación y el acuerdo han caído, pulverizados por la briosa impunidad de los separatistas y la indolencia de la democracia española. Ahora el conjunto del sistema político está en riesgo. El precio del desafío separatista podrá cifrarse como porcentaje de merma del PIB, cierre de empresas, huida de inversiones, fuga de depósitos y, en suma, como recesión económica.

Hoy els altres catalans, los constitucionalistas catalanes abandonados por los gobiernos de España y pisoteados por el gobierno de la Generalitat y su pesebre educativo, sanitario, mediático y organizativo, soportan el acoso habitual de las dictaduras hacia los disidentes. Son al menos el 52,8 por ciento de los votantes. Por su parte, los separatistas catalanes, habituados a que todo el monte sea orégano, tendrán a menudo un aterrizaje en realidad que será desgarrador. Para la política catalana, destrozada, el coste político del desafío separatista es y será tremendo.

España es una democracia completa. Pero no ha tenido capacidad ni para limitar ni para resolver el desafío separatista. España es una democracia liberal, una economía de mercado y un Estado del bienestar relativamente avanzados. Pero el sistema político español está descoyuntado: existe el desafío catalán y subyace de varias otras regiones, hay desafección hacia los partidos partidos gobernantes, la justicia es impredecible, la corrupción es recurrente y hay un auge del populismo y del regionalismo nacionalista.

Según evolucione, el riesgo político se puede extender a la economía en una especie de tromenta perfecta en la que correrían grave peligro las libertades, los derechos y el progreso de los españoles.

No es que a la democracia española le falte legitimidad o instrumentos. Por lo demás, era evidente que esto ocurriría. Dar más poderes a la autonomía más pintada, y cerrar los ojos, los oídos y la boca a cambio de un pretendido apaciguamiento temporal ha surtido el efecto de descuartizar España. Gradualmente, el contentamiento y la impunidad han propiciado la situación actual de reto final total. También el contentamiento y la impunidad han producido las derivadas habituales anejas al poder absoluto, cuales son la corrupción absoluta y el ninguneo de los catalanes. Éstos son ‘daños colaterales’ pero no son menores. Con ello, el entero sistema político nacional fue degradándose.

De modo que en este otoño anda España y su gobierno legítimo y los separatistas catalanes y su gobierno insurrecto en la tesitura de balancear el coste-beneficio o precio de la ilegalidad con el coste-beneficio o precio del restablecimiento de la legalidad. En esta encrucijada del país, sin duda, desespera pensar que aquello que caracteriza a la democracia es el respeto de la legalidad y que es máximo interés del Estado de derecho para las libertades y derechos personales y para el progreso económico. ¡Vaya un precio severo va a a pagar España y los españoles por las dudas y la demora!

Lecciones de la encrucijada

De esta encrucijada, los españoles deduciremos varias claras ‘lecciones’. Una es general: la democracia no es sólo representatividad y mayorías, sino también el respeto de la ley. Vaya, probablemente el Estado de derecho es el aspecto esencial de la democracia. Lecciones particulares que la democracia española extraerá de su confrontación: mucho mejor prevenir que curar; no jugar ni negociar con el cumplimiento de las leyes; contentamiento, impunidad y procrastinación son enemigos de la democracia; y los derechos de las personas se garantizan mejor con un sistema multinivel de gobierno.

La resolución del desafío separatista catalán marcará a la democracia española. De él saldrá liquidada o consolidada. Probablemente, todo propicie un pacto de las fuerzas constitucionalistas y acaso también un gobierno de coalición democrática que, además de la reforma formal de varios puntos de la Constitución, aborde algún otro tema. Por consiguiente, cuanto antes se reduzca la crisis catalana mejor para todos; cuanto antes se achique, menor será el precio del levantamiento separatista.

Con alta probabilidad, España podrá superar este desafío a su democracia y a su unidad, con lo que habrá de salir fortalecida. Pero lamentamos el altísimo precio personal, social, económico y político que han debido pagar y que pagarán los españoles, y los catalanes.

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