Delirio, por Ana María Torrijos

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BARCELONA (ESPAÑA), 27.09.2017. El golpista actual presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont (Convergencia (PDECAT), ha convocado para mañana, jueves 28 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas del mediodía la Junta de Seguridad de Cataluña, sin previo acuerdo con el Gobierno del presidente Mariano Rajoy, para tratar de la coordinación del dispositivo policial al que la Fiscalía ha encargado impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (1-O) en Cataluña. Efe.

Redacción – Nuestro régimen parlamentario ha sido debilitado por la bronca presencia de la corriente populista podemita y por los excluyentes nacionalismos vasco y catalán. Las pautas que han marcado en el Congreso de los diputados están hiriendo de muerte poco a poco la vida parlamentaria. A todo ello hemos de añadir el no cumplimiento de la ley por parte de los órganos de poder, el saltarse las sentencias de los tribunales de justicia, y ahora cabe atreverse hasta a enfrentarse a los jueces promoviendo desde grupos políticos o movimientos activistas subvencionados por ellos, manifestaciones coercitivas en la calle. La justicia tumultuaria no es propio de una democracia, es peligroso, es un torpedo a la línea de flotación de la división de poderes. San Cugat Del Vallés (Barcelona), martes 8 de mayo de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 27.09.2017. El golpista actual presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont (Convergencia (PDECAT), ha convocado para mañana, jueves 28 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas del mediodía la Junta de Seguridad de Cataluña, sin previo acuerdo con el Gobierno del presidente Mariano Rajoy, para tratar de la coordinación del dispositivo policial al que la Fiscalía ha encargado impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (1-O) en Cataluña. Efe.

Los acontecimientos se suceden con una rapidez trepidante y con consecuencias muy negativas. Afloran contradicciones en lo más básico, una en uso es la valoración que se hace de la Ley.

Hay dos planos a reflexionar para entender lo que está pasando en estos momentos: se aprecia una actuación conforme al Estado de Derecho y en frente otra muy distinta, el no ajustarse a él, desestimarlo o debilitarlo. Esta realidad ha estado presente durante algunos daños y ha dañado a tal extremo el sistema parlamentario liberal que ha socavado la libertad, los derechos individuales y hasta puede hacer peligrar la convivencia.

No se necesita un esfuerzo excesivo para apreciar el deterioro ético en el que está inmersa la sociedad. En cierta medida todos son culpables y de ahí la perdida de las normas sanas de relación y el desacato a las pautas marcadas por la sensatez y la solvencia. La ética puesta en entredicho. Todos hemos contribuido a ese vacio, tanto los que dirigen el país por intereses de partido o por ser acomodaticios como los que no están incluidos en ese espacio por pasar de todo o por suponer que podrían actuar con la misma impunidad.

Lo que debe primar en nuestro marco constitucional es que “Para ser libres hay que ser esclavos de la ley” (Marco Tulio Cicerón); sin esta premisa no es posible un funcionamiento estable de las estancias institucionales ni tan siquiera de la sociedad.

Nuestro régimen parlamentario ha sido debilitado por la bronca presencia de la corriente populista podemita y por los excluyentes nacionalismos vasco y catalán. Las pautas que han marcado en el Congreso de los diputados están hiriendo de muerte poco a poco la vida parlamentaria. Ambas corrientes políticas tienen un único propósito, destruir el sistema constitucional, los primeros para sustituirlo por uno comunista y los otros, los nacionalistas porque persiguen independizarse, mejor dicho destruir España, pues sin Cataluña y el País vasco no existe España.

Somos una organización social y poltítica irrepetible. Se legisla a un ritmo trepidante y multiplicado por diecisiete comunidades autónomas. Si al buenismo imperante del que se parte, a la negligencia y a la falta de concreción en el redactado, sumamos la superposición de normas, el sectarismo y la deslealtad del legislador, hemos conseguido un plan maléfico de destrucción relentizado pero una hecatombe a fin de cuentas. A todo ello hemos de añadir el no cumplimiento de la ley por parte de los órganos de poder, el saltarse las sentencias de los tribunales de justicia, y ahora cabe atreverse hasta a enfrentarse a los jueces promoviendo desde grupos políticos o movimientos activistas subvencionados por ellos, manifestaciones coercitivas en la calle. La justicia tumultuaria no es propio de una democracia, es peligroso, es un torpedo a la línea de flotación de la división de poderes.

La sociedad en su conjunto necesita libertad y a la par seguridad para poder organizarse, desarrollarse y mantenerse. Se consigue cuando los participantes son leales a esa máxima pero no sólo por estar incorporada en sus programas sino también por creer en ella y respetarla. Es un juego de equilibrios en el que son incompatibles  los modelos excluyentes, los que no contemplan al otro como un simple adversario político y lamentablemente esta situación es ahora la que domina el ámbito social y público. Esa hostilidad al otro, la esencia de las ideologías totalitarias que marcaron el triste destino del siglo XX, ha ido empapando a otras fuerzas y desvirtuando su ser y estar.

En este panorama, los que pierden, los que están en inferioridad son los ciudadanos que creen en el modelo constitucional y ven cómo son engañados, manipulados y vendidos.  Todo son pactos oscuros, se pisotea la soberanía, se avasallan los derechos, se pretende blanquear el pasado de una banda de asesinos en detrimento de las víctimas, a las que les arrebataron sus vidas inocentes por simplemente existir, por ser un referente español.

Un importante sector social está viviendo de esa ignominia, la del fanatismo identitario, un fanatismo que en el caso del nacionalismo catalán está alentado por el peso del dinero, pues detrás de ese “somos diferentes” hay sustanciosas cuentas en entidades bancarias. Otro sector está dispuesto a montar macabros recibimientos a los presos etarras excarcelados sin que haya una voz institucional que lo impida o como mínimo que lo denuncie. Y para redondear, puestos públicos inventados o adulterados, concedidos por esa nueva casta política, que con un falso eslogan “somos la gente” ha llegado al Parlamento y por gracia del PSOE ha ocupado varias alcaldías de importantes ciudades, algunas de cuyas casas han caido en manos de okupas, mercaderes de droga y no pocas calles en las de manteros ilegales.

Una sociedad que no responde ante tantas ignominias está dañada, falta de valores, necesitada de un referente que la haga reaccionar y que sepa poner coto a los falsificadores de la libertad.

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