Redacción Ana Maria Torrijos, licenciada en Filología Clásica-. Hemos pasado de los derechos de las personas a los derechos de los territorios, incompatible con la legalidad vigente. (…) las entidades secesionistas ANC y Omnium Cultural emiten en sus comunicados improperios contra las instituciones españolas. ¿Dónde está el límite? Debe haberlo y por lo tanto imperioso asumirlo. Leyes redactadas hay muchas y si están, es para aplicarlas en defensa de la legalidad. La ley es lo que vertebra a un Estado democrático, no es el votar lo que nos hace libres, lo somos si se respeta la ley. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, domingo 7 de mayo de 2017. Fotografía: Varios niños atienden a la profesora en una escuela. Archivo Efe.
Afirmar que la seguridad jurídica es la que fortalece el Estado de Derecho y permite el avance de la sociedad en economía, en educación, en política y en general en todos los espacios de actuación. Sostener que madurez democrática es saber buscar los instrumentos que permitan que ese poder judicial tutele los derechos civiles, evitando los posibles abusos del poder político. Todo esto es la clave de cualquier sistema parlamentario democrático.
Estamos ante una gran pantalla audiovisual y en ella sorprendidos vemos proyectar una y otra vez escenas de posibles encausados, desde un expresidente autonómico, diputados, concejales, periodistas, empresarios hasta algún que otro sindicalista. Noticias relacionadas con la corrupción política, ralentizadas durante años, son servidas ahora a la carta en un sólo paquete a modo de estímulo. Si la verdad es imprescindible en el ámbito oficial, también lo es agilizar las acusaciones y procurar resolverlas lo más pronto posible sin intrusismo alguno.
Con reiterada frecuencia los portavoces de las fuerzas políticas, al sentirse inculpados por ciertas correrías ilegales, niegan que el partido y sus líderes estén implicados en la corrupción descubierta. Es lamentable que con estas respuestas improvisadas se burlen de los que emanan los poderes del Estado, de los que mantienen con sus impuestos una maquinaria institucional, en un principio creada para facilitar el bienestar de la población, pero que poco a poco se ha transformado en una piedra de molino que va hundiendo en cenagosas aguas a todo un pueblo.
La falta de claridad, de presencia, de empeño en cumplir lo que conlleva el cargo ha roto la confianza obligada al presidente, al ejecutivo, y esta omisión ha permitido que los contrarios a la libertad, sostenida por el imperio de la ley, ganen terreno en detrimento de los derechos individuales. Un gobierno que no asume sus competencias no es digno de ostentar el poder ejecutivo. Esta lamentable situación hace peligrar el funcionamiento democrático y los ciudadanos por mucho que se apresten en intentar enderezarla les es muy difícil conseguirlo. No existe en la actualidad fuerza política capaz de ocupar esa alta responsabilidad, ni en la izquierda ni en la derecha. Y nosotros pendientes de los escándalos económicos, perdemos de vista los problemas que nos acechan y que necesitan ser solucionados cuanto antes.
Como docente me pregunto con insistencia ¿Qué referente de honestidad podemos ofrecer a los alumnos? ¿Picaresca para abrir cuentas corrientes en paraísos fiscales? ¿Mala intención en aras de la fragmentación social? ¿Inmoralidad para trazar proyectos de ruptura de los pilares éticos que deben sostener a la sociedad? Síntomas que calan en nuestros jóvenes y que son proyectados sin descanso, con trivialidad incluida, para conocimiento de la opinión pública. La falta de escrúpulos que impera en una parte de la clase política está colocando el país en una situación compleja.
Tenemos de frente varios envites con difícil salida, en el aspecto económico, en el funcionamiento de las instituciones y en la integridad nacional. El más preocupante por ser irreversible si no llega la solución, es el que tiene a España en la diana, el que pretende romper los lazos que unen las partes integrantes de la Nación.
Muchos colocan el principio de esa deriva en el gratuito empeño de Zapatero en apoyar —el Estatuto que saliera de Cataluña— pero no es así, los inicios de ese plan diabólico fue cuando el Nacionalismo tuvo competencias en enseñanza. Una brecha abierta de este calibre sólo pudo haberse paliado si el Gobierno de turno hubiera tenido como prioridad el interés general en lugar del efímero interés partidista, por eso legislatura que pasaba se deterioraba más si cabe la libertad, la Constitución y los derechos individuales. El bajo nivel académico en historia y geografia, el dirigismo de los medios de comunicación públicos, la subvención de los privados acompañaban el frenesí que reinaba. España sobraba tanto para el secesionismo como para el que con el más alto cargo de mando se llenaba la boca de representarla y la abandonaba al no hacerla presente en las Comunidades en las que el opositor campeaba.
¿Y qué dice al respecto Europa? Que es competencia del presidente del gobierno de un Estado defender y hacer defender la Unidad, establecida por la ley de leyes, la Carta Magna. En el escenario del Parlamento europeo, izadas las banderas, reunidos todos los dirigentes de los paises miembros para tratar las pautas a seguir ante “el Brexit“ que resultó en el Reino Unido, se proyecta en nuestra mente una pregunta obligada y muy directa: ¿cómo es posible que esté presente el jefe del Gobierno de España si en su país no es capaz de hacer cumplir el protocolo de símbolos, el aprendizaje escolar en la lengua oficial ni las decisiones de los altos tribunales?
No se digna el señor Rajoy a contrarrestar las palabras cargadas de ofensas que semana a semana lanzan los dignatarios de la Generalidad o cuando las entidades secesionistas ANC y Omnium Cultural emiten en sus comunicados improperios contra las instituciones españolas. ¿Dónde está el límite? Debe haberlo y por lo tanto imperioso asumirlo. Leyes redactadas hay muchas y si están, es para aplicarlas en defensa de la legalidad. La ley es lo que vertebra a un Estado democrático, no es el votar lo que nos hace libres, lo somos si se respeta la ley.
En estos momentos toca conseguir acuerdos para apoyar los presupuestos, y el Parlamento en plenos, en comisiones y encuentros, como institución en la que están representados todos los españoles ha de intervenir para conseguir la mayoría necesaria. Lo inadmisible es llegar a acuerdos bilaterales, en detrimento de la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Hemos pasado de los derechos de las personas a los derechos de los territorios, incompatible con la legalidad vigente. Un clamor originado por el pacto entre el Ejecutivo y el PNV, se desparrama por todos los foros y es comprensible, pero esto también ha ocurrido en legislaturas anteriores, no se enmendó y de aquello se ha generado esta tensión tan peligrosa que vuela sobre nuestra vida en común, sobre nuestra democracia y sobre España.