La igualdad de los individuos ante el Estado y ante cada una de las Instituciones ha sido liquidada

Redacción (Ana María Torrijos, licenciada en Filología Clásica) – Son muchos años de andadura democrática desde que se refrendó la Constitución y se inició su fase de desarrollo. El balance es muy simple: Después de varias legislaturas de distinto color ideológico, estamos inmersos en una situación tensa y difícil por haber interpretado con torpeza la letra de la tan deseada Carta Magna. La etapa de Transición desde un régimen dirigido a un régimen participativo contaba con el deseo de todos, con un componente humano dispuesto a ejercer en libertad, una amplia franja social preparada profesionalmente, de status económico medio, con inquietudes de prosperar e intervenir activamente. Teníamos por delante un proyecto ambicioso, capaz si nos ajustábamos a lo reglado, de situarnos a nivel europeo en el respeto a las decisiones salidas de las urnas. Barcelona, 20 de marzo 2016. Fotografía: Ana María Torrijos, licenciada en Filología Clásica. Foto Joseph Azanméné N./lasvocesdelpueblo.

Pasadas unas décadas, los tres poderes del Estado, básicos para la democracia, no han sabido o no han querido guardar las distancias entre ellos, todo lo contrario la decisión de uno se ha transmitido con rapidez imperiosa al resto sin retoque, sin discrepancias cuando la salvaguarda de la libertad requiere la autonomía del poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial en sus opiniones aún coincidiendo en la resolución final. El ” totum revolutum ” ha ido minando el equilibrio institucional imprescindible para que la ley centrara la convivencia, para que la justicia compensase a los débiles, para que la igualdad permitiera a todos competir desde una única salida pero con una meta diversa según aptitudes. Los perjudicados, la mayoría de los ciudadanos.

El sufragio, una de las manifestaciones más directas para indicar el agrado o repulsa, ha sido desde un principio liquidado por esa tortuosa ley electoral, cuya única pretensión es penalizar a los urbanitas y premiar a los que están censados en municipios menos poblados, distorsión de la representación en los órganos legislativos. Burlados la mayoría de los ciudadanos.

La división territorial por autonomías que pretendía acercar al contribuyente las tomas de decisión, ha servido a los políticos para repartir entre sus allegados puestos y cargos a manos llenas, ha resultado un lastre muy pesado para la economía, ha facilitado la fragmentación del mercado, la dispersión de los programas educativos, las dificultades en el ámbito sanitario, la trabas en movilidad territorial del funcionario o de cualquier otro ciudadano y sobre todo ha fomentado entre las regiones-territorios una carrera soterrada en busca del pódium de las etnias más ilustres, en detrimento de la dignidad de la persona. Todo en perjuicio de los ciudadanos.

La igualdad de los individuos ante el Estado y ante cada una de las Instituciones ha sido liquidada, contemplando con estupor que según quién sea el individuo se puede permitir el lujo de no contestar las preguntas de los jueces, tal vez librarse de juicio, de sentencia, y de reclusión aunque lo sustraído al erario público sean cifras astronómicas de euros, pero también se observa que por lentitud inducida de los trámites judiciales, las acusaciones y los delitos prescriben, incluso sin pena de prisión para quienes hayan inferido un desfalco no superior a cuatrocientos mil euros. Si seguimos con ejemplos insólitos, nos encontramos con uno cabalístico -en un acto claro de prevaricación, un juez ha llegado a afirmar que “la intención” del transgresor no era delinquir-; mientras se producen estos agravios, al pequeño contribuyente se le asalta con impuestos rayando en el escándalo, se le bloquea la cuenta bancaria, se le carga con intereses un pago aunque no sea él el causante del retraso (ingresa el dinero por adelantado y luego reclama, papeleo tras papeleo, hasta que te canses), pero pasando por alto los mil y un trapicheos utilizados por quienes dirigen nuestro presente, la distancia en derechos frente a los administradores cada vez es mayor, basta mencionar el habilidoso juego de las multas de conducir: con el deseo de agilizar el cobro, se indica la multa económica pero con el apéndice, que si se paga antes de un plazo concreto, tan sólo se tendrá que abonar una cifra variable “según el ánimo que tenga el legislador de turno” con rebaja   de cierta cantidad de euros; así se embauca y se nos hace confiar en nuestra pericia al ahorrarnos un dinero.

Siempre la ciudadanía perjudicada

Pero posiblemente lo que hace, que todo lo mencionado y más aún lo que está ausente de esta relación, sea penoso es que nos han privado de las capacidades propias de lo que somos, ciudadanos de pleno derecho, por lo menos eso indica la Constitución. ¿En qué nos han limitado? en ser nosotros mismos, en la capacidad de acertar o equivocarnos cuando dirigimos nuestros espacios personales, cuando queremos expresar nuestros gustos y optar por lo que creemos que es propio de las inquietudes más íntimas. A ellos les debería corresponder las decisiones gestoras y poco más, pero a medida que han tocado poder, han ambicionado ocuparlo todo, hacerse imprescindibles, crearnos necesidades en las que no habíamos ni pensado, hacernos dependientes de su voluntad, vivir ellos y sus clanes a nuestra costa.

Ahora cuando presenciamos a sus señorías en su ambiente, en la Cámara de representación Nacional comprendemos el gran engaño en el que nos han tenido inmersos. Deciden el plan de estudio de nuestros hijos, el idioma en el que tenemos que matricularlos, valoran según sus criterios nuestras creencias; ellos enmiendan las formas gramaticales de la lengua al margen de cualquier pauta interna morfológica “vascos y vascas”, deciden lo que es machismo, feminismo, aplican a su antojo el término “violencia de género” cuando en muchas ocasiones es violencia en el ámbito familiar, dificultan con una carga onerosa la licencia de pequeños negocios, nos obligan a pagar al recibir la herencia de nuestro padres cuando ellos ya han cotizado a lo largo de sus vidas por esa propiedad, y si no puedes hacerlo, pasa a ser de la Administración, una confiscación, una clamorosa normativa injusta.

Los partidos políticos -son instrumento fundamental para la participación política, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular- (artículo 6, Titulo Preliminar de la Constitución) y debemos así valorarlo, pero lo que no debemos aceptar es que el sistema democrático sea organizado y dirigido exclusivamente por ellos y para ellos. Nuestra vida laboral no puede estar a su servicio.

Las estadísticas dicen que durante el año 2015, en España han muerto más personas de las que han nacido, en cambio ha aumentado el número de individuos que están en la Administración, a este ritmo no tendremos cotizantes suficientes para pagar las pensiones de los que ya lo han hecho durante su etapa laboral, pero si habrá para pagar los numerosos salarios y prebendas de los que se han considerado en número galopante necesarios, de los que deciden la subida de sus sueldos, de los que se otorgan inmunidades, de los que se arrogan el derecho a un plan sanitario distinto al de la Seguridad Social, de los que se dan retiros dorados hasta el fin de sus días por haber ocupado la presidencia del Congreso o de las Cámaras Autonómicas. Los ciudadanos perjudicados y aún sin Gobierno.

marzo 20th, 2016 by