abril 11th, 2016 by lasvoces

Redacción (Ana Maria Torrijos; licenciada en Filología Clásica) – Libertad es una palabra fetiche para los que creen, por el simple hecho de nombrarla, conseguir el reconocimiento de los ciudadanos, en cambio nosotros, los ciudadanos, nos refugiamos en ella por ser la que nos permite ser personas con derechos. Barcelona, 11 de abril 2016. Fotografía: Ana Maria Torrijos, la articulista de esta casa. Imágenes archivo Joseph Azanméné Ngabgué/Lasvocesdelpueblo.

Es sabido que el paso de los años y de las centurias ha servido al hombre para proyectarse hacia adelante aunque hayan habido espacios de tiempo que frenaran ese trayecto. Nos encontramos en uno de esos espacios proclives al retroceso. Los  pregoneros que lanzan al aire enganches autodestructivos, no son un peligro por lo que dicen, siendo grave, sino por la falta de respuestas inteligentes y claras a sus insidiosos mensajes.

¿Para qué ha servido la descentralización de la administración del Estado?

Con mucha ligereza pensamos que nosotros ya pagamos la cuota de esfuerzo democrático con los impuestos, con el voto en las urnas y que son los otros, los servidores públicos, los obligados a dirigir nuestras vidas. La consecuencia de esta actitud es que presenciamos impertérritos el desmantelamiento de lo que hemos sido, somos y podemos ser sin pestañear y sin casi atrevernos a alzar la voz. Por eso cuando uno de los “defensores de las causas”, se le ocurre una brillante propuesta, previa consulta con sus asesores, la pone a rodar y nadie cuestiona los resultados posibles al llevar en el redactado términos mágicos: Pueblo, subvención, democrático, trabajador, igualdad, injusticia y otros vocablos vacios de contenido por el mal uso que se ha hecho de ellos, entonces se está desandando el trayecto de la libertad. Y si el silencio es la respuesta, un silencio interrumpido sólo por el “defensor de las causas” opuesto al “anterior defensor”, que con el mismo proceso nos golpeó antes en los resortes del sentimiento, nos estamos acercando al final de la ruta, la muerte de la democracia.

Las críticas no son siempre elementos desestabilizadores, ni son realizadas únicamente por personas a la contra; la crítica nos sirve para debatir los motivos y procedimientos empleados, para enmendar posibles injusticias, para mejorar las actuaciones, las decisiones, todo aquello que alguien legisla o lleva a cabo por y para nosotros. Si nunca se cuestionasen propuestas e incluso opiniones, el dogmatismo imperaría y no avanzaríamos, seríamos rehenes. No lo hemos tenido en cuenta y nos hemos visto envueltos en una situación de la que nos será difícil salir sino emprendemos el ejercicio  de opinar, de hacer valer nuestro criterio. Los últimos acontecimientos sucedidos en Europa, atentados yihadistas o llegada multitudinaria de emigrantes, nos ha mostrado la tortuosa actuación de quienes tienen que velar por la seguridad de los ciudadanos y en ocasiones con la aportación manipulada de los medios informativos y la no presencia del poder judicial. Un hecho puede ser delito o no, si se informa o según se informe. ¿Quién decide, importante es saberlo?

El engaño ha ido inmovilizando los resortes que tenemos para alcanzar esa libertad

La libertad se desquebraja si claudicamos ante el poder mal practicado. Un poder que en democracia, no depende de unos pocos, sino de la mayoría y está al servicio de la ley,  igual para todos. Debemos repartir libertad a muchos niveles y clarificarla si la hemos  desviado o adulterado. Nos hemos acostumbrado al recorte de los derechos y hasta a su total privación si no reaccionamos; esa hipotética situación nos obliga a demandar libertad en las redacciones de prensa, en los tribunales de justicia, en el ámbito educativo, en la elección de nuestros representantes dentro de candidaturas abiertas, en los convenios laborales, en actividades culturales, en definitiva en todo aquello donde nuestro criterio y dignidad lo requiera.

El engaño ha ido inmovilizando los resortes que tenemos para alcanzar esa libertad y ha derivado en un escenario desestabilizador, con focos cegadores -las televisiones, y unos actores- los políticos, que con soliloquios o diálogos cargados de irresponsabilidad, disponen de un coro- los periodistas y directores de programas audiovisuales, en tono estridente con consignas forjadas en el seno de la discordia-el sectarismo ideológico. Una disputa destinada a mantener a la “casta política” pues en eso es a lo que ha llegado el Estado de las Autonomías. Comunidades en número de diecisiete, que para afianzar el reparto de satisfacciones a unas élites sociales blindadas, incapaces de competir en libertad, de poner su valía en tela de juicio y poder ser aventajadas por otras más competentes, han alzado murallas -estatutos para hacer difícil la superación de la nota localista frente a la vorágine de los espacios abiertos de la tecnología en punta-. ¿Qué mejor anestésico? obligarnos a echar raíces con la ensoñación de conceptos identitarios sean de relatos míticos, de lengua excluyente, de fiestas desempolvadas.

La democracia parlamentaria liberal ha firmado la defunción de la sociedad clasista, la que permitía que sólo unos elegidos tuvieran derecho a decidir, mandar y repartir prebendas. Ahora es el momento de dar por implantado el marco de libertades y creer en ellas con el fin de impedir cualquier ilegalidad y los tantos privilegios de los que hacen gala los numerosos servidores públicos. Los partidos, superando con prontitud diferencias ideológicas, sin líneas rojas, deciden sus sueldos, vacaciones, jornada laboral y todos los demás ingredientes que constituyen su status, en cambio muestran poca prisa en facilitar la formación de Gobierno y los españoles nos encontramos sin timonel, pues si el presidente en ejercicio, no ha sido diligente en tomar decisiones importantísimas en defensa del Estado de Derecho, difícil por no decir imposible, el que las tome en funciones.

El espectáculo televisivo se ha trasladado a la Cámara Baja. Hasta que los nuevos diputados ocuparon los escaños con bebé incluido y ejecutaron dos intentos de investidura cargados de formas esperpénticas, frases durísimas hacia un lado y hacia otro, con un adorno efusivo, un ósculo entre dos señorías, sin olvidar la multiplicación de ruedas de prensa, de encuentros, de apretón de manos, de regalo incluido y el paseo-desfile de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, felices con la sonrisa en los labios, por la calle, fuera del Congreso, no se había hecho mayor concesión a los ciudadanos que la ridícula farsa de unos aprendices de políticos.

Un pódium desde el que miran a distancia, esquilman el dinero de nuestro trabajo

Libertad para relegarlos a unas funciones concretas, exigirles seriedad ante los graves problemas por resolver, limitarles su ejercicio con legislaturas tasadas, obligarles a asistir a los plenos y sobre todo que completen sus discursos con frases frescas, pronunciadas al hilo de las distintas intervenciones, no traídas ya escritas por el sanedrín del partido.

El cansancio del proceso sufrido por los ciudadanos a lo largo de las últimas legislaturas es enorme. Se reconocen decisiones importantes y favorables al desarrollo económico, social y de formación, pero no es menos notorio el ninguneo al que han sido sometidos los ciudadanos mientras se creaba un sistema para beneficio de los partidos políticos. Un pódium desde el que miran a distancia, esquilman el dinero de nuestro trabajo, agreden con calificativos ofensivos por el simple hecho de no coincidir con su ideología, modifican nuestros hábitos, imponen los símbolos que les conviene de la misma manera que en el principio de la etapa democrática crearon circunscripciones territoriales con sus banderas correspondientes, sin pulsar la opinión de la ciudadanía, y a medida que les interesó como partidos cedieron todo lo que fue necesario para saciar las ansias identitarias de una élite, a costa de segar los derechos individuales de todos los ciudadanos. ¿Para qué ha servido la descentralización de la administración del Estado? Lo consumado es algo muy distinto, a lo que se pretendía. Partimos de una Nación y un Estado, y al llegar a la estación término tenemos diecisiete mini estados y diecisiete mini naciones, a falta de entregar el modelo identitario de la que va a la cabeza a las que continúan detrás.

El resultado de todo este proceso ha sido la fragmentación del pilar fundamental de la Democracia, la cobertura de la ley. Son bastantes los españoles a los que se les ha privado de ella y lo más lamentable es que los Organismos del Estado encargados de velar por su cumplimiento, no han asumido sus competencias. El carnet de identidad, el pasaporte y otros documentos oficiales señalan la nacionalidad de las personas y por ello están obligadas a tributar, a asumir toda normativa legislada. Pero no se cumple la contrapartida de los entes oficiales para con ellas. Sentirse ciudadano de un país requiere una pedagogía continuada desde la escuela, la lengua y la historia, desde la política, los símbolos y el respeto a los derechos, desde las televisiones públicas, la verdad en la información, pero sobre todo requiere desde las Instituciones no poner en peligro la existencia de la Nación y el cumplimiento de la ley.

No hay sentido de responsabilidad ante una ciudadanía que trabaja

La Democracia Liberal Parlamentaria es el mejor sistema para defender los derechos individuales y lo será si estamos dispuestos a exigir Libertad para encontrar soluciones a los graves problemas y al deterioro político. Produce estupor que un pueblo como el nuestro, fraguado en innumerables glorias y reveses de la historia, esté en manos de estos ineptos que sólo saben lucir imagen y asegurarse un futuro a costa de nuestro esfuerzo diario. No hay sentido de responsabilidad ante una ciudadanía que trabaja, se sacrifica, se preocupa ante lo que pueda ser el mañana del país y de su familia.

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marzo 20th, 2016 by lasvoces

Redacción (Ana María Torrijos, licenciada en Filología Clásica) – Son muchos años de andadura democrática desde que se refrendó la Constitución y se inició su fase de desarrollo. El balance es muy simple: Después de varias legislaturas de distinto color ideológico, estamos inmersos en una situación tensa y difícil por haber interpretado con torpeza la letra de la tan deseada Carta Magna. La etapa de Transición desde un régimen dirigido a un régimen participativo contaba con el deseo de todos, con un componente humano dispuesto a ejercer en libertad, una amplia franja social preparada profesionalmente, de status económico medio, con inquietudes de prosperar e intervenir activamente. Teníamos por delante un proyecto ambicioso, capaz si nos ajustábamos a lo reglado, de situarnos a nivel europeo en el respeto a las decisiones salidas de las urnas. Barcelona, 20 de marzo 2016. Fotografía: Ana María Torrijos, licenciada en Filología Clásica. Foto Joseph Azanméné N./lasvocesdelpueblo.

Pasadas unas décadas, los tres poderes del Estado, básicos para la democracia, no han sabido o no han querido guardar las distancias entre ellos, todo lo contrario la decisión de uno se ha transmitido con rapidez imperiosa al resto sin retoque, sin discrepancias cuando la salvaguarda de la libertad requiere la autonomía del poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial en sus opiniones aún coincidiendo en la resolución final. El ” totum revolutum ” ha ido minando el equilibrio institucional imprescindible para que la ley centrara la convivencia, para que la justicia compensase a los débiles, para que la igualdad permitiera a todos competir desde una única salida pero con una meta diversa según aptitudes. Los perjudicados, la mayoría de los ciudadanos.

El sufragio, una de las manifestaciones más directas para indicar el agrado o repulsa, ha sido desde un principio liquidado por esa tortuosa ley electoral, cuya única pretensión es penalizar a los urbanitas y premiar a los que están censados en municipios menos poblados, distorsión de la representación en los órganos legislativos. Burlados la mayoría de los ciudadanos.

La división territorial por autonomías que pretendía acercar al contribuyente las tomas de decisión, ha servido a los políticos para repartir entre sus allegados puestos y cargos a manos llenas, ha resultado un lastre muy pesado para la economía, ha facilitado la fragmentación del mercado, la dispersión de los programas educativos, las dificultades en el ámbito sanitario, la trabas en movilidad territorial del funcionario o de cualquier otro ciudadano y sobre todo ha fomentado entre las regiones-territorios una carrera soterrada en busca del pódium de las etnias más ilustres, en detrimento de la dignidad de la persona. Todo en perjuicio de los ciudadanos.

La igualdad de los individuos ante el Estado y ante cada una de las Instituciones ha sido liquidada, contemplando con estupor que según quién sea el individuo se puede permitir el lujo de no contestar las preguntas de los jueces, tal vez librarse de juicio, de sentencia, y de reclusión aunque lo sustraído al erario público sean cifras astronómicas de euros, pero también se observa que por lentitud inducida de los trámites judiciales, las acusaciones y los delitos prescriben, incluso sin pena de prisión para quienes hayan inferido un desfalco no superior a cuatrocientos mil euros. Si seguimos con ejemplos insólitos, nos encontramos con uno cabalístico -en un acto claro de prevaricación, un juez ha llegado a afirmar que “la intención” del transgresor no era delinquir-; mientras se producen estos agravios, al pequeño contribuyente se le asalta con impuestos rayando en el escándalo, se le bloquea la cuenta bancaria, se le carga con intereses un pago aunque no sea él el causante del retraso (ingresa el dinero por adelantado y luego reclama, papeleo tras papeleo, hasta que te canses), pero pasando por alto los mil y un trapicheos utilizados por quienes dirigen nuestro presente, la distancia en derechos frente a los administradores cada vez es mayor, basta mencionar el habilidoso juego de las multas de conducir: con el deseo de agilizar el cobro, se indica la multa económica pero con el apéndice, que si se paga antes de un plazo concreto, tan sólo se tendrá que abonar una cifra variable “según el ánimo que tenga el legislador de turno” con rebaja   de cierta cantidad de euros; así se embauca y se nos hace confiar en nuestra pericia al ahorrarnos un dinero.

Siempre la ciudadanía perjudicada

Pero posiblemente lo que hace, que todo lo mencionado y más aún lo que está ausente de esta relación, sea penoso es que nos han privado de las capacidades propias de lo que somos, ciudadanos de pleno derecho, por lo menos eso indica la Constitución. ¿En qué nos han limitado? en ser nosotros mismos, en la capacidad de acertar o equivocarnos cuando dirigimos nuestros espacios personales, cuando queremos expresar nuestros gustos y optar por lo que creemos que es propio de las inquietudes más íntimas. A ellos les debería corresponder las decisiones gestoras y poco más, pero a medida que han tocado poder, han ambicionado ocuparlo todo, hacerse imprescindibles, crearnos necesidades en las que no habíamos ni pensado, hacernos dependientes de su voluntad, vivir ellos y sus clanes a nuestra costa.

Ahora cuando presenciamos a sus señorías en su ambiente, en la Cámara de representación Nacional comprendemos el gran engaño en el que nos han tenido inmersos. Deciden el plan de estudio de nuestros hijos, el idioma en el que tenemos que matricularlos, valoran según sus criterios nuestras creencias; ellos enmiendan las formas gramaticales de la lengua al margen de cualquier pauta interna morfológica “vascos y vascas”, deciden lo que es machismo, feminismo, aplican a su antojo el término “violencia de género” cuando en muchas ocasiones es violencia en el ámbito familiar, dificultan con una carga onerosa la licencia de pequeños negocios, nos obligan a pagar al recibir la herencia de nuestro padres cuando ellos ya han cotizado a lo largo de sus vidas por esa propiedad, y si no puedes hacerlo, pasa a ser de la Administración, una confiscación, una clamorosa normativa injusta.

Los partidos políticos -son instrumento fundamental para la participación política, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular- (artículo 6, Titulo Preliminar de la Constitución) y debemos así valorarlo, pero lo que no debemos aceptar es que el sistema democrático sea organizado y dirigido exclusivamente por ellos y para ellos. Nuestra vida laboral no puede estar a su servicio.

Las estadísticas dicen que durante el año 2015, en España han muerto más personas de las que han nacido, en cambio ha aumentado el número de individuos que están en la Administración, a este ritmo no tendremos cotizantes suficientes para pagar las pensiones de los que ya lo han hecho durante su etapa laboral, pero si habrá para pagar los numerosos salarios y prebendas de los que se han considerado en número galopante necesarios, de los que deciden la subida de sus sueldos, de los que se otorgan inmunidades, de los que se arrogan el derecho a un plan sanitario distinto al de la Seguridad Social, de los que se dan retiros dorados hasta el fin de sus días por haber ocupado la presidencia del Congreso o de las Cámaras Autonómicas. Los ciudadanos perjudicados y aún sin Gobierno.

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