Presupuestos, déficit y deuda

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — Al tiempo que anunciaba la intención de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PDE) en el Consejo de Ministros del 31 de marzo, Montoro anunciaba con satisfacción que el déficit de las AAPP en 2016 será inferior al 4,6% del PIB, la última cifra pactada con Bruselas, y el déficit quedaba en el 4,3% tras excluir las ayudas a entidades financieras. San Cugat del Vallés (Barcelona), sábado 1 de abril de 2017. Fotografía: Capital de España (Madrid), Presidencia del Gobierno de España (La Moncloa) viernes 31.03.2017. La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría (2ª a la i), el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo (3º a la i), el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro (d), y el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos (i), antes de iniciar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del Gobierno del presidente Mariano Rajoy Brey (no sale en la foto). Lasvocesdelpueblo.

Había cuenta que el déficit en 2015 fue 5,1%, la reducción lograda en 2016 es 0,8 (5,1-4,3) puntos porcentuales (pp.), 2 décimas inferior a la reducción media (0,98 pp.) conseguida entre 2008 y 2015. En cuanto al cumplimiento del compromiso con la UE, conviene también recordar que España ha incumplido los objetivos pactados año tras año y la Comisión prevé déficits del 3,8% del PIB en 2017, superior al 3,1% acordado, y del 3,2% en 2018. La pesadilla del déficit que se inició con Zapatero en 2008 y ha disparado la deuda a cifras estratosféricas (1,114 billones en enero 2017), va a continuar casi con toda seguridad hasta 2020.

Políticamente mediatizado

Todo está a punto para comenzar la tramitación en el Congreso de la Ley que desglosa los recursos previstos para financiar los gastos de la Administración Central, las transferencias a las Administraciones Territoriales y las prestaciones del sistema de Seguridad Social (SS). La simple aritmética parlamentaria indica que no resultará fácil aprobarla en junio sin hacer concesiones a otros grupos parlamentarios, habida cuenta que el Gobierno cuenta con 137 diputados y necesita los votos de los diputados de Ciudadanos (32), PNV (5), Coalición Canaria (1) y Nueva Canarias (1). El PSOE, enzarzado en su pugna interna, ha optado por rivalizar con Podemos y se niega a negociar los presupuestos con el PP, un craso error de automarginación que acabará pagando en las urnas.

Ciudadanos, en su segunda reencarnación como partido liberal, va a aprovechar la oportunidad de desempeñar el papel que los líderes de  CDC se atribuían a sí mismos antes de abrazar el secesionismo. Rivera quiere aparecer ante la opinión pública como el político responsable que asegura la gobernabilidad de España y varias CCAA, y se esforzará por presentarse como el muñidor de cualquier acuerdo que favorezca a colectivos (autónomos, pensionistas, padres, dependientes, asalariados con salarios bajos, jóvenes, estudiantes, etc.) cuyos votos puedan reforzar las expectativas electorales del partido. La inexplicable incomparecencia del PSOE le ha dejado expedito el camino de la negociación y Rivera va a aprovechar la oportunidad.

Para aprobar los PGE, el Gobierno tendrá además que satisfacer las demandas de nacionalistas vascos y canarios. El PP ha respaldado los presupuestos que presentaron el gobierno del PNV y la franquicia vasca del PSOE en El País Vasco, y la reciprocidad del PNV parece estar asegurada, aunque algo se llevarán al saco los nacionalistas que gobiernan en la Comunidad más insolidaria de España. Para ganarse a los diputados canarios, el Gobierno tendrá que hacer también algunas concesiones para compensar los reales o supuestos agravios –los beneficios nunca cuentan– de insularidad. No hay que olvidar tampoco las consecuencias presupuestarias de la negociación extraparlamentaria en curso con las organizaciones sindicales, si se confirma que el Gobierno acepta subir los salarios de los empleados públicos el 1% y ofertar 250.000 plazas en tres años.

Condicionantes económicos

Hay también consideraciones de carácter estrictamente económico que afectan a la evolución de las principales partidas de gasto y dificultan la reducción del déficit. Las pensiones, 135.449 millones en 2016, es la más voluminosa y ha crecido el 48,1% desde 2007 a una tasa media del 4,5%. En el caso de las pensiones contributivas del sistema de la SS, el aumento acumulado entre 2007 y 2016 fue incluso mayor, 52,52%, a una tasa media del 4,8%. Las prestaciones sociales de las AAPP distintas de las transferencias sociales en especie, una partida que incluye pensiones, prestaciones a desempleados y otras transferencias, aumentó desde 2007 (123.760 millones) a 2015 (170.401 millones) el 37,7% a una tasa media del 4,08%. Basta comparar estas cifras con la tasa media de crecimiento del PIB nominal (-0,06%) entre 2007 y 2015 para cerciorarse de su insostenibilidad.

El sistema de la SS tuvo que retirar 17.500 millones del Fondo de Reserva cuyo saldo a finales de diciembre de 2017 quedó en 15.200 millones, una cifra inferior al déficit del sistema. Tampoco podrá contar el Gobierno en los próximos años con el alivio que le han proporcionado la caída de las prestaciones a los desempleados entre 2011 (30.975 millones) y 2016 (19.621 millones) y la reducción de los intereses de la deuda entre 2013 (38.590 millones) y 2016 (33.490 millones). En cuanto a las primeras, el margen de caída es ya escaso si tenemos en cuenta que la factura ascendió a 14.471 millones en 2007, un años en el que la tasa de paro del 8,2%. En cuanto a la evolución de los tipos que paga el Tesoro, sólo cabe esperar que se eleven, y aumente la carga de la deuda incluso si el ratio Deuda/PIB se estabiliza en torno al 100% y no se dispara la prima de riesgo. Finalmente, hay que descartar nuevos recortes en  la inversión pública que se ha reducido a la mitad entre 2009 (55.142 millones) y 2015 (27.004 millones).

Infrafinanciación, sensibilidad y coherencia

Hay un problema muy acusado de infrafinanciación del gasto público en España como pone de manifiesto que la cifra de déficits acumulados desde 1995 a 2015 alcance 735.000 millones y las AA. PP. sólo hayan logrado superávits en 3 años de 21. En el caso del sistema de la SS, el déficit consolidado desde 2010 hasta 2015 asciende a 49.121 millones y el déficit en 2016 rondará los 18.400 millones. Por otra parte, la evolución positiva de la recaudación por IVA y otros impuestos sobre los productos atribuible a la subida de tipos y a la recuperación económica puede ralentizarse si se confirma la desaceleración que prevén tanto el Gobierno como los organismos internacionales en 2017 y 2018. Así que si quiere cuadrar las cuentas, el Gobierno tendrá que aumentar la recaudación por impuestos sobre la renta, los que menos han crecido en los últimos años, e intensificar la lucha contra el fraude fiscal.

Mientras persista la incertidumbre sobre si habrá elecciones en 2018, tendremos que seguir conllevando durante algunos meses más la esquizofrenia que nos impulsa a actuar como país nórdico en lo que atañe al gasto y como país sureño a la hora de pagar impuestos. Comprendo que los responsables económicos del Gobierno tienen que ponderar los avances logrados en la reducción de algunos desequilibrios macroeconómicos e intentar transmitir tranquilidad a las empresas y confianza a los ciudadanos. Ahora bien, el desajuste en las cuentas de la SS es sólo el último episodio de un problema de fondo que conviene abordar con tacto para no generar bolsas de pobreza y alimentar el descontento social que dio alas a los movimientos populistas de Iglesias en Madrid) y Colau en Barcelona. Pero constituiría una grave irresponsabilidad financiar las pensiones recurriendo a emisiones de deuda cuando se agote el Fondo de Reserva como se ha sugerido desde el Gobierno. Las pensiones, un gasto recurrente, hay que financiarlas con impuestos para no poner en peligro la confianza en nuestra economía.

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