¿Hay que ilegalizar la Asociación de Municipios Por la Independencia (AMI)?

Redacción (Clemente Polo)-. La Associació de Municipis per l’Independencia (AMI) se constituyó en el año 2011 al  calor de las “consultes per l’independencia” que se iniciaron en Arenys de Munt el 14 de septiembre de 2009 y culminaron en Barcelona el 10 de abril de 2011. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, viernes 30 de junio de 2017. Fotografía: El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajó, durante su intervención en un acto de la organización de alcaldes separatistas catalanes «Asociación de Municipios Por la Independencia» de Cataluña (AMI). Archivo ACN.

La AMI “está formada por instituciones que representan el mundo local y tiene como principal objetivo sumar esfuerzos para conseguir, en un futuro cercano, la creación de un Estado propio para Cataluña en el marco de la Unión Europea”. En un recuadro de su página de Internet se subraya “que se trata de un movimiento que aglutina todas las sensibilidades políticas y trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, un objetivo a todas luces imposible de encajar en nuestro ordenamiento constitucional.

Una asociación anticonstitucional

Según el último informe de gestión de 2015 (presentado el 8 de abril de 2016), la AMI está integrada por 785 Ayuntamientos catalanes, las 4 Diputaciones Provinciales, 35 Consejos comarcales, 9 Entidades Municipales Descentralizadas y 1 consorcio. La mayoría de alcaldes en municipios adheridos a la AMI pertenecen a CDC (381) y ERC (239), aunque hay también 15 con alcaldes del PSC y la población de sus municipios alcanza el 43,65% de Cataluña. Este informe (como los anteriores) proporciona una información exhaustiva de las reuniones, resoluciones y campañas desarrolladas para promover la secesión de Cataluña. Veamos algunos de sus hitos recientes más significativos.

En una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat el 30 de marzo de 2015, Vila d’Abadal, alcalde de Vic y primer presidente de la AMI, firmó, junto al presidente Mas (CDC), Junqueras (ERC), Forcadell (ANC) y Casals (Omnium Cultural) el documento “Hoja de ruta” del proceso unitario soberanista catalán, donde se detallaban los pasos a dar para alcanzar la independencia en 18 meses contados a partir de las elecciones del 27 de septiembre. Unos meses después, ya con Carles Puigdemont como presidente, la AMI aprobó una moción de apoyo a la resolución I/XI de inicio del proceso constituyente que había sido aprobada en el Parlament el 9 de noviembre de 2015 y el TC declaró nula el 2 de diciembre.

El 27 de julio de 2016, se votaron en el Parlament las “Conclusiones finales” de la “comissió d’estudi del process constituent”. La presidenta Forcadell y cuatro vocales de la mesa de portavoces (Barrufet, Corominas, Nuet y Simó) están siendo investigados por llevarlas al Pleno, ignorando la opinión contraria de los letrados del Parlament y las reiteradas advertencias del TC. Lloveras, tercera presidenta de la AMI, asistió a esa ‘histórica’ sesión y “celebraba, al final de la votación, que el proceso de construcción de una nueva república dé un paso «cumpliendo los pasos que se habían fijado»”.

En varias ocasiones, la AMI ha movilizado a sus alcaldes y concejales ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para arropar a los encausados por la consulta del 9-N (Mas, Ortega y Rigau) y a los diputados que desobedecieron al TC. A principios de mayo, Lloveras declaró tras una reunión de la Comisión ejecutiva “estar preparados para tener «una implicación activa» en cuanto «se apriete el botón del play» del referéndum en las próximas semanas”.

Tras el anuncio hecho por Puigdemont de la fecha y la pregunta del referéndum, la AMI ha anunciado que “como agentes locales, nos ponemos a la disposición del gobierno catalán y el Parlament para todo que pueda requerir para esta cita con las urnas… El mundo local asumirá aquellas responsabilidades que le sean requeridas”. De momento, la AMI y la Asociación catalana de Municipios (ACM) han convocado el 1 de julio de 2017 a los representantes de los municipios adheridos para escenificar, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, su apoyo al proceso secesionista: “queremos que los alcaldes vengan a mostrar su compromiso con la celebración del referéndum y el derecho a decidir del pueblo catalán. No queremos continuar con las imposiciones del gobierno español”.

Desmantelar la AMI

No nos dejemos engañar por estas apelaciones vacías al ‘pueblo’ de Cataluña y a la democracia refrendaria. No estamos ante imposiciones arbitrarias del “gobierno español”, como la AMI da a entender, sino ante una Constitución refrendada por todos los ciudadanos, unas normas democráticamente aprobadas a las que los poderes públicos están sujetos, y unas sentencias que todos hemos de acatar. Lo que resulta profundamente antidemocrático es que el gobierno de la Generalitat y dos grupos parlamentarios, Junts pel Sí y CUP-CC que cuentan con una exigua mayoría –insuficiente incluso para reformar el Estatut de Autonomía de Cataluña–, pretendan realizar un referéndum inconstitucional que el Congreso rechazó por una mayoría abrumadora el 8 de abril de 2014, y ratificó el pasado 17 de mayo.

Como ciudadano español y europeo que vivo y trabajo en Cataluña me pregunto cómo es posible que la AMI desarrollado su actividad y extendiendo sus redes impunemente. ¿Acaso los miembros de la Comisión Ejecutiva de la AMI, con sus tres presidentes a la cabeza –Vila d’Abadal, Puigdemont y Lloveras– no han incurrido en los mismos delitos que han producido la inhabilitación del ex-presidente Mas y los exconsejeros Homs, Ortega y Rigau?  Y, ¿qué decir de los concejales que al tomar posesión de sus actas y jurar sus cargos añadieron, a instancias de la AMI, “estoy a disposición del gobierno de la Generalitat de Cataluña que surja de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, para ejercer la autodeterminación de nuestro pueblo y proclamar, juntamente con todas nuestras instituciones, EL ESTADO CATALÁN LIBRE Y SOBERANO”?

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Ya no cuela

Redacción (Clemente Polo)-. Lo más llamativo del llamado ‘proceso secesionista’ es la perversa concepción de la democracia que lo alimenta. En su delirio, las resoluciones y normas que aprueban ellos con ajustadas mayorías (72 diputados o menos) en el Parlament son democracia de 24 quilates, mientras que las resoluciones y normas aprobadas en el Congreso, sede de la soberanía popular, por mayorías holgadas son consideradas opresivas. San Cugat Del Vallés (Cataluña) España, domingo 25 de junio de 2017. Fotografía: España, Parlamento autonómico de Cataluña, sesión de control al Gobierno de la Generalidad de Cataluña. De izquierda a la Derecha: El consejero de ‘asuntos exteriores’ del Gobierno catalán, Raül Romeva (i); el vicepresidente del Gobierno catalán, consejero de Economía y Hacienda y el también presidente de ERC, Oriol Junqueras Vies (c); seguido del presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont (d), mantienen una breve conversación, visiblemente muy importante y estratégica contra la oposición que lidera la líder de Ciudadanos Cs, Inés Arrimadas García, con sus aliados del PSC de Miquel Iceta, PP de Xavier García Albiol y en ocasiones por CSQP (Podemos) de Lluís Rabell. Archivo Efe.

Hace poco, un familiar me confesó que cuando escribo sobre la situación en Cataluña le cuesta ponerse en mi lugar. Algunos amigos y colegas que viven en otras Comunidades me han manifestado también su creciente hartazgo. “¡Que se vayan de una vez!”, me soltó un taxista sin reparar en las nefastas consecuencias que tendría para quienes vivimos en Cataluña y para el resto de españoles. Reconozco que relatar las últimas ocurrencias (casi siempre desatinadas) con que nos obsequia Puigdemont (antes las que hacía Mas, su mentor), bajo la atenta vigilancia de Hagrid –el guardabosques encargado de cuidar a las “criaturas mágicas”– puede resultar cansino. Sin embargo, las últimas performances de la compañía PuigCupQueras (con Guardiola como artista invitado) me obligan a volver sobre este enojoso asunto.

Democracia Devaluada

Desde el 27 de septiembre de 2015, el gobierno de la Generalitat gobierna exclusivamente para aquellos catalanes que votaron a la coalición electoral Junts pel Sí, integrada por CDC y ERC, y al conglomerado pancatalanista y anticapitalista CUP-CC. Entre los tres partidos, obtuvieron el 47,7 % de los votos válidos (36,8 % del censo) y 72 diputados de los 135 que componen el Parlament. A partir de la constitución de la cámara, los dos grupos parlamentarios han aprobado varias resoluciones para iniciar y desarrollar un proceso constituyente que el Tribunal Constitucional ha anulado por su pregonada inconstitucionalidad. Forcadell, presidenta del Parlament, y otros tres diputados miembros de la Mesa están siendo investigados por desacatar estas sentencias.

En su delirio, sus resoluciones son ajustadas mayorías y las del Congreso son consideradas opresivas

Lo más llamativo del llamado ‘proceso secesionista’ es la perversa concepción de la democracia que lo alimenta. Sus líderes sostienen seriamente que España es una democracia de baja calidad, porque ni el Gobierno, ni Las Cortes ni el Tribunal Constitucional les autorizan a realizar un referéndum para preguntar a los catalanes si “quieren que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”. En su delirio, las resoluciones y normas que aprueban ellos con ajustadas mayorías (72 diputados o menos) en el Parlament son democracia de 24 quilates, mientras que las resoluciones y normas aprobadas en el Congreso, sede de la soberanía popular, por mayorías holgadas son consideradas opresivas.

Puigdemont, Junqueras y Gabriel son, a pesar de sus poses, alérgicos a la democracia. Afirman ser demócratas pero su comportamiento lo desmiente. ¿Por qué si no han rechazado el ofrecimiento del Gobierno (acordado con PSOE y Ciudadanos) de acudir al Congreso a defender su proyecto y se han apresurado a fijar el referéndum el 1 de octubre? Porque sólo aceptan las reglas del juego democrático cuando tienen la mayoría asegurada, por exigua que ésta sea. Pero tan preocupante o más que esta aviesa concepción de la democracia, es la naturaleza de “su” futurible república, donde la libertad y la división de poderes brillan por su ausencia. El “hombre de la estaca” (Llach, antaño cantautor y hoy “bien pagado” inquisidor) advierte a los funcionarios que tendrán que pensárselo muy bien, que sufrirán… porque la Generalitat sancionará a quienes incumplan la “ley de transitoriedad jurídica”, una norma del Parlament que pretende derogar en 24 horas la Constitución. Por su parte, Vidal, ex-juez y ex-senador de ERC, desveló imprudentemente que de los 801 jueces que ejercen en Cataluña sólo quedarán con quienes “comparten nuestros sueños e ideales”.

Gobierno firme

Afortunadamente para los demócratas que vivimos y trabajamos en Cataluña, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha comprendido, tras varias visitas al Principado, lo bochornoso que resulta que no se deje “hablar a la gente que piensa otra cosa” y “cómo se les ningunea en todo tipo de instituciones”. Celebramos, asimismo, que haya constatado de primera mano la imposibilidad de iniciar un diálogo con el gobierno de la Generalitat para alcanzar acuerdos dentro del marco constitucional. Algunos barruntábamos que su intento estaba condenado al fracaso desde el principio, porque la débil argamasa que mantiene unidos a los tres partidos secesionistas es precisamente la promesa de proclamar la república y garantizar impunidad a quienes han vulnerado (o van a vulnerar) el ordenamiento jurídico.

En la moción de censura que presentó Podemos, el presidente Rajoy reiteró que no permitirá, mientras gobierne, que un subconjunto de ciudadanos (los empadronados en Cataluña) decida sobre cuestiones (autodeterminación de Cataluña) que afectan a todos. Ahora bien, aunque el gobierno de Rajoy tiene mayoría absoluta en el Senado sólo cuenta con 137 diputados en el Congreso, un número muy alejado de la mayoría absoluta. Pero es que incluso si el PP tuviera 176 diputados, resulta indispensable contar con el respaldo de otros grupos parlamentarios para afrontar el órdago del gobierno de la Generalitat, y todo lo que puede acontecer antes y después del 1 de octubre.

Soledad del Gobierno

Olvidó el devoto enterrador de la Monarquía añadir un pequeño detalle: en esa tercera república ya no estará Cataluña

La moción de censura que protagonizó el tándem Iglesias-Montero permitió aclarar la posición de Podemos: apoyo sin reservas a sus fraternales compañeros catalanes –peculiar hermandad “republicana” que excluye compartir territorio y renta– para que decidan su futuro. El diputado Tárdà (ERC) correspondió apoyando la moción. En su intervención, confirmó que el referéndum se celebrará el 1 de octubre e insinuó que su resultado podría ser la antesala de la proclamación de la tercera república en España. Olvidó el devoto enterrador de la Monarquía añadir un pequeño detalle: en esa tercera república ya no estará Cataluña.

En cuanto al PSOE, la victoria del Sánchez que hemos visto en las primarias, puño en alto entonando “La internacional”, apunta a un Sánchez bien distinto al que presentó su candidatura a presidente de Gobierno –con una gigantesca bandera constitucional como telón de fondo–, en junio de 2015. Aunque su adversario directo sigue siendo Iglesias, no hay que descartar que el PSOE, mediatizado por el PSC, mantenga una calculada ambigüedad sobre Cataluña. En respuesta al anuncio de la fecha del referéndum, Ábalos, portavoz de Sánchez en el Congreso, se limitó a expresar “no estamos de acuerdo, no aceptamos el desafío”, al tiempo que reiteraba la necesidad de encontrar un espacio para la política “entre unos que insisten en cumplir la ley y otros que insisten en no cumplirla”. Ya en la moción de censura, Ábalos manifestó a Iglesias la disposición del PSOE a formar mayorías alternativas.

¿Acaso incumplir la ley y cumplirla son dos opciones equiparables?

Esta suerte de equidistancia constituye la mayor amenaza que planea sobre el futuro de nuestra democracia. ¿Acaso incumplir la ley y cumplirla son dos opciones equiparables? Del dicho al hecho hay un trecho, pero resulta bastante preocupante que la nueva dirección partido que gobernó España durante veintiún años y aspira a volver a La Moncloa, considere siquiera “construir una alternativa” con quienes prometieron “liquidar el régimen de 1978” y ahora pretenden iniciar un histórico “proceso constituyente sin el PP”. De momento, el Gobierno sólo cuenta con Ciudadanos –toco madera– para defender dos principios democráticos esenciales de nuestra Constitución: primero, todos los españoles somos libres e iguales; y, segundo, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. La asunción del concepto de estado plurinacional en el XXXIX Congreso Federal, considerada un error histórico por Susana Díaz, apunta a que el partido de Sánchez-Iceta-Armengol no está dispuesto a respaldarlos.

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