febrero 11th, 2017 by Ana Maria

Redacción: (Ana Maria Torrijos; licenciada en Filología Clásica) – Responsabilidad de servidores del Estado: Señor Presidente, ¿Qué espera? Que le caiga la Ley encima y le aplaste. La reflexión es muy clara: ¿Es posible que una parte del Estado, institución creada para la defensa del orden social, quiera dinamitar al propio Estado? No, no puede ocurrir ni permitirse tal hecho. La ley es la clave del funcionamiento de la democracia. Quienes han sido elegidos para representar la soberanía nacional y defender el cumplimiento del ordenamiento jurídico, están obligados a estar en ello y si no quieren o no pueden, deben abandonar su puesto en las instituciones. San Cugat del Vallés (Barcelona), sábado 11 de febrero de 2017. Fotografía: la imagen, de izquierda a la derecha, los principales candidatos de la coalición separatista de ERC y CDC con colectivos separatistas al 27-S catalán 2015, Juntos Por El Sí (JxSí), durante la presentación d ela candidatura: Oriol Junqueras Vies, el actual vicepresidente del Gobierno catalán y consejero de Economía y Hacienda pero también el presidente de ERC; la fallecida Muriel Casals Couturier, caída en combate tras saltarse un semáforo en ámbar fue atropellada mortalmente por una bicicleta y murió unos días después. Casals era también presidenta del colectivo separatista Ómnium Cultural; Raúl Romeva, el actual consejero de Exteriores del Gobierno catalán, el ex de ICV; Carme Forcadell Lluis, la actual presidenta del Parlamento catalán y ex presidenta del colectivo de los fanáticos separatistas Asamblea Nacional catalán. Forcadell hay intentado dinamitar España desde la Mesa del Parlamento, el asunto está ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; Artur Mas Gavarró, el ex presidente de Cataluña y actual presidente de PDECAT, el más desgraciado porque le salió el tiro por la culata, sin mayoría JxSí tuvo que pactar con la CUP y los amarillos separatistas  violentos exigieron la cabeza de Artur Mas cuyo sitio en esta fotografía ocuparía el actual presidente catalán, Carles Puigdemont. Archivo Efe.

Responsabilidad de servidores del Estado

Al término de la jornada laboral y después de dedicar el tiempo posible a la familia, llega el momento de disponerse a estar al corriente de lo acontecido en los entresijos de la acción política. Para administrar y gobernar el ritmo continuado de la comunidad humana se diseñó y se ha ido perfeccionando una gran estructura llamada Estado.

Los complejos acontecimientos y necesidades que han ido sucediéndose en el seno de la sociedad, ha espoleado las mentes más preclaras en ajustar aquel invento que diseñaron en su tiempo histórico los romanos de la Antigüedad.

El deseo de liberar a la sociedad de cualquier esfuerzo o preocupación, no fue lo que motivó el concretar estructuras, personal para dirigir y decidir lo que apremiara en cada momento; todo lo contrario, se acordó que fuera así por muy diversos motivos entre los que cabe señalar lo complejo que era la convivencia entre los humanos, cada vez más numerosos y diversos.

El artilugio necesario para fomentar la paz social obligó con el paso de los siglos a distribuir entre todos los miembros de la sociedad el coste de su funcionamiento. Y en eso estamos, unos a desarrollar actividades propias y otros a dirigir los intereses comunes, pero eso sí, todos compartiendo responsabilidades en el grupo en que cada uno esté situado.

Y con gran sorpresa nos encontramos día sí , día no, con el reto de dinamitar nuestra paz social y desintegrar el equilibrio institucional. La respuesta a tal ilegalidad ha estado ausente y los artífices del hecho delictivo aumentando en tono y cuantía.

La reflexión es muy clara ¿es posible que una parte del Estado, institución creada para la defensa del orden social, quiera dinamitar al propio Estado? No, no puede ocurrir ni permitirse tal hecho.

La ley es la clave del funcionamiento de la democracia. Quienes han sido elegidos para representar la soberanía nacional y defender el cumplimiento del ordenamiento jurídico, están obligados a estar en ello y si no quieren o no pueden, deben abandonar su puesto en las instituciones.

Es alucinante que a cada ciudadano le cueste bastante mantener un Estado mastodóntico, para que en la práctica tengamos que recurrir a nuestra impronta parar cualquier situación que lo haga peligrar.

No es un hecho acaecido desde hace unos meses o cuatro años, expresiones pronunciadas por los encubridores de la realidad; es una situación que viene desde el momento que un solo niño no ha podido escolarizarse en español o que un ciudadano ha tenido que abandonar su lugar de origen por la presión que ejercen los sectarios, los desleales a la Constitución, y lo más lamentable es que lo hacen desde el poder establecido, y con ironía aseguran que lo que llevan a cabo es un acto pacífico y democrático.

El ejecutivo no ha hecho nada para inducir a los violentadores de la democracia a respetarla y a no crispar a la sociedad.

Es un momento difícil no sólo a nivel nacional sino también internacional, por lo que debemos dedicar el esfuerzo y la atención a posicionarnos dentro de Europa para luego estar en el mundo. No se consiguirá si desmembramos nuestro País.

La libertad, el aire que permite respirar a todas las sensibilidades posibles en un mismo espacio territorial, con sus diversos matices, tiene unos límites que los marca la ley. El respeto a esas reglas de juego permite la convivencia, la mejora social de todos los que nos ponemos a su amparo.

Quienes no están dispuestos a someterse, deberían negarse a sí mismos tener presencia pública o en último extremo sería necesario , como ocurre en otros países de nuestro entorno, que la legislación marcase ese supuesto y negase la participación a los que desde un primer momento quieren destruir el Estado de Derecho.

Pero al no tener estas dos vías de escape, estamos en un simplón momento de estulticia por no querer calificar con la dureza debida la situación que entre todos hemos facilitado. Puede que sorprenda la acusación emitida en general, sin excepciones, pero no es tan desorbitada si reflexionamos -que se impone lo más apoyado o simplemente  lo consentido-.

Este último supuesto parece que se ajusta al caso descrito. Años de dejación de los compromisos que todo sistema liberal parlamentario entraña, entre ellos la falta de oferta a las nuevas generaciones del valor de la libertad, nos ha conducido a un vergonzoso delirio frente a los tribunales de justicia: una turba inflamada por consignas fanáticas, banderas sacadas del inconsciente onírico, incoherentes y fantásticas, cánticos de épocas históricas pasadas, instaurados por obra y gracia de unos cuantos, como himno representativo de una ciudadanía deseosa de paz y libertad, cuando lo apropiado hubiera sido otra melodía más de encuentro; todo ello sazonado con dinero público y los asistentes al acto con el visto bueno para ausentarse del trabajo, mientras muchos ciudadanos han tenido que dejar a sus hijos, padres o familiares en un hospital por disciplina laboral.

Un desenfreno de despropósitos por parte de los que más han realizado enormes desfalcos al erario público, ha salido a la calle en beneficio de su clan y se ha otorgado el patrimonio de Cataluña.

Y en paralelo a estos graves acontecimientos, opiniones de los líderes políticos con un fin muy alejado de lo que era previsto.

Los podemitas enzarzados en sus polémicas internas, el socialista Pedro Sánchez muy preocupado por su futuro en el PSOE “Si pierdo, no seguiré en política“, Albert Rivera empeñado en su estrategia entre el eje generacional y el eje urbano-rural “ser progresista es mucho más amplio, más moderno que el socialismo”, el señor Rafael Catalá, ministro de Justicia “el gobierno tiene estudios de aplicación de todos los artículos de la Constitución, los mecanismos de coordinación, de resolución de conflictos”, palabras que intentan emular a las dichas antes del 9N y que no sirvieron para nada, pues el gobierno no impidió el pseudoreferéndum, y así podríamos seguir con otras muchas consultas hasta quedarnos sin aliento, al darnos cuenta del uso engañoso de la palabra de quienes tienen el deber legal de defendernos.

Esperemos que las experiencias vividas de un tiempo para aquí, nos hagan comprender que la alarma debe saltar ante el primer síntoma de peligro, no cuando el fuego está en pleno auge pues entonces es muy difícil controlarlo.

La presencia ante un Tribunal de Justicia de los inculpados por contravenir la ley, nos ha dejado claras imágenes de su cobardía al refugiarse detrás de los voluntarios; voluntarios movilizados y recompensados con muchas prebendas de todo tipo, desde el aplauso institucional, la facilidad de conseguir un trabajo público, subvenciones y el ser considerados como buenos catalanes.

Querer encontrar tanta cantidad de voluntarios sin previa incitación, sin remuración es imposible, una elucubración de fatuos golpistas.

Señor Presidente ¿Qué espera? Que le caiga la Ley encima y le aplaste.

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enero 25th, 2017 by Ana Maria

Redacción (Ana Maria Torrijos; licenciada en Filología Clásica) – En busca de una solución para los muchos problemas que planean sobre las vidas de los ciudadanos de a pie y terminada la parafernalia de la conferencia de los presidentes autonómicos, la frase más enigmática por su oscura insinuación nos ha deleitado con una inteligente proclama, muy escueta, que viene a decir que en este año aún faltan por recaudar miles de millones de euros; o sea en lugar del propósito de reducir el gasto público, hay que contemplar un posible nuevo impuesto, carrera a la que están lanzados sin recato los “principes de la paz”. San Cugat de Vallés (Barcelona), miércoles 25 de enero de 2017. Fotografía: Bilbao (España), sábado 26 de noviembre de 2016. En la imagen, el presidente separatista catalán, Carles Puigdemont (i), junto al presidente separatista vasco, Iñigo Urkullu (d). El presidente separatista vasco, Iñigo Urkullu, jura el cargo de nuevo presiente autonómico del País Vasco prometiendo trabajar por una País Vasco “mejor y para todos”. Efe. Íñigo Urkullu ha jurado hoy el cargo como lehendakari bajo el árbol de Gernika, donde se comprometió a trabajar al frente del gobierno vasco “por una Euskadi mejor y para todos”. El lehendakari ha escrito este breve texto en el libro de honor de la Casa de Juntas de Gernika, donde ha jurado el cargo, en su único mensaje político del día, dado que no ha habido discurso. Entre los presentes en el acto se encontraban el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se han sentado juntos durante la ceremonia y han estado hablando mientras esperaban que comenzara. Archivo Efe.

Recordemos la instantánea con supuesta sonrisa: los dirigentes de las autonomías, luciendo cada uno su traje impecable para la foto, acompañados por dos estándares de altura, el presidente y la vicepresidenta, con las banderas multicolores de las comunidades, izadas como marco de fondo de la plástica imagen. Si no fuera por la certeza de estar en tierra patria, hubiéramos creído visualizar un escenario internacional, importantes mandatarios y grandes decisiones.

Se ha insistido una vez más que quién no asista a estos encuentros dejará de poder participar y ofrecer propuestas al nuevo régimen económico que regirá con igual baremo para las distintas comunidades autónomas; sabemos que el aviso a caminantes estaba dirigido en exclusiva a Cataluña y al País Vasco, por cierto tratadas con singularidad por la señora Sáenz de Santamaría.

Rémoras para asistir a  actos oficiales pero raudas en dejar claro su supuesta identidad con exhibición del concierto económico u otra inspirada diferencia. La riña de gallos inició su primer tramo entorno a la competencia de la presión fiscal que tienen las taifas hispanas. Pero lo insólito es que les interesaba más gravar al ciudadano que aligerarle de la carga impositiva pues no fueron pocas las críticas contra la disminuida tributación en la comunidad madrileña.

Un Estado confiscatorio es el que se ha creado a lo largo de los años del proceso democrático, desde el montaje de las comunidades autónomas sin exclusión de ninguna de las anteriores estructuras territoriales hasta los múltiples organismos sean audiovisuales, sociales o culturales. Cada legislatura que finaliza deja tras de sí un gasto público desorbitante, no por intentar paliar las necesidades sociales sino por el enorme despilfarro sin límites para nóminas y peajes con el fin de conseguir mayorías.

Este nuevo órgano creado para reunir a los presidentes territoriales tiene dos metas posibles a cumplir: ser un familiar encuentro de todos los dirigentes de los gobiernos autonómicos o una reunión para tomar decisiones ejecutivas a nivel estatal. La primera, sólo es una escena publicitaria para mostrar al ciudadano lo bien que van las relaciones sociales entre todos ellos, por cierto la nota discordante la dieron el señor Puigdemont y el señor Urkullu al ausentarse; de esta primera interpretación se puede prescindir, pues ya hay otras festividades para contar con la presencia de sus señorías. La segunda, si es para pactar asuntos que repercutan en el erario público, no es el espacio adecuado, esos temas deben debatirse y votarse en el Parlamento español.

De ahí se deriva que son innecesarias en todos los ordenes y que ese nuevo ente administrativo se ha gestado con la intención de distraer la atención o de fragmentar la soberanía nacional al margen del debate parlamentario. Estos síntomas que aparecen con cierta periodicidad deben poner en alerta a los ciudadanos que se interesan por la acción pública, que interiorizan la participación del pueblo en los asuntos de Estado, que quieren ser en el nivel que les corresponde copartícipes de la dirección que toman las grandes decisiones económicas.

La rapidez en aprobar los presupuestos del Estado, que imprimía en su momento el Presidente en funciones, ha quedado relegada; ni el Parlamento ni el cónclave de Presidentes autonómicos han tratado esa cuestión. Y la ciudadanía perpleja ante los fantásticos acontecimientos que nos anuncian, ha sustituido el afán anterior por la atención a los congresos del PSOE, de C’s y de PODEMOS.

Mientras tanto el mundo se “convulsiona” por el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Europa se tambalea ante el ascenso de la derecha alternativa y España se encierra en sus enconos de siempre, el nacionalismo, el progresismo y la ignorancia de una derecha amordazada e inmovilizada por el látigo repartidor de etiquetas fascistas.

Los informativos, repletos de imágenes y noticias maximalistas, violencia de “género”, acosos en las escuelas, inclemencias meteorológicas, descartan por incomparecencia nuestra capacidad de razonar y evaluar lo que dan de sí nuestros políticos. Ellos están en sus peleas internas para conseguir que salga elegido el líder que el cónclave del partido imponga.

Ocupados en limitar la libre opinión de sus afiliados pues de ello les va el estar en el ” chollo ” político; nunca como ahora había costado tan poco prepararse para aspirar a un lugar relevante en el ranking del servicio público, antes una buena formación profesional, una carrera universitaria con enorme afán de superarse y de trabajar era el currículum, ahora el oportunismo, la manipulación y la dejación de los principios básicos de la dignidad de la persona es el aval para muchos de los que se presentan como líderes. El ciudadano es la víctima, es el ignorado, es sólo un número en el censo.

Es impropio de un sistema político democrático con un recorrido respetable en aras de las libertades individuales, que ni el Parlamento español ni el europeo, órganos representantes de la soberanía de los ciudadanos, hayan reconducido al amparo de la ley a los millones de españoles catalanes y de otras comunidades que ven socavados sus derechos, que desde cargos oficiales se les agrede y se les insulta con calificativos vergonzosos por pedir la normalización de la lengua española en el ámbito educativo e institucional.

Es impropio de un sistema político donde reina la división de poderes, por lo menos en teoría, que se intente entre las dos fuerzas políticas más representativas llegar a un acuerdo para ocupar los puestos vacantes del Tribunal constitucional, de la misma manera que lo hacen para otros altos tribunales. Es impropio de un sistema en el que la legalidad es garante de la libertad y de la justicia, que al término de su mandato un ministro de defensa sustraiga papeles oficiales para uso mediático personal.

Las afectadas frases de regeneración que se blandían en los discursos electoralistas, de corto recorrido, deben recuperarlas los ciudadanos para darles sentido.

Muchas son las grietas que debilitan el Estado y se necesita cerrarlas lo más pronto posible. Las garantías del funcionamiento de una Administración requiere confianza, seguridad, credibilidad y sobre todo responsabilidad.

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