noviembre 22nd, 2018 by lasvoces
Redacción (Manuel I. Cabezas González) – En 2013, analicé los mensajes icónicos de los billetes de curso legal de la Unión Europea (U.E.), que utilizamos todos los días, sin reparar en los contenidos subliminales vehiculados por ellos. En estos billetes hay una simbología cargada semánticamente, que sintetiza algunos de los valores fundacionales y fundamentales de la U.E.: el de la apertura, el de las comunicaciones y el de la libertad. En efecto, en el reverso, hay siempre puentes, construcciones que permiten salvar dificultades orográficas y que facilitan el transito, la comunicación, la cooperación, el desplazamiento de personas, el comercio de mercancías y la conexión entre los diferentes Estados miembros. Y, en el anverso, aparecen siempre puertas y ventanas, espacios vacíos que dan acceso a otras realidades, a otras formas de vivir, de sentir y de ser, i.e. a otros mundos. Barcelona (España), jueves 22 de noviembre de 2018. Fotografía: BRUELAS (BÉLGICA), AÑO 2018. Bandera de la Unión Europea. Efe
Ahora bien, este mensaje positivo, ilusionante y esperanzador entra en contradicción con el mensaje, también subliminal, transmitido por la arquitectura del Parlamento Europeo con sede en Estrasburgo. Esta sede del Parlamento, de forma cilíndrica, parece un edificio inacabado, como la mítica Torre de Babel (cf. ut supra fotos del uno y de la otra). Según el relato bíblico, la inconclusa Torre de Babel representa la inestabilidad, el caos, la confusión así como la incapacidad para rematarla. Es el símbolo del fracaso, fruto del castigo divino por la arrogancia, la soberbia y las pretensiones desmesuradas del hombre.
El parecido entre ambas construcciones es muy claro y evidente. Y, por razonamiento analógico, podríamos afirmar que la arquitectura de la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo es, a priori, pájaro de mal agüero y un mal presagio para la empresa hercúlea (construcción de la Unión Europea), que no ha podido ser llevada a cabo todavía ni por los mandatarios europeos del pasado ni por los del presente. ¿Lo conseguirán los del futuro? Con los datos actuales disponibles, parece difícil o, incluso, imposible, si el proceso de construcción y consolidación de la futurible Unión Europea no cambia de rumbo y si no se piensa mucho más en la “Europa de los ciudadanos” y un poco menos en la “Europa de los mercaderes”.
En un ensayo reciente (2017), Javier Arregui (2017) lleva el agua al molino de la precitada interpretación pesimista de la arquitectura del Parlamento Europeo en Estrasburgo. En efecto, pone el dedo en la llaga del impasse en el que se encuentra la construcción europea. Para él, la construcción europea ha privilegiado las políticas de creación del mercado único europeo (la “Europa de los mercaderes”) y, por eso, ha adolecido de unas políticas correctoras de las leyes del mercado e impulsoras de los derechos sociales (la “Europa de los ciudadanos”). Y esto se ha traducido en un progresivo “des-empoderamiento” de los ciudadanos y en una serie de debilidades estructurales de la todavía non nata Unión Europea: creciente desigualdad, falta de transparencia y de rendimiento de cuentas, desregulaciones, desmantelamiento del Estado de bienestar, pérdida progresiva de las conquistas y de los derechos sociales, precariedad del empleo y altos niveles de desempleo, etc., debilidades que han desencadenado, en la ciudadanía, un profundo malestar y un creciente desencanto hacia el proyecto europeo.
Por eso, precisa J. Arregui, en la inconclusa y estancada construcción europea, hay unos ganadores y unos perdedores. Los ganadores y beneficiarios son sólo un 20% de los europeos, que conforman la élite política y económica (los eurófilos). Sin embargo, los perdedores son la inmensa mayoría de los ciudadanos (el 80%), que no han notado, en su día a día, ningún beneficio personal y tangible, propiciado por el proceso de construcción europea (los eurófobos). De ahí que, entre los ciudadanos de a pie, exista la percepción cierta de que las políticas europeas favorecen más a las clases pudientes que a las populares. Y esto ha ahondado cada vez más la brecha de las “desigualdades sociales” y ha provocado una real “crisis de legitimidad social” de la UE. El desafecto hacia las instituciones y hacia todo lo que huela a Unión Europea es una realidad. Para darse cuenta de esto, basta con pensar en el Brexit, en el crecimiento generalizado y constante de los euroescépticos, de los eurocríticos y de los eurófobos, así como en la resurrección de los nacionalismos y de los partidos de extrema derecha en la mayor parte de los estados miembros.
Ante este statu quo y para relanzar e impulsar el proceso de integración de una auténtica “Europa de los ciudadanos”, como preconiza J. Arregui, habría que, entre otras cosas, potenciar una revitalización de la democracia, reinventándola, para poner coto a los burócratas europeos y a la casta política. Por otro lado, se tendrían que implementar “políticas inclusivas” y de “solidaridad redistributiva”, para reducir y acabar con la brecha, cada vez mayor, de las desigualdades económicas, sociales y culturales entre europeos. Además, se tendrían que sustituir y/o compaginar las “identidades locales y nacionales” con una “identidad europea común”. Así se podría ir más allá de lo económico e instrumental y contrarrestar el auge de los eurófobos y el resurgimiento con fuerza de los nacionalismos. Por otro lado, se tendrían que abandonar las declaraciones retóricas y políticamente correctas (“la langue de bois”) para pasar a los actos, a la “política de las cosas” (“Facta, non verba”). Finalmente y sin ánimo de ser exhaustivo, se debería poner el acento en la formación, en general, y en la formación lingüística, en particular, de los ciudadanos europeos. De la comunicación nace el conocimiento de uno mismo y del otro, del conocimiento nace la autoestima y la estima del vecino y de este conocimiento mutuo surgen las sinergias (“identidad europea”) para llevar a cabo un proyecto común.
Sin la vista puesta en la “Europa de los ciudadanos”, gracias a la implementación, entre otras muchas, de las medidas desgranadas ut supra, no se podrá avanzar en la necesaria y vital construcción europea, que debe ser algo más que mercado. La “nascitura” Unión Europea o es algo más que mercado y economía, aunque también, o no será. De esto depende que los malos presagios de la arquitectura de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo sean sólo augurios y no realidad.
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noviembre 1st, 2018 by lasvoces
Redacción (Manuel I. Cabezas González) – En mi último texto, puse el dedo en la llaga de la deficiente formación universitaria de los cientos de miles de licenciados o graduados que se presentaron a las oposiciones, para ser profesores titulares en la enseñanza no universitaria, y que fueron eliminados ya en la primera prueba. Hoy quiero remachar el mismo clavo, analizando un aspecto concreto y transversal de la formación de los universitarios españoles: sus competencias lingüísticas, al terminar los estudios universitarios, en lenguas extranjeras. Barcelona (España), jueves 1 de noviembre de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 11.11.2017. Un momento de la manifestación independnetista convocada en Barcelona por las entidades separatistas ANC y Ómnium, para exigir la libertad de los delincuentes los ‘Jordis’ -Jordi Sánchez, Jordi Cuixart- y los miembros del Gobierno catalán cesados que han sido encarcelados por la Justicia. Efe
En la formación universitaria española (excepto en las filologías, aunque aquí hay también mucha tela que cortar), las lenguas extranjeras no formaron parte tradicionalmente de los planes de estudios y, por lo tanto, no se exigían competencias lingüísticas para poder licenciarse o graduarse. Ahora bien, con la entrada de España en la UE (1986) y, en particular, con la Declaración de Bolonia (1999) y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se empieza a hablar de la necesidad de armar lingüísticamente a los futuros diplomados y “masterizados” españoles.
Fue la Generalidad de Cataluña la primera que verbalizó la necesidad de imponer el requisito, lógico y razonable, de acreditar el nivel B2 de inglés (o de francés o italiano o alemán) para poder graduarse. Para ello, en 2001, Andreu Mas-Colell, Consejero de Universidades, pidió a los rectores que modificasen los planes de estudios para introducir este requisito. Pero su petición fue echada en saco roto y no se hizo nada.
En marzo de 2002, el Consejo de Europa, en la Declaración de Barcelona, fijaba el objetivo de “mejorar el dominio de las competencias [lingüísticas] básicas, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana”. Ahora bien, diez años después (en 2012), el porcentaje de europeos que podían comunicar en una lengua extranjera había disminuido del 56% al 54% y, por otro lado, el porcentaje de alumnos competentes en una lengua extrajera era muy variable, según el país considerado: por ejemplo, 82% en Malta y Suecia, y el 14% en Francia, para el inglés; 9% en Inglaterra, para el francés. Y, por lo que respecta a España, los alumnos seguían en el furgón de cola.
En 2008, con el Tripartito catalán (2003-2010), se anunció que el conocimiento del inglés sería un requisito obligatorio para que los alumnos que iniciasen sus estudios en 2012 pudieran graduarse. Pero tampoco se hizo nada para implantarlo. Por eso, en 2013, Andreu Mas-Colell, Consejero de Economía y Conocimiento del Gobierno de la Generalidad, anunció la medida de exigir a los futuros graduados universitarios, que iniciasen sus estudios en 2013-2014, el nivel B2 de inglés o de otra lengua extranjera (francés o italiano o alemán) para poder graduarse. Con este requisito se apostaba por el inglés, con el fin de poner remedio al deficiente nivel lingüístico de los universitarios catalanes, con el fin de propiciar la incorporación de España al EEES y facilitar así la inserción y la movilidad laborales de los graduados catalanes.
En 2014, en el Art. 211 de la “Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público”, se reguló finalmente el requisito del B2 para los alumnos que iniciaran sus estudios de grado a partir del curso 2018-2019. A pesar de esta previsión legal, en mayo de 2018, el Parlamento de Cataluña, a petición del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), votó por unanimidad una moratoria de 4 años para empezar a exigir el requisito del B2 de inglés y poder graduarse. ¿Motivos? Por un lado, se puso el acento en la falta de cobertura legal para la medida, ya que las lenguas extranjeras no formaban parte, en general, de los planes de estudios. Además, este requisito fue precipitado y no se previeron los recursos necesarios para implantarlo. Por otro lado, al final del grado, muchos universitarios no tenían un nivel suficiente en lengua extranjera para poder acreditar el B2. Y, en consecuencia, la aplicación de este requisito los privaría del título universitario durante el tiempo necesario para adquirirlo.
A nivel nacional, en 2016, Mariano Rajoy lanzó también la idea de tener que acreditar el B2 de inglés para obtener el título de grado. Para ello, se iba a lanzar un programa nacional de formación del profesorado de inglés y de enseñanza de disciplinas no lingüísticas en inglés. Ahora bien, para exigir el requisito del B2, fijó un plazo de 10 años (para el 2026). ¡Largo me lo fiáis!, hubiera respondido Don Juan Tenorio. Desde entonces, nunca más volvió a hablar de ello.
Así se gestó, en Cataluña, el requisito del B2 de inglés para poder graduarse. Sin embrago, esta gestación no ha desembocado todavía en un parto exitoso y viable. Ahora bien, esta accidentada gestación del requisito del nivel B2 merece, a modo de coda, algunas glosas.
Este requisito denota, sin duda alguna, la ineficiencia de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras en primara, secundaria y bachillerato. Y yo me atrevería a afirmar que la ineficiencia concierne también la(s) lengua(s) materna(s) (español y/o catalán). Sin embargo, como apuntó Xavier Grau, ex Rector de la URyV, durante los cuatro años de moratoria será muy difícil conseguir lo que no se ha alcanzado durante toda la enseñanza preuniversitaria. Sobre todo, teniendo en cuenta el bajo nivel con el que llegan a la universidad los bachilleres y el hecho de que los universitarios hayan sido abandonados a su suerte para solucionar estas deficiencias lingüísticas con sus propios medios (EOI, academias, estancias en el extranjero, etc.). Por eso, como ha precisado muy certeramente Ferran Sancho, ex Rector de la UAB, sería necesaria una “solución global” (actuar y crear sinergias en todos los niveles del sistema educativo español). Sólo así los graduados universitarios podrían adquirir las competencias lingüísticas para desenvolverse en un mundo global, interconectado, multilingüe y muy competitivo.
Por otro lado, la moratoria es el reconocimiento de un fracaso total de la iniciativa del requisito del B2 del Gobierno de la Generalidad y demuestra que, para los sucesivos Gobiernos catalanes así como para las universidades, la formación de los universitarios no ha sido una de sus prioridades. Y tampoco lo será en el futuro ya que dilata en el tiempo la exigencia del B2 de inglés, aspecto fundamental de la formación universitaria. Además, no se han previsto los recursos necesarios para conseguirlo y se ha abandonado a los universitarios a su suerte para que —en el plazo de 4 años y según su buen hacer, poder económico y querer— hagan lo necesario para dotarse del nivel B2.
Finalmente, la formación lingüística no es una cuestión baladí. Más bien, todo lo contrario. Desde que España forma parte de la UE, los ciudadanos españoles disfrutamos de nuevos derechos. Entre ellos, el derecho de circulación y de establecimiento en cualquier país de la Unión Europea. Ahora bien, para poder ejercerlo y para que deje de ser un derecho virtual o un brindis al sol, es fundamental tener ciertas competencias lingüísticas (al menos, el nivel B2), en la lengua del país donde uno quiere echar raíces. Y para conseguirlas, es preciso que las autoridades europeas, nacionales y autonómicas proporcionen los recursos necesarios, tanto en cantidad como en calidad. Algo que no han hecho hasta ahora y que no está previsto que hagan en el futuro.
Además, tras la IIª Guerra Mundial, los países fundadores de la actual Unión Europea optaron por la cooperación y el diálogo, abandonando la confrontación y el enfrentamiento. Esta elección tiene implicaciones lingüísticas claras en una Europa multilingüe y multicultural. Sin embrago, aunque las instituciones europeas sean conscientes de que todo progreso en la consolidación europea está condicionada por el aprendizaje-adquisición de las lenguas de los socios comunitarios, las autoridades europeas no han querido o no han sabido llevar a cabo una política lingüística decidida y eficaz.
Por eso, en los sucesivos Eurobaromètres se levanta acta de que la formación lingüística de los jóvenes y ciudadanos europeos deja mucho que desear y constituye un verdadero talón de Aquiles para la viabilidad de la Unión Europea. Y, así, no es descabellado afirmar que el Brexit, el crecimiento de los euro-escépticos y el renacimiento de los nacionalismos han encontrado un terreno propicio en el desierto de las competencias lingüísticas, instrumentos absolutamente necesarios para confraternizar, comunicarse, conocerse, establecer lazos entre los europeos y construir Europa. Ahora bien, esto será objeto de una próxima cogitación.
Manuel I. Cabezas González
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agosto 29th, 2015 by lasvoces
Manuel I. Cabezas González; Doctor en Didactología de las Lenguas y de las Culturas;Profesor Titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada
Departamento de Filología Francesa y Románica;Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Vuelva usted el año próximo
Corrían los primeros días de enero de 1833, cuando Mariano José de Larra publicó, en el Pobrecito Hablador, su famoso artículo “Vuelva usted 
mañana”. En este texto periodístico emblemático, Larra pone el dedo en la llaga de uno de los males de España: la pereza y la ineptitud de los españoles de la primera mitad del siglo XIX (y, en particular, de los funcionarios “cesantes”), que son tan vagos que “no cenarán por no llevarse la comida a la boca”.
En este artículo periodístico, M.J. de Larra narra las gestiones que Monsieur Sans-délai (Sr. Sin-demora) intenta realizar, sin éxito, en Madrid. Este ciudadano francés llegó de París, para solventar asuntos familiares, así como para invertir cuantiosos caudales y visitar la capital del reino de España. Tras seis meses largos de idas y venidas, de citas y de gestiones, Monsieur Sans-délai sólo consiguió dos cosas: que los españoles (“hombres singulares”) le repitieran, como una letanía, el consabido “Vuelva usted mañana”; y, por otro lado, perder toda esperanza de llevar a cabo sus proyectos. Por eso, aburrido, decepcionado, irritado y con una muy mala imagen de los españoles, regresó a París. Y, de sus gestiones y de sus sustanciosas inversiones madrileñas nada más se supo.
He traído a colación este texto decimonónico de Larra porque, a pesar del tiempo transcurrido (casi dos siglos), aún no ha envejecido y está todavía de plena actualidad en la España actual. En efecto, la burocracia, la desidia, la incompetencia, la pereza,… campan por sus fueros y son moneda de curso legal entre la “sesteante” casta política española. Para justificar e ilustrar esta aseveración, voy a narrar lo que he vivido en persona, en un pequeño ayuntamiento del Bierzo Alto: el Ayuntamiento de Igüeña, que incluye 8 pedanías y 2 poblaciones deshabitadas. He aquí los hechos nudos, que pueden ser contrastados.
A mediados de agosto de 2014, tuve un primer contacto con el Sr. Alcalde de Igüeña y con el Primer Teniente Alcalde y Concejal del Área de Urbanismo. Objeto: tramitar el permiso de obras para restaurar la casa que heredé de mis padres en Almagarinos, una de las pedanías del Ayuntamiento de Igüeña; y, por otro lado, para informarme sobre el destino de la casa contigua a la mía, que se encontraba y se encuentra en ruinas, y que habría que conservar y restaurar a toda costa, pensando en la imagen del pueblo, Almagarinos. En este primer contacto, todo fue cordialidad y buena disposición para agilizar los trámites en relación con la casa en ruinas, ante el peligro real que entrañaba y entraña tanto para los viandantes como para las dos casas colindantes.
En septiembre de 2014, remití un correo al Sr. Alcalde de Igüeña y al Concejal del Área de Urbanismo, en el que resumía y recordaba, para dejar constancia por escrito, el contenido del encuentro que mantuvimos en agosto. Sin embargo, no recibí ningún acuse de recibo, ni se tuvo a bien contestarme, algo ilógico y anormal en un mundo civilizado. Posteriormente, en febrero de 2015 y vía telefónica, pude hablar con el Sr. Alcalde para interesarme por el estado de las gestiones en relación con la precitada casa en ruinas. Éste me hizo saber que las empezaría, una vez que estuvieran “consolidadas” las obras de restauración de mi casa.
En junio de 2015, dirigí un nuevo correo al Sr. Alcalde para comunicarle que las obras de mi casa ya estaban “consolidadas”, pero que no podían ser rematadas en uno de los laterales, a causa del estado ruinoso de la precitada casa colindante. Como en el caso del primer correo, silencio sepulcral, total indeferencia y ausencia de feed-back de parte del Ayuntamiento.
Ante el reiterado silencio de las autoridades municipales, el 6 de agosto de 2015, un año después de la primera, solicité y obtuve una nueva entrevista con el Sr. Alcalde, que fue un reconocimiento explícito de inoperancia. Por un lado, reconoció que había recibido los dos correos precitados, pero que no había respondido a los mismos. Por el otro, también reconoció que, desde agosto de 2014, no se había hecho nada en relación con la casa que amenaza ruina. Sin embargo, me informó que, en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de principios de agosto-2015 (unos días antes de esta segunda entrevista), se abordó la cuestión de la casa y se decidió iniciar los trámites legales para declararla en ruinas y derruir el tejado a causa del peligro inminente, tanto para los viandantes como las casas colindantes. Además, en mi presencia, el Sr. Alcalde llamó al arquitecto del Ayuntamiento para informarse sobre si el Ayuntamiento podía decidir derruir el tejado de la precitada casa. Como hubiera dicho E. Sáenz de Buruaga “así son las cosas y así se las he contado”.
“Vuelva usted mañana” era la respuesta habitual de la casta política “cesante” del siglo XIX, que ocupaba los puestos de la Administración Pública. Ahora bien, 182 años después, las cosas no han mejorado sino que parece que han ido a peor, si tenemos en cuenta la gestión de la “res publica” en el Ayuntamineto de Igüeña. Del “vuelva usted mañana” hemos pasado, por sus “facta” o mejor dicho por la ausencia de “facta”, al “vuelva usted el año próximo”.
Las autoridades públicas siempre deben ocuparse de prestar una serie de servicios a sus administrados; entre ellos, abordar y resolver los problemas que les competen y que afectan a los ciudadanos. Para eso, precisamente, han sido elegidas. Y no hay ninguna excusa para no hacerlo, incluso si hay varias campañas electorales, como es el caso este año. Como dice el refrán, antes es la obligación que la devoción. Ahora bien, un año después, la casa está aún sin barrer: los responsables políticos del Ayuntamiento de Igüeña no han hecho nada; y, por lo tanto, no se han podido rematar las obras de restauración de mi casa.
¿Habrá que esperar un año más para que me digan, de nuevo, con sus actos (“facta”) o más bien con la ausencia de actos, “vuelva usted el año próximo”? ¿O habrá que esperar definitivamente “ad calendas graecas”? Hay dos cosas claras: la imagen de Almagarinos, como una boca desdentada, va a quedar tocada si un nuevo solar surge en mitad del pueblo, por la desidia de las autoridades municipales; y, por otro lado, la restauración de mi casa no ha podido ni puede ser concluida por el mismo motivo. ¿Lo será algún día o, como Monsieur Sans-délai, tendré que tomar las de Villadiego —aburrido, decepcionado y con una muy acrecentada mala opinión de la casta política municipal— y poner tierra por medio?
© Manuel I. Cabezas González
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agosto 2nd, 2015 by Manuel I. Cabezas González
Evaluación y Revaluación
Manuel I. Cabezas González
Doctor en Didactología de las Lenguas y de las Culturas
Profesor Titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada
Departamento de Filología Francesa y Románica
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
En enero de 2012, el que suscribe denunció el engaño y la estafa perpetrados con los nuevos planes de estudio del denostado plan de Bolonia.
Por otro lado, en junio de 2013, puso en tela de juicio la leyenda urbana según la cual los jóvenes españoles de hoy eran la “Generación JASP”, la generación más y mejor formada de la historia de España. Además, en noviembre de 2013, analizó el sinsentido y la “a-funcionalidad” de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), comparándolas con el exigente y selectivo GAOKAO chino. Finalmente, en junio de 2014, se preguntó qué futuro espera (“… y ahora, ¿qué?”), en general, a los graduados españoles con la formación que han recibido en la universidad. Hoy, para continuar llevando el agua al mismo molino, quiero poner bajo mi microscopio un aspecto concreto de la enseñanza universitaria a la boloñesa: el de la evaluación-revaluación de los aprendizajes de los estudiantes.
Tradicionalmente, tanto en la universidad como en los estudios no-universitarios, el mes de junio era la época de la cosecha escolar. Los alumnos “hormigas-hacendosas” recolectaban el fruto de las buenas notas y podían disfrutar merecidamente del “dolce far niente” veraniego. Sin embargo, los alumnos “cigarras-jaraneras” recogían sobre todo, según la jerga estudiantil, “calabazas”; por eso, éstos tenían que pasar el verano preparando los exámenes de septiembre, para recuperar el tiempo perdido y asimilar los saberes no adquiridos.
Hoy, las cosas han evolucionado en todos los niveles educativos y los veranos no son lo que eran para los estudiantes “cigarras-jaraneras”. Para ilustrar este cambio, voy a tomar como ejemplo paradigmático e ilustrativo la evaluación y la revaluación en la materia “Uso de la lengua francesa escrita”, una de las asignaturas obligatorias para los alumnos de Grado de Estudios Franceses de la UAB. Desde hace 4 años, con los nuevos planes de estudios “a la boloñesa”, muchas cosas han cambiado en la enseñanza universitaria; incluso, en lo relativo a la evaluación y la revaluación de los aprendizajes de los alumnos; pero, para peor. En efecto, los exámenes de septiembre han sido eliminados y, en su lugar, se ha establecido la revaluación en junio.
Según la RAE, evaluar consiste en “estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos”. Para ello, según la Guía Docente del Grado de Estudios Franceses, en la asignatura precitada y en la mayor parte de las asignaturas, se debe utilizar la evaluación continua. Por eso, el profesor debe tomar en consideración todas las actividades realizadas por los alumnos a lo largo del curso: tanto los exámenes parciales como los trabajos entregados al profesor y las actividades realizadas en clase. Ahora bien, será considerado 2no presentado” el alumno que haya entregado menos del 30% de los trabajos pedidos por el profesor y que haya realizado menos del 30% de los exámenes parciales.
Sin embargo, aquellos alumnos que, habiendo utilizado la evaluación continua, hayan suspendido una asignatura, tienen derecho a la revaluación y los profesores tienen la obligación de hacerla. Pero, entre la revaluación y la última prueba de la evaluación continua debe haber transcurrido, como mínimo, una semana. Esto es lo que dice, en general, la “letra” de la Guía Docente sobre la evaluación y la revaluación de cualquier asignatura; y, en particular, de la asignatura precitada. Además, según otra normativa, los alumnos revaluados negativamente tienen derecho a exigir una “revisión extraordinaria” de la revaluación, revisión llevada a cabo por un tribunal compuesto por tres profesores.
A pesar de lo que dice la “letra de la normativa” vigente, yo siempre he intentado aplicar, sobre todo, el “espíritu de la letra” de la misma, en cada una de las asignaturas que he impartido. Por eso, en cada una de ellas, siempre he argumentado y dejado claro ante los estudiantes que la evaluación más adecuada —teniendo en cuenta la naturaleza, los objetivos, el programa y la metodología de las asignaturas— es la evaluación continua, sin posibilidad de revaluación, una semana después. Desde hace cuatro años y en todas mis asignaturas, todos los alumnos, y digo todos, han estado de acuerdo con esta propuesta lógica, razonable y razonada, y ellos y yo la hemos aplicado a rajatabla.
Ahora bien, el pasado mes junio-2015, un estudiante de la precitada asignatura rompió la baraja e hizo valer, ante la Coordinadora de Titulación del Departamento de Francés, la “letra” de la Guía Docente en detrimento del “espíritu” de la misma y del acuerdo adoptado el primer día de clase del semestre. Y el estudiante se llevó el gato al agua, en base a la letra de la norma. Ante la actitud del alumno y ante la posición de la Coordinadora de Titulación, sólo se me ocurre exclamar: ¡Qué poco valor tiene, hoy, la palabra “ilustrada” dada o empeñada! ¡Qué poco espacio hay, hoy, en la universidad española, para el sentido común, para los argumentos “con fundamento” y las aportaciones de la psicopedagogía y de la didáctica! Esto parece confirmar que “el sentido común es el menos común de los sentidos” y, por otro lado, que el aforismo “hablando se entiende la gente” no es moneda de curso legal y ha pasado a mejor vida también en el mundo universitario.
Los hechos relatados merecen, al menos, tres comentarios conclusivos, aunque sean lacónicos o “twiteros”. En primer lugar, la figura de la “revaluación”, una semana después de la última evaluación, creo que no es de recibo en la mayor parte de las asignaturas y, en particular, en una asignatura como “Uso de la lengua francesa escrita”, donde lo que está en juego es el uso de la lengua francesa para leer y para expresarse por escrito. Si un alumno suspende, porque no ha adquirido las competencias necesarias para hacerlo y no sabe leer ni redactar en francés (y esto suele suceder también en la lengua materna), ¿qué se puede esperar de una revaluación una semana después? A no ser que confiemos en un nuevo Pentecostés, cualquiera con dos dedos de frente puede colegir, como no puede ser de otra manera, que se obtendría el mismo resultado. Por eso, nunca he tomado en consideración la revaluación y siempre he preferido atenerme a la evaluación continua, que exige a los alumnos un esfuerzo y una dedicación constantes a lo largo de todo el curso escolar.
En segundo lugar, debemos constatar una contradicción en la normativa en vigor, relativa a la evaluación-revaluación de los estudiantes. Por un lado, se propone la evaluación continua, que implica la toma en consideración de todos los trabajos y actividades realizados por los alumnos durante el año escolar. Pero, acto seguido, para ser evaluado, sólo se exige que los alumnos hayan realizado al menos el 30% de los trabajos y el 30% de los controles parciales. Exigir sólo esto no es aplicar la evaluación continua; es simplemente un sinsentido; e implica una falta total de coherencia.
Y, en tercer lugar, llama la atención el espíritu garantista de la normativa evaluadora y el cuidado en garantizar los intereses-derechos de los estudiantes, para facilitarles el éxito académico. ¿Esta discriminación positiva denota y/o connota, a las claras, que los profesores practicamos o podemos practicar la discrecionalidad y la arbitrariedad en nuestra función evaluadora?
Ante estas conclusiones y ante el triunfo de la “letra” y no del “espíritu” de las normas, cuando me vi obligado a revaluar al alumno “cigarra-jaranera”, me vino a la mente una cita lapidaria de uno de los “sketch” del humorista J.M. Mota, que he adaptado para la ocasión, y me dije: “si hay que revaluar, se revalúa. Pero, revaluar pa ná es tontería”. Por imperativo legal, tuve que hacerlo y, como no podía ser de otra manera, no se produjo un nuevo Pentecostés. Ante estos estudiantes que lo único que quieren es aprobar sí o sí, un profesor de mi Departamento me confesó que este tipo de estudiantes merecían recibir, como hubiera dicho Dolores de Cospedal, una “lección en diferido”: habría que aprobarlos a la espera de que con los rigores del invierno (próximo curso y, sobre todo, vida laboral) reciban la lección que se merecen. Para evitar estas seguras frustraciones, espero que los responsables académicos y también los alumnos “cigarras-jaraneras” se bajen del burro de la “letra de la ley” y empiecen a cabalgar a lomos del corcel del “espíritu de la misma”. Rectificar es de sabios; y perseverar en el error es de necios.
© Manuel I. Cabezas González
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