enero 3rd, 2019 by lasvoces
Redacción (Clemente Polo Andrés) – No deja de ser una paradoja que tantos republicanos de corazón durante la dictadura de Franco seamos hoy monárquicos por imperativo de la razón y que tantos totalitarios de vocación sean hoy republicanos por mero oportunismo. En un panorama plagado de políticos desacreditados, inescrupulosos, pusilánimes e ignorantes (felizmente pocos acumulan todos los atributos), cuyas previsibles descalificaciones mutuas en el hemiciclo provocan hastío y rechazo salvo entre sus acérrimos partidarios, los espaciados discursos de Felipe VI han ido formando una red de oasis en un océano de arenas inclementes donde podemos aliviar algo nuestra desazón. Barcelona (España), jueves 3 de enero de 2019. Fotografía: PALACIO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA (BARCELONA) ESPAÑA, AÑO 2018. Reunión del ejecutivo racista. El presidente fascista Quim Torra Pla (Convergencia-PDECAT-JxCAT) (derecha) junto a su vicepresidente, Pere Aragonés (ERC) (izquierda). Efe
Como muestras recientes, ahí están los discursos pronunciados por el Monarca en la entrega de los premios Princesa de Asturias, y ante Las Cortes para conmemorar el cuadragésimo aniversario del refrendo de la Constitución por el pueblo español. Y decisiva fue también su ya histórica alocución a los españoles el 3 de octubre 2017, dos días después de que el gobierno de la Generalidad de Cataluña organizara una consulta ilegal de autodeterminación, como paso previo a la constitución de una república independiente.
En su mensaje de Nochebuena, Felipe VI quiso dirigir sus reflexiones e inquietudes a mirar al futuro de nuestros jóvenes, los grandes beneficiarios de la era de libertad y prosperidad que se inició con la aprobación de la Constitución en 1978. Resulta indispensable, vino a decirnos, transmitirles la voluntad de entendimiento entre españoles y la inclinación al acuerdo de sus líderes políticos que primó durante la Transición, y “hacer hoy todo lo que esté en nuestras manos para que esos principios no se pierdan y se olviden y esas reglas que son de todos sean respetadas por todos”, para lograr en definitiva que las “nuevas generaciones se sientan partícipes de ese período de nuestra historia”. Una buena educación pública debería, Sra. Celaà, aplicarse a esta tarea de conectar a las nuevas generaciones con un pasado brillante donde primó la voluntad de acuerdo, difuminado cuando no tergiversado y difamado por quienes pretenden acabar con el régimen del 78: Podemos y sus divergencias, el PNV y los partidos secesionistas catalanes que auparon a Sánchez a La Moncloa.
El Rey reconoció que la tarea de conectar a nuestros jóvenes con los principios y valores que han alumbrado nuestro pasado inmediato, resulta insuficiente en una sociedad tecnológica “sujeta a cambios continuos y acelerados”, donde el talento, la solidaridad y el compromiso de tantos jóvenes se ven ahogados por la escasez de oportunidades de empleo y las precarias condiciones laborales que les impiden “construir un proyecto de vida personal y profesional con un trabajo y un salario dignos… formar una familia y poder conciliar con la vida laboral”. ¿Estamos ante un mero deseo ‘nochebuenesco’ de buena voluntad, o pueden las Administraciones Públicas hacer algo para favorecer la actividad empresarial, reducir la precariedad laboral, mejorar el tratamiento fiscal de la familia y conciliar la vida laboral y familiar? Para sacarnos de dudas, las ministras de Economía, Hacienda y Trabajo deberían explicarnos cuáles son las iniciativas que proponen sus Ministerios al respecto.
Felipe VI terminó su discurso apelando a la convivencia, “al respeto a las personas, a las ideas y al derechos de los demás”, destacando “los profundos vínculos que nos unen… a todos los españoles”, desechando el “rencor y el resentimiento, porque estas actitudes forman parte de nuestra peor historia” y subrayando que “la superación de los grandes problemas y las injusticias nunca pueden nacer de la división, sino del acuerdo y de la unión”, una convivencia que exige “respeto a nuestra Constitución”.
Otro mensaje al gobierno de Sánchez tras el triste espectáculo de violencia vivido en Barcelona sólo tres días antes con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en la Ciudad Condal. Resentimiento y rencor que ha experimentado el Jefe del Estado en carne propia en sus últimas visitas a Cataluña, manifestaciones violentas de un proceso insurreccional alentado, organizado y financiado desde las instituciones de autogobierno de la CA de Cataluña: gobierno de la Generalidad, Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos, con la ayuda inestimable de los medios de comunicación públicos, y las asociaciones ANC, Ómnium Cultural y Municipios por la Independencia (AMI).
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
Universidad Autónoma de Barcelona
Clemente Polo Andrés
Posted in Artículo Tagged with: por Clemente Polo Andrés, Tres recados del Rey en Nochebuena
diciembre 21st, 2018 by lasvoces
Redacción (Clemente Polo Andrés) – Mientras Sánchez negocia reunirse con Torra en Barcelona el jueves 20 y Ábalos pone sobre la mesa 200 millones en inversiones en carreteras para endulzar el ágape, Cataluña vive inmersa en un proceso insurreccional cuyo plato fuerte será la manifestación unitaria convocada para el viernes 21 a las 18:00 con el significativo lema “21-D Derribemos el régimen del 78” (“21-D Tombem el regim del 78”) que está previsto que finalice con una concentración en la Plaza de Cataluña. Barcelona (España), viernes 21 de diciembre de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 20.12.2018. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), saluda al racista antiespañol actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra Pla (i), en presencia del presidente del patronato separatista «Fomento de Trabajo», Josep Sánchez Llibre (c), a la llegada a la undécima edición de los premios Carles Ferrer Salat, que entrega la patronal catalana «Foment» y que este año distingue a Francisco Reynés como empresario del año. Efe
La convocatoria de lucha cuenta con el aval de las asociaciones secesionistas ANC y Òmnium Cultural, cuyos respectivos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, están encarcelados a la espera de ser juzgados por rebelión en el Tribunal Supremo. Ambas asociaciones llevan meses desarrollando campañas de desinformación por todos los rincones de Cataluña para exigir “la liberación de los presos, exiliados y represaliados”, y trasladando a los ciudadanos la falsedad de que nuestro Estado es un Estado represivo que, con frecuencia, asimilan a la dictadura de Franco.
Entre las organizaciones que apoyan la convocatoria están los grupos parafascistas de carácter urbano autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) que han protagonizado acciones violentas desde la consulta ilegal del 1-O de 2017 y se han enfrentado violentamente a los Mozos de Escuadra en Barcelona, Gerona y Tarrasa en las últimas semanas. Asimismo, se han sumado la CUP y Arran que han realizado acciones violentas contra varias sedes del PP en Cataluña y contra las viviendas del juez Llarena en Sant Cugat del Vallés y la Cerdaña. Por último, no hay que olvidar a la Intersindical CSC que ha convocado un cínico paro entre las 12:30 y 14:30 para conseguir “un mundo laboral digno y un sistema de protección social justo’”. Quiero recordar que su secretario general, Carles Sastre, miembro de las organizaciones terroristas Exercit de Lliberació Popular y Terra Lliure, fue condenado por el asesinato del empresario Josep María Moltó al que adosó una bomba en el pecho.
Además del plato fuerte, hay diversos aperitivos previstos para completar el menú insurreccional del 21-D. Los CDR planean desconectar Cataluña de España y librar la batalla urbana en Barcelona. En concreto, han anunciado en las redes sociales su intención de tomar el control de puntos estratégicos en las fronteras de La Junquera, Vinaroz y Aragón, los puertos de
Tarragona y Barcelona, los aeropuertos de Barcelona y Reus, la autopista AP-7 en Gerona y las vías de circunvalación Ronda de Dalt y Ronda Litoral en Barcelona. Con el lema “Ingobernables” animan a sus comandos (“quien no comparta la batalla, compartirá la derrota”) en Barcelona a realizar acciones de protesta desde muy temprano el viernes 21 por la mañana en las inmediaciones de la Lonja del Mar, el lugar elegido por el Gobierno de España para celebrar el Consejo de Ministros. La Forja, organización juvenil que se autodenomina “juventud revolucionaria”, propone acciones similares a las del movimiento de los ‘chalecos amarillos’ en Francia para parar Barcelona.
La ANC ha llamado a sus socios en Instagram a salir de buena mañana hacia Barcelona para realizar una concentración a las 9:00 en la Ciudad de la Justicia y a las 11.00 horas ha convocado un ‘consejo popular de ministros’ en la estación de Francia, lugar muy próximo a la Lonja del Mar. Universitats per la Republica, organización a cuyo frente estaba Elisenda Palazui antes de ser elegida presidenta de la ANC, ha convocado un paro en las Universidades catalanas entre las 10:00 y las 14:00 horas para “parar el Consejo y mostrar una vez más que los estudiantes son la vanguardia de la lucha para garantizar los derechos civiles y políticos”.
Que con este panorama, Sánchez esté negociando reunirse con quienes alientan y financian el proceso insurreccional con el descarado propósito de mantenerse en La Moncloa unos meses más, constituye un despropósito que, lejos de amainar los ánimos, aumentará su sensación de impunidad y dará alas a las fieras. Ni los 80.000 millones del FLA ni la aplicación timorata del 155 permitieron siquiera frenar el proceso insurreccional ni poner coto a las falsedades que lo alimentan y lo mantienen vivo gracias a los formidables presupuestos que manejan las asociaciones (ANC, Òmnium y AMI) y los partidos secesionistas (ERC, PDeCAT y CUP). Mientras no se desmantele el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo mantiene vivo, el proceso continuará ganando terreno.
Hace falta aplicar el artículo 155 para hacer lo que no se hizo hace unos meses: asegurar que todas las Administraciones Públicas catalanas, desde el gobierno de la Generalitat, las Diputaciones y los Ayuntamientos, los partidos políticos y las asociaciones cumplen el orden constitucional y acatan las sentencias de los Tribunales. No hay mucho tiempo para restablecer la neutralidad de las instituciones públicas y subvencionadas. O el Gobierno de España se pone manos a la obra de inmediato, o los demócratas constitucionalistas nos veremos en la tesitura de seguir los pasos de Boadella y de tantas otras personas y empresas que, abandonadas a su suerte por el Estado español, se han visto obligadas a marcharse de Cataluña en las dos últimas décadas.
Posted in Artículo Tagged with: por Clemente Polo Andrés, Sánchez negocia con Torra en vísperas de otra insurrección
diciembre 19th, 2018 by lasvoces
Redacción (Clemente Polo Andrés) – En la agenda pública de esta semana, sobresalen dos fechas marcadas en rojo que con toda seguridad van a marcar el devenir de la política española en los próximos meses y años. Barcelona (España), miércoles 19 de diciembre de 2018. Fotografía: EL MASNOU (BARCELONA) ESPAÑA, 02.09.2018. Un joven independentista irrumpe en un acto a favor de la convivencia en Cataluña que las españolas y españoles aprovechaban para denunciar las agresiones de independentistas contra las españolas en Cataluña por quitar lazos amarillos, hoy en el puente de El Masnou. Lasvocesdelpueblo (121)
El martes 18, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará la vista previa del juicio a varios ciudadanos españoles a los que la Fiscalía acusa de rebeldía, por el papel protagonista que desempeñaron en los sucesos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 y que, como todo el mundo conoce, culminaron con la constitución de Cataluña como república independiente el 27 de octubre. Tres días más tarde, víspera del siempre entrañable e ilusionante sorteo de Navidad, el gobierno de España va a celebrar el consejo de Ministros de los viernes en la ciudad de Barcelona, en lugar de hacerlo cómo es habitual en el Palacio de La Moncloa
Quejas injustificadas ante un juicio justo
Desde la destitución del gobierno de la Generalidad el 27-O, hemos visto a todos los políticos secesionistas catalanes, desde quienes están ahora al frente de las instituciones de autogobierno de Cataluña hasta quienes aguardan juicio en prisión preventiva o se han convertido en prófugos de la Justicia, competir por desacreditar nuestro Estado de Derecho, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras. Los hemos escuchado una y otra vez descalificar nuestra democracia y tildar de farsa el juicio que va a sentar en el banquillo a varios políticos acusados de saltarse el ordenamiento constitucional y declarar la independencia de una Comunidad Autónoma de España. Torra, actual presidente del gobierno de la Generalidad, en un alarde de desprecio a la división de poderes del Estado ha llegado incluso a afirmar que la única sentencia posible en este juicio es la absolución de los encausados. Al obtuso parecer de Torra y del resto de políticos secesionistas, saltarse la Constitución y el Estatuto, desacatar las sentencias de los Tribunales y proclamar la independencia de una parte del territorio español son naderías que sólo se persiguen en España.
Pues no, no es así. Y la mejor prueba de que España es un Estado de Derecho, extraordinariamente garantista y homologable con las más exigentes democracias, nos la proporciona el insólito hecho de que un independentista confeso como Torra, el mismo que llamó al ‘pueblo’ de Cataluña a seguir la vía eslovena para alcanzar la independencia hace sólo
unos días, continúa siendo a día de hoy presidente del gobierno de la Generalidad de Cataluña. En la mayoría de Estados democráticos, cualquier presidente de una región o gobernador de un Estado que hubiera realizado declaraciones similares a las que hizo Torra habría sido ya destituido y acusado de traición. Que Torra siga al frente del gobierno de Cataluña es la prueba andante de que el Estado español acata los resultados de las elecciones democráticas celebradas el 21 de diciembre de 2017, y respeta escrupulosamente las decisiones del Parlamento de Cataluña que respetan nuestro ordenamiento constitucional. No podemos decir lo mismo de los políticos y los ciudadanos que van a ser juzgados por rebelión, desobediencia y malversación en el Tribunal Supremo a partir del martes 18. De algo sí podemos estar seguros todos los españoles: los encausados tendrán un juicio con todas las garantías de nuestro Estado de Derecho y sus abogados tendrán oportunidad de probar que no incurrieron en los delitos que la Fiscalía y la Acusación Popular les imputan.
Barcelona, ciudad de acogida
El Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes en Barcelona coincidirá con la efeméride de las elecciones autonómicas del año pasado. Buen motivo para la reflexión. Empezaré por recordar cómo el Gobierno de España, pese a la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, no dudó en convocar elecciones el 21 de diciembre para que los catalanes pudiéramos elegir libremente a nuestros representantes en el Parlamento autonómico. No deja de ser curioso que mientras el presidente Sánchez le pide a Torra aprovechar la ocasión para reunirse, algunos miembros de su gobierno consideren una provocación venir a Barcelona, segunda capital española, a celebrar un Consejo de Ministros.
El asunto se ha ido enconando día a día y hay un riesgo apreciable de que el próximo viernes volvamos a vivir otra jornada insurreccional, similar a la del 20 de septiembre en la Consejería de Economía y el 1-O con motivo de la consulta ilegal organizada y financiada por el gobierno de la Generalidad. La ANC ha convocado un ‘consejo popular de ministros’ en Barcelona el mismo viernes 21 para burlarse del gobierno de España, y junto con los CDR y la organización secesionista Òmnium Cultural amenazan con cortar los accesos a Cataluña y (algo más probable) colapsar la ciudad tomando las calles de Barcelona. Artadi, consejera de la presidencia, en un acto de un cinismo que raya con la incongruencia, ha equiparado la obligación del gobierno de la Generalidad de garantizar la seguridad del Consejo de Ministros con el derecho de los partidos y las asociaciones secesionistas a manifestar ‘pacíficamente’ su rechazo. Otra ironía donde las haya porque ya pudimos ver a los CDR en Barcelona, Gerona y Tarrasa hace unos días enfrentarse ‘pacíficamente’ a los Mozos en auténticas batallas campales.
La noche del viernes 21 de diciembre de 2018 no aguardaremos expectantes los resultados de unas elecciones democráticas en Cataluña, como el año pasado, pero sí podremos calibrar mejor hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno de la Generalitat en su órdago al Estado. ¿Cumplirá el gobierno catalán con su obligación de desplegar parte a los Mozos para garantizar el orden público y asegurar el normal desarrollo del Consejo de Ministros? O, ¿seguirá el consejero Buch los pasos de su antecesor Forn y los sacará a pasearse por las calles de Barcelona con instrucciones de confraternizar con los comandos de la ANC, los CDR y Òmnium? El viernes por la noche saldremos de dudas.
El gobierno de Sánchez no debe tenerlas todas consigo porque García Marlaska, ministro del Interior, planea desplazar cientos de policías y guardias civiles a Barcelona en prevención de lo que pueda pasar el viernes. Espero que en esta ocasión los servicios de inteligencia del Estado estén al tanto de los planes de las organizaciones secesionistas para convertir Barcelona en un campo de batalla y el Gobierno cuente con un plan operativo eficaz para parar los pies (y las manos, si hace falta) a quienes salgan dispuestos a seguir la vía eslovena. La decisión de Sánchez de reunir el Consejo de Ministros en Barcelona, pese a las veladas amenazas, ha sido todo un acierto, no así sus desafortunadas declaraciones de que “no hace falta acudir al 155 [porque] se pueden movilizar fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad”. Reconocer la incapacidad de los Mozos, un cuerpo policial con 16.000 efectivos, para salvaguardar el orden constitucional en Barcelona es ya muy grave, pero más lo es aceptar la falta de voluntad de sus mandos. Eso es algo, Sr. Sánchez, que el presidente del Gobierno de España no puede permitir.
Clemente Polo Andrés
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona
Posted in Artículo Tagged with: por Clemente Polo Andrés, Semana movidita antes del Gordo
marzo 2nd, 2018 by lasvoces
Redacción – Por esos delitos, Sr. Torrent, están en prisión, no por su acreditada bondad ni por sus acendrados sentimientos republicanos. Si usted no logra ver en esas actuaciones delito alguno, permítame advertirle que tiene un serio problema porque puede traspasar la línea roja e incurrir en un delito sin ser consciente de ello. En otras palabras, según Torrent, Junqueras, Forn –y también Sánchez y Cuixart– son “presos políticos” cuyos derechos están siendo pisoteados por el Estado español, y ahí está para probarlo el lacito amarillo que lleva prendido en la solapa de la chaqueta incluso en actos institucionales. Barcelona (España), viernes 2 de marzo de 2018. Fotografía: CATALUÑA (ESPAÑA), 02.03.2018. De la izquierda a la derecha, los presos golpistas hispanófobos Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalidad (ERC), alias el ‘Osito’; Joaquim Forn, exconsejero de interior jefe político de los Mozos (Convergencia-PDECAT); y los Jordis de las entidades extremistas hispanófobas Ómnium Cultural, Jordi Cuixart y Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, candidato a la Generalidad, nombrado por el fracasado prófugo d ela Justicia Carles Puigdemont, después de su renuncia de este jueves, 1 de marzo de 2018. Combo de fotografía Efe.
Tras ser elegido presidente del Parlament de Cataluña el pasado 17 de enero, Torrent (ERC) dejó claro desde el primer momento que haría todo lo que estuviera en su mano por defender los derechos de todos los diputados de la institución que preside, y muy especialmente los de aquellos diputados que están en prisión en España o huyeron escapando de la justicia a Bélgica. El buen alcalde de Sarriá de Ter que animaba a los suyos a resistir con ánimo templado a las fuerzas invasoras –“nos lloverán hostias”, les decía– se ha tomado tan en serio su papel de ‘defensor del diputado’ que lo encontramos un día departiendo con Puigdemont El Prófugo en Bruselas y al otro visitando a Junqueras El Piadoso en Estremera. Lástima que de tan interesantes entrevistas con gente tan bondadosa y distinguida no haya tenido a bien contarnos las obras de caridad que planean acometer en el futuro.
¿Impericia informativa?
Aunque nada comentó de lo tratado en el encuentro sobre el curso de las negociaciones para convocar la sesión de investidura, Torrent aprovechó la presencia de las cámaras a la salida del recinto para denunciar que las reuniones con Junqueras y Forn no deberían haberse celebrado entre los “muros de una prisión”. No fue ni mucho menos lo más grave que dijo el president del Parlament que declaró estar a disposición de dos hombres –el exvicepresidente económico Junqueras y el exconsejero de Interior Forn bajo cuyo mando estaban los Mozos de Escuadra durante los tumultos que se produjeron frente a la consejería de Economía el 20-21 de septiembre y durante la ilegal consulta el 1-O– “de paz, de profunda convicción democrática”, encarcelados por sus ideas, “por una causa política”. En otras palabras, según Torrent, Junqueras, Forn –y también Sánchez y Cuixart– son “presos políticos” cuyos derechos están siendo pisoteados por el Estado español, y ahí está para probarlo el lacito amarillo que lleva prendido en la solapa de la chaqueta incluso en actos institucionales.
He de decir que no me sorprendieron las declaraciones del presidente Torrent sino que el canal 24 horas de TVE las repitiera como una salmodia respetable durante toda la jornada del 8 de febrero. La obligación de la cadena de noticias es informar puntualmente de los hechos no difundir la especie de que Junqueras y Forn son presos políticos. Que lo haga 3×24, el canal de noticias de TV3, entra dentro de lo previsible, pero que semejante desatino se produzca en la televisión de todos los españoles demuestra no sé si acomplejamiento, impericia o ineptitud. ¿Acaso 3×24 repetiría durante horas las declaraciones de algún político español que sostuviera que Junqueras y Forn son dos presuntos delincuentes, golpistas para ser más exactos, a los que se les investiga por tratar de destruir nuestra democracia? Me temo que no.
Lo sorprendente en este caso, y otros muchos similares a los que podría referirme, es que ninguno de los periodistas presentes –o al menos no quedó recogido en las declaraciones de ningún medio– pidió al Sr. Torrent que explicara por qué él, cuyas ideas son muy parecidas a las de Junqueras y Forn, no está en la cárcel. Si Junqueras y Forn estuvieran en prisión por sus ideas, Torrent estaría haciéndoles compañía en la celda de al lado. Buena prueba de que España es una democracia extraordinariamente garantista es precisamente que una persona con las ideas y trayectoria de Torrent ha sido elegida nada menos que presidente del Parlament, el cargo público mejor pagado de toda España, y que la mayoría de los diputados de JxC, ERC y la CUP están libres y expresan sus ideas con total libertad.
Presos políticos y democracia
No, Sr. Torrent, Junqueras y Forn están en la cárcel no por ser hombres de paz y profundas convicciones democráticas, y hasta religiosas en el caso de Junqueras, sino por haber desempeñado un papel clave en la preparación y ejecución de un golpe de estado que pretendía acabar con nuestra democracia y culminó con la proclamación de la república catalana en el Parlament, primero el 10 de octubre, y de manera inequívoca el 27 de octubre. Son hechos muy graves no ideas, los que han llevado a Junqueras y a Forn a la cárcel, y por los que su predecesora en el cargo, la Sra. Forcadell, está también siendo investigada por el Tribunal Supremo y se encuentra en libertad provisional. No dudo que usted esté dispuesto a defender los derechos políticos de los presos hasta sus últimas consecuencias, aunque creo que a ellos les resultará más útil contar con buenos abogados y acatar el orden constitucional de aquí en adelante.
Las últimas elecciones celebradas el 21 de diciembre demuestran que de los 5.554.455 de electores sólo 2.079.340 votaron a las tres listas JxC (948.233), ERC (935.861) y CUP (195.246) que abogan por la independencia. Ustedes no están legitimados para hablar en nombre del pueblo de Cataluña, aunque tengan una ajustada mayoría en el Parlament de 70 diputados. A partir de ahora, harían mejor en dedicarse a aclarar sus ‘ideas’ porque aunque las tres formaciones se unieron para constituir la república catalana antes de que Puigdemont se diera a la fuga, nadie sabe a ciencia cierta si esa república sería virtual o socialista, laica o religiosa, si aspiraba a formar parte de la UE o a salir del “club de países decadentes” que, según Puigdemont, la integran, o si pretendían, como abogan su partido, ERC, y la CUP alterar las fronteras de varios Estados de la UE para constituir los “països catalans”, una entidad carente de cualquier base histórica o sociológica, con menos fundamento y recorrido incluso que la juglaresca parodia de Tabarnia.
A pesar de Torrent sigue insistiendo en que Junqueras y Forn están en prisión por sus ideas, la página oficial de ERC reconoce que su único delito “fue llevar a término el mandato democrático del 27-S y el 1-O y haber proclamado la república de Cataluña”. Aquí, me temo, hay algo más que ideas. Dejando al margen la monserga del supuesto mandato democrático, la frase anterior esconde que el 1-O se celebró una consulta ilegal, contraviniendo la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, a la que se destinaron fondos públicos proporcionados por la consejería de Economía y que contó con la complicidad de los mandos de los Mozos de Escuadra a cuyo frente estaba Forn. Se mire como se mire, el comportamiento de ambos ni fue democrático ni ajustado a la Constitución, al Estatut y al resto del ordenamiento jurídico. Por esos delitos, Sr. Torrent, están en prisión, no por su acreditada bondad ni por sus acendrados sentimientos republicanos. Si usted no logra ver en esas actuaciones delito alguno, permítame advertirle que tiene un serio problema porque puede traspasar la línea roja e incurrir en un delito sin ser consciente de ello.
Clemente Polo Andrés
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico; Dpto. de Economía e Historia Económica
Edifici B. Universidad Autónoma de Barcelona
Posted in Artículo Tagged with: contrapunto de las tierras de España, por Clemente Polo Andrés, Sr. Torrent», «Aquí no hay presos políticos
marzo 2nd, 2018 by lasvoces
Redacción – El Gobierno de España paró el golpe de Estado aplicando el artículo 155 de la Constitución en el tiempo de descuento, (…) y los Ministros en funciones, como los espíritus puros, no se han dejado ver por aquí en tres meses y medio. Sólo los Tribunales apoyados por los servicios de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional han continuado trabajando para desenmascarar las argucias y estratagemas desplegadas por el gobierno de Puigdemont y los mandos de la policía autonómica en la preparación del 1-O y la consumación del golpe de Estado. Sólo los Tribunales apoyados por los servicios de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional han continuado trabajando para desenmascarar las argucias y estratagemas desplegadas por el gobierno de Puigdemont y los mandos de la policía autonómica en la preparación del 1-O y la consumación del golpe de Estado. Barcelona (España), viernes 2 de marzo de 2018. Fotografía: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pone la mano en la espalda del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Archivo Efe
Hace bastante tiempo, demasiado, alerté sobre las negativas consecuencias que había producido el progresivo desvanecimiento (“Cuando el Estado se desvanece”, Expansión 9/07/2013) de las instituciones centrales del Estado (ICE=Gobierno+Cortes+Poder Judicial) en la vida cotidiana de los catalanes. El asunto viene de muy largo y ha ido creciendo a la par que aumentaban las competencias traspasadas a las instituciones de la Generalitat que, no contentas con administrar sanidad, educación o seguridad con total autonomía, cuestionaron, primero, la facultad de las ICE para aprobar normas básicas o enmendar las normas autonómicas, y acabaron, finalmente, por constituirse en sujeto soberano e iniciar el proceso constituyente que llevó a aprobar las llamadas ‘leyes de desconexión’, a celebrar la consulta del 1 de octubre (1-O) y a proclamar la república catalana.
Todo sigue igual
El Gobierno de España paró el golpe de Estado aplicando el artículo 155 de la Constitución en el tiempo de descuento, convocó apresuradamente elecciones autonómicas el 21-D y los Ministros se hicieron cargo de las Consejerías en el ínterin, a la espera de que el nuevo Parlament invistiera al President. Excepto por los ceses habituales del personal de confianza y el desmantelamiento de las embajadas y algún otro organismo menor, la destitución del gobierno de la Generalitat apenas ha alterado el funcionamiento de las administraciones catalanas, y los Ministros en funciones, como los espíritus puros, no se han dejado ver por aquí en tres meses y medio. Sólo los Tribunales apoyados por los servicios de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional han continuado trabajando para desenmascarar las argucias y estratagemas desplegadas por el gobierno de Puigdemont y los mandos de la policía autonómica en la preparación del 1-O y la consumación del golpe de Estado.
Malparada neutralidad
Incluso menos han cambiado las relaciones cotidianas entre administradores y administrados. En numerosos Ayuntamientos, las banderas estrelladas que engalanaban farolas y rotondas y casas consistoriales siguen ondeando por toda Cataluña. Proyectado en la fachada del auditorio municipal de Sant Cugat del Vallés (SCV), puede admirarse estos días un enorme lazo amarillo y los espectadores ven incrédulos como un sujeto con aspecto lúgubre anuncia antes de iniciarse el concierto que se interpretará (fuera de programa) el ‘canto de los pájaros’ para exigir la libertad de los ‘presos políticos’.
En Cataluña, las instituciones autonómicas abandonaron hace mucho tiempo cualquier viso de neutralidad administrativa y se convirtieron en correas de transmisión de las consignas del gobierno de la Generalitat, sin que nada hicieran los Gobiernos de España para impedirlo. En los últimos meses, hemos visto infinidad de carteles en dependencias de Consejerías y Ayuntamientos exigiendo la libertad de los presos, y a funcionarios exhibir en la solapa lacitos amarillos en sus puestos de trabajo. Los órganos rectores y las organizaciones sindicales convocaron a los miembros de la comunidad universitaria a manifestarse el 20 de septiembre contra la “represión política” y la “involución democrática”. La pasada semana, la Rectora de la UAB autorizó la celebración de una fiesta organizada por el sindicato de estudiantes de los ‘países catalanes’ en la que se prohibía expresamente exhibir cualquier actitud “machista… españolista o fascista”.
Los profesores en colegios e institutos públicos siguen adoctrinando a niños y a jóvenes sin ningún pudor o recato. Al día siguiente del 1-O, puedo dar fe que piquetes de estudiantes impedían la entrada algunos centros y que algunos directores proporcionaron materiales para que los alumnos fabricaran carteles que equiparaban nuestra democracia con la dictadura de Franco. Se interrumpieron las clases y se conminó a los alumnos a salir a los patios (quienes se resistieron fueron abucheados) donde la función terminó entonando ‘els segadors’. En el franquismo, esto se llamaba ‘formación del espíritu nacional’. Hace unos días, una amiga desolada me mostraba las palabras que su cuñada había dejado en el chat familiar: “aunque sea profesora de inglés, ahora voy a adoctrinar incluso más”. Una profesora de catalán de instituto recomienda a los alumnos consultar la página “verbscatalans”, donde junto al espacio reservado para introducir el verbo aparece la bandera estrellada; no acaba aquí el asunto: al situar el cursor sobre la bandera aparece el mensaje “Carles Puigdemont President de Catalunya”.
El entramado asociativo-mediático que propició y patrocinó el golpe sigue también intacto. Es cierto que Sánchez y Cuixart, presidentes de la ANC y Ómnium, respectivamente, están encarcelados, y Lloveras, la alcaldesa de Vilanova investigada, ha renunciado a presidir la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI). Pero las tres organizaciones siguen operativas y Gaseni (ERC), presidente interino de la AMI, declaraba en PUNTAVUI TV que “AMi@_Cat está dispuesta a apoyar al gobierno catalán y a prestar apoyo a la dirección que tome el país”. Hace casi un año que expuse en Expansión las razones por las que la AMI, una asociación que “trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, debería haber sido ilegalizada. Pues ahí sigue, como la ANC y Òminum, promoviendo la república independiente en casa y en el extranjero.
Y ahí siguen también al frente del entramado mediático los mismos dirigentes que han jaleado las decisiones y acciones de los gobiernos de Mas y Puigdemont durante los últimos años en medios de comunicación públicos o subvencionados por la Generalitat, y han lanzado a sus ‘bien pagaos’ presentadores y contertulios estrellas a acosar a los líderes de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos y PP), sometiéndolos a interrogatorios de tercer grado. Al contrario, esos mismos comunicadores han mostrado una solicitud rayana en el servilismo cuando se trataba de difundir las declaraciones de los protagonistas del golpe, concederles entrevistas a golpe de teléfono o reclamar la libertad de los presos. En la dictadura, a este periodismo se le denominaba ‘prensa del régimen’.
Temor
Los gobiernos de Rajoy poco o nada han hecho para cambiar la situación desde 2011. Ahora que se han cumplido 100 días de vigencia del artículo 155 sin dar palo al agua, el ministro Méndez de Vigo nos ha sorprendido al declarar que el Gobierno, comprometido con la libertad, estudia la fórmula para que los catalanes puedan decidir si quieren que el castellano sea lengua vehicular. Escucho atónito a algunos tertulianos en Madrid cuestionar la oportunidad de hacerlo ahora por temor a soliviantar e insuflar vida a los alicaídos secesionistas. Al margen del error de apreciación en su diagnóstico –no están tan debilitados–, me llamó poderosamente la atención su escaso conocimiento de la realidad social. Pese a las movilizaciones constitucionalistas del pasado otoño, persiste el temor a hablar con libertad, mucho más en el ámbito escolar, y ninguna familia sensata está dispuesta a arrojar a sus hijos a los leones –maestros y profesores mayoritariamente secesionistas afines el sindicato USTEC–, a menos que se les ofrezcan sólidas garantías. Después de tanto tiempo sin hacer nada, el Gobierno debería empezar la casa por los cimientos no por el tejado.
Les referiré algo que me ocurrió hace unos días y me conmovió profundamente. Me dirigía al coche cuando me crucé con una señora que me preguntó si era el “señor Clemente”. Le respondí afirmativamente y tras presentarse comenzamos a hablar. Se mostró indignada por todo lo que está sucediendo, y cuando le comenté apuntando al Ayuntamiento que acababa de solicitar la retirada de los lazos amarillos que cubrían la entrada del Centro de Salud, me pidió asustada que no señalara porque podrían estar viéndonos. Aquí y ahora, como durante el franquismo, hay miedo, auténtico miedo a expresar lo que uno piensa, especialmente en las comunidades pequeñas.
Posted in Artículo Tagged with: por Clemente Polo Andrés, Sr. Torrent», «Abandonados»