Necesitamos políticos que trabajen para nosotros

Redacción (Oscar Berman Boldú. Es el actual concejal Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona)-. Hacen falta políticos con visión de Estado y previsión de futuro. Hace falta alta política. La política de altura de miras se diseña teniendo en cuenta un escenario mundial cada vez más sometido a continuos cambios que determinan nuestro presente, y en breve determinarán nuestro destino y el de nuestros hijos. Todas las instituciones realmente preocupadas por el interés general, bien sean de carácter político, empresarial, cultural o religioso, saben que el mundo hasta ahora conocido será extremadamente distinto en un plazo de tiempo mucho más corto de lo que imaginamos. Mientras tanto, en nuestra nación, la vieja y la “nueva política” esta enredada en sus propios laberintos de intereses y asuntos personales, con la vista puesta en el corto plazo o en la inmediatez, ignorando y desatendiendo lo que realmente nos preocupa y afecta a nosotros, los ciudadanos. Palafolls (Barcelona), España, jueves 23 de marzo de 2017. Fotografía: En la imagen, los socios fundadores de la nueva formación política española, nacida en Palafolls (Barcelona), el concejal del ayuntamiento de Palafolls, Óscar Berman Boldú (d) junto a la joven universitaria catalana de 24 años, Ainhoa Agustín, durante el primer acto público fundacional de SOLUCIONA, celebrado en la Escuela de Música y Danza de Palafolls (Barcelona) Cataluña, el jueves 23 de febrero de 2017. Archivo Lasvocesdelpueblo.

La revolución tecnológica, centrada principalmente en la robótica y la inteligencia artificial, avanza a un ritmo vertiginoso y apenas nos deja tiempo para poder adaptar el orden económico, social y político a la perspectiva de una sustitución masiva de la mano de obra humana por máquinas inteligentes. Puede parecer una cuestión de ciencia ficción, pero no es así. De hecho, en un país tan avanzado como Finlandia se ha iniciado un experimento de ingeniería social para dar respuesta al desempleo permanente de grandes sectores de población: La renta básica universal.

El debate político sobre la renta básica teniendo en cuenta la situación actual del empleo en las grandes economías mundiales ha quedado completamente desfasado por la perspectiva de que en el plazo de apenas cinco o diez años la tecnología sustituya con mayor eficacia y menores costes un 20 o 30 por ciento de los puestos de trabajo. Y no son, en absoluto, cifras exageradas.

¿Qué hacer en una situación en la que no hay ni volverá a haber ocupación laboral estable para casi la mitad de la población. Ese es el escenario que debemos contemplar para poder adaptarnos a tiempo, anticipando un modelo político, social, económico y también cultural, que responda a lo que previsiblemente será el mundo al que nos dirigimos, sin que se produzcan graves conflictos sociales, o se condene a millones de personas a una vida insufrible y sin esperanza.

La renta básica es una respuesta de emergencia para garantizar una vida digna a quienes no encuentren su lugar en la cada vez más reducida y exigente demanda laboral. Pero no basta, y en muchos casos la sociedad no tendrá suficientes recursos para garantizar ese colchón vital a todos los ciudadanos. Depende de nosotros aprovechar los múltiples aspectos positivos de esta revolución tecnológica, si sabemos cambiar nuestra sociedad hacia un modo de vida más centrado en la felicidad y el perfeccionamiento personal, y menos en la productividad y el consumo adictivo. Debemos poner la tecnología al servicio de las personas y no permitir que nosotros, el común de las gentes, seamos víctimas de la tecnología.

La política de altura es la que se preocupa y ocupa de los actuales problemas que afectan cada vez a toda la humanidad. Problemas migratorios que ponen en jaque a nuestras sociedades avanzadas. Estos problemas son ya un anticipo que nos está advirtiendo de lo que puede pasar. Grandes hambrunas, escasez de agua potable, grandes catástrofes medioambientales, movimientos migratorios masivos, guerras generalizadas… el escenario es aterrador, pero no es una fantasía ni una exageración, puesto que está comenzando a suceder delante de nuestras narices.

El debate político, social y económico debemos centrarlo en ese escenario cada vez más real y no en el trasnochado, cansino, absurdo y mediocre juego político que, para nuestra desgracia, se ha instalado en España. La brecha entre buena parte de líderes políticos, empresariales, religiosos, y nosotros los ciudadanos, pone de manifiesto que la realidad o bien pasa desapercibida para ellos o bien no les interesa porque creen que no les afectará. Pero están equivocados. Y si no ponemos remedio cuanto antes y construimos entre todos un nuevo modelo de vida, será tarde para nosotros, los ciudadanos de a pie, que somos los que importamos.

Es urgente, es imprescindible poner en marcha cuanto antes un modelo social y económico basado en los seres humanos, que nos libere de las servidumbres laborales gracias a la tecnología. Un modelo de solidaridad responsable para sostener la vida y promover una mayor calidad de vida para nosotros y para las futuras generaciones. Ese es el reto que debemos asumir y que asumimos.

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Conexiones inconfesables

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — A medida que progresa a ritmo de caracol la investigación del juez Solaz sobre el saqueo del Palau de la Música, vamos sabiendo más y más cosas sobre la operativa del jefe de la banda, el Sr. Millet, su lugarteniente, el Sr. Montull, y la connivencia de los políticos nacionalistas que hicieron posible que ambos continuaran perpetrando delitos a pesar de haberse detectado irregularidades en su gestión siete años antes de que la policía autonómica (Mossos d’Esquadra) registraran el Palau por orden judicial en julio de 2009. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, martes 21 de marzo de 2017. Fotografía: El condenado golpista ex presidente de la generalidad de Cataluña, Artur Mas durante una conferencia en San Sebastián (Las Vascongadas de España), ante su condena por el golpe del 9N 2014 en Cataluña. Efe.

Algunas de las últimas noticias publicadas abundan en un aspecto ya conocido de su gestión, a saber, la indisimulada zafiedad con que administraron durante muchos años un cuantioso presupuesto del Consorci y la Fundació y desviaron ingentes cantidades hacia sus bolsillos y los de sus familiares más próximos, hoy casi todos ellos ya imputados en la causa. ¿Que había que abonar a los Sres. Millet y Montull unas gratificaciones para compensarles por sus desvelos y dolores de cabeza al frente del Palau? Pues acudían al notario y creaban dos empresas, Aysen Produccions S.L. y Aurea Rusula S.A., administradas por sus esposas, Marte Vallès y Mercedes Mir, respectivamente, que emitían facturas falsas por importe de 682.915 y 338.956 euros. ¿Que el Sr. Millet tenía que realizar unas modestas obritas en sus propiedades familiares por importe de 1,25 millones de euros? Pues se las encargaban a la empresa Triobra, cuyos gestores estaban encantados de facturar esa cantidad y otras al Palau. ¿Que el Sr. Millet tenía que abonar la minucia de 440.886 euros por decorar su hogar? Pues Clos Interiors S.L., muy agradecida por la confianza –¡cómo no, Sr. Millet!–, remitía las facturas al Palau. A la vista de las cuantiosas inversiones realizadas, se me ocurre sugerir a los gestores del Palau que ofrezcan a turistas y curiosos la posibilidad de visitar también la vivienda del Sr. Millet por un módico suplemento.

Todo el mundo conoce las dificultades de los jóvenes para encontrar un empleo “mileurista” en España. Así que resulta comprensible la preocupación de los padres por colocar a sus hijas, Clara Millet y Gemma Montull, en la “empresa familiar”, pagándoles sueldos acordes con sus conocimientos y habilidades. Clara Millet, licenciada en Derecho, se incorporó a la nómina del Palau como directora adjunta de marketing en 2001 tras realizar algunos cursos breves en el extranjero en materias tan intrincadas como “asistente del departamento de contribuciones, enfocado al sector de marketing y publicidad”. En 2006, fue nombrada directora del departamento de internacional de la Fundació Palau de la Música-Orfeó Catalá y pasó a formar parte del comité de dirección del centro. En septiembre de 2009, cuando los nuevos gestores le comunicaron su despido disciplinario, su sueldo era de 5.967 euros mensuales, pagos en especie (boda, viajes, etc.) excluidos. Obligados por un juzgado de lo Social a readmitirla, Clara Millet ha aceptado abandonar voluntariamente la institución pocos días después de reincorporarse a su puesto, percibiendo una cantidad próxima a los 30.000, una cifra muy inferior a la indemnización de 79.098 euros dictada por el juez cuando declaró su despido improcedente.

Gemma Montull no está teniendo tanta suerte. Aunque la otrora flamante directora financiera del Palau había realizado “un curso en materia financiera en una prestigiosa escuela de negocios abonado por el Palau” y percibía 8.566 euros mensuales (más otros pagos en especie marca de la casa tales como 97.000 euros en obras en su domicilio familiar, viajes de recreo, etc.) por su trabajo, pretendió eludir sus responsabilidades en el saqueo alegando que la realidad no era lo que parecía: “Mi cargo de directora financiera –dijo ante el juez– era una cuestión de marketing” y cuando “acudía a las entidades bancarias a cobrar cheques era porque no podía hacerlo el conserje del Palau”. Lástima que su propio padre declarase ante el juez Solaz que Gemma Montull se incorporó a la “empresa familiar” en 2003 en calidad de jefe de contabilidad, no de conserje, y que las cuantías de los cheques cobrados ascienden a cifras vedadas a los conserjes. Tampoco ha prosperado su demanda por despido improcedente contra los nuevos gestores de la Fundación, si bien la tenaz conserje todavía ha tenido la caradura de recurrir el fallo del juzgado de lo social ante el TSJ de Cataluña. Por fin, el juez Solaz se ha decidido a seguir las indicaciones de la fiscalía y ha exigido a Gemma Montull que deposite una fianza de 500.000 euros.

Pero la novedad más destacable del caso es, sin duda, que el juez Solaz haya citado a declarar a los representantes mercantiles de Letter Graphic y New Letter –dos empresas que comparten administrador y domicilio social– e Hispart S.A que facturaron 2.000.000 de euros al Palau entre 2007 y 2009. Las dos primeras cobraron 982.583 euros por realizar diversos trabajos entre los que figuran “46.405 euros por buzoneo, cuando fuentes del Palau aseguraron que un trabajo de este tipo cuesta alrededor de 4.000 euros”. Hispart se dedica al alquiler y venta de materiales audiovisuales y ha realizado campañas electorales para CiU y PSC. La naturaleza de las actividades desarrolladas por estas empresas sumada a la opacidad con que se realizaron las operaciones, saldadas mediante transferencias bancarias y talones, y la resistencia de las empresas a presentar las facturas emitidas a los nuevos gestores del Palau, aduciendo que se trataba de un “acuerdo directo” con Jordi Montull, abre una nueva línea de investigación que apunta directamente a la posible financiación ilegal de algunos partidos políticos. Conviene no olvidar que ya se ha probado la desviación ilegal de 630.554,82 euros desde el Palau a la Fundación Trías Fargas de Convergencia Democrática de Cataluña y otros 150.000 euros al Partido Independentista que presidía el Sr. Colom, miembro del comité ejecutivo de Convergencia en la actualidad. Aguardamos con impaciencia y expectación las declaraciones de los responsables mercantiles de las tres empresas, esperando que sus testimonios arrojen luz sobre los hilos políticos de una trama tan burda y zafia que resulta imposible creer pudo mantenerse activa durante tantos años de no haber contado con la complicidad activa de los partidos nacionalistas catalanes.

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Puigdemont, un presidente sectario y antidemocrático

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — No creo equivocarme al afirmar que Puigdemont nunca ha sido el presidente de los catalanes, aunque haya presidido el gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 10 de enero de 2016.  Ni tampoco creo errar si les digo que el hasta entonces alcalde de Gerona y presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI) tampoco lo ha intentado. Serlo estaba fuera de sus coordenadas sentimentales y políticas. Apareció inesperadamente en el último minuto, cuando ya expiraba el plazo de dos meses tras la investidura fallida de Mas el 10 de noviembre de 2015, y Mas lo designó para sustituirle sin tiempo de comprarse un traje nuevo y pasar por la peluquería para arreglarse el flequillo. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, sábado 18 de marzo de 2017. Fotografía: La ultraviolenta diputada autonómica y actual líder de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Anna Gabriel, pasa ante el presidente separatista catalán, Carles Puigdemont, durante una sesión de control del parlamento. Archivo Efe.

Aunque su discurso de investidura no pasará a los anales de la retórica parlamentaria, su Plan de Gobierno dejó meridianamente claro que pretendía “comenzar a caminar a la luz de lo que ya aprobamos en la declaración del 9 de noviembre: iniciar el proceso para constituir un estado independiente en Cataluña”. Más adelante, concretó su compromiso estableciendo como primera prioridad del gobierno “la elaboración y el compromiso de elaboración de los marcos legales relativos al proceso constituyente. Ésta es la faena con mayúscula. Tenemos la obligación de dar cumplimiento al mandato parlamentario, porque está aprobado, y porque es la voluntad de este Parlamento y porque es la voluntad de la ciudadanía, y no podemos mirar hacia otro lado”. Puigdemont finalizó su arenga reafirmando su compromiso con “la declaración del Parlamento de Cataluña, del 9 de noviembre, abría el proceso constituyente y ahora ya no podemos dejar de recorrerlo, porque espero que al final de esta sesión tengamos ya los instrumentos para poderlo poner en práctica”, y concluyó manifestando que se dejaría la piel “para culminar el proceso iniciado hace unos años con grandes movilizaciones… Seguramente es el tramo más complejo e incierto de todos los que hemos recorrido, con éxito hasta hoy. Éste también lo culminaremos con éxito”.

Me he detenido en las citas anteriores porque revelan las intenciones del hombre que Mas eligió para sustituirle y la CUP-CC aceptó investirlo presidente del gobierno de la Generalitat. Puigdemont nunca tuvo intención de gobernar para los 7,5 millones de españoles que residimos en Cataluña sino de hacerlo exclusivamente para aquellos catalanes que respaldaron a las dos coaliciones electorales, Junts pel Sí (JxS) y CUP-CC, que concurrieron con un programa declaradamente independentista a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015. Los resultados que obtuvieron ambas formaciones el 27-S, JxS 1.620.973 votos y 62 diputados y CUP-CC 336.375 votos y 10 diputados, suponen el 47,74% de los votos no nulos contabilizados y el 36,83% del censo electoral, cifras similares a las de quienes votaron a favor de crear un estado independiente en la consulta que Mas y Homs y las asociaciones independentistas ANC, Omnium Cultural y AMI organizaron el 9 de noviembre de 2014.

Los resultados electorales del 27-S invalidan el mantra tantas veces repetido por Puigdemont y el resto de líderes secesionistas de que les avala el  ‘pueblo’ de Cataluña. Con lo que sí cuentan es con una ajustada mayoría (72 diputados de 135) en el Parlament que les permite aprobar resoluciones como la I/XI de inicio del proceso constituyente, o cambiar el reglamento de la Cámara para aprobar las llamadas leyes de desconexión sin conceder a los 63 diputados de la oposición, representantes del 52,26% de los votantes, la posibilidad de conocerlas, discutirlas y enmendarlas. Así es como entienden Puigdemont y Junqueras la ‘democracia’ republicana. Pese al tiempo que nos hacen perder ocupándonos de sus continuos cambios en la ‘hoja de ruta’ y sus últimas ocurrencias, los demócratas tenemos que estar agradecidos a Puigdemont y Junqueras porque estos meses al frente del gobierno de Cataluña nos han permitido hacernos una idea cabal de su sectarismo ideológico, su interpretación tramposa de la democracia y la inseguridad jurídica y política que conlleva el proceso secesionista.

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El retablo de la corrupción de CDC

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — Los principales dirigentes de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol y Artur Mas, rebautizado hace unos meses PDE-Cat para difuminar las sombras de corrupción continuada que pesan sobre sus líderes, incluidos los tres últimos tesoreros del partido, Torrent, Osàcar y Viloca que administraban también la fundación del partido -Trias Farga luego rebautizada Cat-Dem cuando salió a la luz el saqueo del Palau- y están imputados, salvo Torrent ya fallecido, en diversos procesos judiciales cuyo resultado esperamos los catalanes con impaciencia: queremos tener constancia judicial del expolio que ha perpetrado Corrupción Democrática de Catalunya durante décadas. Aunque los jueces sólo lleguen a destapar una esquinita de la cloaca, porque muchos de los implicados mantengan el pacto de silencio y buena parte de los delitos hayan prescrito, queremos al menos tener la satisfacción de ver a los saqueadores convergentes purgar algún que otro delito. Barcelona (España), domingo 12 de marzo de 2017. Fotografía: El expresidente de la Generalidad de Cataluña y presidente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Artur Mas, impone la medalla representativa del cargo al nuevo presidente de la Generalidad, alcalde Gerona hasta el mismo instante de Cataluña y también alto cargo de CDC, Carles Puigdemont, que hoy, domingo 12 de enero de 2017, ha tomado posesión, tras el rechazo frontal de la ultraviolenta CUP de la candidatura de Artur Mas. Archivo Efe.

Obras que los gobiernos de Pujol y Mas  adjudicaron a empresas dispuestas a pagar a CDC el 3%

Además de las causas que se siguen contra el propio Mas y sus consejeras Ortega y Rigau en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y contra su consejero Homs en el Tribunal Supremo, por haber organizado la consulta participativa el 9 de noviembre de 2014, contraviniendo la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, está el llamado Caso Palau-CDC cuya vista oral está teniendo lugar estos días en la Ciudad de la Justicia, paradójicamente una de las obras que los gobiernos de Pujol y Mas adjudicaron a empresas dispuestas a pagar a CDC el 3 % del valor de la obra.

Estas han confirmado lo que todos sospechábamos desde 2009

Según han reconocido en el juicio los saqueadores confesos, el Sr. Millet, máximo responsable de la  fundación del Palau de la Música, el Sr. Montull, su gerente y mano derecha, y Doña Gemma Montull, directora financiera e  hija del segundo, la fundación actuaba como intermediario y transfería a CDC sumas procedentes de empresas beneficiadas con contratos públicos que patrocinaban las actividades del Palau. Una parte se camuflaba realizando convenios impostados de colaboración entre el Palau y las fundaciones de CDC, y el resto en sobres en efectivo que recogía el Sr Torrent y, más tarde, el Sr. Osàcar, secretario personal de Mas (200-2005) y tesorero de CDC y sus fundaciones (2005-2011). Estas han confirmado lo que todos sospechábamos desde 2009, a saber, que las graves y notorias irregularidades en la contabilidad del Palau y sus fundaciones sólo podían haberse producido contando con la connivencia de los líderes convergentes.

El proceso contra la ‘famiglia’ de Pujol al completo todavía

No es éste el único frente judicial que tienen abierto los líderes de CDC. Está, en primer lugar, el proceso contra la ‘famiglia’ de Pujol al completo todavía en fase de instrucción que ha ido creciendo desde que Pujol (padre) desvelara en julio de 2014 que había mantenido una fortuna oculta al fisco durante 30 años y ha acabado con la imputación del hijo primogénito y el resto de miembros del clan familiar, incluida la madre guardiana de la pureza catalana y seis hijos más. La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que actuaba como administrador de constituir una organización criminal para delinquir y blanquear dinero. Resulta también paradójico que el hombre que vació Banca Catalana pero logró salir indemne envolviéndose en la bandera cuatribarrada haya acabado su vida política engullido por el fango  de la corrupción estrellada.

Éste es el hombre que lleva años mintiendo a los catalanes y negando que su partido se financiaba con el 3%

Pujol fue el hombre que pasó a Mas los trastos hace unos años. Primero, lo puso al frente de una consejería clave, Política Territorial (1995-1997) encargada de decidir las adjudicaciones de obra pública; más tarde, lo premió con la consejería de Economía (1997-2001) y, por último, lo nombró primer Consejero en el último gobierno de Pujol (2001-2003). Éste es el hombre que lleva años mintiendo a los catalanes y negando que su partido se financiaba con el 3%, un asunto que destapó por primera vez el president Margall en 2005 en el Parlament de Cataluña. Ahora es Puigdemont, el que ha tomado el relevo de Mas temporalmente al frente del gobierno de la Generalitat y Rull el que se ha hecho cargo de la consejería de Política Territorial.

En ellos se detallan las reuniones mantenidas por altos responsables del partido con empresas

Está, por último, la causa que se tramita en los juzgados del Vendrell a instancias de una denuncia realizada por una concejal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de Torredembarra. La instrucción de esta causa ya ha producido la detención de Viloca, el tesorero de CDC que sustituyó a Osàcar cuando éste fue imputado. En el registro de la sede del partido se requisó numerosa documentación, incluidos algunos contratos que habían sido triturados pero han podido reconstruirse. En ellos se detallan las reuniones mantenidas por altos responsables del partido con empresas para negociar las comisiones a percibir por CDC-PDE-Cat. Según las informaciones publicadas, la Fiscalía Anticorrupción considera que Gordó, consejero de Justicia de Mas, actuó como ‘conseguidor o recaudador’ y fue la persona que negociaba las adjudicaciones de obras a cambio de obtener el 3 % para el partido. En concreto, se mencionan las obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de les Glòries en Barcelona y un instituto en Manresa (Barcelona).

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