octubre 20th, 2016 by lasvoces

Redacción – [Custodio Ballester Bielsa, Sacerdote de la Parroquia Inmaculada Concepción de Hospitalet de Llobregat (Barcelona)]. Pues eso: templar gaitas. Es decir, recurrir a contemplaciones y miramientos con ciertas personas para evitar contrariarlas y enojarlas: a ellas y a los círculos de poder que las sustentan (…). El silencio de los obispos ante escándalos públicos y notorios, dio pábulo a las más amargas acusaciones que ha recibido la Iglesia en su historia. Los pecados de unos y los silencios de otros, trajeron a la Iglesia humillación y vergüenza. ¿Cómo habían de escarmentar los demás, si la respuesta del obispo era el silencio, el disimulo y al final el ocultamiento? Y para coronar esa cobardía, en vez de dar la cara ajustándoles las cuentas a los delincuentes, se esconden detrás del decretazo que obliga a todos los curas a confesar públicamente que “ellos no son delincuentes”. Hospitalet de Llobregat (España). Fotografía: Hospitalet de Llobregat (Barcelona) España, el pasado sábado 13 de agosto de 2016. El párroco de la Inmaculada Concepción de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Custodio Ballester Bielsa, durante una entrevista a Lasvocesdelpueblo. Archivo Lasvocesdelpueblo.

Los pecados de unos y los silencios de otros, trajeron a la Iglesia humillación y vergüenza

No admitas una acusación contra un presbítero, a menos que esté apoyada por dos o tres testigos. A los que pequen repréndelos públicamente para que los demás escarmienten (1Timoteo 5,19).

Resulta que todos los obispos de España, sobreactuando evidentemente y yendo más allá de lo que pide la ley, están pidiendo el certificado antipederastia a sus sacerdotes, como si eso fuese una solución.

Y no va por ahí la solución, ni muchísimo menos. Si la Iglesia ha caído en el descrédito ante el mundo, no es tanto por los casos de pederastia de la tropa, que no son mayores que los de otros colectivos con trato habitual con niños; sino porque al haber adoptado los mandos la estrategia de inhibirse por sistema ante esas conductas, el efecto cierto de su estrategia irresponsable ha sido la extensión de la gangrena y la multiplicación exponencial del escándalo que quisieron evitar.

Resultado de esa estrategia cobarde interpretada por muchos como consentimiento tácito, ha sido el enquistamiento del mal allí donde lo hubo, y el consiguiente descrédito de la Iglesia. Y acabó siendo ese silencio de los pastores (silencio necesario para que avanzara el mal) la mayor causa de daño y de escándalo.

¿Por qué no siguieron el consejo del apóstol a los presbíteros que pequen, repréndelos públicamente para que los demás escarmienten? La omisión de ese deber tan obvio por parte de los pastores, ha dado lugar a las peores acusaciones de complicidad con el mal.

El silencio de los obispos ante escándalos públicos y notorios, dio pábulo a las más amargas acusaciones que ha recibido la Iglesia en su historia. Los pecados de unos y los silencios de otros, trajeron a la Iglesia humillación y vergüenza. ¿Cómo habían de escarmentar los demás, si la respuesta del obispo era el silencio, el disimulo y al final el ocultamiento? Y para coronar esa cobardía, en vez de dar la cara ajustándoles las cuentas a los delincuentes, se esconden detrás del decretazo que obliga a todos los curas a confesar públicamente que “ellos no son delincuentes”.

La valentía y la acción coordinada que no tuvieron para “reprender públicamente a los presbíteros que pequen”, es decir a los culpables, la tienen ahora para inscribir a todos sus clérigos en el Registro de Delincuentes Sexuales, obligándoles de ese modo a “defender” su inocencia.

¿Cuestionada por quién? No por el Estado, que nada les ha pedido, sino por la repentina ansia de que no haya ninguna duda de la plena colaboración de la Iglesia con la sociedad civil. Es así como los obispos pretenden demostrar urbi et orbi que ellos no sólo no eluden su deber de vigilar, sino que hasta se adelantan previniendo el mal de ese modo. Es lo que les va: exhibir un ostentoso y ampuloso gesto burocrático.

Un gobierno que, como pontifica Hillary Clinton, podrá dictaminar hasta qué punto las religiones pueden conformar sus dogmas

¿Tranquiliza el certificado negativo la conciencia de alguien? ¿El someter a la Iglesia a la normativa del Estado la exonera a partir de ahora de cualquier responsabilidad? ¿Se está afrontando el problema ya desde los seminarios o se trata sólo -como decía el cardenal Vidal y Barraquer- de ganar tiempo, salvar todo lo que sea posible y concretar un arreglo interino o modus vivendi con el gobierno?

No perdamos de vista que se trata de ese gobierno globalista que representa la corrección política, esa casta que define el bien y el mal, esa casta que se cree llamada a dirigirnos, a mostrarnos la verdad y diría que hasta el sentido de la vida, también a la Iglesia. Un gobierno que, como pontifica Hillary Clinton, podrá dictaminar hasta qué punto las religiones pueden conformar sus dogmas. Y claro, para estos pastores es esencial templar gaitas para no perder los lazos que les unen con el poder político.

Porque el certificado de pureza sexo-racial no parece movido por razones morales sino económicas: para evitar que las indemnizaciones por casos judiciales acaben siendo de una cuantía inasumible; acompañada ésta por una razón de imagen: para que la presión social se vea satisfecha al ver que la jerarquía eclesiástica ha comprado la “mercancía” de que es razonable asociar los términos cura y pederasta.

Y que en virtud de tal asociación todo cura tendrá que llevar encima el certificado con el que “demuestre” que no lo es. ¿Y eso para qué? Pues para tapar que el aspecto más grave del problema no es que haya habido y que siga habiendo pederastas en la Iglesia, sino que los obispos ni hayan hecho ni parezca que tengan intención de hacer nada. Porque en vez de coger por los cuernos al toro que les está embistiendo, van y se sacan del capote esta faenilla de lucimiento: el certificado estatal emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los curas. Y esperan que les aplaudamos la faena.

Los casos se abren, pero no se cierran. ¿Qué ocurrió con los curas de Granada? ¿En qué quedó la cosa?

¿Y luego qué? ¿Eso es todo? Hay en este momento algunos casos abiertos, flagrantes, conocidos por todos y aireados por los medios (especialmente internet) respecto a los cuales no sólo en nuestra diócesis, sino también en otras de Cataluña y en el resto de España, los obispos no quieren mojarse.

Los casos se abren, pero no se cierran. ¿Qué ocurrió con los curas de Granada? ¿En qué quedó la cosa? Y los casos escandalosos de la Casa de Santiago, que no sólo no se cerraron, sino que “se exportaron” a otros países por la cobardía de los eminentísimos cardenales que no se atrevieron a afrontarlos de cara y que en cierta manera siguen abiertos, ¿qué se hizo de ellos?

Nuestra Casa de Santiago, en efecto, aún sigue vivita y coleando de facto, no de iure (su gran preboste sigue concentrando las máximas prebendas de la diócesis, y viajando en visita pastoral a las filiales de la institución en el extranjero). ¿Y qué hace el obispado al respecto? Pues eso: templar gaitas. Es decir, recurrir a contemplaciones y miramientos con ciertas personas para evitar contrariarlas y enojarlas: a ellas y a los círculos de poder que las sustentan. Un trato mesurado que hay que dispensar a algunas personas difíciles de contentar o complacer. Para los demás curas y diáconos, la inmensa mayoría de los cuales nunca han dado que hablar… ¡leña al mono que es de goma!

El entramado judicial está controlado de tal manera por los que detentan el poder político corrupto y corruptor

Es lo mismo que ocurre en política con la corrupción. El mal no está en que haya políticos corruptos, que siempre los habrá. El mal está en que el sistema está diseñado para que sea prácticamente imposible pillarlos y condenarlos. El entramado judicial está controlado de tal manera por los que detentan el poder político corrupto y corruptor, que así no hay forma de que se acabe la putrefacción.

La eternización de los procesos es el piélago en que se hunde toda corrupción. Se persigue, claro que sí, con enorme saña legal. Pero luego viene esa justicia de pies de plomo, con la que no hay manera de avanzar. Pero la “voluntad” de acabar con la corrupción, nadie la puede negar.

Si durante años ciertos seminarios han estado llenos de seminaristas homosexuales, ¿se extrañan ahora los señores obispos de que haya casos de abuso de menores? Y aunque no estuvieran llenos… ¡Cuántos formadores haciendo la vista gorda ante las plumas de sus pupilos! ¡Son tan requetefinos, sonrientes y pelotillas…! De aquellos polvos vienen esos lodos, que no se limpian con un miserable e indiscriminado certificado. Benedicto XVI puso el dedo en la llaga; y los enemigos de la moral católica, el grito en el cielo.

Ésa es la manera de tapar la pasada negligencia de los obispos con actuaciones exprés

El resultado nefasto de esta situación es que tan necesitados están de hacer gestos ante la opinión pública, que si a cualquier obispo le llega una denuncia sobre un presunto abuso de algún sacerdote, inmediatamente lo deja al pie de los caballos con certificado o sin él, lo remueve de su parroquia, lo confina y luego le pregunta y si al final resulta todo una calumnia… Nunca volverá a la parroquia de la que salió y su nombre quedará manchado para siempre.

Es la tremenda urgencia por sobreactuar. ¿Es esa la nueva justicia de la ley de tolerancia cero? No, ésa es la manera de tapar la pasada negligencia de los obispos con actuaciones exprés. Para que no se diga. Se ganan las portadas de los medios, que es de lo que se trata.

Exigir una demostración de inocencia antes que la de culpabilidad, nos aproxima vertiginosamente a un estado policial

Y es que la cadena siempre acaba rompiendo por el eslabón más débil: los curas y los diáconos. De nada sirve el tranquilizante consuelo de pensar que todos los obispos lo han hecho y que se ha decidido consensuadamente. La decisión de exigir inmediatamente el certificado estatal a una clase de tropa mayoritariamente inocente, no deja de acercarse peligrosamente a la prevaricación: ese concepto jurídico por el cual una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Exigir una demostración de inocencia antes que la de culpabilidad, nos aproxima vertiginosamente a un estado policial que coacciona y condena aún antes de juzgar.

Que nuestros pastores se suban al carro de lo políticamente correcto ahora -antes no, claro- supone una ruptura de confianza casi insalvable con aquellos que son sus primeros colaboradores y deberían ser sus hijos más queridos. Y todo para tapar sus culpas.

¡Que pidan cuentas a los culpables y dejen en paz a los inocentes!

Pero a pesar de lo penoso de la circunstancia, todavía está vigente aquella ley natural en virtud de la cual nadie está obligado a obedecer una ley injusta y mucho menos la autoridad tiene derecho a urgir su cumplimiento. ¿Exigir que todo el clero baje la cabeza humillado por las perversiones de una minoría?

¡Que pidan cuentas a los culpables y dejen en paz a los inocentes! ¿O es que la autoridad ha dejado de serlo para convertirse en pura tiranía al servicio del poder dominante?

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octubre 6th, 2016 by lasvoces

Redacción – [Custodio Ballester Bielsa, Sacerdote de la Parroquia Inmaculada Concepción de Hospitalet de Llobregat (Barcelona)]. ¿Está el sacerdocio por su naturaleza exclusivamente dirigido a un público menor de edad? Pareciera que no. No todos los sacerdotes tienen ese trato habitual. La mayoría de ellos tratan con todos los feligreses por igual, pequeños y mayores y bastante más a estos últimos. En su virtud, dice el decreto, todas las entidades diocesanas que dependen de la archidiócesis de Barcelona (delegaciones, parroquias, asociaciones, fundaciones, movimientos, Cáritas…) están obligados a cumplir inmediatamente con la normativa estatal sobre protección a la infancia y adolescencia en la medida (…). Hospitalet de Llobregat (Barcelona), jueves 5 de octubre de 2016. Fotografía: El párroco de la Inmaculada Concepción de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Custodio Ballester Bielsa, durante una entrevista a Lasvocesdelpueblo, el pasado sábado 13 de agosto de 2016. Archivo Lasvocesdelpueblo.

Llama la atención que el Decreto firmado por el arzobispo de Barcelona vaya más allá y disponga que (…) se aplique en el ámbito diocesano la normativa del Estado

A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, hace que les pongan una marca en la mano derecha o en la frente; de modo que el que no lleve la marca con el nombre de la fiera o con los numerales de su nombre, no pueda comprar ni vender (Apocalipsis 13,16).

El Decretazo

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015 de voluntariado, establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.

Por eso, llama la atención que el Decreto 23/16 firmado por el arzobispo de Barcelona D. Juan José Omella de 20 de septiembre de 2016 vaya más allá y disponga que, para que no haya ninguna duda de la plena colaboración de la Iglesia con la sociedad civil, se aplique en el ámbito diocesano la normativa del Estado.

En su virtud, dice el decreto, todas las entidades diocesanas que dependen de la archidiócesis de Barcelona (delegaciones, parroquias, asociaciones, fundaciones, movimientos, Cáritas…) están obligados a cumplir inmediatamente con la normativa estatal sobre protección a la infancia y adolescencia en la medida en que su actividad comporte contacto habitual con menores de edad, incluyendo en este concepto el trato ocasional relacionado con la actividad pastoral.

¿Qué necesidad tenía el Sr. Arzobispo de decretar la aplicación de una norma estatal en el ámbito eclesiástico?

El Estado puede pedir, dentro de sus atribuciones, todos los certificados que quiera, aún a costa de convertirse en un estado policial donde ya no exista la presunción de inocencia, sino la de culpabilidad.

Pero, ¿qué necesidad tenía el Sr. Arzobispo de decretar la aplicación de una norma estatal en el ámbito eclesiástico? ¿Quién le ha asesorado para meter a todos los sacerdotes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales como si el sacerdote fuese per se sospechoso de pederastia? ¿O acaso va con el orden sacerdotal la irrefrenable inclinación a la pederastia? ¿Cómo es eso?

¿Está el sacerdocio por su naturaleza exclusivamente dirigido a un público menor de edad? Pareciera que no

La misma Agencia Española de Protección de Datos en su informe 0401/2015 interpreta que para considerar “trabajo habitual con menores”, es necesario que el puesto de trabajo implique por su propia naturaleza y esencia, un contacto habitual con menores, siendo los menores los destinatarios principales del servicio prestado. No siendo necesario presentar el certificado en aquellas profesiones que, teniendo un contacto habitual con el público en general, entre los que pueden encontrarse menores de edad, no estén por su naturaleza exclusivamente destinados a un público menor de edad.

¿Está el sacerdocio por su naturaleza exclusivamente dirigido a un público menor de edad? Pareciera que no. No todos los sacerdotes tienen ese trato habitual. La mayoría de ellos tratan con todos los feligreses por igual, pequeños y mayores y bastante más a estos últimos.

El certificado

Sin embargo el decreto se refiere a todos: clero parroquial (párrocos, vicarios, adscritos y diáconos) que tenga contacto habitual u ocasional o no lo tenga nunca.

También los seminaristas y los catequistas. Es decir, ¡todo bicho viviente! Para todos ellos es necesario que obtengan el certificado negativo cuando comience el curso 2016/17, e inmediatamente -los sacerdotes- entregarán una copia del mismo a la Secretaria General del Arzobispado de Barcelona.

Por cierto, ¿qué hay de la Fundació Escola Cristiana? ¿Y de los profesores de religión? El decreto los señala genéricamente: laicos que trabajan en las entidades diocesanas enumeradas.

¿No sería mejor prevenir desde la realidad de una inclinación sexual definida? Por tanto, certificado de inclinación sexual obligatorio para los sacerdotes

Enumeradas con puntos suspensivos… pues no los nombran directamente. Y ellos sí que tienen trato habitual con menores. Y en un territorio especialmente conflictivo a estos efectos como lo es la escuela. Únicamente se señala directamente a los clérigos, hasta el punto de que las penas canónicas que enumera el artículo 6 del decreto se refieren casi exclusivamente a ellos: a los curas y a los diáconos, y a nadie más.

La desvergüenza de este affaire es que por evitar emitir un certificado positivo de mala conducta, es decir por seguir enmascarando los casos flagrantes, públicos y notorios de aquellos que realmente están implicados en algún caso de perversión, todos los curas estemos obligados a obtener un certificado negativo de mala conducta, porque así todos somos iguales y por tanto, al ser todo cura sospechoso de pederastia, todo cura se ha de molestar en demostrar que no es pederasta.

¿Y eso cómo se demuestra? Y si se trata de un certificado preventivo, que no es garantía de nada pues en él sólo constaría que el interesado no ha tenido una condena en firme, pero no que ha sido investigado o imputado…

¿por qué no un certificado de inclinación sexual hetero u homo o bisexual? Si lo que buscamos es prevención y la mayoría de delitos sexuales contra menores han sido cometidos por homosexuales hechos y derechos… ¿no sería mejor prevenir desde la realidad de una inclinación sexual definida? Por tanto, certificado de inclinación sexual obligatorio para los sacerdotes. ¿Qué tal el invento?

En relación con la pederastia, los medios lo han dejado clarísimo: ser cura es ya ser sospechoso

Y un paso más en la prevención, poniendo el acento en la vigilancia. ¿Qué han estado haciendo nuestros obispos y cardenales al respecto? Disimular y entrar en expedientes eternos, que es tanto como consentir.

Ahí está la impunidad de la Casa de Santiago y de los amigos del padre Alfredo Rubio de Castarlenas. ¿Y es por tapar toda esa basura por lo que hemos de constar todos los curas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales?

¡Ah!, que es para decir que no lo somos. ¿Y por qué no incluyen en él a los abogados, a los jueces, a los médicos, a los policías, a los asistentes sociales? Hombre, ¡cómo vas a comparar! En relación con la pederastia, los medios lo han dejado clarísimo: ser cura es ya ser sospechoso. De ahí la necesidad de tenernos a todos fichados. ¡A que sí, señor Vicario Judicial!

El autor

Pero no, D. Juan José Omella no ha sido ni el artífice ni mucho menos el inductor de esta medida. Lo considero un verdadero padre de los sacerdotes como para pensar ni un solo instante que esta medida hubiese sido idea suya. No.

Fue mosén Santiago Bueno, Vicario Judicial y Presidente del Tribunal Eclesiástico, el que llevado de su celo purificador de corte inquisitorial, redactó ese decreto, entre beatorro y amenazante…

La Srta. Mª Montserrat Romaguera, abogada y responsable de la Asesoría Jurídica del Arzobispado, fue la encargada de presentar la perentoria

Si miramos de dónde proceden los excesos de los inquisidores, nos encontramos siempre con lo mismo: sobreactuación para alejar de ellos toda sospecha de connivencia con el mal que persiguen.

La Srta. Montserrat Romaguera, abogada y responsable de la Asesoría Jurídica del Arzobispado, fue la encargada de presentar la perentoria necesidad del certificado negativo.

Pues bien, parece que el alegato de la comisionada fue tan efectivo que convenció a D. Juan José y a los vicarios episcopales –parece que a regañadientes– para que finalmente el Arzobispo decretara la obligación del clero barcelonés de demostrar su pureza racial.

La elocuente perorata de la jurisconsulta: que si la tolerancia cero, que si el Papa lo exige, que si el Estado lo requiere, que si las denuncias, que si las indemnizaciones, que si otros obispados ya lo han hecho… les hizo mella.

Acogotó de tal manera al Consejo de Gobierno, que decretaron con prontitud el certificado negativo: no sé si como placebo para el ataque de ansiedad que provocó la apasionada letrada, o como carnaza narcotizante para tranquilizar la conciencia de alguien y cubrirle, al menos económicamente, las espaldas. El mentor de la jurista podía respirar aliviado. Lo había conseguido.

La sospecha

Lo que resulta bochornoso es que para camuflar a aquellos de los que se sabe positivamente que se les va la mano, todos los demás tengamos que demostrar nuestra inocencia.

Con este decretazo admitimos que, por definición, el hecho de ser sacerdote lo convierte a uno en sospechoso de pederastia y debe, por tanto, demostrar que no lo es. Certificado negativo y todos contentos: Santiago Bueno, el Ministerio de Justicia y Puigdemont. Y es que todo el conjunto adolece de una sobreactuación sospechosa.

Que dejen tranquilo al mayoritario resto de un clero que bastante pena tiene con sufrir además de la sospecha de la sociedad

Ese deseo de pureza sexo-racial a la que aspiran ciertos jerarcas de la Iglesia, parece desmontar aquello de que la mujer del César además de ser honrada y casta debe parecerlo. Ya no debe parecerlo, ¡sino que ha de demostrarlo! Algunos se cubrirán de gloria, aunque la infamia manche a los demás. Que denuncien a los que de verdad son un peligro para los menores -¿es que todavía no los conocen?- y así sí que ganarán credibilidad.

Y que dejen tranquilo al mayoritario resto de un clero que bastante pena tiene con sufrir además de la sospecha de la sociedad, inducida por la pasividad de unos líderes ausentes, la pena de vivir su sacerdocio en un tiempo tan calamitoso como éste.

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