Redacción: Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña – El 6 de febrero de 2017 comparecieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que fuera presidente del gobierno de la Generalitat, el Sr Mas, y dos consejeras de su gobierno, las Sras. Ortega y Rigau, para ser juzgados por el papel que desempeñaron en la organización, financiación y realización de la consulta que se celebró en dependencias públicas, colegios e institutos abiertos para la ocasión a instancias de la consejería de Educación, el domingo 9 de noviembre de 2014. Barcelona (España), jueves 9 de febrero de 2017. Fotografía: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Barcelona (España) lunes 6 de febrero de 2017. Histórico día de la democracia, y sobretodo porque reina el estado de derecho, en Cataluña. Juico del Golpe de Estado separatista catalán del 9 de noviembre de 2014. Allí están en el banquillo de los acusados por desobediencia grave con la sentencia del Tribunal Constitucional y por el golpe del 9N: el expresidente golpista separatista catalán Artur Mas (c) y las Consejeras Joana Ortega (de Presidencia) (derecha) e Irene Rigau (de Enseñanza) (Izquierda). Efe.
La consulta se hizo contraviniendo un auto del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba tajantemente “suspender los actos impugnados […] así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella”, a partir del momento en que se interpuso el recurso el 31 de octubre de 2014.
Llegada la hora de responder ante el TSJC, Mas y sus consejeras intentar eximirse de las responsabilidades en que incurrieron aduciendo que nunca creyeron estar vulnerando la legalidad vigente. Sus excusas son pueriles y ridículas.
Mas depositó su voto en una urna de cartón y retó al Estado públicamente afirmando que “si la Fiscalía busca un responsable, soy yo y mi gobierno”
Existen infinidad de documentos, escritos y gráficos, que atestiguan su voluntad de seguir adelante con el proceso, utilizando astucias y tretas para engañar al Estado del que Mas era entonces, recordemos, el máximo representante en Cataluña.
Mas, como los consejeros de su gobierno, depositó su voto en una urna de cartón en medio de flashes y la arrobada mirada de su esposa; presentó como un triunfo los resultados de la ilegal consulta; y retó al Estado públicamente afirmando que “si la Fiscalía busca un responsable, soy yo y mi gobierno”. ¿De qué se quejan ahora? ¿Por qué no sacan pecho y apechugan con los delitos que se les imputan?
El artículo 9 de nuestra Constitución establece que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Pues bien, el Sr. Mas y su gobierno se situaron por encima de la Constitución y el resto del ordenamiento al organizar una consulta para la que no contaban con respaldo legal alguno.
El comportamiento de Mas y su gobierno tampoco ofrece dudas al respecto: ignoraron deliberadamente el auto del TC
Y el artículo 118 establece que “es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes de los Jueces y los Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.
El comportamiento de Mas y su gobierno tampoco ofrece dudas al respecto: ignoraron deliberadamente el auto del TC que ordenaba paralizar todas las actuaciones relativas a la realización de la consulta.
Mas y sus consejeras desobedecieron al TC y prevaricaron y lo único que hay que lamentar es que la Fiscalía no le haya imputado el delito de malversación de caudales públicos. Su credibilidad para invocar estos días “el derecho universal de la democracia” resulta patética.
Desvergüenza
La desvergüenza del partido del 3 % ha alcanzado límites inconcebibles en un estado democrático. El gobierno de la Generalitat que ahora preside Puigdemont, el hombre que Mas designó para sucederle tras su investidura fallida, tuvo la desfachatez de animar a los funcionarios a que pidieran libre (¡por asuntos propios!) el día 6 para acompañar a Mas en su paseo triunfal hasta la sede del TSJC.
A mí, que tengo ya cierta edad, estas manifestaciones gubernamentales, organizadas para jalear y defender a presuntos delincuentes, me recuerdan las convocatorias del dictador en la plaza de Oriente.
Tenemos un problema muy serio: el gobierno de la Generalitat está en manos de personas dispuestas a saltarse las leyes y a ignorar las sentencias de los tribunales y así no puede funcionar el Estado de Derecho.
¡Piensen cómo se impartiría justicia en Cataluña si el poder judicial estuviera en manos del ex juez Vidal y el resto de jueces incluidos en ‘la lista de Vidal’!
¿Se imaginan lo que podría ocurrirnos a los catalanes que rechazamos el plan secesionista si no contáramos con la Constitución y los Tribunales para poder pararles las manos? ¡Piensen, por un momento, cómo se impartiría justicia en Cataluña si el poder judicial estuviera en manos de personas sin escrúpulos como el ex–juez Vidal y el resto de jueces incluidos en ‘la lista de Vidal’!
¿Qué está buscando el gobierno catalán presionando en la calle a jueces y tribunales y adelantando a la primavera la culminación del plan de secesión para constituir “un estado independiente catalán en forma de república”?
Impunidad para los imputados en los diversos casos que están siendo investigados por la Fiscalía y los Tribunales. Desde que se destapó el caso Palau el 14 de julio de 2009 se ha podido constatar que CDC se financiaba irregularmente extorsionando a empresarios a los que exigía donaciones a las fundaciones del partido –Trias Farga y CatDem– a cambio de amañar adjudicaciones de obras.
La lista de miembros de CDC imputados es demasiado larga para incluirla, pero conviene recordar que entre ellos están Osàcar, secretario personal de Mas (2000-2005) y tesorero del partido (2005-20011), y Viloca, su sucesor.
Por si todo esto fuera poco, Pujol i Soley, padre de la patria, fundador y presidente de CDC y (nada) honorable presidente del gobierno de la Generalitat (1980-2003) reconoció que era un defraudador confeso el 26 de julio de 2014.
Impunidad, eso es lo que están buscando para sí mismos los líderes de CDC, rebautizada PDE-Cat
Las investigaciones judiciales han llevado a imputar a todos los miembros de la familia Pujol-Ferrusola por cometer delitos fiscales, y al primogénito del clan se le acusa además de falsedad documental, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal.
Impunidad, eso es lo que están buscando para sí mismos los líderes de CDC, rebautizada PDE-Cat para dejar atrás las actividades delictivas que practicaron con tanto éxito durante varias décadas en Cataluña.
