enero 22nd, 2019 by lasvoces
Redacción – En la reunión del secretariado de la ANC celebrada en Sant Boi de Llobregat el 12 de enero, la organización secesionista adoptó el acuerdo de impulsar la creación de “consejos locales de la ‘república’ catalana” (la ANC escribe república en mayúscula y sin comillas) que complementa otras dos campañas de la ANC ya en marcha. La primera campaña se centra en mantener vivas las protestas callejeras, a lo largo y ancho de Cataluña pero también en el extranjero, al menos mientras se celebre el inminente juicio contra los líderes que promovieron y financiaron el golpe de Estado que culminó con la constitución de la ‘república’ el 27 de octubre de 2017 (27-O). Barcelona (España), martes 22 de enero de 2019. FOTOGRAFÍA: CATALUÑA (ESPAÑA), AÑO 2018. El independentista presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra (i) y la extremista xenófoba presidenta de la llamada Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie (d), en una concentración el 16 de mayo de 2018 en Barcelona para reclamar la libertad de los presos golpistas separatistas. Efe
En los últimos días, hemos visto a algunos dirigentes de la ANC portando fotografías de los presos a las puertas del centro penitenciario de Lledoners con más bien escaso seguimiento de público, pese a las decenas de miles de socios con que supuestamente cuenta la Asamblea.
Los consumidores ‘republicanos’
La segunda campaña, lanzada el pasado noviembre, tiene como objetivo establecer un ‘registro de proveedores estratégicos’, con la finalidad de señalizar a los consumidores ‘republicanos’ las entidades financieras y empresas no financieras alineadas con el proceso insurreccional y promocionar sus ventas frente a sus competidores en Cataluña: ‘consumo estratégico’ es el perverso eufemismo utilizado tanto por la presidenta Palazui como por el secretario Fernández, a quién la ANC ha encargado impulsar esta campaña sectaria y odiosa, contraria a la unidad de mercado.
No, no se equivocan, se trata del mismo dirigente de la CUP que amenazó a Rato con su sandalia voladora y se mostró solícito adulador con el capo mayor de las redes de extorsión en Cataluña: Jordi Pujol. Para decirlo en dos palabras, el objetivo de la campaña es colgar lacitos amarillos a las empresas colaboradoras con los golpistas para que los buenos ‘republicanos’ les compren sus productos.
La nueva campaña para implantar los ‘consejos locales de la república catalana’ va un paso más allá, hablando en términos estrictamente insurreccionales. Desencantados ante la parsimonia de los líderes de los partidos ‘republicanos’ al frente de las instituciones de la Generalidad (Gobierno, Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos), los dirigentes de la ANC apelan directamente a los ciudadanos y pretenden ’empoderarlos’, esto es, encuadrarlos en ‘comités locales’ con un doble objetivo: ejercer el control efectivo en su circunscripción y vigilar los movimientos de los ‘botiflers’ remisos a hacer efectivo el ‘mandato’ del 1-O. Admiten que la ‘república’ es todavía virtual, pero confían en hacerla real poniendo en manos de los ‘consejos’ las riendas del proceso: un remedo burgués de los ‘sindicatos de barrio’ y los ‘comités de defensa’ de la CNT en los años 30.
En efecto, además de servir de punto de encuentro para canalizar las iniciativas locales a favor de la ‘república’, la ANC asigna a estas congregaciones de fieles ‘republicanos’ otras diez misiones: implementar la e-república; fomentar la participación en el ‘foro cívico y social’ que definirá las líneas maestras de la ‘república’; fomentar el voluntariado de proximidad; contribuir a la ‘caja de solidaridad’ (al margen de la agencia tributaria catalana); proporcionar recursos de tiempo y dinero a las entidades locales; fomentar el ‘consumo estratégico’; fomentar la recuperación de la memoria histórica local; establecer una red antirepresiva de proximidad; y desarrollar proyectos propios.
Como los mandamientos, las 10 consignas de rancio sabor totalitario pueden resumirse en dos: desarrollar la ‘república’ ignorando el ordenamiento constitucional y meter el miedo en el cuerpo a los vecinos remisos a seguir sus dictados.
Como ocurrió hace unos años con las primeras ‘consultas por la independencia’, algunos soltarán una sonora carcajada al conocer esta alocada iniciativa de la ANC.
En los últimos cinco años, hemos podido constatar las consecuencias políticas, sociales y económicas de aquellas risas: inestabilidad política y dos consultas patrocinadas por la Generalidad en 3 años (9-N en 2014 y 1-O en 2017) que pusieron en ridículo al Estado y a sus servicios de inteligencia; una profunda fractura social que ha convertido la convivencia en un infierno incluso en los centros escolares; y la ralentización del crecimiento económico y el traslado de la sede de más de 5.000 sociedades fuera de Cataluña.
Cuando los gobernantes del Estado no se toman en serio su responsabilidad de mantener el orden constitucional y miran hacia otro lado cuando la Generalitat legisla sobre materias ajenas a sus competencias y su presidente no acata las sentencias, la bola continúa rodando pendiente abajo, engrosándose y arrastrando todo lo que encuentra a su paso.
El Estado español, como comunidad de ciudadanos libres, iguales y solidarios, no sobrevivirá si no adopta pronto medidas contundentes para poner coto a la actividad de asociaciones que. como la ANC (aunque no es la única) ignoran el ordenamiento constitucional y lo trasgreden continuamente con casi total impunidad.
Como no hay ninguna duda de que el propósito de esta asociación es derogar o suspender la Constitución, despojar al Rey de sus facultades y proclamar la independencia en una parte (Cataluña) del territorio nacional, la ANC incurre en al menos tres supuestos del delito rebelión contemplados en el artículo 472 Código Penal.
Falta, se me advertirá, que el alzamiento sea violento, además de público, y seguro que algunos juristas, como el profesor Pérez Royo, sostendrán que poner en marcha consejos locales “para crear una estructura civil no autonómica sobre la que asentar las bases del nuevo estado” no es violencia, aunque quienes lo hacen violenten la ley.
En todo caso, mi sugerencia a los partidos constitucionalistas sería eliminar el término violencia del citado artículo para evitar la actual ambigüedad. De algo no tengo ninguna duda: mientras asociaciones, como la ANC (aunque no es la única), puedan desarrollar con impunidad casi completa sus actividades encaminadas, no a reformar el orden constitucional sino a destruirlo, resultará muy complicado detener la bola de los ‘comités locales de defensa’ una vez ésta empiece a rodar.
Clemente Polo,
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona
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