Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — A medida que progresa a ritmo de caracol la investigación del juez Solaz sobre el saqueo del Palau de la Música, vamos sabiendo más y más cosas sobre la operativa del jefe de la banda, el Sr. Millet, su lugarteniente, el Sr. Montull, y la connivencia de los políticos nacionalistas que hicieron posible que ambos continuaran perpetrando delitos a pesar de haberse detectado irregularidades en su gestión siete años antes de que la policía autonómica (Mossos d’Esquadra) registraran el Palau por orden judicial en julio de 2009. San Cugat Del Vallés (Barcelona) España, martes 21 de marzo de 2017. Fotografía: El condenado golpista ex presidente de la generalidad de Cataluña, Artur Mas durante una conferencia en San Sebastián (Las Vascongadas de España), ante su condena por el golpe del 9N 2014 en Cataluña. Efe.
Algunas de las últimas noticias publicadas abundan en un aspecto ya conocido de su gestión, a saber, la indisimulada zafiedad con que administraron durante muchos años un cuantioso presupuesto del Consorci y la Fundació y desviaron ingentes cantidades hacia sus bolsillos y los de sus familiares más próximos, hoy casi todos ellos ya imputados en la causa. ¿Que había que abonar a los Sres. Millet y Montull unas gratificaciones para compensarles por sus desvelos y dolores de cabeza al frente del Palau? Pues acudían al notario y creaban dos empresas, Aysen Produccions S.L. y Aurea Rusula S.A., administradas por sus esposas, Marte Vallès y Mercedes Mir, respectivamente, que emitían facturas falsas por importe de 682.915 y 338.956 euros. ¿Que el Sr. Millet tenía que realizar unas modestas obritas en sus propiedades familiares por importe de 1,25 millones de euros? Pues se las encargaban a la empresa Triobra, cuyos gestores estaban encantados de facturar esa cantidad y otras al Palau. ¿Que el Sr. Millet tenía que abonar la minucia de 440.886 euros por decorar su hogar? Pues Clos Interiors S.L., muy agradecida por la confianza –¡cómo no, Sr. Millet!–, remitía las facturas al Palau. A la vista de las cuantiosas inversiones realizadas, se me ocurre sugerir a los gestores del Palau que ofrezcan a turistas y curiosos la posibilidad de visitar también la vivienda del Sr. Millet por un módico suplemento.
Todo el mundo conoce las dificultades de los jóvenes para encontrar un empleo “mileurista” en España. Así que resulta comprensible la preocupación de los padres por colocar a sus hijas, Clara Millet y Gemma Montull, en la “empresa familiar”, pagándoles sueldos acordes con sus conocimientos y habilidades. Clara Millet, licenciada en Derecho, se incorporó a la nómina del Palau como directora adjunta de marketing en 2001 tras realizar algunos cursos breves en el extranjero en materias tan intrincadas como “asistente del departamento de contribuciones, enfocado al sector de marketing y publicidad”. En 2006, fue nombrada directora del departamento de internacional de la Fundació Palau de la Música-Orfeó Catalá y pasó a formar parte del comité de dirección del centro. En septiembre de 2009, cuando los nuevos gestores le comunicaron su despido disciplinario, su sueldo era de 5.967 euros mensuales, pagos en especie (boda, viajes, etc.) excluidos. Obligados por un juzgado de lo Social a readmitirla, Clara Millet ha aceptado abandonar voluntariamente la institución pocos días después de reincorporarse a su puesto, percibiendo una cantidad próxima a los 30.000, una cifra muy inferior a la indemnización de 79.098 euros dictada por el juez cuando declaró su despido improcedente.
Gemma Montull no está teniendo tanta suerte. Aunque la otrora flamante directora financiera del Palau había realizado “un curso en materia financiera en una prestigiosa escuela de negocios abonado por el Palau” y percibía 8.566 euros mensuales (más otros pagos en especie marca de la casa tales como 97.000 euros en obras en su domicilio familiar, viajes de recreo, etc.) por su trabajo, pretendió eludir sus responsabilidades en el saqueo alegando que la realidad no era lo que parecía: “Mi cargo de directora financiera –dijo ante el juez– era una cuestión de marketing” y cuando “acudía a las entidades bancarias a cobrar cheques era porque no podía hacerlo el conserje del Palau”. Lástima que su propio padre declarase ante el juez Solaz que Gemma Montull se incorporó a la “empresa familiar” en 2003 en calidad de jefe de contabilidad, no de conserje, y que las cuantías de los cheques cobrados ascienden a cifras vedadas a los conserjes. Tampoco ha prosperado su demanda por despido improcedente contra los nuevos gestores de la Fundación, si bien la tenaz conserje todavía ha tenido la caradura de recurrir el fallo del juzgado de lo social ante el TSJ de Cataluña. Por fin, el juez Solaz se ha decidido a seguir las indicaciones de la fiscalía y ha exigido a Gemma Montull que deposite una fianza de 500.000 euros.
Pero la novedad más destacable del caso es, sin duda, que el juez Solaz haya citado a declarar a los representantes mercantiles de Letter Graphic y New Letter –dos empresas que comparten administrador y domicilio social– e Hispart S.A que facturaron 2.000.000 de euros al Palau entre 2007 y 2009. Las dos primeras cobraron 982.583 euros por realizar diversos trabajos entre los que figuran “46.405 euros por buzoneo, cuando fuentes del Palau aseguraron que un trabajo de este tipo cuesta alrededor de 4.000 euros”. Hispart se dedica al alquiler y venta de materiales audiovisuales y ha realizado campañas electorales para CiU y PSC. La naturaleza de las actividades desarrolladas por estas empresas sumada a la opacidad con que se realizaron las operaciones, saldadas mediante transferencias bancarias y talones, y la resistencia de las empresas a presentar las facturas emitidas a los nuevos gestores del Palau, aduciendo que se trataba de un “acuerdo directo” con Jordi Montull, abre una nueva línea de investigación que apunta directamente a la posible financiación ilegal de algunos partidos políticos. Conviene no olvidar que ya se ha probado la desviación ilegal de 630.554,82 euros desde el Palau a la Fundación Trías Fargas de Convergencia Democrática de Cataluña y otros 150.000 euros al Partido Independentista que presidía el Sr. Colom, miembro del comité ejecutivo de Convergencia en la actualidad. Aguardamos con impaciencia y expectación las declaraciones de los responsables mercantiles de las tres empresas, esperando que sus testimonios arrojen luz sobre los hilos políticos de una trama tan burda y zafia que resulta imposible creer pudo mantenerse activa durante tantos años de no haber contado con la complicidad activa de los partidos nacionalistas catalanes.