La igualdad de los individuos ante el Estado y ante cada una de las Instituciones ha sido liquidada

Redacción (Ana María Torrijos, licenciada en Filología Clásica) – Son muchos años de andadura democrática desde que se refrendó la Constitución y se inició su fase de desarrollo. El balance es muy simple: Después de varias legislaturas de distinto color ideológico, estamos inmersos en una situación tensa y difícil por haber interpretado con torpeza la letra de la tan deseada Carta Magna. La etapa de Transición desde un régimen dirigido a un régimen participativo contaba con el deseo de todos, con un componente humano dispuesto a ejercer en libertad, una amplia franja social preparada profesionalmente, de status económico medio, con inquietudes de prosperar e intervenir activamente. Teníamos por delante un proyecto ambicioso, capaz si nos ajustábamos a lo reglado, de situarnos a nivel europeo en el respeto a las decisiones salidas de las urnas. Barcelona, 20 de marzo 2016. Fotografía: Ana María Torrijos, licenciada en Filología Clásica. Foto Joseph Azanméné N./lasvocesdelpueblo.

Pasadas unas décadas, los tres poderes del Estado, básicos para la democracia, no han sabido o no han querido guardar las distancias entre ellos, todo lo contrario la decisión de uno se ha transmitido con rapidez imperiosa al resto sin retoque, sin discrepancias cuando la salvaguarda de la libertad requiere la autonomía del poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial en sus opiniones aún coincidiendo en la resolución final. El ” totum revolutum ” ha ido minando el equilibrio institucional imprescindible para que la ley centrara la convivencia, para que la justicia compensase a los débiles, para que la igualdad permitiera a todos competir desde una única salida pero con una meta diversa según aptitudes. Los perjudicados, la mayoría de los ciudadanos.

El sufragio, una de las manifestaciones más directas para indicar el agrado o repulsa, ha sido desde un principio liquidado por esa tortuosa ley electoral, cuya única pretensión es penalizar a los urbanitas y premiar a los que están censados en municipios menos poblados, distorsión de la representación en los órganos legislativos. Burlados la mayoría de los ciudadanos.

La división territorial por autonomías que pretendía acercar al contribuyente las tomas de decisión, ha servido a los políticos para repartir entre sus allegados puestos y cargos a manos llenas, ha resultado un lastre muy pesado para la economía, ha facilitado la fragmentación del mercado, la dispersión de los programas educativos, las dificultades en el ámbito sanitario, la trabas en movilidad territorial del funcionario o de cualquier otro ciudadano y sobre todo ha fomentado entre las regiones-territorios una carrera soterrada en busca del pódium de las etnias más ilustres, en detrimento de la dignidad de la persona. Todo en perjuicio de los ciudadanos.

La igualdad de los individuos ante el Estado y ante cada una de las Instituciones ha sido liquidada, contemplando con estupor que según quién sea el individuo se puede permitir el lujo de no contestar las preguntas de los jueces, tal vez librarse de juicio, de sentencia, y de reclusión aunque lo sustraído al erario público sean cifras astronómicas de euros, pero también se observa que por lentitud inducida de los trámites judiciales, las acusaciones y los delitos prescriben, incluso sin pena de prisión para quienes hayan inferido un desfalco no superior a cuatrocientos mil euros. Si seguimos con ejemplos insólitos, nos encontramos con uno cabalístico -en un acto claro de prevaricación, un juez ha llegado a afirmar que “la intención” del transgresor no era delinquir-; mientras se producen estos agravios, al pequeño contribuyente se le asalta con impuestos rayando en el escándalo, se le bloquea la cuenta bancaria, se le carga con intereses un pago aunque no sea él el causante del retraso (ingresa el dinero por adelantado y luego reclama, papeleo tras papeleo, hasta que te canses), pero pasando por alto los mil y un trapicheos utilizados por quienes dirigen nuestro presente, la distancia en derechos frente a los administradores cada vez es mayor, basta mencionar el habilidoso juego de las multas de conducir: con el deseo de agilizar el cobro, se indica la multa económica pero con el apéndice, que si se paga antes de un plazo concreto, tan sólo se tendrá que abonar una cifra variable “según el ánimo que tenga el legislador de turno” con rebaja   de cierta cantidad de euros; así se embauca y se nos hace confiar en nuestra pericia al ahorrarnos un dinero.

Siempre la ciudadanía perjudicada

Pero posiblemente lo que hace, que todo lo mencionado y más aún lo que está ausente de esta relación, sea penoso es que nos han privado de las capacidades propias de lo que somos, ciudadanos de pleno derecho, por lo menos eso indica la Constitución. ¿En qué nos han limitado? en ser nosotros mismos, en la capacidad de acertar o equivocarnos cuando dirigimos nuestros espacios personales, cuando queremos expresar nuestros gustos y optar por lo que creemos que es propio de las inquietudes más íntimas. A ellos les debería corresponder las decisiones gestoras y poco más, pero a medida que han tocado poder, han ambicionado ocuparlo todo, hacerse imprescindibles, crearnos necesidades en las que no habíamos ni pensado, hacernos dependientes de su voluntad, vivir ellos y sus clanes a nuestra costa.

Ahora cuando presenciamos a sus señorías en su ambiente, en la Cámara de representación Nacional comprendemos el gran engaño en el que nos han tenido inmersos. Deciden el plan de estudio de nuestros hijos, el idioma en el que tenemos que matricularlos, valoran según sus criterios nuestras creencias; ellos enmiendan las formas gramaticales de la lengua al margen de cualquier pauta interna morfológica “vascos y vascas”, deciden lo que es machismo, feminismo, aplican a su antojo el término “violencia de género” cuando en muchas ocasiones es violencia en el ámbito familiar, dificultan con una carga onerosa la licencia de pequeños negocios, nos obligan a pagar al recibir la herencia de nuestro padres cuando ellos ya han cotizado a lo largo de sus vidas por esa propiedad, y si no puedes hacerlo, pasa a ser de la Administración, una confiscación, una clamorosa normativa injusta.

Los partidos políticos -son instrumento fundamental para la participación política, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular- (artículo 6, Titulo Preliminar de la Constitución) y debemos así valorarlo, pero lo que no debemos aceptar es que el sistema democrático sea organizado y dirigido exclusivamente por ellos y para ellos. Nuestra vida laboral no puede estar a su servicio.

Las estadísticas dicen que durante el año 2015, en España han muerto más personas de las que han nacido, en cambio ha aumentado el número de individuos que están en la Administración, a este ritmo no tendremos cotizantes suficientes para pagar las pensiones de los que ya lo han hecho durante su etapa laboral, pero si habrá para pagar los numerosos salarios y prebendas de los que se han considerado en número galopante necesarios, de los que deciden la subida de sus sueldos, de los que se otorgan inmunidades, de los que se arrogan el derecho a un plan sanitario distinto al de la Seguridad Social, de los que se dan retiros dorados hasta el fin de sus días por haber ocupado la presidencia del Congreso o de las Cámaras Autonómicas. Los ciudadanos perjudicados y aún sin Gobierno.

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Es incuestionable no entregar parcelas de poder a los que tienen el empeño de dinamitar el Estado

Redacción (Ana Maria Torrijos; licenciada en Filología Clásica)- Muchas veces desviamos la vista de lo que nos asusta y no nos predisponemos a escuchar con atención los muchos avisos que recibimos. “No interesa” y al interiorizar esa frase, nos suponemos inmunes cuando en realidad quedamos marcados en la forja del buen herrero. No somos reses en pastos cercados, a las que se alimenta y engorda, pero nos comportamos como tales en espera del etiquetado de origen. Fotografía: Ana Maria Torrijos, la articulista de esta casa. Imágenes archivo Joseph Azanméné Ngabgué/Lasvocesdelpueblo.

Hace pocos días el Pleno del Congreso nos mostró la mejor estampa posible del hemiciclo y de sus ilustres inquilinos. Algunos, entusiasmados de estar allí, nunca se lo hubieran imaginado, no se privaron de emitir saludos de lo más pintoresco, otros debieron equivocarse de sesión ya que confundieron un debate de investidura con el principio de la campaña electoral o con una moción al jefe del Gobierno provisional, aunque lo que causó más extrañeza por no esperado, fue descubrir que en el fondo de aquellos discursos de diferentes tendencias había una irracional inquina corrosiva y un afán desbordado de conseguir el poder o recoger parcelas de él.

En un gesto de generosidad, los diputados recién estrenados en la legislatura nos ofrecieron unas sesiones repletas de un lenguaje teatral irónico, burlesco e histriónico y  si por un instante se logró plasmar un debate parlamentario, desconocido desde hace años, pronto fue transformándose en lo propio de la oratoria que usaban, un espacio en el que sólo cabían reproches, ambiciones, cuentas de un pasado ya enterrado, zarpazos del que aspira a ser presidente y también del que busca ser reconocido como parlamentario nacional.

La resolución de elegir líder de la asociación de trabajadores UGT al señor Álvarez, sindicalista proclive al nacionalismo catalán, nos indica la pronta necesidad de hacer visible la presencia de España en cada rincón de su territorio; lo obligado sería realizarlo desde las instituciones pero si eso no se pone en marcha, cada ciudadano debe salir de su comodidad diaria…

Los ciudadanos, no adscritos a una fuerza política, y los que aún siendo afiliados son libres en sus opiniones, están lamentando el tiempo perdido para llegar a un gran pacto nacional. ¿Qué cuesta conjugar las posiciones de los tres partidos políticos, que se rigen por la Constitución?, un gran acuerdo en reformar lo prioritario y constituir Gobierno; el sentido de Estado permitiría afianzar la mejora económica, purgar la corrupción, abrir el PP a sus militantes, dar firmeza al PSOE frente a la izquierda radical,  y consolidar a C’s en todo el territorio. Si no se pudiera coincidir en quién debiera ser el Jefe del Ejecutivo, sería eficaz buscar en el resto de ámbitos económicos y sociales a alguien con prestigio suficiente para ocupar ese puesto. Es superior este pacto que las constantes concesiones a los secesionistas realizadas por el señor Felipe González, luego por el señor Aznar, el señor Zapatero y finalmente por el señor Rajoy, sin olvidar el modelo educativo con descentralización de competencias que diseñó mucho antes UCD.

Ahora es incuestionable no entregar parcelas de poder a los que tienen el empeño de dinamitar el Estado, incuestionable también desde la oposición, apoyar al Ejecutivo en respetar la legalidad vigente y en hacer pulso al Nacionalismo. En este sentido el partido socialista ha actuado con poca lealtad, siempre inseguro ante los símbolos nacionales, esgrimiendo el indefinido término federalista, dejando su espacio ideológico en manos de partidos “hermanos” con tintes nacionalistas, en Cataluña, en el País Vasco y votando en algunas alcaldías adherirse a la asociación de municipios por la independencia; esta continuada actuación del PSOE ha presionado tanto a la derecha que la ha empujado por cobardía de sus representantes, a abandonar sus principios y a no defender con contundencia todo lo que constituye la Nación y el Estado. La resolución de elegir líder de la asociación de trabajadores UGT al señor Álvarez, sindicalista proclive al nacionalismo catalán, nos indica la pronta necesidad de hacer visible la presencia de España en cada rincón de su territorio; lo obligado sería realizarlo desde las instituciones pero si eso no se pone en marcha, cada ciudadano debe salir de su comodidad diaria y significarse en la defensa no sólo de la legalidad sino también de la legitimidad. Legítimo es que un francés, un italiano, un alemán se enorgullezcan ante el mundo de serlo, de la misma manera el ciudadano español debe mostrar con satisfacción su pasaporte y saber que él es el heredero de una gran Nación.

Las Fuerzas Armadas garantizan el ordenamiento constitucional, la soberanía, la integridad territorial y se les debe el máximo respeto por la gran labor desempeñada dentro y fuera de nuestro territorio. Ellas no discriminan, atienden a todos los ciudadanos sin preguntarles cuál es su adscripción política…

Estamos dando una imagen de insolvencia y en gran medida, estamos mostrando un nivel bajísimo de educación cívica. Con estos bagajes no se puede creer en una profunda renovación de todos los resortes del poder institucional. Quienes pretenden asumir esa importante tarea, son los causantes de nuestra compleja situación, lo que hace difícil suponer las reformas requeridas. La mofa a nuestras esencias y el desacato continuo a la ley, debería preocuparnos y a continuación, debería obligarnos a exigir una rápida enmienda. Pruebas de lo delictivo o de la sórdida actuación política hay muchas, en pocos meses se han acumulado bastantes; la última, no menos importante , se la atribuye la Alcaldesa de Barcelona, la señora Ada Colau, que no tuvo en el Salón de la Enseñanza de la ciudad condal la mínima educación obligada por el cargo que ostenta. Las Fuerzas Armadas garantizan el ordenamiento constitucional, la soberanía, la integridad territorial y se les debe el máximo respeto por la gran labor desempeñada dentro y fuera de nuestro territorio. Ellas no discriminan, atienden a todos los ciudadanos sin preguntarles cuál es su adscripción política , ni su credo, ni su clase social, ni de qué comunidad autónoma son, a diferencia de la alcaldesa que da muestra día sí, día también de su compostura sectaria y ofensiva contra la mayor parte de los ciudadanos.

-El pueblo que no se hace respetar, no merece serlo-, es la frase que deberíamos interiorizar, pensar y de ella deducir cómo se ha de obrar en consecuencia. La palabra está para comunicarnos no para insultar, los modales para saber estar no para ofender, los espacios públicos para servir en ellos a la ciudadanía y respetar el país, no para llenarlos de oprobio a todo lo que es nuestro patrimonio cultural y tradición.

Nos cansamos de insistir que tenemos la juventud más preparada de cualquier época anterior; si los que están ocupando puestos directivos en algunos partidos, los equipos de gobierno de ciertos ayuntamientos, escaños del Parlamento y de las Cámaras Autonómicas, es esa juventud “tan preparada”, lo que nos puede sobrevenir  en todos los espacios sociales es algo muy grave y sobre todo cuando nos encontramos en el momento más crítico de la Soberanía Nacional.

Mientras que en Política no se destierre los intereses personales o partidistas, mientras que el Poder Judicial no rompa la dependencia a otra causa que no sea la de ajustarse a la ley que emana de la Constitución, mientras que los medios informativos no redacten las editoriales por intereses ajenos a servir a la verdad, mientras que el dinero público no se utilice para enmudecer a sectores sociales, no se conseguirá tener una verdadera democracia. Una tarea por hacer.

 

Posted in Opiniones Tagged with: Es incuestionable no entregar parcelas de poder a los que tienen el empeño de dinamitar el Estado, Una solución viable para paliar despropósitos sería dar al pueblo la opción de votar por segunda vez