marzo 12th, 2017 by Clemente Polo

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — Los principales dirigentes de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol y Artur Mas, rebautizado hace unos meses PDE-Cat para difuminar las sombras de corrupción continuada que pesan sobre sus líderes, incluidos los tres últimos tesoreros del partido, Torrent, Osàcar y Viloca que administraban también la fundación del partido -Trias Farga luego rebautizada Cat-Dem cuando salió a la luz el saqueo del Palau- y están imputados, salvo Torrent ya fallecido, en diversos procesos judiciales cuyo resultado esperamos los catalanes con impaciencia: queremos tener constancia judicial del expolio que ha perpetrado Corrupción Democrática de Catalunya durante décadas. Aunque los jueces sólo lleguen a destapar una esquinita de la cloaca, porque muchos de los implicados mantengan el pacto de silencio y buena parte de los delitos hayan prescrito, queremos al menos tener la satisfacción de ver a los saqueadores convergentes purgar algún que otro delito. Barcelona (España), domingo 12 de marzo de 2017. Fotografía: El expresidente de la Generalidad de Cataluña y presidente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Artur Mas, impone la medalla representativa del cargo al nuevo presidente de la Generalidad, alcalde Gerona hasta el mismo instante de Cataluña y también alto cargo de CDC, Carles Puigdemont, que hoy, domingo 12 de enero de 2017, ha tomado posesión, tras el rechazo frontal de la ultraviolenta CUP de la candidatura de Artur Mas. Archivo Efe.

Obras que los gobiernos de Pujol y Mas  adjudicaron a empresas dispuestas a pagar a CDC el 3%

Además de las causas que se siguen contra el propio Mas y sus consejeras Ortega y Rigau en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y contra su consejero Homs en el Tribunal Supremo, por haber organizado la consulta participativa el 9 de noviembre de 2014, contraviniendo la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, está el llamado Caso Palau-CDC cuya vista oral está teniendo lugar estos días en la Ciudad de la Justicia, paradójicamente una de las obras que los gobiernos de Pujol y Mas adjudicaron a empresas dispuestas a pagar a CDC el 3 % del valor de la obra.

Estas han confirmado lo que todos sospechábamos desde 2009

Según han reconocido en el juicio los saqueadores confesos, el Sr. Millet, máximo responsable de la  fundación del Palau de la Música, el Sr. Montull, su gerente y mano derecha, y Doña Gemma Montull, directora financiera e  hija del segundo, la fundación actuaba como intermediario y transfería a CDC sumas procedentes de empresas beneficiadas con contratos públicos que patrocinaban las actividades del Palau. Una parte se camuflaba realizando convenios impostados de colaboración entre el Palau y las fundaciones de CDC, y el resto en sobres en efectivo que recogía el Sr Torrent y, más tarde, el Sr. Osàcar, secretario personal de Mas (200-2005) y tesorero de CDC y sus fundaciones (2005-2011). Estas han confirmado lo que todos sospechábamos desde 2009, a saber, que las graves y notorias irregularidades en la contabilidad del Palau y sus fundaciones sólo podían haberse producido contando con la connivencia de los líderes convergentes.

El proceso contra la ‘famiglia’ de Pujol al completo todavía

No es éste el único frente judicial que tienen abierto los líderes de CDC. Está, en primer lugar, el proceso contra la ‘famiglia’ de Pujol al completo todavía en fase de instrucción que ha ido creciendo desde que Pujol (padre) desvelara en julio de 2014 que había mantenido una fortuna oculta al fisco durante 30 años y ha acabado con la imputación del hijo primogénito y el resto de miembros del clan familiar, incluida la madre guardiana de la pureza catalana y seis hijos más. La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que actuaba como administrador de constituir una organización criminal para delinquir y blanquear dinero. Resulta también paradójico que el hombre que vació Banca Catalana pero logró salir indemne envolviéndose en la bandera cuatribarrada haya acabado su vida política engullido por el fango  de la corrupción estrellada.

Éste es el hombre que lleva años mintiendo a los catalanes y negando que su partido se financiaba con el 3%

Pujol fue el hombre que pasó a Mas los trastos hace unos años. Primero, lo puso al frente de una consejería clave, Política Territorial (1995-1997) encargada de decidir las adjudicaciones de obra pública; más tarde, lo premió con la consejería de Economía (1997-2001) y, por último, lo nombró primer Consejero en el último gobierno de Pujol (2001-2003). Éste es el hombre que lleva años mintiendo a los catalanes y negando que su partido se financiaba con el 3%, un asunto que destapó por primera vez el president Margall en 2005 en el Parlament de Cataluña. Ahora es Puigdemont, el que ha tomado el relevo de Mas temporalmente al frente del gobierno de la Generalitat y Rull el que se ha hecho cargo de la consejería de Política Territorial.

En ellos se detallan las reuniones mantenidas por altos responsables del partido con empresas

Está, por último, la causa que se tramita en los juzgados del Vendrell a instancias de una denuncia realizada por una concejal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de Torredembarra. La instrucción de esta causa ya ha producido la detención de Viloca, el tesorero de CDC que sustituyó a Osàcar cuando éste fue imputado. En el registro de la sede del partido se requisó numerosa documentación, incluidos algunos contratos que habían sido triturados pero han podido reconstruirse. En ellos se detallan las reuniones mantenidas por altos responsables del partido con empresas para negociar las comisiones a percibir por CDC-PDE-Cat. Según las informaciones publicadas, la Fiscalía Anticorrupción considera que Gordó, consejero de Justicia de Mas, actuó como ‘conseguidor o recaudador’ y fue la persona que negociaba las adjudicaciones de obras a cambio de obtener el 3 % para el partido. En concreto, se mencionan las obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de les Glòries en Barcelona y un instituto en Manresa (Barcelona).

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febrero 22nd, 2017 by Clemente Polo

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — Las comparecencias de Mas, Ortega y Rigau ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) nos han permitido ver al astuto ex-presidente y a sus dóciles consejeras revolverse incómodos en el banquillo de los acusados, atrapados en la propia red que ellos mismos tejieron para engañar al Estado y sortear al Tribunal Constitucional (TC), a cuenta de la consulta que organizaron, financiaron y celebraron el 9 de noviembre de 2014. Barcelona (España), miércoles 22 de febrero de 2017. Fotografía: El ex presidente catalán y encausado por el golpe del 9N 2014 en Cataluña, Artur Mas Gavarró, durante una intervención el  Parlamento catalán. Archivo Efe

El TSJC los ha juzgado no por ser demócratas, como ellos hipócritamente aducen, sino precisamente por todo lo contrario: por invadir competencias de otras instituciones e ignorar la división de poderes del Estado social y democrático que es España.

De nada les ha servido a Mas y a sus consejeras alegar ignorancia ante un mandato del TC tan claro e inteligible que podría haber interpretado el conserje más humilde del Palau de la Generalitat: “suspender los actos impugnados […] así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella”, a partir del momento (31 de octubre de 2014) en que se interpuso el recurso del Gobierno. Como señaló el fiscal Ulled en sus conclusiones de haber tenido oportunidad de interrogar a Mas le habría preguntado “¿qué es lo que no entiende?”. Al parecer fue Homs quien, según confesó en la vista, les aseguró que no existía impedimento legal alguno para celebrar la consulta. Nadie, Sr. Homs, puede creer que usted no comprendiera un mandato tan claro –suspender– y rotundo –los actos impugnados y restantes actuaciones– como el del TC.

Mentir, mentir, mentir

Ésa parece haber sido la consigna de la defensa a los inculpados que se han negado a responder al Ministerio Fiscal –Homs en un acto más de cinismo se quejó de que el fiscal no lo interrogara a sabiendas de que no podía hacerlo por su condición de aforado–, así como a las acusaciones particulares y testigos. Todo estaba ya decidido –esgrimen– antes de pronunciarse el TC y la consulta quedó en manos de voluntarios a partir del pronunciamiento.

Una excusa inverosímil y absurda. ¿Quién impidió a Mas, Homs y Ortega ordenar que se desconectara la página de Internet de la consulta en cuanto tuvieron conocimiento de la suspensión del TC? ¿Por qué no comunicaron a los ‘voluntarios’ que la consulta se suspendía? ¿Por qué siguieron adelante con el plan y entregaron ordenadores, urnas y papeletas, adquiridos con dinero público, a ‘voluntarios no identificados’ (VNI) con los que el gobierno de la Generalitat no mantenía relación alguna? ¿Qué impidió a Mas y Rigau cursar una orden desde los Servicios Territoriales de la consejería de Educación instruyendo a directores de Colegios e Institutos que no entregaran las llaves de los centros a VNI? Al parecer, ordenadores, urnas, papeletas y llaves descendieron desde el cielo sin intervención del gobierno de Mas, y fueron milagrosamente a parar a manos de los VNI que ocuparon, desde el alba hasta bien entrada la noche, cientos de centros del Estado.

Fin del paseo triunfal

El paseo de los encausados desde el Palau hasta la sede del TSJC el 6 de febrero, lo encabezaron el presidente Puigdemont y Forcadell, la presidenta del Parlament, con el vicepresidente Junqueras en segunda fila. La llamada de la consejera Borràs a los 161.000 empleados de la Generalitat para que pidieran día libre ‘asuntos propios’ no tuvo éxito y las organizaciones independentistas, para evitar el fiasco, fletaron 160 autocares con jubilados deseosos de pasar un día en la capital.

La Plaza de San Jaime estaba semivacía cuando la comitiva inició su paseo triunfal y se calcula que unos 16.000 afectos al régimen respaldaron la movilización organizada por la ANC, Omium y la AMI, una cifra muy alejada de los 40.000 ‘inscritos’.

De nada les sirvió. Atrapado por el Estado de Derecho con la democracia entre sus mandíbulas, el taimado zorro intentó una última pirueta en su alegato final: mi intención –dijo Mas al Tribunal– “no era desobedecer, sino plantar cara al Gobierno”, y afirmó no comprender por qué “fortalecer la democracia  puede ser considerado un delito”.

Quizá su fiel escudero Homs aclare ante el Supremo por qué saltarse la Constitución y las providencias del TC fortalece la democracia. Al primer premio en el concurso de disparates opta también la advertencia que hizo Puigdemont a Rajoy en la conferencia de prensa que ofreció junto a Mas en el Palau al finalizar la vista: “aún está a tiempo de rectificar”, le dijo al presidente de España, como si estuviera en su mano facilitar al gobierno de la Generalitat el saltarse la Ley. La respuesta de Rajoy no se hizo esperar: “no comerciaremos con la soberanía nacional”.

A Mas se le acaba la gasolina y buena prueba de ello es que los tres líderes convergentes abandonaron la sede del TSJC al concluir la vista más solos que la una. La errática trayectoria política de Mas ha acabado en otro sonado fracaso, y CDC –rebautizada PDE-Cat para difuminar las densas sombras de corrupción que pesan sobre sus líderes– tiene las horas contadas.

A Puigdemont y a lo que queda de CDC sólo les resta acelerar la ruptura para salvar la cara y convocar, como exige la CUP, un referéndum unilateral en primavera. El gobierno de España ya ha advertido que no lo permitirá y Junqueras y ERC tendrán que decidir en las próximas semanas si se dejan arrastrar a un enfrentamiento que pondría en riesgo la Autonomía de Cataluña o prefieren ganar tiempo y obligan a Puigdemont a convocar elecciones anticipadas.

En ambos escenarios, la tarea del gobierno de España y los verdaderos demócratas será hacer pedagogía. Hay que explicar a los catalanes las ventajas de mantener y perfeccionar el Estado social y democrático que garantiza derechos y libertades individuales, el autogobierno de Cataluña y una razonable división de competencias y poderes entre sus instituciones. Y advertirles también de los graves riesgos que entraña seguir adelante con el plan de constituir “un estado catalán independiente en forma de república”.

Tajani, presidente del Parlamento europeo, ya avisó hace unos días que la Constitución de un Estado miembro “forma parte del marco legal europeo”, y que una declaración de independencia “nunca podrá ser reconocida en la UE”. Pocos catalanes están dispuestos a respaldar un golpe de estado que podría acarrear la suspensión de la autonomía si, como es probable, fracasa, o que los dejaría fuera de la UE en el improbable caso de que triunfara.

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