febrero 22nd, 2017 by Clemente Polo

Redacción: (Clemente Polo, Presidente de asociación ‘Regeneración Democrática’ (RD); Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Departamento de Economía e Historia Económica, en Cataluña) — Las comparecencias de Mas, Ortega y Rigau ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) nos han permitido ver al astuto ex-presidente y a sus dóciles consejeras revolverse incómodos en el banquillo de los acusados, atrapados en la propia red que ellos mismos tejieron para engañar al Estado y sortear al Tribunal Constitucional (TC), a cuenta de la consulta que organizaron, financiaron y celebraron el 9 de noviembre de 2014. Barcelona (España), miércoles 22 de febrero de 2017. Fotografía: El ex presidente catalán y encausado por el golpe del 9N 2014 en Cataluña, Artur Mas Gavarró, durante una intervención el  Parlamento catalán. Archivo Efe

El TSJC los ha juzgado no por ser demócratas, como ellos hipócritamente aducen, sino precisamente por todo lo contrario: por invadir competencias de otras instituciones e ignorar la división de poderes del Estado social y democrático que es España.

De nada les ha servido a Mas y a sus consejeras alegar ignorancia ante un mandato del TC tan claro e inteligible que podría haber interpretado el conserje más humilde del Palau de la Generalitat: “suspender los actos impugnados […] así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella”, a partir del momento (31 de octubre de 2014) en que se interpuso el recurso del Gobierno. Como señaló el fiscal Ulled en sus conclusiones de haber tenido oportunidad de interrogar a Mas le habría preguntado “¿qué es lo que no entiende?”. Al parecer fue Homs quien, según confesó en la vista, les aseguró que no existía impedimento legal alguno para celebrar la consulta. Nadie, Sr. Homs, puede creer que usted no comprendiera un mandato tan claro –suspender– y rotundo –los actos impugnados y restantes actuaciones– como el del TC.

Mentir, mentir, mentir

Ésa parece haber sido la consigna de la defensa a los inculpados que se han negado a responder al Ministerio Fiscal –Homs en un acto más de cinismo se quejó de que el fiscal no lo interrogara a sabiendas de que no podía hacerlo por su condición de aforado–, así como a las acusaciones particulares y testigos. Todo estaba ya decidido –esgrimen– antes de pronunciarse el TC y la consulta quedó en manos de voluntarios a partir del pronunciamiento.

Una excusa inverosímil y absurda. ¿Quién impidió a Mas, Homs y Ortega ordenar que se desconectara la página de Internet de la consulta en cuanto tuvieron conocimiento de la suspensión del TC? ¿Por qué no comunicaron a los ‘voluntarios’ que la consulta se suspendía? ¿Por qué siguieron adelante con el plan y entregaron ordenadores, urnas y papeletas, adquiridos con dinero público, a ‘voluntarios no identificados’ (VNI) con los que el gobierno de la Generalitat no mantenía relación alguna? ¿Qué impidió a Mas y Rigau cursar una orden desde los Servicios Territoriales de la consejería de Educación instruyendo a directores de Colegios e Institutos que no entregaran las llaves de los centros a VNI? Al parecer, ordenadores, urnas, papeletas y llaves descendieron desde el cielo sin intervención del gobierno de Mas, y fueron milagrosamente a parar a manos de los VNI que ocuparon, desde el alba hasta bien entrada la noche, cientos de centros del Estado.

Fin del paseo triunfal

El paseo de los encausados desde el Palau hasta la sede del TSJC el 6 de febrero, lo encabezaron el presidente Puigdemont y Forcadell, la presidenta del Parlament, con el vicepresidente Junqueras en segunda fila. La llamada de la consejera Borràs a los 161.000 empleados de la Generalitat para que pidieran día libre ‘asuntos propios’ no tuvo éxito y las organizaciones independentistas, para evitar el fiasco, fletaron 160 autocares con jubilados deseosos de pasar un día en la capital.

La Plaza de San Jaime estaba semivacía cuando la comitiva inició su paseo triunfal y se calcula que unos 16.000 afectos al régimen respaldaron la movilización organizada por la ANC, Omium y la AMI, una cifra muy alejada de los 40.000 ‘inscritos’.

De nada les sirvió. Atrapado por el Estado de Derecho con la democracia entre sus mandíbulas, el taimado zorro intentó una última pirueta en su alegato final: mi intención –dijo Mas al Tribunal– “no era desobedecer, sino plantar cara al Gobierno”, y afirmó no comprender por qué “fortalecer la democracia  puede ser considerado un delito”.

Quizá su fiel escudero Homs aclare ante el Supremo por qué saltarse la Constitución y las providencias del TC fortalece la democracia. Al primer premio en el concurso de disparates opta también la advertencia que hizo Puigdemont a Rajoy en la conferencia de prensa que ofreció junto a Mas en el Palau al finalizar la vista: “aún está a tiempo de rectificar”, le dijo al presidente de España, como si estuviera en su mano facilitar al gobierno de la Generalitat el saltarse la Ley. La respuesta de Rajoy no se hizo esperar: “no comerciaremos con la soberanía nacional”.

A Mas se le acaba la gasolina y buena prueba de ello es que los tres líderes convergentes abandonaron la sede del TSJC al concluir la vista más solos que la una. La errática trayectoria política de Mas ha acabado en otro sonado fracaso, y CDC –rebautizada PDE-Cat para difuminar las densas sombras de corrupción que pesan sobre sus líderes– tiene las horas contadas.

A Puigdemont y a lo que queda de CDC sólo les resta acelerar la ruptura para salvar la cara y convocar, como exige la CUP, un referéndum unilateral en primavera. El gobierno de España ya ha advertido que no lo permitirá y Junqueras y ERC tendrán que decidir en las próximas semanas si se dejan arrastrar a un enfrentamiento que pondría en riesgo la Autonomía de Cataluña o prefieren ganar tiempo y obligan a Puigdemont a convocar elecciones anticipadas.

En ambos escenarios, la tarea del gobierno de España y los verdaderos demócratas será hacer pedagogía. Hay que explicar a los catalanes las ventajas de mantener y perfeccionar el Estado social y democrático que garantiza derechos y libertades individuales, el autogobierno de Cataluña y una razonable división de competencias y poderes entre sus instituciones. Y advertirles también de los graves riesgos que entraña seguir adelante con el plan de constituir “un estado catalán independiente en forma de república”.

Tajani, presidente del Parlamento europeo, ya avisó hace unos días que la Constitución de un Estado miembro “forma parte del marco legal europeo”, y que una declaración de independencia “nunca podrá ser reconocida en la UE”. Pocos catalanes están dispuestos a respaldar un golpe de estado que podría acarrear la suspensión de la autonomía si, como es probable, fracasa, o que los dejaría fuera de la UE en el improbable caso de que triunfara.

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